Fueron condenados 15 represores por participar en el Plan Cóndor de las dictaduras del Cono Sur
Una asociación internacional para asesinar
Entre los que recibieron penas más altas están Santiago Omar Riveros, Reynaldo Bignone y el uruguayo Manuel Cordero. Fue la primera vez que un tribunal juzgó el acuerdo para reprimir además de los secuestros y las desapariciones.
Por Alejandra Dandan
No hubo una definición en la sentencia pero detrás de cada una de las condenas apareció lo que se esperaba desde hace más de 40 años: la enunciación del Operativo Cóndor como una asociación ilícita de las dictaduras del Cono Sur destinada a cometer delitos. Santiago Omar Riveros y Reynaldo Benito Bignone fueron las primeras condenas que leyeron los integrantes del Tribunal Oral Federal 1 en una sala repleta.
El primero recibió 25 años de prisión. El jefe de Institutos Militares del campo de exterminio de Campo de Mayo obtuvo de esa manera su condena número 11 en juicios de lesa humanidad. Bignone recibió 20 años.
Fue su condena número ocho. También fue condenado a 25 años el único acusado extranjero, el militar del Ejército uruguayo Juan Manuel Cordero Piacentini, entre cuyas víctimas estuvo María Claudia García Iruretagoyena de Gelman. De los 17 acusados, 15 fueron recibieron penas de 25 a 8 años y 2 fueron absueltos.
“Es la primera vez que la justicia de un país americano declara que ese Plan de las dictaduras de los países del Cono Sur fue una asociación ilícita para cometer delitos, y las privaciones ilegales e imposición de tormentos fueron considerados dentro de esa asociación”, dijo el presidente del Cels, Horacio Verbitsky.
En esa misma línea se expresó el fiscal Pablo Ouviña al destacar el fallo de los jueces Oscar Ricardo Amirante, Adrián Federico Grünberg, Pablo Gustavo Laufer y Ricardo Ángel Basílico como juez sustituto. Ouviña señaló que es la primera vez que la justicia define al Operativo como una asociación para el crimen, “en un proceso destacable por su respeto las garantías, al derecho a las defensas, el derecho de los testigos y las reglas del procedimiento”.
El fallo comenzó a leerse a las cinco de la tarde. Desde temprano, buscaron espacio en la sala los pañuelos de las Madres de Plaza de Mayo. Estuvieron Vera Jarach, Laura Conte, Taty Almeida y Nora Cortiñas. También Lita Boitano de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. Y logró llegar la abuela Elsa Pavón con la fatiga de los años en el cuerpo mientras su nieta Paula Logares completaba trámites de acreditación. La cara de Macarena Gelman apareció una y otra vez retransmitida por la pantalla que amplificó imágenes en la sala. Estuvo el fiscal Miguel Angel Osorio, uno de los primeros empeñados en ordenar lo que al comienzo eran vestigios de una investigación imposible. Los nombres fueron más porque todos estaban ahí. Horacio Pietragalla, ahora secretario de derechos humanos de Santa Cruz. Carolina Varsky, de la Procuración. Quienes llegaron del exterior, como Federico Jorge Tatte, hijo de un ex marino y dirigente comunista de Paraguay desaparecido en Argentina que integra la Comisión por la Verdad y la Justicia de Paraguay.
Este juicio oral que empezó hace tres años y tres meses, estuvo por caerse cuando murió el dictador Jorge Rafael Videla, uno de los principales imputados de los 32 con el que se elevó esta causa y ayer concluyó con 17 acusados, porque unos murieron y otros fueron separados del juicio por razones de salud. Edgardo Binstock fue parte de la querella por la desaparición de su compañera Mónica Pinus, secuestrada en marzo de 1980 en Brasil. Y ese era uno de los casos que llegaba a Juicio con Videla como único imputado. “Pensar que se caía cuando esto empezó. Pero no pasó. Esto es un caso penal pero al mismo tiempo un caso político, porque lo que unifica las causas es que tuvieron en común una operación y un acuerdo de las dictaduras y del Departamento de Estado de Estados Unidos para poder operar. Hoy llega esto en un contexto difícil para las democracias latinoamericanas: si bien no tiene la misma característica represiva, somos sujetos de una nueva ofensiva neoliberal y conservadora sobre nuestros países”.
Mientras Binstock recordaba el Cóndor II del que habla Rafael Correa, el único acusado presente en el sala se abrió camino en la planta baja. El tribunal decidió darles la opción a los acusados de no participar en la audiencia final. No estuvieron ni en la sala ni en las trasmisiones vía internet que suelen conectarlos en los lugares de detención. En una larga fila de sillas vacías estuvo el único acusado que asistió: Miguel Angel Furci, que tenía pedidos de condenas por las dos causas que se debatieron en el juicio: Cóndor y un segundo tramo de Automotores Orletti, el centro clandestino donde fueron llevados la mayoría de los prisioneros extranjeros. Furci fue condenado como autor de 67 privaciones ilegales de la libertad y por 62 hechos de tormento, a 25 años de prisión y, como el resto, a una inhabilitación para ejercer cargos públicos por el doble del período. Sus dos ojos protegidos por anteojos no perdieron vista del juez ni siquiera en ese momento. Cuando le cayó encima la sentencia no parpadeó siquiera, sin darse cuenta que las cámaras iban y venían al mismo tiempo mirando la cara de Macarena Gelman, nieta del poeta Juan Gelman, hija de Claudia y Marcelo, hoy diputada en Uruguay. “Las condenas son para mi satisfactorias -dijo ella-, y tienen además la particularidad de que incluye al primer uruguayo condenado por el caso de mi mamá, lo cual me hace pensar en Uruguay. Sentir que se cierra un capítulo es difícil de decirlo o sentirlo por la fragmentación de las causas, pero había una expectativa muy concreta que era sentencia a Cordero”.
