“Goyo” Álvarez, historia de una traición

En 1978, siendo Comandante del Ejército, Álvarez dio a conocer una orden de servicio en la que asumía todas las responsabilidades de las acciones desplegadas por sus subalternos “en la guerra contra la subversión”, aunque esas prácticas estuvieran “reñidas con los derechos humanos” (ver recuadro). Lo hizo en momentos en que arreciaban en el mundo las denuncias de terrorismo de Estado cometido por las dictaduras de la seguridad nacional del Cono Sur (Argentina, Brasil, Chile y Uruguay).
De ser correctas las versiones dominantes en los estrados judiciales, Álvarez seguiría en pocos días los pasos de Juan María Bordaberry (79), procesado con prisión en dos ocasiones (por los jueces penales Graciela Gatti y Roberto Timbal) por catorce asesinatos de opositores políticos. Los respectivos fallos, apelados por la defensa, fueron confirmados el 1 de junio y el 10 de setiembre de este año por tribunales de Apelación. Esta vez, la familia Bordaberry no cuestionó la ecuanimidad de la Justicia de nuestro país.
Tres golpes de Estado se sucedieron en Uruguay a lo largo del siglo XX (31 de marzo de 1933, 21 de febrero de 1942, 27 de junio de 1973). El primero lo protagonizó Gabriel Terra (1873-1942), que era el Presidente (desde 1931) y buscó una salida con legitimidad cuestionada duramente por la oposición: elección de Constituyente, nueva Constitución
(1934), otro mandato de cuatro años. En 1938 se celebraron elecciones, ganó el General Alfredo Baldomir (1884-1948), y Terra, tras realizar un viaje de descanso por Europa, volvió a Montevideo y se hizo cargo de la presidencia del Banco República. Poco después enfermó y murió.
Baldomir, que era pariente de Terra, asumió el gobierno en 1938. En febrero de 1942 disolvió las cámaras y creó un Consejo de Estado. En noviembre hubo plebiscito constitucional (que respaldó otra Constitución, la de 1943) y elección del nuevo gobierno (el Presidente Juan José de Amézaga, que abrió el ciclo de plena normalización democrática). Y Baldomir, que era General del Ejército, como Álvarez, y arquitecto, vivió el resto de sus días sin sobresaltos. Otra parece ser la suerte de los principales protagonistas de “la más dilatada en el tiempo (duró doce años) y sangrienta (se instaló un Estado policial muy violento) de las dictaduras uruguayas: la que se extendió entre junio de 1973 y marzo de 1985. Bordaberry, de 79 años Presidente constitucional (1972-1973) y luego conductor de aquel régimen de oprobio (1973-1976), fue depuesto por los propios militares en momentos en que planteaba otra institucionalidad neocorporativa, sin voto popular, sin partidos políticos actuantes. Aislado, con su prestigio perdido, se dedicó a sus actividades particulares como hacendado, hasta que la Justicia dispuso que marchara a la cárcel. Hoy, a raíz de su precaria salud, está sometido a un régimen de prisión domiciliaria.
Bordaberry fue sustituido por pocos días por Alberto Demichelli (fallecido en 1980), aunque el sustituto real, en los cinco años posteriores, fue Aparicio Méndez (1904-1987). El tercer gobernante de facto es Álvarez, un teniente General retirado del Ejército que estuvo en el Palacio Estévez entre setiembre de 1981 y febrero de 1985. Su presencia es una constante desde comienzos de la década de 1970 en que fue, en sucesivos momentos, planificador del golpe de 1973, supuesto simpatizante de posiciones peruanistas de tinte progresista (comunicados 4 y 7 en febrero de 1973), líder de una apertura (fue el primer Presidente de la comisión política militar, Comaspo, que en 1975 definió una salida y aprobó un plan con cronograma dos años más tarde). El ‘Goyo’ Álvarez fue opositor a Bordaberry y a los “halcones” (los Tenientes de Artigas) que no querían abrir el juego político, que era para ellos incompatible con la “cruzada antimarxista” en la que estaban embarcados.

