De los archivos

No hubo que revolver mucho, el viernes 2, cuando la jueza Beatriz Larrieu, el fiscal Carlos Negro y un grupo de policías especializados iniciaron el allanamiento del domicilio del fallecido coronel Elmar Castiglioni en busca de un archivo militar oculto. Entre las primeras cosas que se encontraron había dos abultadas carpetas grises, a modo de expedientes rotulados a mano. “Fernández Huidobro”, decían con trazos gruesos. Por alguna razón, fácil de imaginar, el ex oficial de inteligencia, ex director del Calen, había recopilado una considerable información sobre el ministro de Defensa Nacional, cuyo contenido, seguramente, fue alimentado con los documentos referidos al ex tupamaro que estaban en el archivo militar incautado en ese allanamiento. Después, en las ocho horas que duró el procedimiento judicial, los magistrados ubicaron decenas de cajas con miles de hojas impresas que corresponden, verosímilmente, al archivo microfilmado del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (Ocoa) cuya versión “depurada” fue ubicada en 2008 por la entonces ministra de Defensa Nacional Azucena Berrutti. A vuelo de pájaro, los magistrados confirmaron que algunos de los documentos incautados eran los originales de las microfilmaciones. Con cierta ingenuidad, la dueña de casa, viuda del coronel, quiso restar importancia al hallazgo. “Mi marido tenía toda la información en su cabeza. Estos papeles no son nada, estuve a punto de quemarlos.”

El coronel Elmar Castiglioni era un hombre temido en las Fuerzas Armadas. El temor se originaba en la voluminosa información que manejaba, secreta o reservada, tanto de la época de la dictadura como de períodos más recientes. Por cuenta de otros, o estimulado por otros, Castiglioni era depositario de un archivo –uno de los tantos de origen militar, aún no ubicados– con material sensible. Pero, además, el temor surgía de la manera en que el coronel hacía uso de esa información, para presionar, para generar situaciones, para operar políticamente, para crear coyunturas en su propio beneficio o del grupo con el que mantenía afinidades, tanto en la organización Foro Libertad y Concordia como en la cárcel de Domingo Arena, donde están recluidos algunos de los más notorios oficiales del Sid y el Ocoa. La existencia de las carpetas con información sobre el ministro de Defensa podría confirmar el montaje de uno de esos operativos políticos. La incógnita se despejará cuando la jueza Larrieu y el fiscal Negro analicen su contenido, pero en todo caso revela que esos “juegos de inteligencia” pueden tener como objetivo a los más altos funcionarios del gobierno.

El rumor, al menos en el ámbito del Ejército, de que el coronel Castiglioni ocultaba información de archivos militares era algo más que una simple presunción. Esos insistentes rumores fluyeron hacia el despacho de la ministra Berrutti, en el momento en que se realizaban las consultas con los mandos superiores para impulsar una reestructura de los servicios de inteligencia del Estado. Básicamente, la idea consistía en reducir de 250 a 100 los efectivos de inteligencia, de los cuales 80 serían profesionales, preferentemente de nivel terciario, tanto militares como civiles, y los 20 restantes personal militar operativo. Para entonces, dos asistentes de Berrutti impulsaban la reestructura, y otros dos habían sido contratados para la tarea de digitalizar los documentos microfilmados que la ministra había ubicado en las dependencias de inteligencia que funcionaban en el antiguo cuartel del Centro General de Instrucción para Oficiales de Reserva (Cgior).

 Lo que la ex ministra llama “el faltante” de las microfilmaciones es, precisamente, toda la documentación que se refiere a las actuaciones de los militares y los informes sobre los operativos que derivaron en detenciones, muertes y desapariciones. Además de los “huecos” y “saltos” que evidenciaban las microfilmaciones, un indicio de que el archivo había sido “depurado” es precisamente la comprobación de que no hay ningún documento que involucre directamente a los oficiales actuantes o a los superiores que ordenaron dichos operativos.

 En el despacho de la ministra se acumularon indicios sobre la identidad del coronel que supuestamente había “robado” lo que faltaba del archivo. Un grupo de oficiales tomó a su cargo el trabajo de contrainteligencia y comenzó a realizar seguimientos al coronel Castiglioni y a montar una vigilancia de su domicilio de la calle Luis Alberto de Herrera. Castiglioni detectó esa vigilancia y realizó una denuncia judicial.

En enero de 2008 estaba todo pronto para realizar un allanamiento, a cargo de dos coroneles. El general Rosales, comandante del Ejército, estaba al tanto del operativo. En esas circunstancias, Azucena Berrutti renunció. “Yo tuve que dejar el ministerio”, dijo Berrutti a La Diaria, sin explicar qué eventos la obligaron a tomar esa medida imprevista. “Hay un hecho, me fui y la cosa se paró, no pasó más nada”, agregó. Indicó que “para saber cuáles son las razones habría que preguntar a las personas. Incluso al actual ministro. ¿Por qué no hace nada? Porque si él hubiera querido, para él hubiera sido, pienso yo, muy sencillo. A lo mejor hay razones importantes que uno no conoce”.

