Sendic: “estamos defraudados”

Tras el fallo que absolvió en Roma a 13 militares uruguayos por crímenes de lesahumanidad cometidos en el marco del Plan Cóndor, el vicepresidente Raúl Sendic dijo en Roma que se sintieron “defraudados” ante la decisión del tribunal, que no era lo que esperaban y que se coordinarán con los familiares de las víctimas los pasos a seguir.

Sendic dijo que de todos modos siente la “tranquilidad de que el Estado uruguayo dio los pasos necesarios”. Aclaró que no está en condiciones de juzgar los elementos que evaluó el tribunal: “no tengo juicios sobre qué evaluación hizo el tribunal”, remarcó.

Agregó que hay que evaluar la situación y coordinar los pasos a seguir con los familiares de las víctimas. “Hay mucho dolor acumulado a lo largo de años. Yo no me considero una víctima pero sí estuve cerca”, dijo.

⊗ Para leer la sentencia del Tribunal de Roma apoye sobre el signo

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Militares uruguayos fueron absueltos en Roma

El excanciller de la dictadura Juan Carlos Blanco fue condenado a cadena perpetua en Roma, pero los demás acusados uruguayos por crímenes de lesahumanidad, incluido Jorge Tróccoli, fueron absueltos en el fallo conocido este martes.

El juicio por crímenes cometidos en el marco del Plan Cóndor involucró a 35 militares de diferentes nacionalidades. Ninguno de los 13 uruguayos acusados finalmente tuvo condena.

“No lo puedo entender”, expresó la abogada Mirtha Guianze al conocer el resultado, pasado el mediodia de este martes, y agregó que quiere conocer los fundamentos. “Es muy pronto, pero hemos visto que se condenó por homicidios a otras personas con pruebas menos abundantes”, acotó.

Los uruguayos Gregorio Álvarez, Jorge Tróccolli, Ricardo Arab, José Gavazzo, Juan Carlos Larcebeau, Pedro Narbondo, Luis Maurente, Ricardo Medina, Ernesto Ramas, José Sande, Jorge Silveira, Ernesto Soca y Gilberto Vázquez estaban acusados en este juicio.

El tribunal entendió que los responsables de los homicidios eran los que daban las órdenes, afirmó Guianze

La directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh), Mirtha Guianze, se refirió a la reciente sentencia de la justicia italiana destacando que el fallo “condenó a cadena perpetua a las máximas jerarquías de cada país del Plan Cóndor”. Guianze, quien precisamente se encuentra en Roma para seguir esta instancia, resaltó el hecho de que los procesamientos fueron “por delito de homicidio”, ya que “en Italia el único delito que no prescribe es el delito de homicidio. No existe la desaparición forzada, por lo tanto o se le imputaba homicidio o los delitos estaban prescriptos”, expresó a la enviada especial de RNU Mónica De León. La exfiscal dijo que si bien aún no se ha tenido acceso a los fundamentos de la sentencia, a su parecer “el tribunal ha entendido que los que eran responsables de los homicidios eran los que daban las órdenes superiores”. Fue por esto que el único uruguayo procesado fue el excanciller Juan Carlos Blanco, “procesado a cadena perpetua por homicidios que no son los que él tiene ya en su haber, por los que fue condenado en Uruguay”, agregó. Según su interpretación, el tribunal entendió que los demás militares acusados, entre ellos varios uruguayos, serían responsables del delito de secuestro, pero esto prescribió. De todas formas entiende que aún “restan instancias”, por ejemplo de apelación o casación. “Los familiares y las víctimas merecen que esto continúe”, opinó la jerarca del Inddhh.

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Absuelven a la mayoría de los uruguayos acusados

por su participación en el Plan Cóndor

Abogado de Troccoli: “No se ha aportado ninguna prueba”

El Tribunal de Roma absolvió este martes al exmilitar uruguayo Jorge Néstor Fernández Troccoli, acusado de la muerte y desaparición de italianos latinoamericanos y uruguayos en el marco del Plan Cóndor y único de los 27 imputados que reside en Italia.

El resto de los 14 imputados uruguayos fueron también absueltos, con excepción de Juan Carlos Blanco, que recibió la pena de cadena perpetua.

El juicio en primera instancia al Plan Cóndor culminó con ocho cadenas perpetuas y la absolución de 19 de sus imputados, todos ellos exmilitares de las dictaduras de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay en las décadas de 1970 y 1980.

La sentencia de Troccoli era muy esperada al ser el único de los 27 imputados que reside en Italia, al contar con la doble nacionalidad y escapar de la Justicia de su país en 2007.

Troccoli no acudió a la vista, pero sí lo hizo su abogado, Alfonso Domingo Scarano, que en declaraciones a Efe celebró el fallo pero aseguró que lo esperaban, pues la Fiscalía, a su juicio, “no ha aportado ninguna prueba que demuestra” su culpabilidad.

Fernández Troccoli (Montevideo, 1947) es un exmilitar uruguayo que fue miembro de los servicios de inteligencia S2 del FUSNA, el cuerpo de fusileros navales, durante la dictadura uruguaya (1973-1985).

Cuenta con la nacionalidad italiana desde 2002 y en la actualidad reside en Marina di Camerota, una pequeña localidad de la provincia de Salerno, en el sur de Italia.

La Justicia uruguaya trató de juzgarle en 2007, pero entonces ya había salido del país y residía en Italia.

Ese año la Fiscalía de Roma emitió 146 órdenes de arresto para 61 argentinos, 7 bolivianos, 13 brasileños, 22 chilenos, 7 paraguayos, 4 peruanos y 32 uruguayos, entre ellos Fernández Troccoli, al acusarles del asesinato de italianos latinoamericanos en el marco del Plan Cóndor.

En diciembre de 2007 Fernández Troccoli ingresó en una prisión italiana como medida preventiva, hasta que dos meses después, en febrero de 2008, un Tribunal de Roma dictaminó su excarcelación al no ver pruebas suficientes para proseguir con el encarcelamiento.

Su excarcelación definitiva se produjo en abril de 2008 y, dado que cuenta con la nacionalidad italiana, las autoridades de Roma no permitieron su extradición a Uruguay.

Ateniéndose al derecho internacional, Italia no le extraditó, pero sí le ha juzgado por el asesinado de varios italianos latinoamericanos y por el de una veintena de uruguayos durante el Plan Cóndor, en las décadas de 1970 y 1980.

Pese a que en un principio los imputados ascendían a 146 personas vinculadas con los regímenes militares de los citados países, la lista final se ha visto reducida a 27, a causa de las trababas burocráticas de los Estados a la hora de tramitar las imputaciones y por la muerte de algunos acusados, todos de avanzada edad.

Fernández Troccoli es el único de los imputados que se ha personado en el juicio. EFE

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Fallo de la Justicia italiana  

Juan Carlos Blanco fue el único uruguayo condenado por el Plan Cóndor

El ex canciller Juan Carlos Blanco fue condenado a cadena perpetua en Roma; el resto de los militares urugayos fueron absueltos, según informó Radio Uruguay.

La Justicia italiana dictó sentencia en relación al largo proceso penal tramitado contra civiles y militares de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay, por su participación en la desaparición y muerte de 23 ciudadanos italianos y uruguayos en el marco de la coordinación represiva de las dictaduras latinoamericanas denominado Plan Cóndor.

La periodista Mónica de León, de Radio Uruguay, informó desde el lugar que el único uruguayo procesado fue Juan Carlos Blanco. La justicia italiana condenó a Blanco a cadena perpetua. Además, fueron condenados el ex dictador Luis García Meza y Luis Arce Gómez (de Bolivia), Hernán Jerónimo Ramírez y Rafael Ahumada Valderrama (de Chile), y los militares Francisco Morales Bermúdez, Pedro Richter Prada y Germán Ruiz Figueroa (de Perú).

El ex canciller Blanco fue condenado en Uruguay por el “homicidio muy especialmente agravado” de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y los ex integrantes del MLN-T, Rosario Barredo y William Whitelaw, y por la desaparición de la maestra Elena Quinteros.

El resto de los uruguayos fueron absueltos.

El fiscal Giancarlo Capaldo había acusado a los militares José Ricardo Arab Fernández, José “Nino” Gavazzo, Juan Carlos Larcebeau, Pedro Antonio Mato Narbondo, Jorge “Pajarito” Silveira Quesada, Ernesto Soca, Gilberto Vázquez Bissio, Ernesto Ramas, Luis Alfredo Maurente Mata y Jorge Tróccoli y a los ex policías Ricardo “Conejo” Medina Blanco y José Sande Lima. También había sido acusado el ex dictador Gregorio “Goyo” Álvarez, hoy fallecido.

El ex capitán de navío Jorge Tróccoli fue el único militar uruguayo que compareció ante el tribunal italiano. Tróccoli fue imputado por su participación en el traslado clandestino de presos políticos desde Argentina a Uruguay en el año 1978. Se trata de los mismos hechos por los que fue imputado en Uruguay, dónde no pudo ser juzgado, ya que fugó del país y nunca se presentó a la audiencia ratificatoria. Tróccoli se radicó en Italia y permaneció en el país luego de que el pedido de extradición en su contra fuera rechazado por presentarse fuera del plazo legal.