La sala no aplaudió ni cantó hasta que el juez Amirante leyó el último punto de la sentencia, que indicó informar a la embajada uruguaya sobre la nueva situación judicial del imputado de ese país. Entonces la sala vivó a los 30 mil desaparecidos.
A Andrés Habegger le salió en ese momento un atragantado “¡Y que se pudran en la cárcel, asesinos!” “Empezamos –dijo– con la querella en 2004, todo esto no tenía forma, la desaparición hace eso, la falta de verdad. Y con esto es como que reencontrás las formas. Y darle la forma y que lo haga el Estado es reparador y un proceso que tardo tanto tiempo es también una alegría, y eso pude decirlo acá, y no en la cancha, ni en un bar, ni en la Plaza. Fuimos querellantes con mi mamá (por su padre Norberto). Dimos testimonios. Y mi sensación es que al hacerse Justicia esto entra en los libros de historia porque el Estado hace eso: que la historia sea una y no otra”.
La periodista Stella Calloni, acosada por las cámaras de televisión extranjeras, repetía una y otra vez por qué el Cóndor fue una “Operación”. Habló de “tácticas” y “estrategias” y del avance de una operación contrainsurgente contra los dirigentes de la región, razón por la cual “esto se pudo conocer desde temprano porque esas víctimas eran nombres tan conocidos que nadie podía soslayar”.
Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer en agosto. Los acusados fueron condenados con penas significativas sobre todo por la cantidad de hechos que tienen adjudicados. Hubo tres condenas a 25 años de prisión: Riveros, Cordero y Furci. Hubo 2 a 20 años: Bignone y el general Rodolfo Emilio Feroglio. Una a 18 años de prisión para el coronel Humberto José Román Lobaiza. También 4 a 13 años, entre los que estuvo el vicealmirante Antonio Vañek, segundo en la estructura de la Armada. El TOF condenó a otros 5 imputados a 12 años de prisión. Y al general Federico Antonio Minicucci a ocho años. Hubo dos absoluciones.
Salvo Riveros y Furci, el resto de los acusados obtuvo sentencias en general por uno a cuatro hechos. Una de las explicaciones es que si bien la causa Cóndor tuvo a un número de 109 víctimas en juicio, un universo importante tenía como único imputado a Videla. Con su muerte, esos crímenes salieron de la causa. Pero los casos y sus historias continuaron en juicio, como Binstock, porque querellas y fiscalía solicitaron continuar por el derecho a la Verdad y porque cada hecho permitía probar no sólo una imputación sino la asociación criminal. Como los nombres de cada una de esas víctimas, sin embargo, no aparecieron en la lectura del fallo, ahora se aguardan los fundamentos para saber si este pedido fue considerado por el tribunal. El Cels adelantó que si no fue así pedirá en Casación una revisión de la sentencia. “Reclamamos en esos casos que no se pudo llegar a la condenar porque el responsable ha muerto, que exista una constancia de que fueron víctimas del Cóndor en función del derecho a la verdad”, explicaron.
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Penas de 20 y 25 años de cárcel para Bignone y Riveros por el Plan Cóndor
Los ex comandantes fueron condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del Plan Cóndor, según el fallo del Tribunal Oral Federal 1 de Capital dado a conocer este viernes.
Catorce ex jefes militares y de inteligencia argentinos y uno uruguayo fueron condenados hoy a penas de entre 25 y 8 años de prisión por más de un centenar de privaciones ilegítimas de la libertad y otros delitos de lesa humanidad cometidos hace cuatro décadas en el marco del Plan Cóndor de exterminio de opositores a las dictaduras de la región.
Dos de las mayores condenas recayeron sobre el entonces jefe de la guarnición militar de Campo de Mayo, Santiago Omar Riveros, a 25 años y el último dictador y entonces jefe de Institutos Militares, Reynado Bignone, a 20 años.
Tambien fueron condenados a 25 años el ex agente de la SIDE, Miguel Angel Furci y el uruguayo Cordero Piacentini por su papel en el centro clandestino de detención conocido como Automotores Orletti, epicentro de la persecución a uruguayos en la Argentina ejecutada por represores de los dos países rioplatenses.
Decenas de cadenas televisivas y medios de la región y el mundo cubrieron esta tarde la lectura del tramo dispositivo del fallo del Tribunal Oral Federal 1 de la Capital Federal al cabo de tres años y dos meses de audiencias en el edificio de Comodoro Py.
El fallo unánime fue leído al cabo de tres años y dos meses de audiencias por el presidente de TOF 1, Oscar Ricardo Amirante acompañado por sus colegas Adrián Federico Grünberg y Pablo Laufer.
El Tribunal anunció además que el 9 de agosto próximo divulgará los fundamentos de la sentencia de este juicio iniciado en 2013, en el que se juzgó por primera vez ante un tribunal a imputados por la asociación ilícita que constituyó el Plan Cóndor articulado por las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay en una reunión realizada en 1975 en Chile, durante el régimen de Augusto Pinochet.
Entre tanto, los 42 aspectos resolutivos leídos esta tarde fueron recibidos con satisfacción en una sala colmada por familiares de las víctimas e integrantes de organismos de derechos humanos.
Entre los primeros se destacaba la nieta recuperada del fallecido poeta Juan Gelman, Macarena Gelman, nacida en cautiverio en Montevideo después del traslado de su padre y madre embarazada en un vuelo ilegal tras ser secuestrados en Buenos Aires.
