A raíz de una denuncia formulada por escrito por integrantes de la organización Familiares de Detenidos Desaparecidos, en la que se menciona la renuncia del ex coordinador del Grupo de Investigación en Antropología Forense (GIAF) de la Universidad de la República (Udelar), José López Mazz, sumada a “acusaciones graves en cuanto al entorpecimiento a la búsqueda de los detenidos desaparecidos”, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) solicitó que el tema fuera tratado por el Consejo Directivo Central (CDC) de la institución educativa. La FEUU se enteró de la denuncia por medio de un artículo publicado por el semanario Brecha en setiembre de 2014.

La Udelar conformó un grupo de trabajo para esclarecer el hecho, integrado por un representante de cada uno de los tres órdenes de la institución y otro del rectorado, que nombró a la asistente académica Silvia Canedo. El grupo concluyó su trabajo y elaboró un informe que fue incluido en el orden del día del CDC de ayer, que postergó el tema después de una discusión entre el decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación -de la que es docente López Mazz-, Álvaro Rico, e integrantes del equipo de trabajo que también integran el consejo.

En el informe se establece que a partir de entrevistas realizadas a varios de los directamente implicados, entre los que estuvo Rico -en su carácter de decano y de director del equipo de historiadores que trabaja en el mismo convenio-, se concluye que hubo una “confusión” en la inspección ocular dispuesta en el Servicio de Material y Armamento (SMA), donde funcionó el llamado 300 Carlos, en la causa de la desaparición de Nebio Melo, hijo de la militante de la organización de Familiares Luisa Cuesta. El informe atribuye dicha confusión a “errores de coordinación y de comunicación” dentro del equipo de antropólogos, generados por la “manifiesta falta de conocimientos jurídicos y forenses”, y se descarta la ocurrencia de errores voluntarios por parte de los técnicos. En concreto, según la denuncia de Ricardo Patiño, de Familiares, López Mazz había afirmado que la mencionada inspección ocular ya se había realizado en el SMA, cuando eso no había ocurrido en el marco de la causa que investiga la desaparición de Melo.

Según plantea el grupo de trabajo, a partir de una entrevista mantenida con López Mazz, el antropólogo consideró que los “desencuentros” producidos en la visita al predio “no fueron tan graves”. Además, según el grupo de la Udelar, el antropólogo explicó que su salida del equipo fue ocasionada por una “suma de hechos”: se habla de una “degradación del ambiente de trabajo”, de la falta de apoyo de Rico a López Mazz y de “presiones externas que fueron tornándose muy molestas”. Además, a partir de una entrevista con Rico, el grupo de trabajo informó que el decano planteó la existencia de un enfrentamiento entre Familiares y la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República, acompañado del posterior retiro de confianza política de la organización a López Mazz. El informe agrega que en aquel momento Rico entendió que era conveniente que estos hechos no trascendieran públicamente, dado “el contexto nacional y universitario del momento”, marcado por la elección de rector en la que fue candidato.

Esta situación fue desmentida ayer en el CDC por el propio Rico, quien negó que las instancias electorales de la Udelar hayan incidido en el tratamiento del tema, y además se mostró dolido por esa acusación. El decano acusó al grupo de mentir y de “extralimitarse” en sus cometidos, porque entendió que terminó actuando como comisión investigadora. Además, dijo que no se entrevistó al ex rector Rodrigo Arocena, quien a sugerencia de Rico archivó la denuncia de Patiño, y se quejó de no haber sido advertido de que parte de sus declaraciones iban a ser reproducidas en el informe, aunque de todas formas señaló que no se trata de dichos textuales. Rico señaló que hubo un reconocimiento de que existieron errores y que se actuó para enmendarlos.

Además, señaló que en su momento se decidió tratar el tema “con reserva”, ya que la atención mediática “hubiera contribuido con la impunidad”, porque se estaría poniendo en cuestión el trabajo de equipos técnicos que son considerados como peritos en los juzgados en los que se desarrollan estas causas. Tras un pedido del rector Roberto Markarian de tomar conocimiento del informe, dar vista a Patiño y dar por laudado el tema, que resultó negativo, la resolución del tema fue postergada. La consejera egresada e integrante del grupo de trabajo Alejandra Veroslavsky dijo que las palabras de Rico fueron “irrespetuosas” y que también hubo dichos “comprometedores” que fueron dejados de lado en el informe. Veroslavsky, acompañada por la FEUU y los docentes, pidió que el tema sea considerado en régimen de comisión general en la próxima sesión.