En este marco, la integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), Mirtha Guianze, dijo que es “muy pronto para evaluar” el fallo porque aún no se conocen sus fundamentos. Sin embargo, “hemos visto que se condenó por homicidio a otras personas de otros países en que la prueba no era tan abundante como la que se había producido para Uruguay”, dijo Guianze a Radio Uruguay. Guianze fue la fiscal que formuló la imputación contra los militares uruguayos por los crímenes de la dictadura.

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El tribunal entendió que los responsables de los homicidios eran los que daban las órdenes, afirmó Guianze

La directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh), Mirtha Guianze, se refirió a la reciente sentencia de la justicia italiana destacando que el fallo “condenó a cadena perpetua a las máximas jerarquías de cada país del Plan Cóndor”.

Guianze, quien precisamente se encuentra en Roma para seguir esta instancia, resaltó el hecho de que los procesamientos fueron “por delito de homicidio”, ya que “en Italia el único delito que no prescribe es el delito de homicidio. No existe la desaparición forzada, por lo tanto o se le imputaba homicidio o los delitos estaban prescriptos”, expresó a la enviada especial de RNU Mónica De León.

La ex fiscal dijo que si bien aún no se ha tenido acceso a los fundamentos de la sentencia, a su parecer “el tribunal ha entendido que los que eran responsables de los homicidios eran los que daban las órdenes superiores”. Fue por esto que el único uruguayo procesado fue el excanciller Juan Carlos Blanco, “procesado a cadena perpetua por homicidios que no son los que él tiene ya en su haber, por los que fue condenado en Uruguay”, agregó. Según su interpretación, el tribunal entendió que los demás militares acusados, entre ellos varios uruguayos, serían responsables del delito de secuestro, pero esto prescribió.

De todas formas entiende que aún “restan instancias”, por ejemplo de apelación o casación. “Los familiares y las víctimas merecen que esto continúe”, opinó la jerarca del Inddhh.

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Esto no termina aquí, vamos a apelar,

dijo Cristina Mihura

Cristina Mihura, viuda del desaparecido uruguayo Armando Arnone, dijo estar “muy sorprendida” por el reciente fallo de la justicia italiana vinculado al Plan Cóndor.

Mihura indicó que los integrantes del tribunal “han reconocido que el Plan Cóndor existía”, pero manifestó su disconformidad con que no hubiera más procesamientos. A pesar de esto, explicó que personalmente “esperaba absoluciones”, citando que eso ya ocurrió dos veces con el acusado Jorge Tróccoli en Italia.

“Esto no termina aquí porque nosotros vamos a apelar, de esto no tengan ninguna duda”, dijo Mihura a la enviada especial de RNU Mónica De León.

Para escuchar las declaraciones tocar el botón

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 Investigador Carlos Osorio dijo estar sorprendido y desilusionado por fallo italiano

El investigador chileno – salvadoreño Carlos Osorio se mostró “sorprendido y un poco desilusionado” por el dictamen de la justicia italiana respecto a la absolución de los militares uruguayos implicados en el Plan Cóndor.

Su sorpresa se basa en que fueron absueltos “militares que se reconoce que estuvieron operando en Buenos Aires”, en el marco de dicho plan represivo regional. Osorio aportó material encontrado en Washington por el National Security Archive y fue citado como testigo en el juicio que hoy terminó.

El investigador dijo a Informe Nacional que “la lucha continúa” y agregó que pondrá a la orden toda la documentación que aparezca en la capital de Estados Unidos sobre el tema en caso de prosperar la apelación. “La sed de justicia de los familiares es imparable”, sostuvo.

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La familia siempre está

Familiares presentarán recurso contra fallo de Italia

“Un genocida suelto no le hace bien a nadie”, dijo el integrante de Familiares Javier Tassino. El vocero de la organización señaló que varios de los absueltos son “genocidas muy reconocidos”.

Los integrantes de la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos apelarán el fallo emitido este martes por la Justicia italiana en el que absuelve a trece de los catorce ex represores imputados por delitos cometidos en el marco del Plan Cóndor.

El vocero de la organización Javier Tassino dijo a Montevideo Portal que la decisión de la justicia italiana “no es muy buena para el mundo ni para las democracias”.

Tassino consideró que varios de los imputados eran “genocidas muy reconocidos” y lamentó que los elementos probatorios presentados no fueran suficientes. “Un genocida suelto no le hace bien a nadie”, apuntó.

El integrante de la organización relacionó el fallo de la Justicia italiana con otros fallos sobre militares vinculados a crímenes cometidos en Uruguay durante la dictadura. “Los problemas los tenemos nosotros acá cuando le dan prisión domiciliaria a José Gavazzo y Ernesto Rama, que son genocidas muy reconocidos”.

Para Tassino en este tipo de fallos “evidentemente hay una mano amiga”.

Tassino adelantó que los integrantes de Familiares apelarán el fallo de la Justicia italiana, aunque no lo harán como organización sino en forma individual. Mientras tanto, la organización continúa abocada al análisis de los “veinte datos” que los familiares de desaparecidos recibieron de forma anónima tras la campaña de búsqueda de información a través de la Iglesia Católica.

Montevideo Portal

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ANTE EL FALLO DE LA JUSTICIA ITALIANA ABSOLVIENDO LOS MILITARES URUGUAYOS

Consternados, rabiosos

El silencio que acompañó la lectura del fallo por parte de la presidenta de la Tercera Corte de Asís de Roma, Evelina Canale, siguió luego de que la Corte se retiró. Ningún grito, muy pocas lágrimas. Una rabia contenida, una indignación feroz, una incredulidad dolida atravesaban las caras de los muchos uruguayos presentes. Mirtha Guianze, palidísima, se esforzaba por hablar, pero las palabras casi no salían; en voz bajísima dijo a la diaria que no comprendía la sentencia y que esperaba que hubiera posibilidad de apelar: “Está absuelta la mayor parte de los uruguayos que en Uruguay fueron condenados, y son casos sobre los que teníamos muchísimas pruebas”, dijo. “No comprendo”, fue lo único que pudo decir pocos segundos después de la lectura de la sentencia.

El vicepresidente Raúl Sendic, opaco, con la cara contraída, quedó en medio de la gente de la embajada de Uruguay en Roma, igualmente angustiada. No quiso dar declaraciones en los momentos sucesivos a la sentencia y se encerró con el abogado de la República Oriental del Uruguay, Fabio Maria Galiani, en una sala contigua, para acordar una declaración para la numerosa prensa, italiana y extranjera, que se hizo presente el último día del juicio.

Los fiscales Giancarlo Capaldo y Tiziana Cugini salieron del Aula mudos, sin hacer declaraciones. Francesco Guzzo, abogado del ex marino prófugo en Italia Jorge Néstor Tróccoli, guardaba las hojas del expediente dentro de su maletín, visiblemente satisfecho: “Todavía no he hablado con mi asistido y, claramente, estamos contentos”, dijo antes de salir.

De los 33 imputados durante el juicio del Plan Cóndor en Roma, de los cuales seis fallecieron en el curso del procedimiento, sólo ocho resultaron condenados: los chilenos Hernán Jerónimo Ramírez Ramírez y Rafael Ahumada Valderrama; los bolivianos Luis García Meza Tejada y Luis Arce Gómez; los peruanos Francisco Morales-Bermúdez Cerruti, Pedro Richter Prada y Germán Ruiz Figueroa; y el uruguayo Juan Carlos Blanco. Todos los otros, la mayor parte uruguayos, fueron absueltos. Y una vez más se precisa recordar los nombres de esas personas que la Justicia italiana declaró inocentes: los chilenos Pedro Octavio Espinoza Bravo, Daniel Aguirre Mora, Carlos Luco Astroza, Orlando Moreno Vásquez, Manuel Abraham Vásquez Chauan; el peruano Martín Martínez Garay y, finalmente, los uruguayos José Ricardo Arab Fernández, José Horacio Nino Gavazzo Pereira, Juan Carlos Larcebeau Aguirregaray, Pedro Antonio Mato Narbondo, Luis Alfredo Maurente Mata, Ricardo José Medina Blanco, Ernesto Avelino Ramas Pereira, José Sande Lima, Jorge Alberto Silveira Quesada, Ernesto Soca, Jorge Néstor Tróccoli Fernández, Gilberto Vázquez Bissio y Ricardo Eliseo Chávez Domínguez.

