Los discursos e insultos contra jueces uruguayos, el FA y la ONU de parte de dos coroneles del Foro Libertad y Concordia y del ex fiscal Langón. Sudestada se metió en la cumbre pro militar de Buenos Aires.-
Pablo Waisberg / Especial para Sudestada
Los incas creían que el cóndor era un ave inmortal, que en los estertores de la muerte se dejaba caer desde los riscos más altos para renacer. Esta ave carroñera, emblema americano, fue utilizada como símbolo de unas de las más carniceras operaciones de represión coordinada por las dictaduras de América del Sur en las décadas de 1970 y 1980.
Con diligencia o demora –tal el caso uruguayo– los miembros de la Operación Cóndor están siendo juzgados y encarcelados en varios países, y la coordinación de los militares y civiles nostálgicos vuelve a sobrevolar la región, bajo el lema de “salvar” a los “camaradas” que han caído o corren riesgo de terminar enjaulados.
La delegación uruguaya de militares retirados y abogados de represores llegó al Foro de Buenos Aires por la Justicia, la Concordia y la Libertad con objetivos claros: avanzar en el armado de una coordinación regional, asegurar la “solidaridad con los camaradas enjuiciados y presos” y disputar una batalla cultural para desmontar “el relato” sobre el terrorismo de Estado. Pero, por sobre todas las cosas, redoblar los esfuerzos para lograr una “amnistía pacificadora”, suspicaz forma de plantear su lucha a favor de quienes se encuentran encarcelados o indagados por crímenes contra la humanidad.
Sus necesidades coincidieron, como si se tratara de un sofisticado mecanismo de relojería, con los planteos de los representantes de Chile, Colombia, Venezuela y Perú. Y, sobre todo, con las preocupaciones de los anfitriones de Argentina, donde se produjo el mayor avance en términos de enjuiciamiento y castigo a criminales de lesa humanidad de la última dictadura militar (1976 -1983).
“El sentido de este encuentro es lograr una cooperación que no sea circunstancial sino estable”, subrayó el abogado y ex colaborador de la represión militar argentina, Alberto Solanet, al abrir el encuentro que se desarrolló entre el 19 y el 20 de agosto en el Hotel Meliá de Buenos Aires, cuyos dueños mantienen estrecha relación con el ex presidente derechista español José María Aznar, opositor acérrimo a que se investiguen los crímenes del franquismo. Solanet es el presidente de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia de Argentina, organización que impulsó y actuó como anfitriona del evento regional. Esa condición no es casual: 1.600 integrantes de las Fuerzas Armadas, de seguridad y civiles argentinos están procesados o condenados, según los datos que esa organización desplegó durante el foro.
El abogado derechista basó su anhelo de coordinación permanente en lo que describió como un escenario afectado por “la más refinada estrategia gramsciana”. Y para describir el proceso que, según él, llevó a tan adversa situación, citó al filósofo marxista:
“Habrá que meter pie en el aparato del Estado, en los medios de expresión de la opinión pública, en las universidades, en los colegios, en las parroquias. Como la larga marcha de Mao, pero no a través de las montañas, sino a través de las instituciones. La revolución habrá de ser preparada con tiempo, paciencia y cálculo de alquimista, desmontando pieza por pieza la sociedad civil, infiltrándose en sus mecanismos”
Dos militares nostálgicos y un abogado de la represión uruguaya
En las primeras filas se sentaron los invitados de los países de la región. Entre ellos, los coroneles retirados José Carlos Araújo y Elmar Castiglioni, y el ex fiscal penal y hoy abogado de represores Miguel Langón, todos integrantes del Foro Libertad y Concordia de Uruguay, una organización que busca defender a los violadores de los derechos humanos presos o denunciados por crímenes cometidos bajo terrorismo de Estado.