“Se hizo justicia”, dijo emocionada Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, cuyo hijo desaparecido trabajaba en Télam.
El interés internacional por el fallo quedó revelado por la cobertura que le dieron algunas de las principales cadenas informativas del mundo y la región que se acreditaron ante la Corte Suprema de Justicia.
Entre ellos se contaron las agencias Associated Press, AFP y Reuter y las cadenas televisivas británica BBC, brasileña SBT, china CCTV, T de Catalunya y árabe Al Jazira, además de diarios, medios que colmaron con sus equipos el hall de los tribunales federales de Comodoro Py.
“Es un tema de gran interés porque tuvo que ver con la dictadura argentina pero también fue regional, sistemática y con vínculos con loa CIA, algo único en el mundo”, explicó a Télam Paul Byrme, productor televisivo de la agencia AP.
Los casos de las víctimas de los crímenes del Plan Cóndor fueron investigados en la Argentina en una causa cuyo tramo más avanzado llegó hoy a sentencia, mientras que más de 380 hechos están aún en la etapa investigativa y deberán ir a juicio en el futuro.
El Plan Cóndor fue articulado por las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay en una reunión realizada en 1975 en Chile, durante el régimen de Augusto Pinochet y permitió secuestrar opositores en cualquier y trasladador ilegalmente a su país de origen.
En este juicio, de los 32 imputados iniciales por “asociación ilícita” y “privación ilegal de la libertad agravada por aplicación de tormentos” en un total de 105 casos, sólo 17 llegaron como acusados a la sentencia, de los cuales dos fueron absueltos.
El resto fueron apartados por razones de salud o murieron sin llegar a conocer el veredicto de los jueces, como en el caso del dictador Jorge Rafael Videla.
Además de los ya mencionados Bignone, Riveros, Furci y Cordero Piacentini, el Tribunal condenó hoy a 20 años al ex director de la Escuela de Caballería Rodolfo Feroglio y a 18 años de prisión al ex jefe del Regimiento Patricios Humberto Lobaiza.
También sentenció a 13 años de prisión al general retirado Eugenio Guañabens Perelló y al almirante retirado Antonio Vañek, entonces jefe de la Esma; a 12 años, a los oficiales retirados Luis Sadi Pepa, Nestor Horacio Falcon, Eduardo Samuel, Felipe Jorge Alespeit, mientras que aplicó ocho años al general retirado Federico Antonio Minicucci, en el momento de los hechos jefe del área militar 112.
Absueltos resultaron Carlos Horacio Tragant y Juan Avelino Rodríguez, quienes cesaron en la prisión domiciliaria.
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DE CARAS Y CARETAS – Montevideo 28/05/2016
Sentencia por el Plan Cóndor
Cordero condenado en Argentina a 25 años de prisión
Junto a Cordero fueron condenados 14 exmilitares y policías argentinos en la causa contra el Plan Cóndor.
Sentado en primera fila, Manuel Cordero escuchó sin inmutarse la sentencia leída en la sede del Tribunal Oral Federal 1 que lo condenaba a 25 años de prisión por su participación en el Plan Cóndor expresada en la privación de libertad de 11 personas entre las que se encuentra María Claudia Irureta Goyena de Gelman.
El denominado Plan Cóndor consistió en la coordinación represiva entre las dictaduras de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay para eliminar disidentes. Se desarrolló entre mediados de la década del 70 y principios de los 80. Si bien este juicio dio inicio hace tres años, tiene varias particularidades, entre ellas que las 174 víctimas son ciudadanas de los países referidos. Además, desde hace décadas se vienen denunciando los hechos, pero hace tres años comenzó el juicio uniendo las causas de la Operación Cóndor y los crímenes en el centro clandestino de detención Automotores Orletti.
Cordero, quién fue extraditado desde Brasil -donde vivía tras fugarse de Uruguay-, fue encontrado culpable por la privación de libertad de once personas, entre las que se cuentan el dirigente de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT) y de los obreros de Funsa, León Duarte. También de María Emilia Islas y Jorge Zaffaroni, padres de Mariana Zaffaroni, y de María Claudia Irureta Goyena de Gelman.
Junto a Cordero fueron condenados 14 exmilitares y policías argentinos, Entre estos se encuentran el exdictador Reinaldo Benito Bignone y a Santiago Omar Riveros -ex director del Institutos Militares-, ambos responsables por la detención ilegal de decenas de personas.
El expediente de este juicio contiene miles de documentos, archivos de varios países latinoamericanos y también pruebas desclasificadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos (44.000 sobre Chile y 3.000 sobre Argentina).
El juicio fue seguido en Uruguay desde la sede de la Embajada de la República Argentina por referentes de organizaciones de derechos humanos como Belela Herrera y Matilde Rodríguez Larreta.
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Del diario “La República” – Montevideo 27/05/2016
El coronel (r) Manuel Cordero fue condenado en Argentina a 25 años de prisión por el delito de asociación ilícita en su participación en el Plan Cóndor
El coronel (r) Manuel Cordero fue condenado en Argentina a 25 años de prisión por el delito de asociación ilícita en el marco de su participación en el Plan Cóndor de coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur, entre los años 70 y 80.
El juicio, el primero sobre los delitos de lesa humanidad cometidos bajo el Plan Cóndor, contra 17 militares argentinos y el militar uruguayo Manuel Cordero comenzó en el año 2013 en Buenos Aires.
Según se informó, el expediente del juicio contiene miles de documentos, archivos de varios países latinoamericanos y también pruebas desclasificadas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Este viernes, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de Bueno Aires se pronunció al respecto y determinó el procesamiento con prisión del ex presidente de facto argentino Reynaldo Bignone, a 20 años de prisión por la desaparición forzada de más de 100 personas durante el Plan Cóndor.
