Raul Olivera Alfaro, estará presente en Paris en el mes de abril próximo, a la invitación de la Asociación ¿Dónde Están?, en primer lugar estará presente también en la Ciudad de Grenoble, donde una parte de nuestra Asociación realizará un importante coloquio. Damos a continuación una nota biográfica y publicamos uno de sus últimos artículos
Raúl Olivera nació en Montevideo en 1944. Fue dirigente en los gremios de trabajadores ferroviarios, de la industria pesquera y del Poder Judicial. Militó en la Federación Anarquista Uruguaya y en la Resistencia Obrero Estudiantil. Fue integrante de la dirección de la CNT y posteriormente del PIT/CNT. Durante la dictadura estuvo preso desde 1973 hasta 1980. I,ùls´o las causas judiciales en las que Tota Quinteros reclamo verdad y justicia. Se desempeña en la Secretaria de Derechos Humanos y Políticas Sociales del PIT/CNT, en el área de investigación y lucha contra la impunidad. Milita en el Partido por la Victoria del Pueblo. Es autor de desaparecidos: la coordinación represiva” y varios trabajos sobre el tema. Es padre de dos hijos y tiene dos nietos. Esta casado con Sara Méndez.
Sobre encuentros y desencuentros:
Los archivos de la dictadura
La incautación de documentos que podrían ser parte de los archivos ubicados en el CGIOR en el 2006, que se encontraron en un allanamiento del domicilio del fallecido Coronel Elmar Castiglioni, generó determinados desencuentros de ex jerarcas del Ministerio de Defensa y un periodista del semanario Brecha.
Soy poco inclinado a creer que se salden esos desencuentros estableciéndose las responsabilidades políticas o periodísticas del caso. No es ese un resultado que debamos esperar con optimismo. La falta de voluntad política para que se establecieran las responsabilidades que quedaron de manifiesto cuando se concluyó que aquel archivo incautado en el 2006 estaba incompleto, nos inclina a ser escépticos en ese sentido.
Hasta tanto no se sepa que contienen las publicitadas 60 cajas incautadas, no sabremos la utilidad que dicha documentación tiene para lograr avances sustantivos en el debe que aún mantiene el Estado uruguayo con relación a lograr resultados satisfactorios en torno a los procesos de verdad y justicia. Tampoco sabremos si se trata en realidad del faltante de los archivos del CGIOR, o si se trata de una operación de desinformación a las que nos tienen acostumbrados las fuerzas armadas.
En la medida que esta documentación fue incautada porque se consideró que podía contener información útil para una causa penal en la que se investiga la desaparición y muerte de Fernando Miranda que se encontraba paralizada, es de esperar que la indagatoria sobre esa documentación no demore los dos años que se tomo el Ministerio de Defensa para digitalizar los archivos del CGIOR y que de ellos aún no tengamos un detalle de su contenido.
Es la primera vez que un archivo incautado de los servicios de seguridad (militar o policial), están bajo la custodia y el mandato directo de un juez penal, y ese no es un dato menor. La importancia que tiene.-independientemente de los resultados que se obtengan de la citada documentación- la resolución de la Jueza Larrieu de allanar y confiscar esa documentación, indican que corren tiempos nuevos al menos para algunos magistrados.
Debemos recordar que hace 14 años (diciembre del 2001) en la causa de la desaparición de la maestra Elena Quinteros, se solicitó ante la sede penal de 1er turno el registro y allanamiento del domicilio de coronel (R ) José Baudean que había declarado en un programa radial que «a mi vino un amigo del Presidente en el año 86 u 87 a preguntarme donde estaba el archivo. Y yo lo tengo en mi casa. A ver si se animan a ir a buscarlo». Nadie se animó entonces.
Tratándose de una incautación por parte de la justicia y en el marco de un proceso de indagatoria sobre crímenes de la dictadura y no sabiéndose si esos archivos contienen información útil para esa causa (desaparición y muerte de Fernando Miranda), tampoco podemos saber si contienen información sobre otros crímenes actualmente indagados. Por esa razón saber su contenido es de suma importancia para que cualquiera que este legalmente habilitado, pueda presentarse ante una sede penal para reclamar que le fuera remitida aquella información que le fuera útil. Para eso, reiteramos, va a tener que cumplirse el paso previo de saber qué es lo que hay en esos archivos.
Estaba claro que eso de saber qué es lo que hay, no lo iba a hacer la jueza Larrieu, y por lo tanto tenía que encomendárselo a alguien con mandatos muy concretos: examinar esa documentación desde el punto de vista de su utilidad en lo inmediato para el proceso de justicia en curso relacionados con los crímenes cometidos en el marco del terrorismo de estado.
Según información de prensa, la jueza ya dispuso el viernes pasado, quién se encargaría del estudio y análisis del archivo, para «relevar aquella documentación que sea útil a las investigaciones de violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante el período dictatorial en nuestro país, que se siguen en ésta o en cualquier otra sede judicial».
No nos es indiferente para quienes patrocinan – con bastantes dificultades y poca colaboración por parte del Estado-, a quien se le encomiende esa tarea.
Tampoco lo debería ser para quienes en nuestro sistema procesal penal son el representante del Ministerio Público (el fiscal). Debería ser un ejemplo de buenas políticas públicas de defensa de los derechos humanos – casi inexistente hasta hoy en otras esferas del Estado-, que los archivos que están bajo la tutela del Poder Judicial en la figura de la Jueza Larrieu, tengan un tratamiento que no sea funcional a la estrategia de los personeros de la dictadura de ganar tiempo.
Es hora que el Estado en su conjunto se pregunte si la abundante institucionalidad y las normas que supuestamente se han creado para que se cumpla la verdad y la justicia, pueden ser realmente efectivas sin una clara voluntad política que la hagan eficaces en todos los .ámbitos del Estado. Que la jueza encomendara ese trabajo a AJPROJUMI del Poder Judicial con la participación de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, nos parece una buena decisión. En el primer caso, por la experiencia satisfactoria desplegada en torno a los expedientes provenientes de la justicia militar, y en el segundo caso por la nueva impronta que asumió recientemente esa secretaria.
Resumiendo es importante que se realice sin dilatorias un inventario sumario de lo que hay y en función de ello utilizarlos en aquellas causas en las que sean útiles. Para ello, debería considerarse la eventual participación de la Unidad Especializada en derechos humanos creada recientemente por el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación por Resolución 002/2015 del 7 de setiembre del 2015, dado que la misma tiene por cometido realizar los asesoramientos, análisis, coordinaciones y difusión de información que resulten necesarias para facilitar la actuación eficiente y efectiva de los fiscales en aquellos procesos judiciales relativos a las graves violaciones de los derechos humanos perpetrados en el marco de la actuación ilegitima del Estado y el terrorismo de Estado.
Tenemos muy claro que las conductas del Estado con relación a la información de sus archivos y a su voluntad de saldar con eficacia sus obligaciones internacionales, ameritan todas las desconfianzas habidas y por haber, y que los tiempos que se toman para encarar esos temas, han sido hasta ahora funcionales a las estrategias dilatorias de los abogados del Centro Militar.