Araújo es un oficial de Estado Mayor, docente del Instituto de Historia y Cultura Militar del Uruguay “Cnel. Rolando Laguarda Trias”, y autor en 2010 de una sugestiva carta de convocatoria a la lucha y organización de los militares, distribuida por la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Oficiales de las Fuerzas Armadas (CAOFA).
“Misión: Luchar para eliminar las acciones del enemigo sobre los camaradas y alcanzar la liberación de todos los prisioneros políticos, militares, policías y civiles. Maniobra general y propósito: Formar opinión pública, psicosocial y política para alcanzar el objetivo, en principio por medios legales”, redactó.
Castiglioni fue subdirector del Centro de Altos Estudios Nacionales y jefe la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado, quien en su momento tildó de
“insignificantes” las cifras de muertos a manos del Estado durante la dictadura uruguaya. Es sobrino de uno de los más grandes homicidas de las décadas de 1960 y 1970, el jefe de Inteligencia policial, Víctor Castiglioni, hoy fallecido.
Langón es el defensor del general Miguel Dalmao, condenado a 28 años de penitenciaría por el homicidio de la militante comunista Nibia Sabalsagaray; del coronel retirado Tranquilino Machado, procesado por el asesinato del estudiante y militante comunista Ramón Peré; y del miembro del Escuadrón de la Muerte, Miguel Sofía, prófugo de la justicia desde 2009, sobre quien pesa un pedido de procesamiento por la desaparición forzada del joven vinculado al Movimiento de Liberación Nacional (MLN), Héctor Castagnetto.
Un poco más atrás, en el salón que logró reunir unas 200 personas, se ubicaron el ex jefe de la SIDE (el servicio de inteligencia argentino) Juan Bautista “Tata” Yofre, y el teniente coronel retirado Emilio Guillermo Nani, quien se hizo famoso en 1989 cuando militantes del Movimiento Todos por la Patria (MTP) coparon el cuartel de La Tablada para iniciar una insurrección. Para enfrentar el levantamiento Nani ingresó al regimiento pistola en mano; fue baleado y perdió el ojo derecho, donde ahora lleva un parche negro.
Los únicos que no pudieron llegar fueron los representantes de Bolivia.
“No les dieron permiso”, ironizaron los organizadores al responsabilizar al gobierno de Evo Morales.
Los procesos en América Latina
Una vez concluidos los gobiernos represivos de las décadas de 1970 y 1980 en los países de la región, con más o menos demora, comenzaron los juicios por violaciones a los derechos humanos bajo el terrorismo de Estado.
En Uruguay, tras decenas de años de impunidad a la sombra de la ley de Caducidad, hoy existen unas 300 causas en marcha, aunque apenas un puñado de militares ha sido condenado por sus crímenes; y se asiste a un prolongado letargo en las decisiones judiciales que sancionan a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos.
La realidad uruguaya matiza con la Argentina, donde sí es jurisprudencia firme que los cometidos bajo el terrorismo de Estado son crímenes de lesa humanidad y por tanto imprescriptibles. Del otro lado del río, no sólo se ha determinado la responsabilidad de militares sino de cómplices civiles que participaron de la dictadura y fueron funcionarios, jueces o gobernantes del aparato represivo que usurpó el poder.
Varios de ellos terminaron condenados. Y, además, se comenzó a analizar el rol de distintas empresas en crímenes de lesa humanidad que padecieron sus trabajadores y representantes sindicales: la cementera Loma Negra, la azucarera Ingenio Ledesma, el diario La Nueva Provincia o la automotriz Ford, entre otras.