Bignone, de 88 años, ya cumple una cadena perpetua por múltiples violaciones de derechos humanos durante el gobierno de facto de Argentina (1976 – 1983). Fue presidente de 1982 a 1983.
La Justicia argentina también determinó que otros 16 militares fueran condenados por conspiración criminal, siete de los cuales -entre ellos Jorge Rafael Videla- han muerto en los tres años que han transcurrido desde el comienzo de la causa.
La condena de Cordero
Por su parte, el coronel (r) uruguayo Manuel Cordero, de 77 años de edad, fue condenado a 25 años de prisión por el delito de asociación ilícita en el marco de su participación en el Plan Cóndor.
Es el único militar condenado, de nacionalidad no argentina, por su intervención en la coordinación represiva de las dictaduras de los países del Cono Sur: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
En enero de 2010, Cordero fue extraditado a Argentina desde Brasil, donde estaba detenido desde el 26 de febrero de 2007.Cordero está acusado de la desaparición de once personas y la tortura a 32 presos durante la dictadura, delitos cometidos en el centro clandestino de detención de Buenos Aires “Automotores Orletti”.
DE LA DIARIA 28/05/2016
Un fallo de Justicia Universal
La sentencia del juicio que investigó y probó la coordinación represiva entre los Estados del Cono Sur es histórica. Hubo 15 condenas y dos absoluciones.
Una bandera uruguaya. Eso es lo primero que se ve en el palco de la sala de audiencias de los Tribunales Federales de Comodoro Py, en Buenos Aires. Allí víctimas, familiares, representantes de organizaciones de derechos humanos y periodistas escucharon durante más de una hora, después de tres años de juicio, la sentencia por los delitos de asociación ilícita y privación ilegal de la libertad de 105 personas en el marco de la megacausa Plan Cóndor. Pasadas las cinco de la tarde, el presidente del Tribunal Oral Federal 1, Oscar Amirante, leyó el fallo que alcanzó a 17 de los 31 represores juzgados (varios murieron en el proceso, entre ellos el dictador Jorge Rafael Videla) con penas que van desde 25 hasta ocho años de prisión. Hubo 15 condenas y dos absoluciones.
Es la primera vez que la Justicia reconoce que la Operación Cóndor- la complicidad de las dictaduras del Cono Sur- fue una asociación ilícita de coordinación represiva de seis países. Y es la primera vez, también, que un juicio de estas características trasciende las fronteras nacionales. “Todo el proceso puede ser pensado en términos de Justicia Universal”, dijo a la diaria la abogada querellante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Luz Palmás Zaldúa.
De las 105 personas cuyas desapariciones fueron investigadas en la causa, la mayoría (45) son uruguayas. El resto eran chilenos (22), paraguayos (13) bolivianos(11) y argentinos (14). Además, el único extranjero de los represores juzgados fue Manuel Cordero, el agente de Inteligencia uruguayo que coordinó con la Triple A argentina las detenciones, torturas y desapariciones del centro clandestino Automotores Orletti. Cuando se leyó la condena que le dio la pena máxima a Cordero, el público, que venía escuchando en silencio la lectura del fallo, estalló en aplausos. Parada en el fondo, abrazada a su marido, la diputada Macarena Gelman escuchó emocionada la condena al represor uruguayo culpable de desaparecer a su madre María Claudia García. La bandera uruguaya, sostenida por los integrantes del organismo Uruguayxs en Argentina por los Derechos Humanos, fue levantada bien alto.
Una investigación sin precedentes
Aunque el juicio oral empezó en 2013, la causa data de 1999. A pesar de las leyes de impunidad que había en Argentina, los abogados Emilio Mignone, Raúl Zaffaroni, David Baigun, Alberto Pedroncini y Martín Abregú comenzaron las primeras investigaciones recurriendo a la figura del desaparecido como un delito en continuidad, que se perpetúa en el presente. En ese momento contaban con un solo documento desclasificado del Departamento de Estado estadounidense. Con el tiempo, se sumaron 4 millones de fotogramas de archivos en el Archivo del Terror de Paraguay, 44 mil documentos desclasificados de Estados Unidos sobre Chile, 3 mil sobre Argentina. Pablo Ouviña, a cargo de la fiscalía, señaló en el juicio que estos no son todos los documentos y reclamó que se desarchiven el resto. Aún resta que muchas agencias de inteligencia estadounidenses hagan pública su “burocracia del horror”, como la llamó Ouviña.
Ese cúmulo de pruebas demostró, entre otras cosas, que la operación Cóndor, que tuvo su fundación en una reunión en Santiago de Chile en 1975, estaba dirigida a reprimir a los exiliados. Por eso la mayor parte de las víctimas fueron secuestradas en Argentina, el país que tuvo el último golpe de Estado en la sucesión de dictaduras de la región.
Presentes
La periodista Ivonne Trías, víctima del terrorismo de Estado en Uruguay y familiar de tres desaparecidos en Argentina, escuchó el fallo en primera fila junto al secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Milton Romani. Trías había declarado en 2013 por la desaparición de su hermana Cecilia, su cuñado Washington Cram González, y su esposo, Carlos Alfredo Rodríguez Mercader.
“Vine como testigo de la causa y como familiar. Además yo a Cordero lo conozco desde el ’72, cuando estuve presa en el cuartel donde él estaba. Lo vi actuar en una cantidad de casos en Uruguay y después en el ‘75 con uruguayos que viajaban a Argentina. En esta causa se trabajó exhaustivamente y de forma internacional. La prueba de los documentos fue contundente. Va a sentar un precedente”, dijo Trías a la diaria.