SANGRE VERDE

Hijo de otro General (Gregorio Álvarez Lezama, 1879-1943) y con varios hermanos en esa misma profesión (Artigas Álvarez, uno de ellos, fue asesinado por los tupamaros en 1972), Gregorio Álvarez Armelino -que era de la caballería- hizo una carrera meteórica: fue mayor a los 33 años, coronel a los 39 y General a los 45 por la vía del concurso. No era bien visto por los mandos batllistas de la época, y en 1971, cuando se creó el Estado Mayor Conjunto (Esmaco) para enfrentar a una guerrilla en expansión, el Comandante Alcides Tamiel (un constitucionalista) lo puso a su frente. “Que se entrevere entre los papeles”, dicen que comentó a sus allegados. Pero Álvarez -inteligente, ambicioso, que supo cultivar la intriga con notable éxito personal- convirtió rápidamente al Esmaco en un comando Ínter armas y en una usina planifica-dora del nuevo rol de los militares en la Guerra Fría: la de gendarmes politizados que daban “seguridad para el desarrollo”. Es éste el Álvarez que promovió los métodos más crueles (la tortura como práctica normal) e intentó salidas pacíficas con los tupamaros (la tregua de 1972 y las negociaciones en el Batallón Florida). Es el que, junto a los otros mandos y al coronel Ramón Trabal (Jefe de la inteligencia y sostenedor de un nacionalismo de corte más populista), se enfrentó en febrero de 1973 al nuevo Ministro de Defensa, Antonio Francese, y ante un debilitado Bordaberry logró un cogobierno militar de algunos meses (tras el pacto de Boiso Lanza y la creación del Consejo de Seguridad Nacional, del que fue su primer secretario). Por esos días del Esmaco salieron los comunicados 4 y 7, cuyo acento renovador hizo pensar a la izquierda y a los sindicatos que detrás de ellos había militares progresistas. Los 4 y 7, que siempre invocó Álvarez, fueron un catálogo de ambiguas propuestas que quedaron en eso. No obstante, durante toda la dictadura se habló del “espíritu de febrero y sus comunicado 4 y 7” como una asignatura pendiente, aunque nunca se supo bien qué se quería decir con aquello en términos prácticos.

