14 agosto: día de los Mártires estudiantiles uruguayos

 

Como todos los años, la juventud, el pueblo uruguayo recuerda el asesinato del estudiante LIBER ARCE, al mismo tiempo ha transformado esta fecha en homenaje a todos los otros mártires caidos por la Libertad y luchando contra un gobierno represor. Millares han desfilado por la avenida central de Montevideo, y fueron recordados en liceos y universidades, ellos que han servido de guía para marcar a jamás el tiempo de un Estado terrorista.

Miles marcharon en

recuerdo de los mártires

estudiantiles

 15 de agosto de 2019

Los gremios de Secundaria, UTU, formación docente y Udelar se manifestaron en contra de la reforma Vivir sin Miedo y el “avance conservador”

Susana Pintos, Ramón Peré, Hugo de los Santos, Heber Nieto, Íbero Gutiérrez y Walter Medina son algunos de los mártires estudiantiles a los que se recuerda cada 14 de agosto, fecha que rememora la muerte de Líber Arce, un estudiante de Odontología que recibió un disparo de la Policía en una manifestación estudiantil en 1968. “Su lucha sigue vigente. Contra el miedo y el retroceso” fue la consigna de la marcha de ayer, convocada por la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), los gremios estudiantiles de Secundaria y UTU, los gremios de Magisterio, Educación Social y del IPA, y la articulación nacional No a la Reforma.

Mauro Conti, secretario de Asuntos Gremiales de la FEUU, mencionó antes de que partiera la marcha desde la explanada de la Universidad de la República (Udelar) que se estima que entre 10.000 y 15.000 personas concurren a la convocatoria, pero que “cada vez hay más gente”. Anoche, pese al frío, la gente ocupó varias cuadras de la avenida 18 de Julio, y en particular se hicieron sentir los más jóvenes, de los gremios de secundaria y UTU, que encabezaron la manifestación. “La marcha es por la posibilidad de que compañeros y compañeras piensen una sociedad diferente, una sociedad donde seamos más iguales. Fue por eso que los mataron, y eso acerca a cada vez más jóvenes”, reflexionó Conti.

El dirigente estudiantil universitario explicó que la consigna es clara respecto del posicionamiento “en contra” del plebiscito impulsado por el senador nacionalista Jorge Larrañaga, que propone la reforma constitucional Vivir sin Miedo. Recordó, además, que el movimiento estudiantil sufrió “intentos de censura por parte de algunos actores políticos”, en referencia al fallo judicial que obligó a los gremios de liceos bajar los carteles en contra de la reforma. “Desde la FEUU entendemos que estamos en una coyuntura particular en América Latina, con un avance conservador, y tenemos que luchar y movilizarnos para que eso no se exprese en Uruguay, como fue el intento de derogar la Ley Trans”, añadió Conti.

La marcha llegó hasta la plaza 1º de Mayo, frente al Palacio Legislativo, y allí los gremios reclamaron que se destine 6% del Producto Interno Bruto a la Administración Nacional de Educación Pública y la Udelar, se manifestaron en contra del avance punitivo en Uruguay y reclamaron mejores condiciones para la vivienda y la salud. Además, los estudiantes pidieron “políticas claras” en materia de verdad, memoria y justicia. En relación con el militar que se manifestó en contra de una actividad en el liceo 1 de Solymar, Conti opinó: “La impunidad genera este tipo de cosas, darles la posibilidad a expresiones como las de [José] Gavazzo o de [el candidato y ex comandante en jefe del Ejército, Guido] Manini Ríos, diciendo que el 20 de mayo divide a la sociedad. Exigimos al Ejecutivo y al próximo gobierno que existan políticas claras en esta materia”.

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Un hombre con uniforme militar

interrumpió violentamente

una charla sobre mártires estudiantiles

15 de agosto de 2019 

En el liceo 1 de Solymar el hombre tuvo que ser retirado por las autoridades.