Romani, por su parte, había declarado como testigo en 2013 cuando se desempeñaba como embajador uruguayo ante la OEA. Su testimonio hizo hincapié en el caso del secuestro y apropiación de Mariana Zaffaroni y el accionar del ex agente de Inteligencia argentino Miguel Ángel Furci, uno de los tres condenados a la pena máxima, junto a Cordero y a Santiago Riveros, represor del centro clandestino Campo de Mayo. Furci, de gesto imperturbable, fue el único de los condenados que estuvo presente durante la lectura del fallo, donde se hizo mencionó por su nombre a cada una de las víctimas.
Entre el público estaban también Laura Conte, Nora Cortiñas y Taty Almeida (Madres Línea Fundadora), Vera Jarach (madres de Plaza de Mayo), Lita Boitano (Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas) y el chileno Anatole Julien. Julien, junto a su hermana Victoria, fueron los primeros nietos localizados por Abuelas de Plaza de Mayo. Los secuestraron con sus padres en Buenos Aires, el 26 de septiembre de 1976, cuando él tenía cuatro años y ella 18 meses. Estuvieron en Orletti, después en un centro clandestino en Montevideo, y finalmente los represores los abandonaron en una plaza de Valparaíso. Allí fueron adoptados por una pareja chilena. Anatole, que hoy es fiscal en ese país, viajó a Buenos Aires para escuchar la sentencia.
“Tenía muchas expectativas y esto un triunfo. Pero no en términos de un bando sino que lo veo como un hito histórico porque va a quedar asentado sí o sí y es algo que yo le alabo al pueblo argentino porque es en el único país donde se está haciendo justicia de forma sistemática. Es un megajuicio, un trabajo impresionante. Un tribunal acaba de asentar la complicidad de las dictaduras del sur para sustraer infantes como botín de guerra, para torturar, asesinar y además sustraer bienes materiales de las víctimas. Con mi hermana, es el tercer megajuicio en el que estamos involucrados. Declaramos en el juicio de Automotores Orletti y en del Robo Sistemático de Bebés. Pero este es el más histórico”, dijo a la diaria. La historia de Anatole y su hermana está reconstruida en el documental “Los huérfanos del Cóndor”, disponible en Youtube.
Taty Almeida llegó temprano junto a las otras Madres y se sentó en segunda fila, donde abundaban los pañuelos blancos y los bastones. Después de la lectura del fallo, esta luchadora de 85 años se abrazó con sus compañeras y con quien viniera a saludarla. Estaba exultante. “Este es uno de los tantos días históricos que las Madres, por la edad que tenemos, no pensábamos que íbamos a poder compartir. Y por qué no, disfrutar. Porque estamos celebrando, no creo festejando, porque si existe este juicio es porque faltan 30 mil. Pero sí es una celebración. Y una comprobación más una de las tres patas de nuestra lucha, ‘Memoria, Verdad y Justicia’ es otra vez una realidad”.
Al finalizar la lectura del fallo se escuchó un grito desde el fondo de la sala: ¡30 mil detenidos desaparecidos! Un centenar de personas respondieron: ¡presentes!
Condenas y absoluciones
El tribunal integrado por Oscar Amirante, Adrián Grünberg y Pablo Laufer condenó a Santiago Riveros, Manuel Cordero Piacentini y Miguel Ángel Furci a 25 años de prisión. A Riveros lo consideró culpable del delito de “asociación ilícita en el marco del denominado Plan Cóndor”. A Cordero, el tribunal lo encontró “coautor penalmente responsable del delito de privación ilegítima de la libertad cometida por funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley, agravada por mediar violencia o amenazas, reiterado en sesenta y siete oportunidades”.
Reynaldo Bignone, de 88 años y último presidente de facto de Argentina, fue condenado a 20 años de prisión, igual que Rodolfo Emilio Feroglio.
Humberto José Román Lobaiza fue condenado a 18 años de prisión.
Enrique Olea, Antonio Vañek y Eugenio Guañabens Perelló recibieron 13 años de prisión por asociación ilícita.
Eduardo de Lío, Luis Pepa, Carlos Caggiano Tedesco, Felipe Alespeiti y Néstor Falcón, 12 años mientras que a Federico Minicucci se lo condenó a 8.
En el juicio se absolvió a Juan Avelino Rodríguez y a Carlos Tragant.
El fiscal Pablo Ouviña y la fiscal ad hoc Mercedes Moguilansky habían pedido 25 años para Bignone, Riveros, Feroglio, Lobaiza y Furci. También para Cordero como partícipe necesario del secuestro de once víctimas.
Los fundamentos de la sentencia serán informados el 9 de agosto.
Ana Fornaro desde Buenos Aires, Argentina
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La culpa del Cordero
Manuel Cordero fue condenado a 25 años de prisión en Argentina.
El ex militar uruguayo Manuel Cordero fue condenado por la justicia argentina a 25 años de prisión como “partícipe necesario, penalmente responsable de privación de libertad en once casos”, según la sentencia. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Buenos Aires dio a conocer este viernes la decisión en el juicio oral por el Plan Cóndor y por la causa Automotores Orletti, que investiga crímenes de lesa humanidad durante las últimas dictaduras en el Cono Sur. Los jueces Oscar Amirante, Adrián Grünberg, Pablo Laufer y Ricardo Basílico leyeron la sentencia que condena a Cordero, único uruguayo imputado, y a otros 14, luego de un proceso que se inició en 2013.