YO, EL SUPREMO

En junio de 1973 Álvarez se constituyó en una figura central de la ruptura institucional. Estuvo, junto a Trabal, en la desarticulación de la huelga General. Álvarez había proclamado en 1945 a sus compañeros de la Escuela Militar que iba a ser Presidente de cualquier manera. Esto lo sabían todos, especialmente los que más dudaban de su entereza moral: los Tenientes de Artigas, que sospechaban que Álvarez, con tal de llegar al gobierno, era capaz de negociar con los “políticos”, y hasta “con los marxistas”. Por eso lo enfrentaron duramente. Y el ‘Goyo’ los derrotó dos veces: en 1978, cuando pudo ser el Comandante del Ejército pese a las obstáculos que le pusieron en el camino; y en 1981, cuando llegó a la presidencia, después de muchos días de febriles negociaciones en la cúpula militar.
En febrero de 1974, consolidada la dictadura, este General se afincó en Minas. Era el Comandante de la división IV, su nuevo feudo. Desde allí fue creando las condiciones para llegar al poder. Fue el primer Presidente de la comisión política militar (Comaspo), de la que saldrían las bases de una apertura. En su nueva situación logró, con los años, el creciente respaldo de sus pares, incluidos muchos de los “Tenientes” de la primera hora, como los generales Abdón Raimúndez, Boscán Hontou o Julio Rápela. Y creó una corriente interna que aún no ha sido estudiada por la academia, denominada “el goyismo”. En 1976 cayó Bordaberry. En 1977, en un cónclave militar resultó aprobado un cronograma de apertura (un momento importante era el plebiscito de 1980, que fue una seria derrota para la dictadura) que preveía la existencia, en una fase inicial de la transición, de un candidato único a la presidencia, respaldado por blancos y colorados. Ahí estaba el sueño de Álvarez: ser esa figura de consenso. En 1978 venció a sus enemigos y llegó a la comandancia. Cuatro generales (aunque el único que después asumió la responsabilidad fue Amaury Plantl, de los Tenientes de Artigas) intentaron derribarlo. Publicaron El Talero (publicación clandestina en la que se lo acusaba de negociaciones con los políticos, lo que era valorado como una “traición” a aquella “revolución nacional en marcha”). Álvarez no sólo salió airoso en aquel frente interno, sino que encaró una costosa modernización del Ejército que incluyó adquirir blindados en Alemania, Bélgica y Brasil. El goyismo creció en influencia. Al retirarse en 1979, por razones reglamentarias, aquel teniente General era conceptuado por muchos oficiales castrenses y civiles como un “caudillo” que haría cumplir realmente los comunicados 4 y 7. Su futuro parecía por demás provisor.
En 1980 el pueblo dijo No al continuismo militar. En 1981, un 3 de julio, la dictadura aprobó un nuevo cronograma y en el interior de las Fuerzas Armadas se desató una aguda polémica: ¿quién sería el Presidente de la transición fijada (1981-1985)?, ¿un civil o un militar? Alvarez jugó con todos sus recursos y empujó para que se alejaran de filas algunos de sus más belicosos enemigos, como los generales Alberto Ballestrino y Manuel Núñez (acusados de la desaparición de cambista Américo Soca, y obligados a pedir el retiro). La batalla fue durísima. Hubo tres días de deliberaciones de la cima militar (se autoexcluyó la aeronáutica). En principio quien tenía más votos para ser el Presidente era Raimúndez, pero ganó Alvarez y se retiraron molestos algunos, como el General Iván Paulos, que tenía ya destino fijado (división II, San José) y pidió su retiro. Cuando hace pocos días, tras declarar en un juzgado, Paulos habló de las responsabilidades copulares, muchos interpretaron que le estaba cobrando cuenta a su viejo enemigo.

CLAVELES ROJO SANGRE

Alvarez fue el Presidente. El 1 de agosto de 1981, junto a su mujer y su pequeña hija, concurrió a Plaza Independencia y depositó frente al monumento al procer claveles blancos y rojos, un hecho cargado de simbolismo. Cuando llegó a tener el mayor poder imaginable, el aper-turista, el peruanista se transfiguró en fuente constante de bloqueo de toda salida real a una democracia, con libertades públicas y con partidos.
En eso devino Gregorio Alvarez. En 1982 hubo elecciones internas en los partidos, en las que vencieron las alas más opositoras. En 1983 se realizaron las conversaciones del Parque Hotel (un rotundo fracaso) y el imponente acto del Obelisco, que Alvarez intentó calificó de “cambalache”, impulsando renovadas medidas represivas que afectaban particularmente a la prensa, que vivía otro clima de libertad desde 1980. El año clave fue 1984, cuando otra corriente de Jefes militares -cuyo embanderado fue Hugo Medina, que comandó el Ejército desde mayo y tenía orígenes en el “tenientismo”- avanzó en negociaciones con las fuerzas políticas y juntos llegaron a la salida del Club Naval. Atrás quedaron los deseos continuistas y las intenciones de constituir un “partido del proceso” por parte de los goyistas (proclama de Aregua, 24 de marzo de 1983). La nueva situación fue la resultante de la amalgama de una intensa movilización popular, negociaciones copulares que incluyeron a la izquierda, y una fuerte presión internacional que había aislado seriamente a la dictadura, como señaló el General Líber Seregni.
Alvarez dejó el gobierno. Desprestigiado, distanciado de sus pares (el naciente “medinismo”, los Tenientes de Artigas), se dedicó a las faenas rurales y al estudio de la Historia (en particular las vidas de Napoleón Bona-parte y Charles de Gaulle). Se jubiló como Presidente y como patrón de pastoreo. Nunca más intervino en política ni en la vida gremial de las instituciones sociales de los militares. Temido por muchos por su maquiavelismo y sus conocimientos íntimos de la interna castrense, vivió los últimos 22 años entre su campo y su residencia del Parque Batlle, cerca de la residencia del embajador estadounidense. Antes de fin de año, de confirmarse los trascendidos, ocupará alguna de las 18 celdas del complejo carcelario de Domingo Arena. La historia, contrariamente a lo que pensaba, no le dio la razón.

