80 años del comienzo de la Guerra Civil en España es una fecha para varias generaciones que aún se desgarran en los principios fundamentales de esta Guerra. Ella fue el “ensayo” de lo que vendría 3 años después, al estallar la II Guerra Mundial. La influencia que ha ejercido esta guerra fraticida, una España contra otra, sigue en otros planos entre los cuales fundamentalmente se encuentran el desesperante y contínuo preguntarse ¿Dónde Están? de aquellos “desaparecidos” o aquellos que fueron enterrados y desaparecidos sus rastros. Para solo presentar un pantallazo de lo que ha sido la lucha desde todos los puntos del planeta y fundamentalmente en el suelo español de buscar la Verdad e imponer una Justicia. Comenzamos con un artículo aparecido en el 2009, en el diario español El País, y en el que se nombra la actividad de nuestro amigo y miembro de nuestra Asociación el Magistrado Louis Joinet.
La impunidad del franquismo
Son 114.266 personas las que, según el auto dictado por el juez Garzón el 16 de octubre de 2008, desaparecieron, en el contexto de crímenes contra la humanidad, entre julio de 1936 y diciembre de 1951, en el curso de la Guerra Civil española y, ulteriormente, durante la dictadura fascista de Franco.
La violación de los derechos humanos ha sido una desgraciada realidad a lo largo de la historia de la humanidad; sus autores, en la inmensa mayoría de las ocasiones, han quedado impunes, y a las víctimas y a sus familiares, en otras tantas, se les ha privado de la necesaria tutela judicial en los tribunales internos.
Por ello, la comunidad internacional ha ido estableciendo diferentes compromisos, ineludibles para todel Boletín Oficial del Estado. El dinero destinado a esta causa ascendió desde 2006 paulatinamente, hasta llegar a su os los Estados, a fin de garantizar la búsqueda de la verdad, la reparación a las víctimas y el castigo de los autores de los más graves crímenes contra la humanidad. Es decir, garantizar el derecho de las víctimas y sus familiares a la justicia, como garantía del principio esencial, del que debe prevalerse todo Estado, de no repetición de los crímenes.
Señalaba, el relator de Naciones Unidas, Louis Joinet que “para pasar página, hay que haberla leído antes”.
Baltasar Garzón, que ha cumplido con su deber con apego a la ley, se encuentra imputado
España ignora a sus propias víctimas y atormenta a sus familiares
Respecto de los familiares -como lo ha reiterado la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 16 de julio de 2009 en el caso Karimov contra Rusia– la ausencia de búsqueda oficial de los desaparecidos supone un trato cruel e inhumano. Dicho de otra forma, los familiares de los desaparecidos sin respuesta oficial son víctimas de tortura.
Desde la Convención de Ginebra de 1864 sobre leyes y costumbres de la guerra, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, pasando por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 o los recientes Principios o Directrices de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos adoptados en el año 2005, es indudable el deber, moral y jurídico, de toda la comunidad internacional y de cada uno de los Estados que la componen, de perseguir graves crímenes contra la integridad y dignidad humana.
Las desapariciones forzadas, han sido calificadas por las Naciones Unidas como un ultraje a la dignidad humana, reconociendo el derecho a un recurso judicial rápido y eficaz, como medio para determinar el paradero de las personas privadas de libertad o su estado de salud, o de identificar a la autoridad que ordenó la privación de libertad o la hizo efectiva. Como otros crímenes semejantes, considerados de lesa humanidad, no son amnistiables ni prescriptibles según la evolución del Derecho Penal Internacional desde los principios de Núremberg.
Esa obligación de perseguir y castigar los más graves atentados contra la humanidad es aplicada sólo por algunos Estados, y de forma interesada. Y España ha de entonar por desgracia, y con gran vergüenza, el mea culpa.
España que se congratulaba en ser uno de los pioneros en la aplicación del principio de justicia universal, hoy desgraciadamente en entredicho, ignora a sus propias víctimas, somete a tormentos (según la indicada doctrina del Tribunal Europeo) a sus familiares y desoye las obligaciones contractuales internacionales dimanantes de tratados y convenios suscritos e incorporados a su ordenamiento jurídico.
Recientemente, el Comité de Derechos Humanos, en su periodo de sesiones de octubre de 2008, examinando los informes presentados por los diferentes Estados, y antes de que se declarase la Audiencia Nacional incompetente para conocer de las desapariciones que tuvieron lugar durante y después de la Guerra Civil, señaló que “está preocupado por el mantenimiento en vigor de la Ley de Amnistía de 1977”, y recordó que “los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y aunque toma nota con satisfacción de las garantías dadas por el Estado parte en el sentido de que la Ley de la Memoria Histórica prevé que se esclarezca la suerte que corrieron los desaparecidos, observa con preocupación las informaciones sobre los obstáculos con que han tropezado las familias en sus gestiones judiciales y administrativas para obtener la exhumación de los restos y la identificación de las personas desaparecidas”.