Cordero fue acusado por la desaparición de los uruguayos Washington Cram, Alberto Mechoso, León Duarte, Ruben Prieto, Ary Cabrera, Adalberto Soba, José Hugo Méndez, Francisco Candia, María Emilia Islas Gatti, Jorge Roberto Zaffaroni y la argentina María Claudia García de Gelman, y fue procesado en 2010 por la justicia argentina.
Desde 2004 permaneció prófugo de la justicia uruguaya, cuando se fugó a la frontera con Brasil. En 2010 el ex militar fue detenido por la policía brasileña para ser extraditado a Argentina, por orden del juez Norberto Oyarbide y, en ese país, pasó a cumplir prisión domiciliaria, debido a los alegatos presentados por sus abogados acerca de su delicado estado de salud. En 2015, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 revocó la prisión domiciliaria y ordenó su envío a un centro de reclusión, tras comprobar incumplimientos de las restricciones que tenía.
Este viernes Cordero no estuvo presente en la lectura del fallo. Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el 9 de agosto. Este viernes Cordero no estuvo presente en la lectura del fallo. Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el 9 de agosto.
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Para después de los 25
Olivera, del PIT-CNT, opinó que la Justicia uruguaya debería pedir extradición de Cordero.
Habrá que esperar hasta el 9 de agosto para conocer los fundamentos de la sentencia que el viernes 27 condenó al ex militar uruguayo Manuel Cordero a 25 años de prisión. La decisión la tomó el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de la capital argentina, integrado por los jueces Oscar Amirante, Adrián Grünberg, Pablo Laufer y el juez sustituto Ricardo Basílico. El ex militar estaba requerido por la Justicia uruguaya por “privación de libertad y asociación para delinquir” por el secuestro y desaparición de Adalberto Soba y otros 27 uruguayos en 1976, y por la de Argentina por la causa Plan Cóndor. Estuvo prófugo en Santa Ana do Livramento, en la frontera con Brasil, hasta que en febrero de 2007 fue detenido por la Policía Federal de ese país. Sin embargo, la extradición a la vecina orilla se concretó recién en 2010.
El viernes, el punto 32 del veredicto condenó a Cordero “por considerarlo partícipe necesario penalmente responsable del delito de privación ilegítima de la libertad cometida por funcionario público en abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley, reiterado en 11 oportunidades en perjuicio” de Washington Cram, Alberto Mechoso, León Duarte, Ruben Prieto, Ary Cabrera, Adalberto Soba, José Méndez, Francisco Candia, María Emilia Islas Gatti, Jorge Zaffaroni y María Claudia García de Gelman, “a la pena de 25 años de prisión”. El tribunal también condenó a otros 14 acusados argentinos a penas de entre ocho y 25 años. El último punto de la sentencia indicó informar a la embajada uruguaya sobre la nueva situación judicial de Cordero. Según pudo saber la diaria, será recluido en un pabellón especial para condenados por delitos de lesa humanidad, en el Penal de Carlos Paz.
Es la primera vez que la Justicia reconoce que la Operación Cóndor fue una asociación ilícita de coordinación represiva de seis países. Y es la primera vez, también, que un juicio de estas características trasciende las fronteras. “Todo el proceso puede ser pensado en términos de justicia universal”, dijo a la diaria la abogada querellante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Luz Palmás Zaldúa.
De las 105 personas cuyas desapariciones fueron investigadas en la causa, la mayoría (45) son uruguayas. El resto eran chilenos (22), paraguayos (13) bolivianos (11) y argentinos (14).
La periodista Ivonne Trías escuchó el fallo junto al secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Milton Romani. Trías había declarado en 2013 por la desa- parición de su hermana Cecilia, su cuñado Washington Cram y su esposo, Carlos Rodríguez Mercader. “Vine como testigo de la causa y como familiar. Además, yo a Cordero lo conozco desde 1972, cuando estuve presa en el cuartel donde él estaba. Lo vi actuar en una cantidad de casos en Uruguay y después en 1975 con uruguayos que viajaban a Argentina. En esta causa se trabajó exhaustivamente y de forma internacional. La prueba de los documentos fue contundente. Va a sentar un precedente”, dijo Trías.
Otro que estuvo presente fue el chileno Anatole Julien, quien, junto a su hermana Victoria, fueron los primeros nietos localizados por Abuelas de Plaza de Mayo. “Tenía muchas expectativas, y esto es un triunfo. Pero no en términos de un bando, sino que lo veo como un hito histórico, porque va a quedar asentado sí o sí, y es algo que yo le alabo al pueblo argentino, porque es en el único país donde se está haciendo justicia de forma sistemática. Es un megajuicio, un trabajo impresionante. Un tribunal acaba de asentar la complicidad de las dictaduras del sur para sustraer infantes como botín de guerra, para torturar, asesinar y además sustraer bienes materiales de las víctimas”, dijo a la diaria.
Por si no alcanzan 25
El abogado Pablo Chargoñia opinó que el fallo dado a conocer el viernes “es trascendente” porque “ratifica lo que las organizaciones de derechos humanos han denunciado desde hace años acerca de la coordinación represiva internacional conocida como Plan Cóndor”. “Es importante, además, porque puede significar un ejemplo a seguir en otros sistemas judiciales, como el uruguayo, respecto de la noción de acciones penales imprescriptibles de la naturaleza del crimen de lesa humanidad, y colabora con información que puede nutrir a las causas que se están siguiendo en el Uruguay”, añadió. Chargoñia explicó que “todo avance que se da en la Justicia argentina contribuye a aportar información en los juicios en Uruguay”, ya que los abogados suelen pedir a los jueces que oficien en la Justicia de aquel país “esclarecer la participación de agentes del Estado uruguayo en territorio argentino”.