Los Jefes del Ejército durante la dictadura.

Gral. Hugo Chiappe Posse (febrero 1973 a mayo 1974) (*) Gral. Julio César Vadora (mayo 1974 a febrero 1978) Gral. Gregorio C. Álvarez (febrero 1978 a febrero 1979) Gral. Luis V. Queirolo (febrero 1979 a febrero 1982) Gral. Boscán Hontou (febrero 1982 a febrero 1984). Gral. Pedro J. Aranco (febrero 1984 a junio 1984) Gral. Hugo M. Medina (junio 1984 a febrero 1987) Notas: (“) Chiappe Posse por ser el General más antiguo de los sublevados contra el orden democrático en febrero de 1973 fue el “Jefe de operaciones” de la revuelta, siendo ratificado como Comandante por ei gobierno de Juan María Bordaberry tras el acuerdo de Boiso Lanza. / (*”) Medina, que lideró el ala negociadora de los militares y estuvo en el acuerdo del Club Naval, permaneció en su cargo, como una suerte de ‘”garante” de aquella transición, a! regresar el país a la institucionalidad en mano de 1985. Se retiró por límite de edad en 1987 y pasó al Ministerio de Defensa Nacional.

Bordaberry lo acusó de los cinco fusilamientos de Soca.

“Una mañana (19 de diciembre de 1974), nos estábamos reuniendo (en) el Consejo de Seguridad (Cosena) con los Comandantes en Jefe y los Ministros, cuando mi secretario llegó con la noticia de que el coronel (Ramón) Trabal había sido asesinado en París.
Yo por lo tanto cancelé la reunión hasta la tarde. Todos nos sentíamos muy apenados, ya que todo el mundo lo conocía. Al la mañana siguiente, cuando me levanté, recibí la noticia de que en Soca habían sido encontrados cinco tupamaros muertos. Habían huido de Uruguay y estaban viviendo en Argentina. Esto, francamente, en mi opinión, fue una acción del General (Gregorio) Álvarez.
Los tupamaros fueron trasladados desde Argentina, siguiendo cierto tipo de acuerdo que creo existía. En represalia por la muerte de Trabal, los mataron. Esta es mi opinión.
Traté de investigar, pero fue imposible” (declaraciones del ex dictador Juan María Bordaberry al historiador norteamericano Scott L. Myers, realizada en abril de 1987 (Los años oscuros 1967-1987, Editorial Latina, página 146). Myers, un doctor en Historia graduado en la Universidad de Washington, estuvo en Uruguay, habló con protagonistas centrales de aquellos años de plomo y reunió una amplia documentación. Bordaberry era el Presidente de aquel régimen.
Álvarez estaba al frente de la división IV, con asiento en la ciudad de Minas.

Julio María Sanguinetti: ‘El Goyo fue el planificador cerebral’.