El trámite a la interna de la Universidad de la República (Udelar) comenzó el 6 de mayo de 2014, cuando Nilo Patiño, integrante de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, remitió una nota al entonces rector de la institución, Rodrigo Arocena. Se trata de la manifestación de disconformidad de la organización con el trabajo del antropólogo José López Mazz, que en ese entonces lideraba uno de los equipos técnicos que trabajan en convenio con Presidencia para el esclarecimiento de los delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura. En concreto, Patiño se quejó de que López Mazz afirmó que ya se había hecho una inspección ocular dispuesta por la Justicia en el Servicio de Material y Armamento, donde funcionó el llamado 300 Carlos, cuando eso no había ocurrido. Patiño asegura que ese acontencimiento obstaculizó el accionar de la Justicia y solicitó que se tomaran “medidas administrativas” al respecto. Se trata de la causa que investiga la desaparición de Nebio Melo.

Después de la elaboración de un informe por parte del decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Álvaro Rico, la Udelar archivó la denuncia, que en julio de 2015 fue reiterada por Patiño. Para abordar el caso, ya con Roberto Markarian como rector, la Udelar conformó un grupo de trabajo. El informe elaborado por dicha comisión llegó al Consejo Directivo Central (CDC) a pedido de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, fue discutido en la sesión del 15 de setiembre de 2015 y duramente cuestionado por Rico. Después de una postergación, la institución resolvió tomar conocimiento del informe, “reafirmar el compromiso de la Udelar con la causa de los derechos humanos y, en particular, con el esclarecimiento de la suerte corrida por los detenidos-desaparecidos y el hallazgo de sus restos”, además de comunicar parte de ese informe a Patiño.

En concreto, el CDC definió comunicarle las conclusiones y recomendaciones del grupo de trabajo, entre las que se señalan que “la confusión” generada sobre la inspección ocular pudo haber “afectado” el proceso judicial, a causa de “errores de coordinación y de comunicación” dentro del equipo de antropólogos, sumado a la “falta de conocimientos jurídicos y forenses” de éstos. De todas formas, se señaló que no hubo errores voluntarios.

Además, el CDC resolvió que en el trabajo de los equipos se establezcan instancias de definición política separadas de las técnicas y académicas, para las que la Udelar “reivindica” la mayor independencia de los investigadores. El CDC consideró “beneficioso” que se integren técnicos de otras áreas de conocimiento, de acuerdo con las necesidades concretas que surjan en el trabajo, y se establezca la coordinación de las acciones de la Udelar en el Prorrectorado de Extensión y Relaciones con el Medio. De esa forma, la Udelar dio por laudado el tema a su interna.

En la sesión del CDC de ayer ingresó una nota de Patiño en la que indica que “esperaba otra actitud” de la Udelar y sus autoridades con respecto al tratamiento de su planteo. Según entendió, en la información que recibió “no existe una respuesta” a su denuncia. Patiño se quejó de que en la respuesta que recibió “únicamente” se transcriben algunos puntos de lo informado por el grupo de trabajo, y manifestó que, “si hubiera habido la intención de investigar a fondo”, primero tendría que haberse expedido la División General de Jurídica de la Udelar y luego “debieron diligenciarse mínimos elementos de juicio”, como la consulta de las actuaciones judiciales por la desaparición de Melo en el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal.

La nota fue tratada ayer en el CDC y el único que se refirió al tema fue el consejero docente -y nieto de Julio Castro- Ariel Castro, quien dijo sentirse “interpelado”. Castro manifestó “cierto dolor” porque la Udelar “no supo transmitir” adecuadamente lo discutido y laudado a su interna, que, consideró, se procesó adecuadamente. Por lo tanto, asumió la “autocrítica” de no haber comunicado de la mejor forma lo resuelto.