Aurora Meloni, esposa de Daniel Banfi, asesinado en Buenos Aires en 1974, agregaba a su emoción por la condena de Juan Carlos Blanco, condenado por la muerte de su esposo, el dolor y la incredulidad por las muchas absoluciones: “La condena de Blanco fue justa y era lo que esperábamos después de 42 años, no sólo por Daniel, sino porque con él perdieron la vida otras dos personas que están siempre presentes: Guillermo Jabif y Luis Latronica. Esta condena sirve mucho por mis hijas, que ahora tienen justicia, porque no tuvieron a su padre. Pero sobre la absolución de las otras personas estoy muy apenada y prefiero no hablar”.

Mientras la sala empezaba a vaciarse y los abogados intercambiaban opiniones y sacaban cuentas de condenados y absueltos, Cristina Mihura, que desde hace 40 años lucha para saber el paradero de Bernardo Arnone, su esposo, trataba de entender lo que había pasado y qué “faltas” podían explicar este resultado: “Me siento mal, me siento muy mal. Hemos luchado tanto, y ellos son culpables. Nosotros no pudimos llevar elementos suficientes para poder probar lo específico y las responsabilidades directas. Es como si la Corte hubiese reconocido la existencia del Plan Cóndor, y condenó sólo a los que tenían responsabilidades. Creo que tenemos elementos para apelar, y lo vamos a hacer. Estoy muy sorprendida por la decisión de la Corte”. Su abogado, Paolo Sodani, dijo que le parecía increíble que no se hubieran tomado en cuenta las muchísimas pruebas que había en contra de Gavazzo y Arab.

Era tan fuerte y visible el dolor y el desaliento de los uruguayos presentes -en su mayoría, familiares y amigos de las víctimas, que viajaron a Roma en algunos casos desde muy lejos- que los chilenos, que obtuvieron justicia, no lograban festejar. María Paz Venturelli -hija de Omar, desaparecido en 1973-, quien tuvo que enfrentar hace seis años la absolución de Alfonso Podlech del homicidio de su padre, logró que fuera reconocida la culpabilidad de Ramírez Ramírez, uno de los seis imputados en ese juicio por la muerte de Venturelli: “Estoy contenta porque por lo menos a uno lo condenaron. Ramírez Ramírez era el general de la provincia de Cautín. Lo que pasó hoy es que reconocieron la responsabilidad de los jefes en la cadena de mando. Los demás que estaban imputados para mi caso son unos carniceros que están vivos y libres y no los condenaron porque no hay la relación directa en la jerarquía. Para mi caso, es la primera condena. Algo es algo. Todavía falta”.

Los policías del tribunal empezaron a pedir con fuerza que la gente saliera del Aula, y el aire helado de Roma golpeó a los grupos de personas que se iban tristemente. Al pasillo abierto entre las dos aulas salió para dar su declaración el vicepresidente de Uruguay, Sendic: “El Estado uruguayo estuvo al lado de los familiares y las víctimas. Las violaciones a los derechos humanos coordinadas entre los gobiernos represivos han sido demostradas en distintos tribunales y juicios. En relación a la sentencia de hoy, es evidente que esperábamos otra cosa y que nos sentimos defraudados, pero respetamos la separación entre poderes. Esta era una posibilidad y sabíamos que podía ocurrir. Yo no juzgo al tribunal por esta sentencia; soy el vicepresidente de Uruguay y tengo responsabilidades institucionales. Nos queda la tranquilidad de haber hecho todo lo que teníamos que hacer: haber presentado pruebas y testimonios, haber apoyado a los familiares. Entiendo el dolor de los familiares, un dolor acumulado a lo largo de los años. Conozco la situación porque me tocó vivirla de cerca, por lo tanto entiendo la indignación”. A mitad de su declaración, Sendic fue interrumpido por María Victoria Moyano, hija de María Asunción Artigas y Freddy Moyano, que cuestionó la política de derechos humanos del Estado uruguayo y soltó toda su rabia y su decepción: “Tengo todo el derecho a cuestionar al gobierno de Uruguay. Estamos acá porque en Uruguay los juicios no existen. Me declararon ciudadana ilustre por ser hija de desaparecidos y lo más perverso es que en Uruguay no puedo iniciar un juicio a los asesinos de mis padres, porque hay ley de impunidad. Es una vergüenza”.

Los abogados recuperaron sus togas, armaron sus maletas y empezaron a salir, casi todos con la mismas explicaciones ante una sentencia de este tipo: “No fue probada la responsabilidad respecto a hechos específicos, mientras que sí se condenaron las posiciones apicales, porque se reconoció la existencia del Plan Cóndor”, dijo Alessia Liistro, que llevó las causas de Stamponi (Argentina) y Gómez Rosano (Uruguay), mientras que Arturo Salerni, que representaba los casos de Recagno, Bellizzi, Río Casas, Moyano (Uruguay), Montiglio y AFDD (Chile), Stamponi, Campiglia (Argentina) y ASOFAMD (Bolivia), expresó su sorpresa por la falta de condena para Tróccoli: “En su caso había muchas pruebas y, encima, además, una autorreivindicación de los hechos. Espero que la Fiscalía decida apelar; nosotros vamos a acompañar”.

El abogado Galiani, que representó a la República Oriental del Uruguay y a la parte civil Soledad Dossetti, mostró, al salir del Tribunal, toda su indignación con una sentencia que consideró injusta: “En estos nueve años hicimos de todo para contribuir en este juicio, y nuestra contribución fue decisiva. La del Estado uruguayo no fue una participación formal; hemos llevado pruebas y hechos. La sentencia es fruto de una gestión del juicio que no fue eficaz. Varias veces la presidenta de la Corte lo dijo, e invitó a la Fiscalía a retomar el hilo del juicio y a llevar pruebas. En toda mi experiencia nunca vi en Italia una absolución frente a un compendio probatorio como este. Con el vicepresidente acordamos tomar un poco más de tiempo para reflexionar y no tomar decisiones temerarias”. Interrogado por la diaria sobre la polémica que surgió durante el juicio con la ex fiscal uruguaya Guianze, Galiani dijo que no habló con ella. Relató, en cambio, que, aunque todavía no haya hablado con Dossetti, cree que apelarán en contra de Tróccoli.

Cuando ya casi todos se habían ido, Moyano, su tío Dardo y otros pocos seguían en las afueras del Tribunal, entre el estacionamiento y la carretera. Ya la noche había caído en Roma, y ella clavó sus ojos negros en los de los presentes y contó su verdad y su lucha: “Me parece que la sentencia no muestra la realidad. Nadie puede decir que esto no existió. Yo nací en un centro clandestino, y decir que Tróccoli no es responsable porque no fue él directamente el que apretó el gatillo es absurdo. Me voy completamente indignada de que se fortalezca ese personaje. Uruguay tiene un problema importante por la vigencia de las leyes de impunidad. Esto no termina acá, vamos a seguir adelante mientras nuestros padres no tengan justicia y nuestros hermanos no recuperen su identidad. La indignación no se convierte en derrota. Me voy más fortalecida”.

Nadia Angelucci desde Roma, Italia

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Justicia italiana absolvió a todos los militares uruguayos que participaron en el Plan Cóndor

El ex canciller de la dictadura Juan Carlos Blanco fue procesado con cadena perpetua.

“Esto era una posibilidad que podría ocurrir. No puedo juzgar al tribunal que llegó a esta sentencia, soy el vicepresidente del Uruguay”, manifestó el vicepresidente Raúl Sendic desde Roma, Italia, tras conocerse el fallo sobre las responsabilidades del Plan Cóndor en América del Sur durante las dictaduras cívico-militares. El único imputado (con cadena perpetua) fue el ex canciller Juan Carlos Blanco, quien ocupó ese rol político en los primeros tres años de dictadura de Juan María Bordaberry. El resto fue absuelto, incluso el militar Jorge Tróccoli.

“Las violaciones a los derechos humanos en el Cono Sur de América, coordinadas entre los gobiernos represivos de aquel momento, han sido demostradas una y otra vez en distintos tribunales. En relación con la sentencia de hoy esperábamos otra cosa; nos sentimos defraudados, pero nosotros respetamos la separación de poderes”, continuó Sendic.

Otros acusados en el juicio eran el dictador Gregorio Álvarez, fallecido recientemente, y los militares Ricardo Arab, José Gavazzo, Juan Carlos Larcebeau, Pedro Narbondo, Luis Maurente, Ricardo Medina, Ernesto Ramas, José Sande, Jorge Silveira, Ernesto Soca y Gilberto Vázquez.

Sendic estaba desde ayer en Roma en representación del Estado uruguayo, que es parte en el juicio. El jerarca había declarado a Radio Uruguay que aguardaba la sentencia con “mucha expectativa”. “Este es el final de un largo proceso, en cuyo transcurso nuestro Estado presentó pruebas, los familiares presentaron sus testimonios, el Estado actuó en respaldo de los familiares que presentaron las pruebas de estas violaciones en el marco del llamado Plan Cóndor”, había expresado antes del fallo. En la previa de la resolución judicial, había dicho que su presencia en Roma era una forma de “reafirmar el compromiso del Estado uruguayo con el conocimiento de la verdad y la búsqueda de la justicia”.