En una serie de diez notas escritas tras el golpe de Estado de junio de 1973 para la entonces agencia de noticias Latín (y publicadas en diarios de toda América Latina), el dos veces ex Presidente Julio María Sanguinetti definió a Gregorio Álvarez como “el General más joven del Ejército (con) fama de planificador cerebral’ y a su cercano coronel Ramón Trabal (Jefe de la inteligencia militar) como “la eminencia gris de la dirección militar”.
Los dos eran del arma de caballería y estaban asociados a una presunta “corriente peruanista”, decía. Sanguinetti (subdirector del diario colorado Acción, clausurado, y que estuvo en el gabinete hasta la detención de Jorge Batlle en octubre de 1972) ubicó como Jefes de aquel movimiento militar a los generales Esteban Cristi (división I/Montevideo), Eduardo Zubia (división II, San José) -a los que identifica como “máximos exponentes del grupo gorila”-, a Álvarez (Jefe del Estado Mayor Conjunto, Esmaco) y a Trabal (director del Servicio de Información de Defensa, SID). “El Ejército, en su lucha, había encontrado a sus Jefes. Nuevos métodos aparecían. Y en la realidad de los cuarteles, producto de la pasión, de la sangre, del desafuero de los instintos, nacían las torturas más primarias al calor de la improvisación y de la pasión bélica”, afirmaba en su segunda columna, publicada por el diario Excelsior de México el 23 de julio de 1973.
“Los generales Cristi y Álvarez entra(ron) juntos al Palacio (Legislativo, en la madrugada del 27 de junio de 1973) que había sido previamente rodeado por carros blindados de asalto y por efectivos del cuarto regimiento de caballería y el primero de infantería (Florida)”, aseveró Sanguinetti en otra de sus notas, que Excelsior dio a conocer en su edición del 29 de julio de hace 34 años.

Alvarez: ‘Yo me hago cargo’.

El 3 de julio de 1978 Gregorio C. Alvarez, en su condición de Comandante del Ejército, dio a conocer la orden de servicio 7777 por la cual asumió personalmente la responsabilidad de todas las acciones emprendidas por las Fuerzas Armadas desde 1972, incluyendo las prácticas “reñidas con los derechos humanos”. Alvarez había sido desde el 18 de enero de 1972 el Jefe del Estado Mayor Conjunto (Esmaco), después estuvo al frente de una división (a partir de febrero de 1974) hasta que llegó a la jefatura de la fuerza de tierra. El explosivo documento, dispuesto en momentos en que en el mundo arreciaban las denuncias de violaciones a los derechos humanos en el país, señala: “Este comando General, de acuerdo a la política oportunamente trazada, no permitirá ninguna forma de revisionismo de lo actuado por sus integrantes durante la guerra contra la subversión, y si alguna actividad reñida con los derechos humanos se le adjudica, el suscrito se responsabiliza de haber dado la primera orden en tal sentido, en su condición de Jefe del Estado Mayor Conjunto en la época de referencia”.
“No obstante lo manifestado -dice el punto 3 de esta orden de servicio-, es decisión de este comando General que cuando surjan las pruebas, se revisaran todos aquellos casos, para sancionar con todo el peso de la ley y el desprecio a los que lograron prebendas, beneficios personales y familiares o llenaron sus bolsillos de oro a la sombra de los soldados y oficiales que morían luchando contra la sedición, o la situación coyuntural del presente proceso, cualquiera sea el lugar que ocupen en la sociedad uruguaya”. “La presente orden-finalizaba diciendo-deberá ser puesta en conocimiento inmediato del personal superior y subalternos su recibo, y ser guía en las sesiones de academia de oficiales”.

EL SANGRIENTO 1976
EL EXTERMINIO DE LOS PASAJEROS DEL SEGUNDO VUELO.