Azucena Berrutti fue sustituida por el entonces subsecretario, José Bayardi. En el despacho ministerial, como confirma la ex ministra, el operativo de contrainteligencia estaba a la espera de una decisión. Bayardi optó por congelar el episodio, con lo que de alguna manera quedaron en evidencia los coroneles responsables de la investigación. “Eran oficiales de alta graduación que se involucraron en la defensa de la institucionalidad, de los derechos humanos y de la verdad”, comentó una fuente a Brecha, quien aventura que Bayardi debe de haber manejado razones políticas para tomar esa decisión. Sin embargo, Bayardi desmintió a Brecha, en enero pasado, cuando en un informe que dio cuenta de ese trabajo de ubicación del archivo se consignaba la negativa del entonces ministro a autorizar el allanamiento. El ex ministro afirmó, en una carta dirigida a este semanario,1 que nunca tuvo conocimiento de un expediente de contrainteligencia, afirmación que contiene una porción de verdad, porque no había un expediente, aunque sí había sido debidamente informado de la situación, que prefirió ignorar. Berrutti, por su parte, lo confirma al señalar que habría que preguntar el porqué a los que vinieron después de ella. Un último intento de defender la actuación del ex ministro de la Vertiente Artiguista estuvo a cargo del ex senador Enrique Rubio, quien, después del allanamiento, escribió en Twitter: “La verdad que si no aportan algo probatorio distinto a lo afirmado por Bayardi, otro gallo cantará ¡y no va a gustar!”, lo que parece una amenaza en la dirección de Berrutti.

Bayardi no sólo detuvo ese operativo; también congeló la reestructura de la inteligencia del Estado y se abstuvo de recontratar a aquellos civiles que estaban realizando el trabajo de digitalización de las microfilmaciones, cuando el paso siguiente era comenzar a analizar la documentación y establecer las relaciones y vínculos que permitirían obtener nueva información. Esa tarea no fue realizada hasta el momento.

Este intrincado y desconcertante proceso tuvo, siete años después, un resultado inesperado. Fue la justicia la que decidió allanar el domicilio del coronel Castiglioni, acción que evitaron cuatro ministros de Defensa. El disparador fue el fallecimiento del coronel de 61 años. Quienes sabían –y eran muchos, civiles y militares– de los indicios que apuntaban a Castiglioni, se preguntaron qué pasaría ahora con toda esa documentación que quedaba huérfana de custodio. En esas circunstancias, semanas después del fallecimiento, el actual secretario de Derechos Humanos del Ministerio de Cultura, Javier Miranda, elevó a la jueza Beatriz Larrieu un escrito en el que denunciaba que documentación oculta en poder del coronel Castiglioni podía contener información sobre la detención, tortura y asesinato de su padre, el escribano Fernando Miranda, cuyos restos fueron ubicados en diciembre de 2005 en los predios del Batallón 13 de Infantería. Aunque la jueza aún tenía pendiente la firma del secretario Miranda ratificando anteriores declaraciones aportadas en su calidad de testigo, se incorporó el escrito al expediente y se dio curso al allanamiento.

La incautación de las decenas de cajas con material militar secreto supone un gran salto en la búsqueda de documentación que permita avanzar en el esclarecimiento de los asesinatos y las torturas. Una prueba del valor de la documentación incautada es la descacharrante crónica publicada por El Observador, con base en declaraciones de varios ex oficiales, cuyo objetivo es minimizar la importancia de los documentos (“es muy poco probable que la información requisada tenga datos relevantes que contribuyan a averiguar el destino de los desaparecidos durante la dictadura militar”) o desviar la atención (“lo que sí quedó en esa repartición, y hoy está provocando cierta preocupación, son los nombres de los informantes, algunos de los cuales son personas allegadas a la izquierda, cuya tarea, en ciertos casos, no terminó con el fin de la dictadura sino que continúa hasta el presente”).

Hay, por un lado, una confesión patente en esos ex oficiales: ¿cómo saben lo que hay o no en esos documentos, a menos que ellos también los tengan o los hayan visto? Y además, un invento disparatado: la documentación sobre los informantes había sido incautada antes, en las microfilmaciones. En la Secretaría del Pasado Reciente se puso a recaudo un rollo, el rollo número 8, que rezaba, precisamente: “Informantes”.

1.     Cabe aclarar que la carta que Bayardi asegura haber enviado vía mail a Brecha para ser publicada nunca llegó a la redacción ni a la dirección de correo electrónico del director. Es política del semanario publicar siempre las respuestas enviadas por personas aludidas en nuestras notas. Este caso no sería la excepción, y por tanto queremos dejar en claro que si no publicamos el texto en su momento fue porque jamás supimos de su existencia