El fallo sí alcanzó a militares bolivianos y peruanos. En tanto, la ex fiscal Mirtha Guianze, integrante del directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos, criticó el fallo y anunció que apelará.

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Peralta sobre Plan Cóndor: en un mes se conocerán fundamentos del fallo

Este miércoles, en La Mañana de El Espectador, estuvo Ariela Peralta, presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH). En alusión a la decisión de la justicia italiana sobre el Plan Cóndor, manifestó: “Lo tomé con mucha sorpresa, con congoja y desilusión. Fue un momento difícil”.

Ariela Peralta, presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo fue entrevistada por Martín González. Hizo referencia entre otras cosas, a la decisión de la justicia italiana de absolver a 13 de los 14 uruguayos imputados en el caso Plan Cóndor.

Sobre esto, Peralta dijo: “Yo lo tomé con mucha sorpresa, con congoja y desilusión. Fue un momento difícil personalmente, siempre lo es en los litigios de este tipo, de violaciones a los derechos humanos que no solo implican la condena en los perpetradores, sino la verdad para las víctimas”.

Explicó que también son litigios que no solamente les dan a las víctimas justicia, sino también son un mojón en la historia de un país y en la actualidad. “Revierten o confirman hechos históricos. Ayudan y siempre abren más puertas para la libertad”, indicó.

La presidenta, dijo que a través de Mirtha Guianze, exfiscal, conoció los primeros resultados y los primeros sentimientos de las personas que se encuentran en Roma. 

La entrevistada, hizo referencia a que en este caso, hay un punto en particular y es el de que la racionalidad que existe siempre detrás de un fallo no se sabe todavía.  “Eso es absolutamente esencial”, aseveró. “Sabemos por los que están allá, que eso se daría a conocer en un mes. La racionalidad del fallo va a aportar elementos importantes”, afirmó.

“Por lo que me comentó Mirtha y por el acceso a información que he tenido, interpreto que lo que sucedió es que se aplicó la obediencia de vida. Esta es un concepto de derecho penal que implica para algunos una causa de justificación y para otros una causa de inculpabilidad”, explicó Peralta.

“El hecho sigue siendo ilícito, pero quién obedece órdenes de un superior las obedece porque no tiene otra opción. Parece que esa fue la racionalidad y entonces a los ejecutores se les imputó el derecho de secuestro y no el delito de homicidio. El delito de secuestro está preinscripto en la legislación italiana”, añadió.

Destacó además: “El concepto de obediencia de vida es orden de un superior, no orden de la Ley. El acto sigue siendo ilícito”.

La entrevistada, explicó que sin embargo para varios campos como pueden ser, el Derecho Penal Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario Consultudinario, la Cruz Roja, el estatuto de la Corte Penal Internacional, el Tratado de Londres, los Tribunales de Núremberg y convenios de Ginebra, han superado ya este término.

“Ya se entiende que en materia de las violaciones de los derechos humanos la orden de un superior no es eximente de responsabilidad. Eso está clarísimo en los campos que he nombrado. Eso parecería, hasta lo que sabemos que el Tribunal no lo ha aplicado”, señaló Peralta.

“Me parecería a mí por la información que me ha llegado, que ésta cuestión de obediencia de vida, deja mucha tela para cortar”, declaró y agregó: “Creo que a pesar del primer impacto negativo después hubo un juntar fuerzas devuelta”.

“La gente que está allá estaba muy sorprendida con la lectura del fallo, comentaba Mirtha (Guianze) que se leyó bajo y era difícil de comprender. Cuando se entendió realmente, hubo mucha desazón”, sostuvo.

Por otra parte dijo que las víctimas, que son las protagonistas principales y tienen una larga lucha estaban muy acongojadas. “Pero después creo que juntó fuerzas devuelta. Tuvieron un encuentro para pensar en estrategias a futuro y una apelación”, manifestó Peralta.

“Yo pienso que hay que hacer un recuento de lo sucedido. Tuvimos la Ley de Caducidad, era una Ley que establecía un muro de impunidad. La Ley congeló a las víctimas y a los abogados que nos faltó el ingenio para romper ese muro que era prácticamente impenetrable”, remarcó.

Peralta agregó que es terrible para las víctimas, por la pérdida de pruebas y el no poder encontrar la verdad. “Cuando se estableció que algunos casos iban a quedar por fuera de la Ley de caducidad y luego la Ley lo revirtió. Ahí empezó a fluir la idea de llevar los casos a la justicia. En ese tiempo hubo mucha pérdida de prueba. El tiempo también perjudica a la justicia”, indicó.

“Por lo menos no tenemos a la Ley de caducidad”, finalizó.

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Mirtha Guianze: “Para nosotros es importante juzgamiento de Tróccoli”

La directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), Mirtha Guianze, habló en Rompkbzas sobre las primeras impresiones que le dejó el fallo del Corte de Roma que condenó con cadena perpetua a Juan Carlos Blanco, ex canciller del período de dictadura. “Esto de Roma es más que nada simbólico, expresó”.

La ex fiscal señaló que “las víctimas están impulsando nuevos juicios, o tratando que los juicios en Uruguay salgan de la parálisis que se encuentran actualmente”.

El Tribunal de Roma dictó este martes sentencia en el juicio en primera instancia que ha investigado la muerte y desaparición de una veintena de italo-latinoamericanos en el marco del sistema represivo de la Operación Cóndor, impulsada por los regímenes de América Latina entre las décadas de 1970 y 1980. De los 27 imputados en el juicio, ocho fueron condenados a cadena perpetua: los chilenos Hernán Jerónimo Ramírez y Rafael Ahumada Valderrama, el uruguayo Juan Carlos Blanco, los bolivianos Luis García Meza y Luis Arce Gómez y los peruanos Francisco Morales Bermúdez, Pedro Richter Prada y Germán Ruiz Figueroa. Fueron absueltos los chilenos Pedro Octavio Espinoza Bravo, Daniel Aguirre Mora, Carlos Luco Astroza, Orlando Moreno Vásquez y Manuel Abraham Vásquez Chauan, así como al peruano Martín Martínez Garay. El tribunal tomó la misma decisión con los uruguayos José Ricardo Arab Fernández, Nino José Horacio Gavazzo, Juan Carlos Larcebeau, Pedro Antonio Mato Narbondo, Luis Alfredo Maurente, Ricardo José Medina Blanco, Ernesto Avelino Ramas Pereira, José Sande Lima, Jorge Alberto Silveira, Ernesto Soca, Jorge Néstor Troccoli, Gilberto Vázquez Bissio y Ricardo Eliseo Chávez.

El caso más importante era el de Troccoli, que reside en libertad en Italia desde que llegara en 2007, después de zafarse de la justicia en su país. La sentencia de Troccoli era muy esperada al ser el único de los veintisiete imputados que reside en Italia, por contar con la doble nacionalidad. El vicepresidente de la República, Raúl Sendic, reconoció este martes que está “defraudado” por la sentencia del Tribunal de Roma en el juicio por el Plan Cóndor, en el que 13 de los 14 exmilitares uruguayos imputados han sido absueltos. “Por supuesto que esperábamos otra cosa, nos sentimos defraudados, pero respetamos la separación de poderes. Esta era una posibilidad, la habíamos previsto, sabíamos que podía ocurrir”, declaró Sendic a los medios al salir de la corte.

Los abogados denunciantes analizarán en los próximos días el fallo de la Justicia italiana que abarcó a militares de varios países de la región. En los próximos 90 días deberán definir si apelan o no la sentencia. Raúl Sendic será recibido esta semana por el papa Francisco, con quien conversará sobre el compromiso del Vaticano de habilitar el análisis de los documentos en su poder para investigar los crímenes cometidos por la dictadura en Uruguay. Esa documentación puede ayudar en la investigación de los crímenes contra la humanidad perpetrados en el país entre 1973 y 1985.

⊕ Para escuchar a Mirtha Guianze, tocar la imágen

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VERGONZOSA IN- JUSTICIA

Vergonzosa impunidad: el Tribunal de Roma absuelve a represores del Plan Cóndor

El tribunal de Roma acaba de absolver a los militares represores uruguayos en el juicio por el Plan Cóndor.

Solo fue condenado a cadena perpetua el excanciller de la dictadura Juan Carlos Blanco y algunos militares bolivianos y chilenos.

Sebastián Artigas

El tribunal de Roma absolvió a los militares uruguayos implicados en el juicio, que tenían el pedido de cadena perpetua por parte de la fiscalía. Los reconocidos criminales de lesa humanidad: Gregorio “Goyo” Álvarez, José Ricardo Arab Fernández,”Nino” Gavazzo Pereira y Juan Carlos Larcebeau Aguirregaray, Pedro Antonio Mato Narbondo, Luis Alfredo Maurente Mata, Ricardo José Medina Blanco, Ernesto Avelino Ramas Pereira, José Sande Lima, Jorge Alberto Silveira Quesada, Ernesto Soca, Gilberto Vázquez Bissi y Jorge Néstor Troccoli Fernández, ahora gozan de la impunidad otorgada por el Tribunal de Roma. El único represor uruguayo condenado y a perpetua es el ex canciller de la dictadura Juan Carlos Blanco. Además se condenó a algunos ex militares represores de Chile y Bolivia. Jorge Troccoli, único imputado con presencia en el juicio fue absuelto con el resto de los violadores de DDHH. Dardo Artigas familiar de desaparecidos y victima de la dictadura dejó un primer mensaje claro, junto a su sobrina e hija de desaparecidos Victoria Moyano Artigas: “Nosotros no vamos a aflojar, seguiremos luchando hasta que se condene a todos los represores del Plan Cóndor”. 