Ése no fue un buen año. En Argentina, el golpe de Estado se produjo el 24 de marzo de 1976 y con él comenzó a agudizarse la represión contra los uruguayos exiliados. JORGE GARCÍA El 5 de abril, el OCOA uruguayo y la SIDE argentina detuvieron en Buenos Aires a Ary Cabrera Prates (actualmente desaparecido), un uruguayo sindicalista bancario e integrante del PVP. El 17 de abril, también en Buenos Aires, fueron secuestrados en la vía pública, Eduardo Chizzola y su compañera Telba Juárez. Esta última apareció asesinada el 19 de abril en el barrio de Barracas, con cuatro balazos en el pecho y uno en la cabeza. El 26 de abril fue encontrado sin vida el cuerpo del joven Chizzola, el que fue enterrado como NN y recién identificado en el año 2002 Según se relata en el libro Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos solicita do por el Poder Ejecutivo y coordinado por el Prof. Alvaro Rico, “el 1o de mayo de 1976 los padres de Eduardo Chizzola, residentes en Uruguay, recibieron la visita de Manuel Cordero y otros militantes uruguayos quienes les enseñaron un documento de identidad a nombre de Rubén Pereira, con la foto de Eduardo Chizzola. La madre reconoció la letra de su hijo en la firma. Los oficiales le aclararon que el documento fue hallado al lado de un cadáver encontrado en Argentina”. A fines de mayo, en el marco del “Plan Cóndor” se produce el secuestro y asesinato de Zel-mar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, del el Dr. Manuel Benjamín Liberoff y por poco logró huir el líder blanco Wilson Ferreira Aldunate. LA FEROZ REPRESIÓN El 5 de junio fue secuestrado por la Policía Federal el uruguayo José Enrique Caitano Malgor, presumiblemente vinculado al PVP, quién continúa desaparecido. Cuatro días después, en un apartamento ubicado en el barrio de Núñez, fueron secuestrados y detenidos por la Policía Federal, Gerardo Gatti y María del Pilar Nores. “El departamento se utilizaba como
una oficina del PVP. Pilar Nores fue trasladada a una dependencia de la Policía Federal. El testimonio de Pilar Nores indica que su secuestro fue posterior al de Gerardo Gatti, mientras que la versión difundida por Hugo Cores sostiene que su detención ocurrió antes, y fuera la causa del arresto de Gatti”, según se cita en el libro Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos.
La Policía Federal comunicó a oficiales uruguayos que los detenidos eran de esa nacionalidad, y que formaban parte del PVP. “Desde este momento, los organismos represivos (en este caso el Servicio de Información de Defensa (SID) uruguayo y la Secretaría de Información de Defensa del Estado (SIDE) argentina comenzaron a actuar de manera conjunta, siendo este operativo uno de los casos más representativos de la coordinación represiva entre ambos países. En la operación de secuestro de Gerardo Gatti y Pilar Nores las fuerzas de seguridad encontraron documentos pertenecientes a la organización, que les permitieron recabar la información necesaria para el lanzamiento de una nueva oleada represiva. Entre el 13 y el 14 de junio de 1976, Pilar Nores es trasladada al centro de detención clandestino Automotores Orletti; a su llegada, según su propio testimonio, ya se encontraba allí Gerardo Gatti”.
Es, a partir del 13 de junio de 1976, que se inician las negociaciones entre los oficiales uruguayos y el PVP, a través de Washington Pérez, un militante sindical perteneciente al PVP y radicado en Buenos Aires. “La iniciativa corrió por parte de los militares uruguayos y argentinos que se encontraban interesados en el dinero que poseía el PVP, producto del secuestro del empresario holandés Federico Hart y de varios secuestros realizados denominados ‘aprétesis’. De esta manera, Washington Pérez llegó a Automotores Orletti. Allí logró reconocer al Comisario Hugo Campos Hermida, quién le explicó la situación: Vamos a traer a una persona amiga, conocida tuya. Sabemos que hoy no tenes ningún problema en Montevideo, sólo hay problemas de rutina. Hay un problema como el de tantos dirigente sindicales y políticos que es de rutina, pero en el término de cuatro o cinco meses es posible que puedas regresar si tú lo deseas”.
Según el testimonio de Washington Pérez: “A cambio de la libertad de Gerardo Gatti y de otros diez militantes sindicales de Funsa detenidos, queremos US$ 2.000.000”. Las negociaciones se sucedieron hasta mediados del mes de julio de 1976 cuando le dijeron a Washington Pérez que “el asunto Gatti está liquidado”. Esa misma noche, en Orletti, le reiteraron la propuesta del rescate aunque en esta ocasión el detenido fue León Duarte. También, a fines de junio, a Washington Pérez le mostraron una caja fuerte que contenía dinero (argentino y dólares). Washington Pérez terminó refugiándose en Suecia con su familia.
Mientras se desarrollaban las negociaciones por el rescate de Gatti, “llegaron a Automotores Orletti varios detenidos: el 15 de junio fueron secuestrados por fuerzas de seguridad argentinas y uruguayas Hugo Méndez y su compañera María del Carmen Martínez, ambos integrantes de los Grupos de Acción Unificadora (GAU), el mismo día fueron secuestrados Julio Rodríguez Rodríguez del PVP junto con una compañera de trabajo, de quién se desconoce la identidad hasta el presente. El 17 de junio fue detenido Francisco Candía, miembro del PCU. Ese mismo día fueron secuestrados, también por fuerzas militares de ambos países, Jorge González Cardozo y su esposa, Elizabeth Pérez Lutz, ambos del MLN”.