El abogado precisó que en 2006, cuando el juez Luis Charles procesó por primera vez a militares y policías uruguayos por delitos de lesa humanidad, “lo hizo también suponiendo la existencia de una coordinación internacional represiva: agentes del Estado uruguayo actuaban en Argentina, con una participación necesaria de agentes del Estado argentino”.
La hija de María Claudia García de Gelman, la diputada del Frente Amplio Macarena Gelman, que estuvo presente en la lectura de la sentencia, dijo a Página 12 que las condenas fueron “satisfactorias” y que “tienen, además, la particularidad de que incluyen al primer uruguayo condenado por el caso” de su madre, lo cual la hace “pensar en Uruguay”. “Sentir que se cierra un capítulo es difícil de decir o sentir, por la fragmentación de las causas, pero había una expectativa muy concreta, que era la sentencia a Cordero”, concluyó.
Por su parte, el representante de la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, Raúl Olivera, expresó que aún falta algo “sustancial”, que es conocer “los fundamentos” del veredicto. En referencia a las condenas, dijo que se trata de un resultado “alentador”, porque es “una causa que llevaba muchos años”. “Se cumplió un ciclo importante, y aspiramos a que el fallo y la manera en que se investigó sean un ejemplo para otros sistemas judiciales que en América tienen dificultades, en particular el caso de Uruguay”, agregó.
Olivera recordó que Cordero fue condenado sólo por 11 casos, y “no se le pudieron imputar” otros en los que también está vinculado. Opinó que Uruguay debería pedir la extradición del ex militar “por aquellos delitos que no asumió la Justicia argentina”, y recordó que además de tener un proceso por la causa Automotores Orletti, es acusado también en la causa iniciada en 2011 por 28 mujeres que denunciaron ser víctimas de tortura y violencia sexual en centros de detención de la dictadura.
Ana Fornaro y Luis Rómboli
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Estas son las sentencias
1-Santiago Omar Riveros: 25 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena.
2-Miguel Ángel Furci: 25 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua.
3-Reynaldo Benito Bignone: 20 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena.
4-Eduardo Samuel De Lío: 12 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena.
5-Humberto José Román Lobaiza: 18 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena.
6-Enrique Braulio Olea: 13 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena.
7-Luis Sadi Pepa: 12 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena.
8-Rodolfo Emilio Feroglio: 20 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena.
9-Carlos Caggiano Tedesco: 12 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena.
10-Antonio Vañek: 13 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena.
11-Eugenio Guañabens Perelló: 13 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena.
12-Felipe Jorge Alespeiti: 12 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena.
13-Manuel Cordero Piacentini: 25 años de prisión.
14-Néstor Horacio Falcón: 12 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena.
15-Federico Antonio Minicucci: ocho años de prisión.
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Cordero fue condenado a 25 años de prisión por su participación en el Plan Cóndor
La mayoría de los 18 acusados en este juicio, entre los que se encontraba el militar uruguayo, fueron condenados por “asociación ilícita” según el veredicto
Un tribunal argentino condenó el viernes al exdictador Reynaldo Bignone y al coronel retirado uruguayo Manuel Cordero a 20 y 25 años de prisión por su participación en el Plan Cóndor, un sistema criminal de coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur durante los años 70 y 80.
La mayoría de los 18 acusados en este juicio, iniciado en 2013 en Buenos Aires, fueron condenados por “asociación ilícita” con sentencias que van de 8, 12, 20 y 25 años, dependiendo de los casos probados a cada uno de los exmilitares acusados.
Bignone y Cordero no estuvieron presentes en la lectura del veredicto.
Los implicados, en su mayoría sentenciados por otras causas, dieron forma a un plan de secuestro, tortura y asesinato de opositores bajo los regímenes dictatoriales en Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.
De 88 años, Bignone fue condenado a 20 años como autor “penalmente responsable de integrar una asociación ilícita en el marco del denominado Plan Cóndor”, dijo el juez Oscar Almirante, al leer el veredicto.
Bignone fue el último presidente de facto que tuvo Argentina en la dictadura militar que entre 1976 y 1983 dejó unos 30.000 desaparecidos, según organismos humanitarios.
El ex militar uruguayo Manuel Cordero fue sentenciado como “partícipe necesario, penalmente responsable de privación de libertad en once casos”, según la sentencia.
Entre los casos probados contra Cordero destacó el vinculado con la desaparecida María Claudia García, nuera embarazada del poeta argentino Juan Gelman, fallecido en 2014.
La nieta de Gelman, Macarena fue entregada a una familia cómplice de la dictadura uruguaya, y recuperó en el 2000 su identidad a los 23 años.
Presente en el tribunal Macarena Gelman no ocultó su satisfacción al escuchar la condena a uno de los verdugos de su historia.
Sentar precedente
Entre las víctimas de este sistema coordinado entre países vecinos, unas 89 personas fueron secuestradas en Argentina, pero también hubo desapariciones en Paraguay (5), Uruguay (4), Bolivia (4) y Brasil (3).
“Éste es el primer juicio en Latinoamérica que logra arribar a una sentencia que dé por cierto lo que sabemos desde hace décadas: la existencia del plan criminal que significó el Plan Cóndor”, destacó la abogada Luz Palmas, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una ONG argentina de derechos humanos que representa a varias familias querellantes.
Se considera que es el primer proceso “que permitió desentrañar al Plan Cóndor como sistema criminal e institucionalizado”, dijo Palmas.
Según la investigación, los militares se comunicaban con una especie de télex bautizado “condortel”, enseñado por el Ejército de Estados Unidos en la Escuela de las Américas en Panamá.