Completamente indignada

El tribunal de Roma absolvió a los militares uruguayos implicados en el juicio, que tenían el pedido de cadena perpetua por parte de la fiscalía. Los reconocidos criminales de lesa humanidad: Gregorio “Goyo” Álvarez, José Ricardo Arab Fernández,”Nino” Gavazzo Pereira y Juan Carlos Larcebeau Aguirregaray, Pedro Antonio Mato Narbondo, Luis Alfredo Maurente Mata, Ricardo José Medina Blanco, Ernesto Avelino Ramas Pereira, José Sande Lima, Jorge Alberto Silveira Quesada, Ernesto Soca, Gilberto Vázquez Bissi y Jorge Néstor Troccoli Fernández, ahora gozan de la impunidad otorgada por el Tribunal de Roma.

El único represor uruguayo condenado y a perpetua es el ex canciller de la dictadura Juan Carlos Blanco. Además se condenó a algunos ex militares represores de Chile y Bolivia. Jorge Troccoli, único imputado con presencia en el juicio fue absuelto con el resto de los violadores de DDHH. Dardo Artigas familiar de desaparecidos y victima de la dictadura dejó un primer mensaje claro, junto a su sobrina e hija de desaparecidos Victoria Moyano Artigas: “Nosotros no vamos a aflojar, seguiremos luchando hasta que se condene a todos los represores del Plan Cóndor”.

Victoria Moyano Artigas viajó a Roma a escuchar la injusta sentencia. “Nos vamos como vinimos” expresó indignada. Además, descargó responsabilidades contra el estado uruguayo. Una pelea que continúa. Martes 17 de enero Frente a la sentencia del juzgado romano que absuelve a 13 de los 14 acusados uruguayos, los familares presentes en el juicio salieron indignados y llenos de rabia. Una de ellas fue la nieta recuperada María Victoria Moyano Artigas, que nació en el centro clandestino de detención Pozo de Banfield. En Roma se encontró con su tío, Dardo Artigas, quien también fue víctima de la dictadura uruguaya y que comparte el dolor de no saber al día de hoy el destino de su hermana Asunción Artigas (madre de Victoria) y su cuñado Alfredo Moyano, ambos desaparecidos. 

Al salir de la audiencia donde se leyó la sentencia, Victoria fue entrevistada por distintos medios internacionales, donde declaró: “Me voy completamente indignada, viajé miles de kilómetros para tener alguna respuesta y para tener condena, porque repito, mis padres están desaparecidos, yo no sé el destino de ellos. Tengo 39 años, nací en un centro clandestino y Tróccoli va a salir libre y yo no sé dónde está mi madre y dónde está mi padre, y ellos (por los militares) no tienen condena”. La condena fue a los responsables políticos de los distintos países – como al ex canciller de la dictadura uruguaya Juan Carlos Blanco o al dictador boliviano Luis García Meza – pero dejó libres y sin condena a los militares que fueron los autores materiales de los crímenes de lesa humanidad. Frente a esto, un periodista italiano preguntó a Victoria Moyano si tenía pruebas contra los militares. “¿Y yo dónde nací si no soy la prueba viviente de que este señor (en referencia a Jorge Tróccoli) hizo ésto, y que era el máximo responsable” respondió. “Porque no es necesario, a este nivel, solamente agarrar y apretar el gatillo y torturar, sino que hay que saber quiénes son los responsables de que se haya desarrollado este gigantesco sistema represivo en Latinoamérica, del que este señor era parte, este y todos los uruguayos implicados. Y no puede ser que nos vayamos así”. Victoria expresaba así la indignación de muchos familiares y víctimas que como ella buscaban una condena ejemplar, y no la encontraron en Roma, como tampoco en Uruguay.

Los responsables de que se haya desarrollado un gigantesco sistema represivo con impunidad judicial Responsabilidad del estado uruguayo

Victoria Moyano denunció además la imposibilidad de juzgar a los represores en el Uruguay porque todavía se mantienen las leyes de impunidad que impiden su juzgamiento. “Y acá se presentó como querellante el Estado uruguayo que no condena en su país, y acá Tróccoli volvió a quedar libre. Esto es una vergüenza, y quiero repetir que veníamos a buscar condena porque en Uruguay no hay condena para los genocidas”

En este sentido, Victoria fue directamente contra la persona del vicepresidente Raúl Sendic – también presente al momento de la lectura de la sentencia – quien deslindó responsabilidades por parte del estado uruguayo. “Acá hay que venir y decir la verdad. (Raúl Sendic) vino acá a hacer toda una representación, un teatro, cuando a nosotros no nos representa. Yo viajé miles de kilómetros para escuchar esta sentencia, y que este señor venga a decir que no puede cuestionar nada es una vergüenza. Sí, obviamente, nosotros cuestionamos que en su país hay impunidad” expresó. Raúl Sendic había expresado a la prensa que respetaba el fallo aunque no lo compartía. “Esperábamos otra cosa. Nos sentimos defraudados … no puedo juzgar al tribunal, nosotros reconocemos la independencia de los poderes … Nos queda la tranquilidad de haber hecho todo lo posible” declaró.

Pero esto mentira siendo que en Uruguay sigue reinando la impunidad. Al momento, y habiendo pasado más de 3 décadas desde la salida de la dictadura, solo se han juzgado a una docena de militares y civiles responsables por la tortura, muerte y desaparición de centenares de uruguayas y uruguayos, militantes políticos y sociales. En Uruguay existe una complicidad entre el régimen político y el poder judicial para frenar (o directamente eliminar) las causas que pretenden juzgar y condenar a los responsables de estos crímenes, además de haber sostenido durante décadas la vigencia de la Ley de Caducidad que impedía directamente toda presentación judicial por parte de las víctimas y familiares.

Por los desaparecidos y los hijos que faltan recuperar

Victoria lucha desde los 9 años – momento en que recuperó su verdadera identidad – para saber qué pasó con sus padres y para que haya justicia y que paguen los responsables. Pese al resultado del fallo judicial, Victoria no bajará los brazos y ya confirmó que seguirá en la lucha. Concluyendo sus declaraciones, Victoria expresó firmemente “voy a seguir peleando por el juicio y castigo, como lo vengo haciendo desde que recuperé mi identidad, el juicio y castigo a los militares responsables del Plan Cóndor y del genocidio de miles y miles de personas. No sabemos el destino de nuestros familiares, hay jóvenes como yo que hasta el día de hoy siguen apropiados, no tienen su identidad, como me pasó a mí que pude conocer mi identidad, pero hay otros que no. Vamos a seguir luchando como lo hemos hecho todos estos años”.

La ex-fiscal Mirtha Guianze dijo en Roma que “la Comipaz entregó al tribunal italiano documentos que a la justicia uruguaya se negaron”. Cuando se negó esa documentación la secretaria de la Comipaz era Graciela Jorge, ex-integrante del MLN. Ha llegado la hora de discutir en serio el papel que han jugado notorios ex dirigentes tupamaros en el mantenimiento de la impunidad.

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La Sempiterna Impunidad

Roger Rodriguez·

EN 30 AÑOS DE LA LEY 15.848, SOLO 30 REPRESORES FUERON PROCESADOS. DE 304 CAUSAS JUDICIALIZADAS: 23% ARCHIVADAS, 63% EN PRESUMARIOS Y APENAS HUBO 6 SENTENCIAS.

El 22 de diciembre 2016, al cumplirse 30 años de la aprobación de la Ley 15.848 de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, Uruguay sigue inmerso en la impunidad impuesta desde la salida de la dictadura y, a pesar de las múltiples denuncias por crímenes de lesa humanidad realizadas por organizaciones defensoras de los derechos humanos, investigaciones periodísticas y a través de familiares o de las propias víctimas, sólo se han judicializado 304 causas y apenas se procesó a 30 militares, policías o civiles, de los cuales nada más que 14 permanecen en una prisión.

SIN IMPUTAR

El 63% de los casos que llegaron a ser judicializados (180 causas), no ha pasado de la etapa del presumario; y en varios de estos casos las indagatorias judiciales recién han comenzado luego de años de “chicanas” jurídicas interpuestas por los abogados defensores de los imputables. Primero, por el reclamo de jurisdicción de la justicia militar, luego por el amparo de la propia Ley de Impunidad, le siguieron inconstitucionalidades de la ley interpretativa, y más tarde los reclamos de prescripción de los delitos. En algunos casos los jueces no han llegado a convocar a testigos y mucho menos a citar a un represor como testigo y mucho menos como imputado.