Los estudiantes del gremio del liceo 1 de Solymar organizaron el martes 13 una mesa de debate con integrantes de Memoria de la Costa, un colectivo que milita por los derechos humanos y la recuperación de la memoria del pasado reciente, en el marco del Día de los Mártires Estudiantiles que se celebra cada 14 de agosto. En esa oportunidad un hombre con uniforme militar intentó participar; al notar su presencia, estudiantes y docentes pidieron a la dirección del liceo que lo invitara a retirarse y así se hizo. Ante el pedido, el hombre reaccionó “de forma violenta, gritando y no aceptando irse”, contaron a la diaria varios testigos del hecho.

Luego de discutir, el hombre decidió irse, sólo para volver minutos después, vestido de civil. Nuevamente se le pidió que se retirara, ya que la actividad era exclusivamente para estudiantes, por lo que no podían participar padres o vecinos de la comunidad. El hombre alegó que era el padre de uno de los estudiantes y quería saber “qué les estaban metiendo en la cabeza a su hijo y al resto de los jóvenes”, destacaron los participantes. En esa oportunidad sacó su celular y comenzó a grabar a la subdirectora y a los estudiantes que participaban en la actividad en el liceo, hasta que nuevamente lo convencieron de que se fuera.

Según dijo a la diaria Eduardo Núñez, docente del liceo, la Federación de Profesores de Enseñanza Secundaria denunció este hecho ante el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, y no descarta presentar la denuncia en otros ámbitos, como la Institución Nacional de Derechos Humanos. A su vez, el núcleo sindical del liceo evaluaba la posibilidad de denunciar la situación en distintos ámbitos.

El gremio de estudiantes aún no se reunió, ya que durante el miércoles se convocaba a un paro activo por el 14 de agosto. De todas formas, Malena, una de las estudiantes, señaló a título personal a la diaria que la participación y la actitud del hombre se entiende como “violencia simbólica”, en parte porque “estaba uniformado y los que estaban dando la charla eran ex presos políticos y exiliados” y también porque “su actitud fue mala, no amigable; es una persona ajena a la situación que intentó meterse y empezó a sacar apuntes de lo que se decía y a grabar a la gente”.

Malena considera que “la educación debería ser formadora de gente crítica, pensante y sensible” y que los estudiantes tienen que poder informarse sobre el pasado reciente, porque es un tema “que no está laudado”. “Es una herida abierta que tenemos todos; heredamos preguntas sobre qué pasó, dónde están los desaparecidos y por qué no están”, dijo la joven. En este sentido el gremio estudiantil lleva a cabo “desde hace varios años” actividades con motivo del 14 de agosto, en las que “todos puedan mostrar su punto de vista, porque eso siempre es interesante: se puede abrir el debate con posturas distintas con respecto al tema, siempre en un marco de respeto total”.

 

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“Silencio: ha muerto un estudiante”

14 de agosto de 2019 

 Escribe: François Graña

Esta nota y las precedentes1 constituyen un avance de mi investigación sobre la pasión militante en los tardíos 60 y tempranos 70. Trataré aquí de los acontecimientos que, entre mayo y setiembre de 1968, se saldan con el asesinato de tres estudiantes en las calles de Montevideo.

En marzo de 1967, el Partido Colorado retomaba las riendas del Estado luego de dos períodos consecutivos de gobiernos blancos. El presidente electo, Óscar Gestido, moría súbitamente meses más tarde y asumía su vice, Jorge Pacheco Areco. El ex boxeador protagonizaría una gestión de mano dura cuasi dictatorial: gobierno en base a decretos, clausura de periódicos opositores, ilegalización de partidos, represión desenfrenada, introducción de la tortura en los interrogatorios policiales.

En esos años, el subsidio parcial del transporte colectivo constituía un alivio para decenas de miles de liceales montevideanos, y en especial para los hogares modestos erosionados por la carestía y la inflación, que en 1968 llegó a 180%. A fines de mayo de ese año, la Intendencia de Montevideo anunciaba un aumento en el precio del boleto. Fue la chispa que encendió la pradera seca; en pocos días la marea de protesta estudiantil subía incontenible. Se multiplicaban las asambleas de clase, la movilización ganaba las calles con una masividad inédita. En esas semanas, la Policía recibía la orden de abrir fuego sobre los manifestantes con sus armas de reglamento. Los baleados en los meses siguientes sumaban decenas, a los que se agregaban centenares de estudiantes heridos con sablazos y machetazos.2