El avance no es tal en Chile, cuya justicia igualmente ha procesado a mayor cantidad de represores que Uruguay. La situación es distinta en Perú y Colombia. Allí los procesos judiciales tienen que ver con la actuación de las Fuerzas Armadas y de seguridad durante conflictos armados que no se produjeron necesariamente durante dictaduras. Se trata de violaciones de derechos de militantes políticos, en muchos casos de organizaciones armadas, durante el combate a distintas organizaciones guerrilleras. Y en Venezuela las críticas tienen que ver con el proyecto político que lideró Hugo Chávez y que tras su fallecimiento continúa el presidente Nicolás Maduro
El primer uruguayo en hablar durante el encuentro fue el coronel retirado Araújo, quien trazó el escenario que enfrentan los represores orientales arremetiendo contra el gobierno:
“Hace diez años que gobierna el Frente Amplio, que es una coalición de los viejos partidos de origen marxista. Están reciclados o travestidos en una mescolanza que se define progresista que gobernó desde la paradoja y la esquizofrenia. Olvidó algunas consignas como la reforma agraria pero falsea la historia”, espetó el militar.
Y añadió: “Tienen relación con George Soros para financiar la campaña de liberalización de la droga y tienen una línea de captación de capital extranjero”. Se quejó de la desigualdad en el reparto de la riqueza, del gasto del Estado y del “asistencialismo, proselitismo, corrupción y pago de deuda externa”.
Sobre el final, cuestionó “la tibieza de los liberales de derechas”, dijo que existe un “clima intelectual de la época, que fragmenta la sociedad y la persona, y que instaló el relativismo”, y se lamentó de que en Uruguay exista la “separación de la Iglesia del Estado”.
En ese mismo panel estaba el militar retirado y abogado chileno Adolfo Paúl Latorre, una de las estrellas del evento, pues su ensayo “Proceso contra militares, ¿un problema sin solución?”, publicado en octubre de 2012, resultó central para esta “cumbre” que brega por coordinar –quizás con ciertas añoranzas de lo que fuera el Plan Cóndor– los pasos en defensa de los represores, de los que están presos y de los que corren peligro de terminar tras las rejas.
Así, Paul Latorre acusó a los “jueces prevaricadores” y reclamó una “amnistía” para los militares que –según dijo– habían “salvado a la Patria”. La nota distinta de ese tramo –en tanto esperanza para la estrategia de los represores ante la justicia– la dio el vicealmirante retirado Luis Giampietri Rojas, ex vicepresidente peruano durante el segundo mandato de Alan García (2006 – 2011), ex jefe del Estado Mayor General de la Marina en el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), y acusado de crímenes de lesa humanidad desde hace casi tres décadas.
Giampietri ha estado encarcelado y condenado por varias causas, pero la lucha en los tribunales le ha dado sus frutos, hasta en uno de los juicios que afronta por su responsabilidad como jefe de la Fuerza de Operaciones Especiales en la masacre del penal El Frontón –18 y 19 de junio de 1986–, hace 28 años, donde hubo unas 118 ejecuciones extrajudiciales (fusilamientos, acuchillamientos) de los presos políticos amotinados.
“Logramos que un tribunal constitucional defina que los delitos cometidos contra subversivos no sean de lesa humanidad. Pero la prescripción se extendió de 20 a 30 años”, explicó el represor.
“Poner palabras en hechos” para ejercer el
“control social”
En el panel sobre “Defensa Nacional y la función de las Fuerzas Armadas”, participó el coronel retirado Castiglioni. Pero su eje no estuvo puesto en ese título sino que hizo un llamado urgente a disputar “el relato” sobre lo ocurrido durante las décadas de 1960 y 1970, a sostener un movimiento solidario en torno a “los camaradas presos”, y pidió “mantener la coordinación” entre los países de la región.
“Estamos haciendo una defensa específica de los camaradas que sufren esta guerra altamente ideologizada que se libra en la política y que hace 40 años se libraba de otra manera”, se lamentó al abrir su exposición.
A su lado estaba el dueño del diario La Nueva Provincia, Vicente Massot, acusado de ser cómplice en el secuestro y asesinato de dos de sus empleados.
Castiglioni sostuvo luego que “desde la sociología nos dicen que quien logre poner las palabras en hechos son los que ejercen el control social. Nosotros dejamos que se constituyera el odio, dejamos que se creyera que las Fuerzas Armadas no eran un motivo a defender, que se creyera que nuestros camaradas actuaron desde la ilegalidad. Permitimos que eso se constituyera así y ahora hay que frenarlo y revertirlo”, se entusiasmó.
