concluyeron los alegatos de las querellas en el juicio por los crímenes en la ESMA
“Deben ser juzgados por genocidio”
Los abogados del colectivo Justicia Ya! cerraron los alegatos de las querellas con el pedido de que los acusados sean condenados por el delito de genocidio. Solicitaron prisión perpetua para 51 imputados y 25 años para los otros cuatro.
Por Alejandra Dandan
Faltan los nombres de 4 mil compañeros, dijo una de las abogadas de las querellas. En ese momento recordó, como si entrara en un túnel de capas superpuestas, el primer testimonio de este juicio unificado de la ESMA: las palabras del sobreviviente Carlos Lordkipanise. El Sueco contó en ese momento el día en el que, dentro del centro clandestino, entendió estupefacto que se habido producido un genocidio. “Era un caja con rollos de acetato con las copias microfilmadas que contenían todos los datos de los que estábamos ahí. Me quedé mirándolas. Eso me dio la dimensión del genocidio: pasaban las caras de niños, de niñas, de mujeres mayores, de trabajadores –dijo–. Pasaban a toda velocidad, fue una de las cosas que me golpearon.”
La semana pasada concluyeron en los tribunales de Comodoro Py los alegatos del colectivo de Justicia Ya! Fueron los últimos alegatos de las querellas que encabezan las representaciones de los sobrevivientes y familiares de los detenidos desaparecidos de la ESMA, y de las que forman parte los organismos de derechos humanos.
En línea con los pedidos del Ministerio Público Fiscal, los abogados Liliana Alanís, Pedro Dinani y Mariano de la Cuadri pidieron prisión perpetua para 51 de los 55 imputados que llegaron en condiciones de escuchar este alegato a casi cuatro años del inicio del juicio. Entre ellos, los seis acusados por los vuelos de la muerte. Pidieron además 25 años de pena para los otros cuatro imputados, entre ellos para Juan Aleman, entonces secretario de Hacienda y en juicio por la desaparición de Orlando Ruiz y Silvia Dameri –fueron secuestrados con sus dos hijos y ella estaba embarazada–, Marcelo Mariano y María de las Victorias. Bajo el mandato de sus representados, la querella pidió al Tribunal Oral Federal 5 el cambio de calificación de las penas para que condene por el delito internacional de genocidio, capaz de obturar a su criterio los embates aislados pero aún vigentes de la teoría de los dos demonios. Explicaron que entre las novedades, el juicio aportó la identidad de más de 70 nuevos casos de desaparecidos de la ESMA de los que no se conocían sus nombres. Y también optaron por una lectura renovadora sobre los delitos de violencia sexual, al considerar el estado de desnudez al que fueron sometidas las víctimas.
“Las víctimas de la ESMA reclamaron justicia y denunciaron los crímenes desde los mismos momentos de los hechos. Registraron en su memoria cada uno de los nombres o las características de sus compañeros, de los niños y niñas robados por los represores y también denunciaron desde los primeros momentos a sus victimarios”, dijo Alanis. Mencionó los rastros de esas denuncias: las fotos recuperadas de Víctor Basterra, la carta de Domingo Maggio y la carta de Rodolfo Walsh, cuya hija Patricia es parte de esta querella. Un fragmento de la Carta a la Junta Militar fue leída en la sala. Escucharon, sentados, sobrevivientes, familiares de los desaparecidos con las imágenes en blanco y negro entre las manos. Hubo hileras nutridas de activistas de los organismos y militantes. Ricardo Cavallo fue el único imputado presente. El defensor Guillermo Jesús Fanego renegó una vez más por la ausencia o presencia de fiscales. Y durante la audiencia cruzó, otra vez, algunos de los límites del protocolo al sacar su teléfono para tomar fotos de uno de los sobreviviente, sentado a unos pocos metros, en la sala. Enrique Fukman pidió la palabra a través de los abogados. Planteó al gesto como intimidante. Los jueces escucharon. Leopoldo Bruglia, a cargo de la presidencia del tribunal, aceptó el reclamo, pero dijo no poder hacer nada hasta revisar las imágenes de las filmaciones porque no lo había visto.