En los meses venideros, el número de manifestantes y la virulencia de los enfrentamientos con la Policía subirían sin pausa. Del lado estudiantil, hacían su aparición los cócteles Molotov y los “cortes de fuego” callejeros hechos con cubiertas de automóvil rellenas de estopa o aserrín y rociadas con nafta. Ante el carácter masivo y sostenido de la movilización, las empresas transportistas cedieron temporalmente. Pero el compromiso oficial de mantener el precio del boleto no logró enfriar un clima de protesta y manifestación callejera en plena espiral ascendente. Los liceos seguían ocupados, se sumaban los universitarios, y la nueva consigna era “¡estudiantes a luchar por boleto popular!”.

“Había una especie de frenesí en los estudiantes, basado en la seguridad de estar en lo justo y en la percepción de la iniquidad del gobierno y de la Policía”, escribe un participante de aquellas movilizaciones que años más tarde analiza desde la ciencia social; “se palpaba la impresión de haber adquirido una nueva potencia que ponía en jaque al gobierno, mediante ese estado de movilización extendido e impersonal”.3

En los primeros días de junio se extendió la ola de manifestaciones callejeras y de enfrentamientos con la Policía. En la tarde del jueves 6, una marcha de liceales avanzaba por 18 de Julio desde la Universidad de la República hacia la plaza Independencia. En la calle Minas se detuvo un patrullero; bajaron de él varios policías, desenfundaron sus armas y abrieron fuego sobre los manifestantes. Cinco heridos de bala fueron internados; a uno de ellos se le debió amputar un brazo, otro quedó con un brazo semiparalizado de por vida, y un tercero, que había sido baleado en una pierna, quedaría rengo para siempre. Una semana más tarde, el Poder Ejecutivo decretó las Medidas Prontas de Seguridad (MPS), una modalidad de estado de excepción establecida en el artículo 168 de la nueva Constitución votada dos años antes. Las MPS podían aplicarse “en los casos graves e imprevistos de ataque exterior o conmoción interior”, y autorizaban a encarcelar a cualquier persona por tiempo indeterminado, sin mediar acusación formal ni juicio alguno. En su argumentación se alude a la “perturbación profunda de la paz social y el orden público” resultantes de numerosos conflictos sindicales, en particular la banca oficial y otros empleados públicos.4 La atmósfera de estado de sitio y los métodos policiales expeditivos se instalaron de forma duradera en el país.

El 7 de agosto, el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN) secuestraba al presidente de UTE, Ulysses Pereira Reverbel. Se había destacado desde el gobierno en la persecución a militantes sindicales, por lo que su secuestro constituía en sí mismo una acción propagandística contra el autoritarismo en ascenso. Dos días más tarde, en la madrugada, la Policía allanaba varias facultades sin orden judicial y sin la presencia de autoridades universitarias; pretendían buscar información sobre el secuestro. La presunción del gobierno de Pacheco era obvia: los “subversivos” no podían ser otros que los mismos “revoltosos” al frente de las manifestaciones estudiantiles en todos esos meses. Este grave acto de ilegalidad por parte de un gobierno no tenía precedentes; durante los allanamientos, los oficiales al mando de la operación prohibieron el acceso de las autoridades universitarias. El Consejo Directivo Central de la Universidad de la República denunciaba con vehemencia los hechos, y en las calles se hacía sentir la reacción airada de los estudiantes, que intensificaban los enfrentamientos con la Policía.