El comité recomendó no sólo la derogación de la Ley de Amnistía, sino el auténtico restablecimiento de la verdad histórica sobre todas las violaciones -se produjesen por quien se produjesen- de los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, añadiendo que ha de permitirse a las familias que identifiquen y exhumen los cuerpos de las víctimas y, en su caso, indemnizarlas.
La naturaleza de crimen de lesa humanidad que supone la desaparición forzada de personas es, por tanto, indiscutida, en particular cuando se comete de forma grave o sistemática contra la población civil. Lo señalaba también la Convención de 2006 sobre Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, determinando la obligación de los Estados de investigar los hechos y juzgar a los culpables.
Han transcurrido más de 12 años desde que, el 28 de marzo de 1996, la Unión Progresista de Fiscales interpusiera la primera denuncia por los crímenes cometidos por los responsables de la dictadura militar argentina en los años 1976 a 1983. A partir de entonces, se han sucedido en la Audiencia Nacional española, como órgano competente para la instrucción y enjuiciamiento de los crímenes acogidos bajo la jurisdicción universal, diversas denuncias por crímenes internacionales ocurridos en diferentes países que han dado lugar a un amplio debate sobre el principio de jurisdicción universal.
Sin embargo, más de 70 años después de los hechos, en España se sigue sin conocer qué pasó, quién ordenó las ejecuciones, quién practicó las detenciones, y qué sucedió con los, al menos, 114.266 desaparecidos que se han documentado judicialmente.
La obligación de investigar, juzgar, castigar y reparar se ha obviado, de forma incoherente, en España. Peor aún, el único juez, Baltasar Garzón, que ha cumplido, con apego a la ley, coherencia, valentía y riesgos evidentes con el deber de contribuir a satisfacer las demandas de las víctimas, se encuentra cuestionado e imputado por quienes tendrían el deber ineludible de propiciar que España honre sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Señalaba, el relator de Naciones Unidas, Louis Joinet que “para pasar página, hay que haberla leído antes”.
No olvidemos a esos 114.266, con sus nombres, apellidos e historias. Con sus madres, hermanas o hijos. No sigamos tolerando que se torture a sus familias. El olvido y la impunidad no es solamente fuente de dolor para las víctimas, es una herida abierta que lesiona la democracia. Bien dijo Francisco de Quevedo: “Menos mal hacen los delincuentes, que un mal juez”.
Firman este artículo José Saramago, Premio Nobel; José Jiménez Villarejo, ex presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo; Enrique Gimbernat Ordeig, catedrático de Derecho Penal; Javier Moscoso del Prado y Muñoz, ex fiscal general del Estado; Luis Guillermo Pérez, secretario general de la Federación Internacional de Derechos Humanos, y Hernán Hormazábal Malaree, catedrático.
Este articulo apareció en la edición impresa del Miércoles, 16 de septiembre de 2009
———————————————————-
18 de julio
Españoles, ¿Franco ha muerto?
Las heridas del golpe de estado que provocó la Guerra Civil siguen abiertas 80 años después y más presentes que nunca
España sigue anclada en aquel maldito 18 de julio de 1936. Han pasado 80 años, pero sus heridas siguen abiertas y sangrando. Aquel golpe de estado que condujo a la Guerra Civil sigue retumbando hoy. España no se quita la costra, no acaba de pedir perdón, no se reconcilia, porque todavía somos herederos de aquel país partido por la mitad que aún tienen deudas con su historia.
Como dice Martí Marín -miembro directivo del Centro de Estudios sobre las Épocas Franquista y Democrática (CEFID)- “cuando hablamos de historia hablamos de presente”. “La guerra civil tiene que seguir dividiéndonos”. Dice que así seguiremos distinguiéndonos “de los favorables a la dictadura, que aún los hay”: “Hay heridas personales, más allá de políticas, difíciles de restañar. Donde hay sangre y muertos, no cabe el abrazo”. Expone que los descendientes de quienes lucharon en un bando o en otro se han ido mezclando y que ahora lo habitual no es preguntar “¿A qué bando perteneces?”, sino “¿Con qué bando te identificas?”: “En cualquier caso, si somos demócratas, siempre tendremos que identificarnos con los perdedores”.