El centro del alegato del día, sin embargo, fue otro: el debate sobre la posibilidad de aplicar la figura del genocidio. La querella presentó una línea de tiempo para explicar los derroteros que atravesó este pedido en los tribunales argentinos. “Corresponde llamar a las cosas por su nombre –dijeron–. Quedó demostrado en este juicio una vez más que lo que sucedió en el país fue un genocidio y los aquí imputados deben ser juzgados por ese delito.” Esto fue un plan sistemático, agregaron, “destinado a aniquilar a una parte del grupo nacional. Porque no fueron delitos contra individuos aislados, sino un exterminio parcial hacia luchadores y militantes a los que era necesario aniquilar para imponer un proyecto económico, político y social.”
Desde el primero de los tres días de alegatos, Justicia Ya! planteó con una imagen las secuelas de lo que llaman los efectos continuados del delito. “Las largas sombras del genocidio –dijo Dinani– son las que colocan en este presente a Mauricio Macri en la Presidencia, porque los mismos grupos económicos que diseñaron el genocidio son los que gobiernan hoy Argentina. También son los mismos medios de comunicación que mintieron durante la dictadura los que ocultan todo lo que pasa hoy.”
Recordaron el Juicio a las Juntas, cuando el abogado Eduardo Barcesat pidió imputación por genocidio. Y con datos del sociólogo Daniel Feierstein, que estuvo sentado en la sala, la querella explicó que en 2006 y 2007 Justicia Ya! era una de las únicas voces que en forma aislada pedía esa calificación para las condenas. Con el correr del tiempo, las voces se ampliaron, explicaron. En 2009, un 9 por ciento de las sentencias inscribieron alguna referencia al genocidio y en 2013, fueron el 32 por ciento de las causas. Con un análisis todavía más detallado, explicaron que la evolución tuvo dos líneas: sentencias que incorporaron el genocidio en términos simbólicos, como un marco histórico y social, y las que intentaron incorporarla como parte de la calificación de la pena. Ese último grupo aumentó en los últimos años, dijeron: pasaron de ser el 9 por ciento en 2009 al 28 por ciento en 2013. La línea de tiempo culminó el 13 de noviembre del año pasado, cuando el Tribunal Oral Federal de La Plata condenó por primera vez por el delito de genocidio.
“Creemos que con el correr del tiempo se destrabaron las razones técnicas que encontraban los tribunales sobre esta calificación”, dijeron los abogados. “Los tribunales y los jueces incorporaron experiencias de las ciencias sociales y sentencias realizadas en otros lugares por los crímenes de Estado.”
El límite para calificar por genocidio quedó atado históricamente a la definición formal del delito establecida por Naciones Unidas en el contexto de la Guerra Fría, cuando excluyó de la figura a los grupos políticos. Así, el delito de genocidio suele entenderse, además, como un delito antagónico al de lesa humanidad: uno mira el impacto sobre grupos específicos y otro (el de genocidio) se centra en el impacto contra toda la sociedad. El TOF 5 ya había dicho algo sobre esto en el juicio anterior. Y propuso elevar un pedido a Naciones Unidos para que discuta la figura del politicidio. Justicia Ya! respondió a eso en este alegato. Dijo que la figura del genocidio en realidad puede vérsela como una especificidad del delito de lesa humanidad. Señalaron que el límite de lo político en realidad no forma parte del espíritu de la ley. Que todo genocidio es político por más que se ataque a grupos raciales, étnicos o religiosos, porque siempre hay en el fondo una idea política de eliminar a un determinado grupo. Presentaron la documentación desclasificada de los organismos del Estado, como la ex Dipba, que prueba la persecución e inteligencia sobre las víctimas desde antes de sus secuestros; reconstruyeron los cientos de historias de las víctimas en clave de los grupos a los que pertenecían; y hablaron de la tortura como el momento de extraer información de parte de los perpetradores para armar esos grupos de perseguidos.
En ese contexto, es que señalaron que la figura se ajusta al escenario argentino y a la experiencia del centro clandestino que funcionó en la ex ESMA. “Esto fue un genocidio político porque, más allá de las víctimas, esa identidad política fue dada por la persecución política que estuvo detrás. Lo que los hace políticos no son las identidades en sí mismas, sino el modo en el que los ubicaron los perpetradores. Como subversivos, delincuentes, terroristas o marxistas.”