De 304 denuncias judiciales por crímenes de lesa humanidad, 180 causas (el 63 %) continúan en la etapa presumarial: 126 en los juzgados penales de Montevideo y 54 en los juzgados letrados del interior del país (1 en Carmelo, 3 en Colonia, 2 en Ciudad de la Costa, 2 en Las Piedras, 1 en Florida, 2 en Paysandú, 1 en Salto, 1 en Treinta y Tres, 1 en San José, 2 en Maldonado, 2 en Fray Bentos, 1 en Flores, 32 en Tacuarembó, 1 en Rivera, 1 en Libertad y 1 en Bella Unión). A ellas, hay que agregar 18 causas cuyo estado de situación no es claro, 19 que fueron acumuladas a otras causas, 3 que no figuran registradas y 2 en los que el juez declinó competencia…

Es decir que, luego de tres décadas de judicialización de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el período de terrorismo de Estado sufrido por Uruguay, durante la represión institucional (1968-1973) y por la dictadura cívico militar (1973-1985), únicamente 82 causas judiciales (menos del 30%) llegaron a algún tipo de definición. Y de ellas, para colmo, 66 denuncias (23 %) fueron archivadas…. Sólo en 10 casos (3 %) se alcanzó la etapa de sumario y apenas en 6 procesos (2 %) la justicia penal uruguaya llegó a establecer una sentencia de primera instancia.

Los datos surgen del seguimiento de causas judiciales que desde hace diez años realiza el Observatorio Luz Ibarburu (OLU), que en un comunicado hecho público en octubre, manifestó su preocupación “por la impunidad de la que goza la enorme mayoría de quienes han sido denunciados como presuntos autores, coautores, cómplices o encubridores de crímenes de lesa humanidad”, reclamó que el Poder Judicial “adopte las medidas jurisdiccionales y administrativas” que le competen para amparar a las víctimas y advirtió que “la omisión e ineficiencia judicial hacen incurrir al Estado uruguayo en responsabilidad internacional” por incumplimiento de la Sentencia del Caso Gelman por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Recordó que en su dictamen, la CIDH “ordenó al Estado uruguayo que condujera las investigaciones de modo eficaz, en un plazo razonable y asegurando que las autoridades competentes realicen las investigaciones correspondiente ex officio” y expresó que “la obligación del Estado de dar pronto cumplimiento a las decisiones de la Corte es parte intrínseca de su obligación de cumplir de buena fe con la Convención Americana y vincula a todos sus poderes y órganos, incluidos sus jueces y órganos vinculados a la administración de justicia…”

El Observatorio Luz Ibarburu denunció que constata la demora en los enjuiciamientos como una clara manifestación de denegación de justicia; que los jueces penales deben establecer mecanismos procesales para evitar que los recursos presentados se transformen en un factor dilatorio y de revictimización de los denunciantes; que para que los denunciados se constituyan judicialmente en “indagados” se requiere un acto de señalización específico, pero cada vez que un juez va a realizar la indagatoria, se ve obstaculizado por una nueva “incidencia” procesal; y la suspensión del proceso penal debe hacerse de manera fundada; por lo que reclamó a todos los jueces (letrados, de apelación y los propios ministros de la Corte) una actuación diligente, seria y eficiente, que no favorezcan la impunidad, la revictimización y el incumplimiento de los deberes del Estado.

En estos 30 años, a pesar de tanta dilatorias y maniobras de los impunes y de sus impunidores, 30 militares, policías y civiles, llegaron a ser procesados con prisión por la justicia penal uruguaya. Sin embargo, solo la mitad de ellos está cumpliendo la disposición judicial de un proceso tras las rejas (aunque ninguna de las cárceles especiales en las que están detenidos tiene en realidad barrotes de hierro). Seis de los procesados fallecieron, a cuatro los “desprocesaron” y liberaron, a uno lo excarcelaron en forma anticipada, a otros cuatro les concedieron el privilegio de la prisión domiciliaria y uno permanece en el Hospital Militar.

SIN PENAS

Al coronel Juan Carlos Gómez, inicialmente procesado por el homicidio de Roberto “Tito” Gomensoro Josman en marzo de 1973, le fueron retirado los cargos luego de un extraño “enroque” por el que una vez sustituidos la jueza (Lilián Elhorriburu por Karen Cuadrado Fernández Chávez) y fiscal (Graciela Peraza Furlán por Fernando Pérez D’auria) en el Juzgado de Paso de los Toros, surgió un testimonio que descalificó al testigo de cargo de la causa e hizo caer la imputación sobre el militar apodado “Carretilla de Plata”. Como él, también resultó sobreseído el coronel José Nino Gavazzo y el caso Gomensoro volvió a quedar impune.

Otro tanto sucedió con el coronel Walter Gulla, director del Penal de Libertad en 1981 cuando se produjo la muerte por “suicidio” del recluso Horacio Ramos. El juez penal de 3ª Turno, Ruben Saravia y la fiscal de 2º Turno Mirtha Guianze habían considerado que existía responsabilidad de Gulla en lo que caratularon como “Homicidio”, pero el Tribunal de Apelaciones de 4º Turno (creado especialmente para pronunciarse sobre casos de derechos humanos, e integrado por Ángel Cal Shabán, Alfredo Gómez Tedeschi y Jorge Antonio Catenaccio Alonso), consideró que no había elementos de prueba y Gulla fue liberado.

El propio Tribunal de Apelaciones de 4ª Turno (ahora integrado por Ángel Cal, Jorge Cantenaccio y Luis Charles) también fue el que propició la libertad del policía Juan Ricardo Zabala, imputado por el Juez Penal de 1ª Turno, Juan Fernández Lecchini, como cómplice del homicidio muy especialmente agravado del maestro Julio Castro en agosto de 1977. Sin embargo, el tribunal de alzada, entendió que Zabala solo había cumplido la orden de detención como funcionario del SID. La muerte y desaparición de Julio Castro volvió a quedar impune y el caso sería derivado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Una vez más, fue el Tribunal de Apelaciones de 4ª Turno, integrado por Luis Charles, Ángel Cal y la incorporada Gabriela Merialdo, quien decidió “desprocesar” al ex tupamaro Héctor Amodio Pérez, a quien la jueza penal de 16ª turno, Julia Staricco y la fiscal Estela Llorente, había procesado por su responsabilidad en las detenciones sufridas por varios de sus ex compañeros por la Oficina Coordinadora de Operaciones Antisubversivas (OCOA) luego que el “felón” aceptara “ordenar los papeles” al coronel Armando Méndez durante 1972. Amodio -que pasó casi un año en prisión domiciliaria- quedó libre, pero el caso fue apelado y debe permanecer en el país.

Asesino del estudiante Ramón Peré en julio de 1973, el coronel Tranquilino Machado fue excarcelado anticipadamente en octubre de 2014 en otra polémica decisión de la Suprema Corte de Justicia que consideró que el militar había cumplido los dos tercios de la condena de cuatro años de prisión que por un delito de homicidio le había imputado el juez penal de 3° Turno, Ruben Saravia, a pedido del fiscal Juan Gómez. Lo curioso, es que la propia Corte había admitido poco antes una decisión del Tribunal de Apelaciones de 4° Turno, que esta vez había rechazado un pedido de prescripción del delito por parte del abogado defensor Miguel Langón (ex Fiscal de Corte), al establecer que no se podía contabilizar los años de vigencia de la Ley de Caducidad. El crimen no prescribió, pero la Suprema Corte terminó liberando al criminal.

A esta serie, se podría agregar el caso de la policía María Lemos, quien venía siendo indagada por el caso de la muerte con vinos envenenados de Cecilia Fontana de Heber en agosto de 1978, pero cuando la jueza penal de 9ª Turno Gabriela Merialdo (ahora el el Tribunal de Apelaciones de 4ª Turno) evaluaba las pruebas caligráficas que la inculpaban, presentadas por el director de Policía Técnica, Inspector Principal Roberto de los Santos, se produjo una extraña intervención del propio sub jefe de Policía de Montevideo, Inspector Washington Curbelo, quien descalificó las pruebas contra la hermana de su ex compañero de trabajo comisario Víctor “Beto” Lemos (ex Director de Hurtos y Rapiñas). Curbelo fue el perito que dio por verdadera la falsa foto del científico chileno Eugenio Berríos en Italia con la que se cerró una interpelación al canciller Sergio Abreu en 1992 y también fue el calígrafo que consideró falsa la firma auténtica de Walter Estellano cuando por el Caso Focoex el parlamento terminó sancionando al denunciante, diputado frenteamplista Leonardo Nicolini.