La muestra de que seguimos separados y arrastrando el 18 de julio, y de que esto se usa políticamente, es la división que genera un asunto como la Memoria Histórica. Cualquier iniciativa o propuesta al respecto se encuentra con las iras de un sector con la sociedad que no quiere que se recuerde, que quiere correr un velo encima de los muertos en las fosas. “Imagínate la gente que cada día pasa por las calles Yagüe, Varela… y piensa: estos son los que mataron a mi padre”, explicaba a este periódico Arturo Peinado, presidente de la Federación de Foros por la Memoria, intentando explicar por qué es necesario quitar las calles que recuerdan a aquellos que mataron a su abuelo.
Imagínate la gente que cada día pasa por las calles Yagüe, Varela… y piensa: estos son los que mataron a mi padre
Y es que ya no hay dinero para recuperar la Memoria Histórica. La amnesia del Gobierno se remonta a 2013 cuando borró la partida presupuestaria destinada a su recuperación. En 2007 entró en vigor la Ley de la Memoria Histórica “por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”, según recoge el Boletín Oficial del Estado. El dinero destinado a esta causa ascendió desde 2006 paulatinamente, hasta llegar a su punto álgido en 2011 con más de seis millones de euros, pero en 2013 el capital cayó en picado, desapareció. Y hasta hoy.
Hay gente que se niega a olvidar. Que pide justicia y que sigue al pie del cañón. Nietos, sobrinos e hijos de represaliados del franquismo que nunca olvidaron una promesa hecha a los suyos. Saber dónde se encontraban sus familiares desaparecidos. Ocho décadas después del inicio de la guerra civil española, la batalla continúa. “Ahora te vas a poner a buscar después de tantos años”, es la respuesta con la que se encontraba Miguel cuando iba a los ayuntamientos a pedir datos o informes para intentar cerrar una herida marcó para siempre la vida de los suyos.
——————————————————
HERIDAS DE LA GUERRA CIVIL
Ni voluntad política, ni dinero: ¿por qué no interesa la Memoria Histórica?
Desde 2012 el Estado no da fondos, los partidos no hablan. Mientras las familias buscan.
Imagínate la gente que cada día pasa por las calles Yagüe, Varela… y piensa: estos son los que mataron a mi padre”. Arturo Peinado es el presidente de la Federación de Foros por la Memoria y dice esto pensando que en esas calles se recuerdan a aquellos que mataron a su abuelo.
Cuando la memoria histórica parecía alejada del debate mediático el Ayuntamiento de Madrid, se propuso renombrar el callejero de la capital. Como contó EL ESPAÑOL, esta medida se debía a que “Madrid ha sido el escenario de una guerra que en total ha dejado a más de 144 mil desaparecidos y 40 años de dictadura, de olvido, de exilio, de miedo y de silencios”, como contó Celia Mayer, concejala del área de Cultura y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, durante el pleno donde se anunció la medida. Pero, la propuesta no estuvo exenta de fallos: la corporación de Carmena tuvo errores garrafales al equivocar personajes históricos. Una buena metáfora de que la memoria histórica es más que olvidadiza.
Sin embargo, Madrid ha hecho historia mientras otros olvidan. La amnesia del Gobierno se remonta a 2013 cuando borró la partida presupuestaria destinada a la recuperación de la memoria histórica. En 2007 entró en vigor la Ley de la Memoria Histórica “por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”, recoge el Boletín Oficial del Estado. El dinero destinado a esta causa ascendió desde 2006 paulatinamente, hasta llegar a su punto álgido en 2011 con más de seis millones de euros, pero en 2013 el capital cayó en picado, desapareció. Y hasta hoy.
En 2014 se repatriaron los cuerpos de los soldados de la División Azul. En sesión parlamentaria el Ministerio de Defensa aceptó que había colaborado en el proceso. Sin embargo, dos años más tarde este mismo Ministerio ha afirmado a EL ESPAÑOL no tener ninguna información sobre el tema. En ese momento la oposición rechazó al Gobierno la falta de financiación para la exhumación de víctimas de la dictadura. Para Emilio Silva, presidente de la Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica, “no se puede buscar solo a unos muertos”.
Respecto a las subvenciones de Zapatero Silva explica que “se dieron para ver si se calmaba el movimiento”. Añade que su colectivo “nunca ha pedido subvenciones, porque se tiene que responsabilizar el gobierno”. En aquellos años y ahora “seguimos haciendo la función que le corresponde al Estado, porque las familias se dirigen a nosotros”, afirma Silva.