SECUESTRAN A QUINTEROS

En el libro Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos se recuerda que “con fecha 25 de junio de 1976, el Parte Especial de Información (PEÍ) N° 8/976 de la Junta de Comandantes en Jefe – Servicio de Información de Defensa firmada por el Director del SID,
General, Amaury Prantl, daba cuenta de’ los datos que los militares uru guayos poseían al respecto del PVP” . El parte destaca, entre otras cosas que la vieja Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales (OPR 33) se encontraba “totalmente reorganizada desde los puntos de vista político militar y logístico”. El 26 de junio de 1976, fue detenida en su casa del barrio de Pocitos, la maestra Elena Quinteros. En un intento por burlar a sus captores y darse a la fuga, se hizo llevar a lugar cercano a Bulevar Artigas y Palmar, cerca del edificio de la Embajada de Venezuela para un supuesto contacto. La historia es bien conocida y finalmente Elena Quinteros continúa desaparecida.
El fallecido y entonces secuestrado también en Orletti, Enrique Rodríguez Larreta testimonió que dos oficiales uruguayos le hablaron sobre la posibilidad de incluir a Elena Quinteros en la “operación de blanqueo” de los detenidos en Argentina que constituyeron el llamado “primer vuelo”. Finalmente, según otros testimonios, por decisión de la cúpula militar de entonces, la maestra secuestrada no volvería a aparecer.
Luego de la caída de Pilar Nores y Gerardo Gatti, fueron detenidos muchos otros uruguayos exiliados en Argentina. Entre los días 13 y 14 de julio se llevaron a cabo 19 detenciones en pocas horas, todos ellos pertenecientes al aparato político del PVP. Las detenciones fueron realizadas, según testimonios de las víctimas, en operativos conjuntos en los que participaron miembros de las fuerzas de seguridad de Uruguay y Argentina. En el mismo momento de la detención de Sara Méndez se efectuó el secuestro de su hijo: Simón Riquelo, de 20 días. Todos los detenidos fueron conducidos a Automotores Orletti, centro clandestino de detención que utilizaban de manera conjunta las fuerzas argentina y uruguaya.
Los secuestrados uruguayos en Argentina trasladados en el “primer vuelo” lograron salvar sus vidas. Sin embargo los aproximadamente 26 trasladados desde Buenos Aires a Montevideo, del “segundo vuelo” no sólo no aparecieron sino que aún se desconoce donde fueron enterrados sus cadáveres. La existencia del segundo vuelo fue revelada por el periodista Roger Rodríguez en el diario La República el 17 de marzo de 2002 y complementada en otro artículo, publicado el 2 de setiembre de ese año.
Roger Rodríguez logró establecer que el centro de torturas de Orletti, que funcionó desde junio de 1976, fue clausurado a fines de octubre de 1976, después de que lograra escapar una pareja de argentinos que se exilió en México. También según pudo averiguar Roger Rodríguez, los militares argentinos se sintieron “traicionados” por sus pares uruguayos al no haber eliminado a los del “primer vuelo”.