Ese mismo día, un culatazo hundía el cráneo de un adolescente de 14 años; no participaba siquiera de manifestación alguna, caminaba solo por Colonia, a pasos de Tristán Narvaja. A 100 metros de allí, frente a la Biblioteca Nacional, una patrulla de Coraceros se ensañaba a golpes con un estudiante tirado en el suelo. Mario Eduardo Toyos, de 17 años, ingresaba al Clínicas en estado de coma con el parietal hundido; había recibido el impacto de una granada lacrimógena. No se trató de un accidente: la prensa opositora denunció que la Policía había sido instruida para apuntar al cuerpo con armas y lanzagases. Numerosos estudiantes heridos de bala eran atendidos en diversos centros de asistencia así como en domicilios particulares.5

Las movilizaciones “relámpago” de los estudiantes universitarios, secundados por los liceales, se sucedían en todo Montevideo. Consistían en una modalidad de manifestación callejera acorde con las nuevas formas de la represión policial; numerosos grupos de estudiantes se concentraban discretamente en ciertos liceos o facultades, y un rato más tarde circulaba de boca en boca el lugar y hora de la concentración, así como la consigna a corear.

Los acontecimientos se precipitaron. El lunes 12 de agosto, una manifestación conjunta de estudiantes de Veterinaria y de Odontología recorrió la avenida Larrañaga (hoy Luis Alberto de Herrera) en dirección a Rivera. Las demandas eran las mismas en todos esos días: más presupuesto para la Universidad y cese del avance autoritario en ciernes. El actual político frenteamplista y presidente del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Héctor Lescano, por entonces estudiante de Veterinaria de 20 años, se encontraba allí. Todo sucedió muy rápidamente. La manifestación pasaba frente a la Facultad de Veterinaria, cuando “llega para reprimir lo que llamábamos una ‘chanchita’, un vehículo policial… y eran pocos policías, tres o cuatro”. El oficial Enrique Tegiachi se bajó del vehículo y baleó por la espalda a un manifestante situado a unos cuatro metros de distancia; el proyectil salió por la ingle izquierda, y –se sabría después– le seccionó la arteria femoral. El estudiante abatido empezó a perder sangre a borbotones. Un grupo de compañeros se acercó a socorrerlo; los policías les pidieron documentos, la asistencia al herido se demoró un lapso que sería crítico.

Una anécdota tragicómica da cuenta del componente lúdico que caracterizaba todavía a la protesta estudiantil, en dramático contraste con una represión brutal que se intensificaba día a día. Uno de los manifestantes arrebató la gorra al policía que había disparado su arma; “el gorro de este oficial de policía estuvo colgado varios días después de este episodio en el mástil de la Facultad de Veterinaria donde va la bandera nacional”, relata Lescano.6

El estudiante baleado fue internado de gravedad en el Hospital de Clínicas. Durante la intervención quirúrgica se le hizo un injerto en la arteria seccionada, y debió ser reanimado en dos oportunidades; luego de horas de incertidumbre, el equipo médico informó que se había logrado detener la hemorragia. Pero no pudo evitarse lo peor; el miércoles 14, la noticia de la muerte de Líber Arce recorrió la ciudad. Tenía 28 años, era militante de la Unión de la Juventud Comunista y estaba muy avanzado en la carrera de Mecánico Dental.

Ese día, el Ejecutivo prohibió la difusión de la noticia de su muerte; ya estaba vigente la censura previa a toda comunicación emitida por las autoridades universitarias. Sin embargo, nada impidió que más de 200.000 personas acompañaran al féretro hasta el cementerio del Buceo el jueves 15; sería el acto de repudio más masivo al gobierno de Pacheco. Muchos comercios cerraron, los ómnibus de la empresa estatal AMDET circulaban con una cinta negra en el parabrisas. “Silencio: ha muerto un estudiante”, se leía en una gran cartel colocado al frente de la Universidad.

La brutal reacción del gobierno de Pacheco fue decisiva para estimular la lucha, proveyéndola de sucesivas motivaciones concretas: protestas contra la represión policial en mayo, contra la declaración de MPS en junio, contra la violación de la autonomía universitaria y la primera muerte de un estudiante en agosto. Estos dos últimos acontecimientos produjeron la conciencia de una ruptura de la paz uruguaya. Con muertos y heridos se derrumbó una imagen de sociedad.7