Cuestionó los “300 libros” uruguayos que recogen la “victimización de quienes se alzaron en armas contra el régimen constitucional” y pidió, como lo hicieron casi todos los expositores, dejar de “escarbar en las heridas” para avanzar hacia un proceso de “pacificación”.
“Sostener el conflicto latente durante 40 años se transforma en una venganza política”, dijo al referirse a los juicios que se llevan adelante o que se intentan impulsar en los países de América del Sur.
Para finalizar, bromeó un poco (o quién sabe) con su condición:
“Como dice el dicho ‘el tiempo es tirano’ y siempre he respetado al tirano”, lanzó para despertar sonrisas cómplices de parte del auditorio. Luego su voz se quebró cuando apeló a tender “una mano” a sus “camaradas en problemas”, es decir a aquellos presos por cometer homicidios y desapariciones forzadas.
“Cobardes operadores judiciales” y la
“aberración” de la ONU
Casi sobre el cierre, en el “destacado” panel titulado “El orden jurídico y sus manipulaciones”, le llegó el turno al ex fiscal Langón. A su lado se veía al abogado Alberto Rodríguez Varela, ex ministro de Justicia de la última dictadura argentina, quien se despachó contra el ex juez español Baltasar Garzón –hoy asesor del gobierno de Cristina Fernández– por pretender investigar los crímenes del franquismo.
También se encontraba otro de sus colegas, Ricardo Saint Jean –hijo de un gobernador que murió mientras se encontraba preso por sus crímenes contra la humanidad– quien se definió como del grupo de los “judíos de la Alemania nazi, los cristianos en Irak, los parias de la democracia, los esclavos del socialismo del siglo XXI”.
Langón arremetió contra los que llamó “cobardes operadores judiciales”. Dijo que en Uruguay “se construyen las causas con la finalidad de lograr una condena” y afirmó que “se invierte la carga de la prueba, se viola el principio de inocencia, se viola el derecho a ser juzgado en un plazo razonable y existe desproporción entre el delito y la pena”.
“El delito de desaparición forzada es una aberración que hizo Naciones Unidas, es un delito de sospecha”, se quejó el ex fiscal. Dicho esto, comparó los juicios por casos de lesa humanidad con los crímenes de la Iglesia Católica.
“Es como el proceso de la Inquisición contra las brujas: si confiesan las prenden fuego y si no también. Acá es lo mismo: o los condenan por desaparición forzada o por homicidio”, enfatizó.
Langón convocó a “utilizar los derechos como instrumentos político-ideológicos” para enfrentar el escenario desfavorable. Y aunque la cita suene paradójica, el abogado uruguayo convocó así al auditorio:
“Defendamos los derechos humanos de nuestros procesados. Defendamos los derechos humanos de todos usando las palabras de Bertolt Brecht: Primero se llevaron a los judíos, pero como yo no era judío, no me importó. Después se llevaron a los comunistas, pero como yo no era comunista, tampoco me importó. Luego se llevaron a los obreros, pero como yo no era obrero tampoco me importó…”.
Resulta impensable que este catedrático de Derecho Penal haya olvidado qué era lo que hacían los verdugos de las dictaduras latinoamericanas contra comunistas, obreros, sindicalistas que luchaban por sus ideales. La frase del maestro del teatro político –que algunos consideran adaptada de las palabras de un pastor luterano alemán–, concluye describiendo que al final, cuando fueron a buscar a este ser que tantas veces le dio la espalda a los demás, ya era “demasiado tarde”, pues nadie quedaba para protestar en su defensa.
Langón, el gran asesor jurídico del Foro Libertad y Concordia, pretende que eso no suceda, aunque su pellejo –el de un hombre que jamás corrió por comunistas ni obreros reprimidos en dictadura– no parece estar en juego en estos tiempos de democracia.