SIN SOBREVIVIENTES

El 5 de octubre de 1976 es la fecha del llamado “segundo vuelo”. A solicitud del Servicio de Información de Defensa (SID) uruguayo se realiza en esa fecha un vuelo aéreo clandestino en el que fueron trasladados a Montevideo alrededor de 26 patriotas uruguayos detenidos en Argentina. El vuelo fue piloteado por personal de la Fuerza Aérea, como lo confirmó el informe del Tte. Gral. Enrique Bonelli al Presidente Tabaré Vázquez.
Según el documento “de acuerdo a la información recabada se realizaron dos vuelos, probablemente el primero el 14 de julio y el segundo el 5 de octubre de 1976, partiendo desde el Aeropuerto Jorge Newbery en Plataforma de Aviación General de la ciudad de Buenos Aires en la República Argentina, con destino al Aeropuerto Internacional de Carrasco en Plataforma de la entonces Brigada de Mantenimiento y Abastecimiento.
Estas operaciones aéreas fueron ordenadas por el Comando General de la Fuerza Aérea, a solicitud del Servicio de Información y Defensa (SID) y coordinadas por ese Servicio”. El
propio Comandante Tte. Gral. Enrique Bonelli reconoció haber sido el subComandante del primer vuelo. “Las tareas de embarque, desembarque y posterior traslado estaban a cargo del SID, desconociendo las tripulaciones la cantidad e identidad de los pasajeros, ya que los tripulantes debían permanecer aislados en la cabina de vuelo de la aeronave durante el transcurso de las operaciones”, explica el documento de la Fuerza Aérea.
Según el primer tomo del mencionado libro “el comunicado oficial dado a publicidad por las Fuerzas Armadas el 29 de octubre de 1976, emitido en torno a la aparición de un grupo de subversivos en el Chalet Susy, y que hace referencia a los veintiséis detenidos y trasladados clandestinamente desde Buenos Aires revela también el número total de prisioneros vinculados al operativo contra el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP): ‘sesenta y dos sediciosos capturados’. Si bien no se los nombra a todos, en esa cantidad global también estarían incluidos los detenidos desaparecidos del ‘segundo vuelo’, y la cifra sesenta y dos resultaría de tal sumatoria. Entre los mencionados figuran: Gerardo Gatti, León Duarte, Alberto Mechoso y Rubén Prieto, quienes no integraron el primer vuelo con los sobrevivientes de Orletti transportados a Uruguay, y que aún continúan desaparecidos.

LA EXISTENCIA DEL SEGUNDO VUELO FUE REVELADA POR EL PERIODISTA ROGER RODRÍGUEZ EN EL DIARIO LA REPÚBLICA EL 17 DE MARZO DE 2002 Y COMPLEMENTADA EN OTRO ARTÍCULO, PUBLICADO EL 2 DE SETIEMBRE DE ESE AÑO.

Testimonio.

En Orletti, Washington Pérez reconoció al comisario Hugo Campos Hermida, quien le explicó la situación: “Vamos a traer a una persona amiga, conocida tuya. Sabemos que hoy no tenes ningún problema en Montevideo, sólo hay problemas de rutina.
Hay un problema como el de tantos dirigente sindicales y políticos que es de rutina, pero en el término de cuatro o cinco meses es posible que puedas regresar si tú lo deseas”. Según el testimonio de Washington Pérez: “A cambio de la libertad de Gerardo Gatti y de otros diez militantes sindicales de Funsa detenidos, queremos US$ 2:000.000”.

Cordero no se perdió una.