Semanas más tarde, la Policía adoptaba una nueva escopeta de cartucho para emplear en las manifestaciones estudiantiles. El 20 de setiembre, abrieron fuego contra los manifestantes en las inmediaciones de la Universidad. Hugo de los Santos, de 19 años, estudiante de Ciencias Económicas, cayó herido de muerte; un perdigón le había dado en el corazón. Susana Pintos, de 27 años, estudiante de la Escuela de la Construcción, también fue baleada; murió horas más tarde en el Hospital de Clínicas. Ambos eran militantes comunistas.8 Un informe del Sindicato Médico del Uruguay da cuenta de la atención a más de 100 estudiantes heridos con perdigones.9 Ese mismo día, el ministro de Cultura, Federico García Capurro, cursaba una nota al rector de la Universidad: “Señor Rector: ante los acontecimientos permanentes y reiterados que tienen aparentemente su origen en los recintos universitarios –y que todo indicaría que siguen siendo utilizados como base de operaciones para la realización de delitos y atentados en la vía pública como el apedreo, el incendio de vehículos y las agresiones a las personas, bienes y comercios– y que, sin lugar a dudas, se utilizan, a pesar de las advertencias reiteradas del Poder Ejecutivo, como refugio de esas fuerzas del desorden para, desde adentro, continuar la acción de violencia hacia el exterior, requiero del señor Rector y de las autoridades de la Universidad la aplicación de medidas que impidan en definitiva la repetición de esos hechos intolerables”.10

El Uruguay liberal, moderado y contemporizador se desvanecía a ojos vistas. Tres años más tarde, Pacheco encomendaría a los militares la “lucha antisubversiva”; era el preanuncio de la larga noche de dictadura abierta.

François Graña es doctor en Ciencias Sociales, investigador y docente de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República.

  1. Ediciones de la diariadel 24/7/19, 13/6/19, 16/5/19 y 18/5/18. 
  2. Marcha, 27/9/68, página 13. 
  3. Gonzalo Varela Petito (2002). El movimiento estudiantil de 1968. El IAVA, una recapitulación personal. Montevideo: Trilce, p. 72. 
  4. Vania Markarian (2012). El 68 uruguayo: El movimiento estudiantil entre molotovs y música beat. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes, p. 41. 
  5. Nota de Guillermo Waksman en Marchadel 15/8/68, p. 10. 
  6. Testimonio recogido de youtube.com/watch?v=tl8Tdp4M8Zw
  7. Gonzalo Varela Petito (1988). De la república liberal al Estado militar. Crisis política en Uruguay 1968-1973. Montevideo: Ediciones del Nuevo Mundo, p. 59. 
  8. Diario El Popular, 22/9/68. 
  9. Testimonio de Jorge Landinelli recogido de youtube.com/watch?v=tl8Tdp4M8Zw
  10. Consejo Directivo Central (1968). Actas de sesiones. Año 1968/2, Acta N° 55, p. 1.247 (mimeo). 

 

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Millares de estudiantes

marcharon

contra la reforma Vivir sin Miedo

Recordaron los 51 años del asesinato de Líber Arce, el primero de una larga lista de estudiantes muertos por la represión.

14 agosto, 2019

En el marco del Día de los Mártires Estudiantiles y convocados por los gremios estudiantiles y la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) millares de personas marcharon en rechazo a la propuesta de reforma constitucional conocida como Vivir sin Miedo.

La fecha recuerda el aniversario del asesinato por la Policía de Líber Arce, estudiante de Odontología, durante las movilizaciones contra las medidas de seguridad y en defensa de la autonomía universitaria en 1968. Fue durante el gobierno colorado de Jorge Pacheco Areco.

La marcha de este miércoles partió desde la explanada de la Universidad de la República y marchó por 18 de Julio y avenida del Libertador hasta la plaza Primero de Mayo, frente al Palacio Legislativo.

Según las últimas encuestas la propuesta de reforma promovida por el senador nacionalista Jorge Larrañaga cayó del 56% de adhesiones en junio al 45% en agosto. Para ser aprobada necesita del 50% más uno del total de votos emitidos.

Desde que se conoció la iniciativa, que incluye la participación de militares en la seguridad interna y los allanamientos nocturnos, cosechó rechazos varios, entre ellos el de los gremios estudiantiles que fueron conminados por la Justicia a sacar los mensajes colocados en la puerta de los centros de estudio.

 

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