SIN GLORIA

Efectivamente presos, se encuentran los policías Nelson Bardesio y Pedro Fleitas, integrantes del Escuadrón de la Muerte que en 1971 fue responsable del secuestro y desaparición de Abel Ayala y Héctor Castagnetto, y del homicidio de Manuel Ramos Filippini e Íbero Gutiérrez. Bardesio fue detenido y extraditado desde Argentina (donde lo encontró un equipo periodístico del semanario Brecha) y, como el Inspector Fleitas, terminó procesado por homicidio especialmente agravado según dispuso la jueza penal de 8° Turno, Graciela Eustachio a pedido del fiscal Juan Gómez, quien aceptó lo que había solicitado su antecesor el fiscal Ricardo Perciballe (desplazado a la órbita civil por el Dr. Jorge Díaz apenas llegó a asumir como Fiscal de Corte) quien también había reclamado la cárcel para el policía Jorge Grau Saint Laurent (fallecido) y para el civil Miguel Sofía, hoy prófugo de Interpol.

El coronel Arturo Aguirre también continúa encarcelado, luego de haber sido procesado por el juez penal de 4° Turno, Eduardo Pereyra Suárez, quien le imputó el delito de homicidio especialmente agravado sobre Gerardo Alter durante un interrogatorio en el Batallón Florida en 1973. Junto a él, fue procesado el capitán Alberto Gómez Graña, quien falleció en prisión en 2013, y se pidió la captura internacional del coronel Hermes Tarigo, quien huyó del país. El coronel José Puigvert, es el único de los asesinos de Aldo Perrini que está preso. La muerte del heladero de Carmelo en marzo de 1974 en el Batallón N° 4 de Colonia, también implicaba al general Pedro Barneix, quien se suicidó, y a los coroneles José “el francés” Baudean y Washington Perdomo, que fallecieron antes de que la jueza penal de 7° Turno, Beatriz Larrieu de las Carreras y la fiscal Ana María Telechea tomaran resolución en una causa que había sufrido todo tipo de dilatorias en cada intento de indagatoria de la magistrado antecesora, Mariana Mota, quien sufrió fuertes presiones del sector militar, político y judicial. Mota, finalmente, fue trasladada a un juzgado civil por la Suprema Corte de Justicia antes de poder dar su dictamen sobre el caso.

El coronel aviador Enrique Rivero Ugartemendía cumple la pena de prisión que se le impuso por el homicidio, en julio 1976, de Ubagesner Cháves Sosa, cuyo cuerpo, enterrado en una fosa clandestina en una chacra de Pando, fue recuperado en noviembre de 2005. La jueza actuante, Mariana Mota, también procesó por ese crimen al coronel (av.) José Uruguay Araújo Umpiérrez. Enrique Rivero, había sido procesado por la muerte de Horacio Ramos en 1981, pero fue absuelto de ese crimen por la Suprema Corte de Justicia. También se encuentra preso el coronel Asencio Lucero, procesado por la jueza penal de 1° Turno, Julia Staricco, quien a pedido del fiscal Carlos Negro le imputó reiterados delitos de privación de libertad especialmente agravados por su participación en crímenes de lesa humanidad sobre un grupo de presas políticas que denunció la violencia sexual como práctica de tortura en el Regimiento de Caballería N° 9, donde el reo era capitán a cargo del S2 (Inteligencia).

La cárcel de Domingo Arena fue creada para alojar al primer grupo de militares encarcelados por sus crímenes durante la dictadura. Allí se encuentran los ex coroneles José “el turco” Arab, Luis Maurente, Jorge “Pajarito” Silveira y Gilberto Vázquez, con los ex policías Ricardo “Conejo” Medina y José Sande Lima, y el ex soldado Ernesto “Drácula” Soca. Todos ellos responsables del traslado y desaparición de los uruguayos militantes del partido Por la Victoria del Pueblo (PVP) secuestrados en Buenos Aires, recluidos en el centro clandestino de detención (CCD) Automotores Orletti y trasladados a Uruguay en el denominado “segundo vuelo”, quienes tras permanecer en el “pozo” conocido como “300 Carlos”, fueron ejecutados y enterrados en una unidad militar. La “patota” del Servicio de Información y Defensa (SID), procesada por el entonces juez penal de 19° Turno Luis Charles y la fiscal Mirtha Guianze, también incluye a los coroneles José Nino Gavazzo y Ernesto Ramas, quienes hoy gozan de prisión domiciliaria.

El propio juez Charles, con el ministerio público de Guianze, también actuó en la causa de los secuestros en 1977 de otro grupo de uruguayos, militantes del GAU, el PCR y el MLN, quienes recluidos en los “pozos” de Banfield y Quilmes en Buenos Aires, fueron traídos por mar, aire y tierra a Uruguay donde los ejecutaron y desaparecieron. Por ese crimen de lesa humanidad fue procesado y continúa preso el capitán de fragata Juan Carlos Larcebeau, uno de los comandantes de Fusileros Navales (FUSNA), unidad de la Armada uruguaya que participó en esa etapa de la coordinación represiva regional conocida como Plan Cóndor. Por el caso, también fue encarcelado el dictador Gregorio “Goyo” Álvarez y se fugó a Italia el capitán de navío Jorge Tróccoli, cuya cadena perpetua fue solicitada por el fiscal Giancarlo Capaldo en el juicio internacional al “Plan Cóndor” que se viene instruyendo en Roma.

Quien ya se encuentra preso en el exterior es el coronel Manuel Cordero Piacentini, quien fue requerido por la justicia uruguaya en 2002 por apología de la tortura y huyó a Brasil donde se radicó hasta que, luego de un largo proceso, la justicia brasileña otorgó su extradición a Argentina, cuya justicia había pedido su captura para enjuiciarlo en el marco de la megacausa contra el Plan Cóndor. Finalmente, Cordero fue sentenciado a 25 años de prisión, castigo que cumple en la Unidad 3, cerca del aeropuerto de Ezeiza. Cordero esta implicado en varias de las causas que se juzgan en Uruguay y particularmente en el homicidio por torturas de Iván Morales Generalli en noviembre de 1974.

Cumplen condena en Chile, luego de ser extraditados en 2006, los uruguayos Tomás Casella, Eduardo Radaelli y Willington Sarli, implicados en el homicidio del agente chileno Eugenio Berríos, desaparecido en 1992 y cuyo cuerpo fue encontrado en una duna de El Pinar en 1995. Berríos, científico que experimentaba con gas sarín para la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), había sido “escondido” en Uruguay cuando se comenzó a investigar judicialmente el homicidio del ex canciller Orlando Letelier y se había llegado a una conexión con el agente norteamericano Michael Townley, que comprometía a la dictadura del general Augusto Pinochet.

SIN REJAS

El ex comandante en jefe del Ejército, general Gregorio Álvarez se encuentra internado en el Hospital Militar, luego de sufrir un accidente cerebro vascular. Desde 2007 cumplía prisión por reiterados delitos de desaparición forzada que le tipificó el juez Luis Charles en el caso en que fue encarcelado junto al naval Juan Larcebeau. El “Goyo” también había sido procesado por la muerte del tupamaro Roberto Luzardo en 1973, pero el Tribunal de Apelaciones de 4º Turno, consideró que el ex dictador no era imputable de ese delito. Álvarez permanece impune de otros crímenes. Tampoco está tras las rejas José Uruguay Araújo Umpiérrez, alias “Paleta Quemada”, procesado por el homicidio y desaparición de Ubagesner Chávez Sosa. Araújo Umpiérrez, miembro del SID también fue coordinador del “segundo vuelo” de Orletti por el que en 1976 se trasladó ilegalmente a 22 uruguayos desde Argentina para hacerlos desaparecer en nuestro país y cuyos restos aún no han sido encontrados. El aviador fue el primer represor en recibir la prisión domiciliaria.

De similar reclusión hogareña disfrutan los septuagenarios torturadores Ernesto Ramas y José Nino Gavazzo Pereira. Ramas, alias “El Tordillo”, implicado en los crímenes de la OCOA y el SID en 1976, hace diez años está “grave” y siempre permaneció en el Hospital Militar sin pasar una noche en la cárcel y ahora logró radicarse en una casita de Piriápolis donde no utiliza tobillera y nadie controla sus movimientos. El delincuente (tiene antecedentes por estafa) Gavazzo, ha sido culpado de los crímenes de Orletti en Argentina y de la desaparición de María Claudia García de Gelman, cuya hija Macarena, nacida en cautiverio en 1976 fue entregada a la familia de un policía hasta recuperar su identidad en el año 2000. Ramas y Gavazzo han sido escrachados en sus domicilios. Por una manifestación ante su casa Gavazzo no pudo asistir al cumpleaños de su nieta, visita a la que había sido autorizado por el juez ejecutante Martín Gesto, quien otorgó a ambos el beneficio de la domiciliaria, pese a lo que establece el Artículo 9 de la Ley 17.897.