El terror
Al iniciarse el juicio en 2013, entre los acusados estaba el exdictador argentino Jorge Rafael Videla (1976-1981), quien falleció poco después en su celda a los 87 años.
La represión en Argentina dejó 30.000 desaparecidos, según organismos humanitarios de este país que detenta el mayor número de condenas a represores de la época, en comparación con sus vecinos.
Unos 300 testigos desfilaron durante el proceso, inédito también por la cantidad de documentos de prueba.
Se analizaron millones de fotogramas pertenecientes al ‘Archivo del terror’ hallado en Paraguay en 1992, decenas de miles de documentos desclasificados por Estados Unidos sobre Chile y Argentina, además de otros develados en Buenos Aires en la última década.
En el banquillo figura también un exagente civil de inteligencia argentino, Miguel Angel Furci, acusado en otra causa paralela que se sumó a este juicio, bautizada Automotores Orletti II, con otras 67 víctimas.
Orletti fue un centro clandestino de detención en un antiguo taller mecánico en el oeste de Buenos Aires. En 1976 se torturó allí a extranjeros secuestrados en el marco del Plan Cóndor.
Por Orletti pasaron María Claudia García y Marcelo Gelman, nuera embarazada e hijo del poeta argentino Juan Gelman, fallecido en 2014. Su nieta Macarena, entregada a una familia cómplice de la dictadura uruguaya, recuperó en el 2000 su identidad a los 23 años.
La mano de Kissinger
En aquella época, Henry Kissinger era el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, que veía en las dictaduras sudamericanas un freno al avance del socialismo en el contexto de la Guerra Fría.
Palmas mencionó que se encontró una correspondencia entre un ministro argentino y Kissinger sobre el Plan Cóndor, donde se le expone a Washington “la necesidad de maximizar los esfuerzos contra el marxismo”.
“Si hay algo que deba ser hecho, hágalo rápidamente. Pero debe retomar rápidamente los procedimientos normales”, respondió Kissinger.
El Plan Cóndor preveía tres etapas: la identificación de los opositores, su eliminación o secuestro en los países sudamericanos y finalmente, la neutralización de los exiliados fuera de la región, explicó la abogada.
El plan se suspendió tras el asesinato de Orlando Letelier, excanciller del presidente chileno Salvador Allende, en Washington en septiembre de 1976, a manos de un exagente de inteligencia de Chile y de la CIA.
Fuente: AFP (Por Liliana Samuel)
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Coronel uruguayo de la dictadura fue condenado en Argentina
Varios ex militares de Argentina y Uruguay, entre los que se encuentra el coronel uruguayo retirado Manuel Cordero y el último dictador argentino Reynaldo Bignone, fueron condenados ayer por la Justicia argentina, acusados de participar en el Plan Cóndor durante las dictaduras que asolaron el continente sudamericano durante las décadas de 1970 y 1980. Cordero, de 77 años, fue sentenciado a 25 años de prisión, mientras que Bignone, de 88, deberá cumplir una condena de 20 años.
Manuel Cordero había sido extraditado desde Brasil hacia Argentina en 2010 y estaba detenido en su domicilio hasta que el año pasado la Justicia argentina decidió revocar esa condena domiciliaria para trasladarlo a un centro de reclusión. Cordero fue el único extranjero enjuiciado ayer.
El exmilitar uruguayo fue sentenciado como “partícipe necesario, penalmente responsable de privación de libertad en once casos”, según estableció la sentencia. Entre los casos probados contra Cordero destacó el vinculado con la desaparecida María Claudia García, nuera embarazada del poeta argentino Juan Gelman, fallecido en 2014. La diputada Macarena Gelman, nieta del poeta, estuvo presente en los tribunales. Sin embargo, ni Cordero ni Bignone estuvieron presentes mientras se leía su veredicto.
Bignone, por su parte, fue condenado a 20 años como autor “penalmente responsable de integrar una asociación ilícita en el marco del denominado Plan Cóndor”, según sentenció el juez Oscar Almirante, quien tuvo la responsabilidad de leer el veredicto.
Bignone fue el último presidente de facto que tuvo Argentina en la dictadura militar que entre 1976 y 1983 dejó unos 30 mil desaparecidos, según contabilizan organismos humanitarios.
La mayoría de los 18 acusados de este juicio, iniciado en 2013 en Buenos Aires, fueron condenados por “asociación ilícita”, según el veredicto del juez. Los implicados, en su mayoría sentenciados por otras causas, dieron forma al plan de secuestro, tortura y asesinato de opositores denominado Plan Cóndor, gestado bajo los regímenes dictatoriales en Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.
En la causa abierta a fines de la década de 1990 y que llegó a juicio recién en el año 2013, se abordó el caso de 105 víctimas del operativo, de los cuales 45 eran uruguayos, 22 chilenos, 13 paraguayos, 11 bolivianos y 14 argentinos.
Algunos testigos viajaron desde distintas partes del Cono Sur para escuchar en Buenos Aires una sentencia que fuera más allá de la condena, como el caso del periodista Federico Tatter, hijo de un militar paraguayo desaparecido tras pasar por el centro de tortura argentino el Olimpo.
“Este es el primer juicio en Latinoamérica que logra arribar a una sentencia que dé por cierto lo que sabemos desde hace décadas: la existencia del plan criminal que significó el Plan Cóndor”, destacó la abogada Luz Palmas, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una ONG argentina de derechos humanos que representa a varias familias querellantes.
Se considera que es el primer proceso “que permitió desentrañar al Plan Cóndor como sistema criminal e institucionalizado”, dijo Palmas.
Fuente: Agencias