Otro que, luego de permanecer preso en Cárcel Central durante varios años, cumple actualmente la pena en su casa es el ex canciller Juan Carlos Blanco Estradé, al que el juez Eduardo Cavalli culpó en el año 2002 por la desaparición de la maestra Elena Quinteros, secuestrada de los jardines de la embajada de Venezuela en 1976. El ex senador también fue imputado en 2006 por los homicidios de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw en Buenos Aires en mayo de 1976. En ese caso, Blanco fue procesado junto al ex dictador Juan María Bordaberry, fallecido en 2011 en su domicilio, quien también había sido encausado por los delitos de atentado a la Constitución, los homicidios de Chavez Sosa y Fernando Miranda, y las desapariciones forzadas de Luis E. González, Juan M. Brieba, Carlos Arévalo, Julio Correa, Otermin Montes de Oca, Horacio Gelós Bonilla, José Arpino Vega y Eduardo Pérez Silveira.

Un caso particular es el del coronel Antranig Ohannessian, gerente en seguridad de los bienes de la “princesa” Laetita D’Arengerg (Tambo La Pataia). Fue detenido dos veces para su extradición a Italia y en ambas ocasiones fue liberado por que se cumplieron los plazos y no se confirmó el reclamo judicial. La primera vez fue en marzo de 2008 en Buenos Aires y la justicia argentina terminó soltándolo. La segunda, fue en agosto de 2013, cuando lo arrestaron en un edificio frente al puertito del Buceo. El caso quedó en manos de Penal 20, a cargo del juez Alejandro Guido y tenía el visto bueno de la fiscal Ana María Tellechea, pero la extradición del “turco” no se confirmó. Causas locales lo comprometen. Se desconoce su paradero.

También fallecieron los dos militares procesados por el homicidio por torturas en 1974 de la militante comunista Nibia Sabalsagaray: el general Miguel Dalmao (enjuiciado en actividad) y José Chialanza, ambos estuvieron presos en la cárcel especial construida en la sede de Granaderos. El mismo final tuvo el asesino de Gerardo Alter en 1973, coronel Alberto Gómez Graña; y por enfermedad murió el coronel Carlos Calcagno, quien llegó a estar encarcelado por la desaparición en 1977 de Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana a quienes fue a buscar hasta Paraguay donde habían sido detenidos. Otros dos militares que murieron en el proceso de sus juicios por crímenes de lesa humanidad fueron el general Pedro Barneix, responsable de la muerte de Aldo Perrini en 1974, y el coronel Juan Rodríguez Buratti, implicado en los crímenes del SID en 1976. Ambos se suicidaron en sus respectivos domicilios cuando la policía fue a arrestarlos.

Tampoco están tras las rejas un grupo de militares, policías y civiles que se escaparon del país cuando las causas judiciales parecían comprometerlos o fueron públicamente denunciados. Al igual que Jorge Tróccoli y Manuel Cordero, ostentan el rótulo de “prófugos” el coronel Hermes Tarigo, requerido internacionalmente por el homicidio de Gerardo Alter; el coronel Pedro Mato Narbondo, citado como indagado por la muerte bajo torturas de Luis Batalla en 1972; y el empresario Miguel Sofía, implicado en los crímenes del Escuadrón de la Muerte antes de la dictadura cívico militar. Tarigo estaría radicado en España, Mato vive en la ciudad de Livramento (Calle Concesso Cassales 232, Barrio Jardín) y Sofía se refugió en Miami, Florida.

En la misma situación ya se incluye al torturador Jorge “Charleta” Guldenzoph, miembro de la Secta Moon y ex comunista cooptado por la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) de la Policía, quien al encontrarse denunciado en una causa por torturas desapareció del país. El ex agente y ex director del Ultimas Noticias, es hoy presidente de la Conferencia del Liderazgo del Uruguay, y cuenta con la protección internacional de la Global Peace Foundation y de Misión Presidencial Latinoamericana, organización que integra el ex presidente Luis Alberto Lacalle.

Hay otros dos casos de promitentes prófugos. El del también colaborador de la dictadura, Ariel Horacio Ricci Cabezas, al que denunció judicialmente su propio hijo, Camilo Marabotto, quien logró ubicar a su padre biológico en una playa de Buzios, donde se presenta como maestro de yoga. Y el del comisario Herman Friguerio González, señalado por la prensa como quien entregó las botellas de vinos envenenados que provocaron la muerte de Cecilia Fontana de Heber. Friguerio, cuyo carné de policía utilizaba el coronel Gilberto Vázquez cuando protagonizó una fuga desde el Hospital Militar en 2006, se mudó a Porto Alegre, donde buscaba trabajo.

SIN JUSTICIA

A 30 años de la Ley de Caducidad, tampoco están presos ni encausados algunos de los más conocidos represores de la dictadura: el coronel Armando Méndez, ex jefe de la OCOA fue señalado por el soldado desertor Hugo García Rivas (actualmente exiliado en Noruega) como responsable de la muerte del sindicalista Humberto Pascaretta en 1974. Por el contrario, devenido en un exitoso empresario del área de seguridad, a Méndez le otorgaron la terciarización de la operativa de tasaciones de vehículos del propio Banco de Seguros del Estado (BSE).

Semejante impunidad también la usufructúan los coroneles Eduardo Ferro (llegó a ser asesor de dirigentes políticos y gerente de un hotel en Punta del Este), Glauco Yannone (es profesor de historia en la Escuela Militar y recibió por Uruguay el Premio Nobel de la Paz otorgado a los cascos azules de la ONU) y Carlos Rossell. Los tres comandaron el famoso secuestro en Porto Alegre de los uruguayos Lilián Celiberti y Universindo Rodríguez en 1978, caso por el que se conoció la coordinación represiva del Plan Cóndor.

Pero no son los únicos impunes: también lo es el mayor Enrique “El Zapato” Mangini, confirmado partícipe del grupo armado de la Juventud Uruguaya de Pie (JUP) que asesinó al estudiante Santiago Rodríguez Muela en 1972; como los coroneles Lawrie Rodríguez y Victoriano Vázquez, asesinos del estudiante Hugo Leonardo De los Santos en 1973; o los ex militares Alberto Ballestrino hijo (hoy pastor en Maldonado), Gustavo Mieres Ultra (dirigente del Club Tacuarembó de Fútbol) y Daniel Blanco Fanocchio (posiblemente en el exterior), quienes asesinaron a Oscar Fernández Mendieta en 1973; o el coronel Sergio Coubarrere y el médico Eduardo Saiz, pasean por Fray Bentos pese a matar al médico Vladimir Roslik; como siguen impunes los marinos denunciados por Daniel Rey Piuma y los pilotos de los vuelos que en 1976 trajeron a los uruguayos de Orletti: Enrique Bonelli y Juan Pedro Malaquín, ahora convertido en líder de los militares jubilados que reclaman mantener los beneficios (otra impunidad) de la deficitaria Caja Militar.

También permanecen sin verdad, sin justicia y sin castigo los militares y policías que actuaron en todos los casos denunciados judicialmente, desde el secuestro de Antonio Viana Acosta, el asesinato de las “Pibas de Abril”, la desaparición de Washington Barrios, la ejecución de los Fusilados de Soca, la Operación Morgan contra el Partido Comunista y el paradero de todos sus dirigentes desaparecidos, el secuestro de Nibio Melo y Wiston Mazzucchi, las fosas de los ejecutados del segundo vuelo y de los terceros traslados, como del matrimonio Logares-Grispón o de la familia Severo, o las desapariciones de Juan Soca, Félix Ortiz, Omar Paitta, Urano Miranda o Miguel Mato Fagián; y todos los represores denunciados en el Informe Benedetti, elaborado por un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, que profundiza en los casos de muertes por tortura durante la dictadura de Bordaberry.

Mientras tanto, dos actos de policías y militares retirados evidenciaron en los últimos meses que la falta de verdad y justicia sobre las violaciones de los derechos humanos por el terrorismo de Estado no solo mantiene impunes a los represores, sino que permite la reivindicación de aquellos actos. El Circulo Policial del Uruguay, en su aniversario, hizo un “desagravio” al inspector Víctor Castiglioni y volvió a colocar en su sede una placa recordatoria del torturador que había sido retirada de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII); mientras que en la ciudad de Florida, al cerrar el V Encuentro Nacional de Militares Retirados, el coronel Ruben Hartamnn hizo una afirmación con visos de amenaza: “Firmes y dignos, que esa consigna sea el centinela de nuestro proceder. Ojalá que al terminar esta jornada todos nos vayamos con una sonrisa y la alegría de habernos reencontrado. Muchas gracias y, por ahora, empezamos a volver”…

Treinta años después de su aprobación y aunque nunca fue formalmente derogada, la Ley de Caducidad no se aplica, en la medida en que él único artículo “constitucional” de la llamada “Ley interpretativa” (18.831) devolvió la “pretensión punitiva” al Estado, y a partir de la resolución por la que el presidente José Mujica anuló todos los actos administrativos con los que sus predecesores ampararon causas judiciales a la Ley 15.848. La caducidad ya no existe, pero perdura la cultura de impunidad que generó.

Roger Rodríguez (Periodista)

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