¿Qué funciones? Fundamentalmente atender a aquellos que desean recuperar a sus seres queridos. En la Federación de Foros por la Memoria “se hacen publicaciones, labores de difusión, presión política, retirada de calles… También hacemos quincenas de exhumación de las fosas comunes, cosa que no es tan fácil porque nosotros somos voluntarios, desde los arqueólogos hasta los abogados, de modo que aprovechamos cuando tenemos vacaciones”, explica Peinado. Estas labores son parecidas en el caso de la Asociación que preside Silva quien señala que “el trabajo más importante “es la búsqueda de los desaparecidos y, después, buscarles documentación, recibimos un montón de peticiones que debería responder el Gobierno”. Actualmente estas asociaciones sobreviven de las cuotas de los socios y Sin embargo, Madrid ha hecho historia mientras otros olvidan. La amnesia del Gobierno se remonta a 2013 cuando borró la partida presupuestaria destinada a la recuperación de la memoria histórica. En 2007 entró en vigor la Ley de la Memoria Histórica “por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”, recoge punto álgido en 2011 con más de seis millones de euros, pero en 2013 el capital cayó en picado, desapareció. Y hasta hoy.
La Federación de Foros por la Memoria realiza las exhumaciones “en forma de protesta, de manera reivindicativa porque esto no puede estar privatizado”, señala el presidente. El actual modelo responsabiliza a las familias del proceso exhumatorio y, también, de los gastos económicos que se generan de él. Cuando alguien quiere buscar a su abuelo, a su tío ¿dónde acude? La Administración Pública no responde en la mayoría de los casos y llaman a la puerta de las asociaciones. Es decir, el proceso se invierte y la responsabilidad recae sobre la sociedad civil.
¿Esto es normal? Cabe preguntarse si en el resto del mundo se sigue este protocolo. En julio de 2014 la ONU hizo un informe sobre el tema, tras la visita del Relator Especial Pablo de Greiff.
El documento buscaba evaluar la situación de las víctimas de la Guerra Civil en materia de: promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Si bien pone como ejemplo la implantación de la democracia en España, señala que “los esfuerzos por responder a los legados de la Guerra Civil y de la dictadura en casi todos los pilares del mandato han sido caracterizados por la fragmentación”. El Relator califica de “urgentes” los reclamos de que las familias puedan sepultar a sus seres queridos y critica el modelo de “privatización” de las exhumaciones porque además de las dificultades metodológicas y de homologación, conlleva complicaciones en la oficialización de la verdad. A modo de conclusión, el informe afirma que “la fortaleza de las instituciones democráticas no se puede medir por su capacidad de silenciar”.
La ONU califica de “urgentes” los reclamos de las familias para que puedan sepultar a sus seres queridos por la edad avanzada de los testigos.
El año anterior a este informe, el Gobierno de España había invitado al Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas. El documento que resumía la visita calificaba de “importantes pero tímidos” los pasos para recuperar la memoria, la justicia y la verdad frente a las desapariciones forzosas de la Guerra Civil y la dictadura. Además, el Grupo de Trabajo tras reunirse con centenares de familias destacaba su frustración por las trabas burocráticas y la dificultad para acceder a la información que podría indicarles dónde estaban sus desaparecidos. Uno de los aspectos más importantes del documento reside en la urgencia que señala el Grupo de Trabajo en resolver el tema porque “dado el transcurso del tiempo desde que la mayor parte de las desapariciones forzadas comenzaron a ejecutarse y la edad muy avanzada de muchos testigos y familiares, es urgente que el Estado adopte como una inmediata prioridad la búsqueda de la verdad y en particular sobre la suerte y el paradero de las personas desaparecidas”.
Las asociaciones se basan en estos dos documentos para reivindicar una mayor dedicación por parte del Estado. El segundo informe destacaba las labores que comunidades como Cataluña, el País Vasco o Andalucía desarrollaban en la búsqueda de desaparecidos. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, eres gallego, cántabro o alicantino? “En Galicia no te saca nadie, pero en Aragón sí, no es justo”, señala Peinado. “En algunas comunidades hay legislación, pero es limitada por las competencias autonómicas, esto debería ser una política de Estado y una competencia de Justicia”, afirma el presidente del de la Federación de Foros por la Memoria.
Peinado no es el único que piensa así, de hecho el año pasado se reunieron 80 asociaciones de esta índole en Madrid para elaborar una propuesta de ley de las víctima del franquismo. Pero todavía no les ha recibido nadie. “Ningún partido lleva de manera concreta este asunto en sus programas, el PSOE habla de revitalizar la ley y dotarla de presupuesto y Unidos Podemos lo trata de manera general y ambigua”, señala.
La efeméride da una percha informativa pero hay muchas familias que 80 años después tienen heridas sin cerrar. Tanto tiempo después, ¿por qué? El periodista Gorka Moreno ha dedicado parte de su vida a responder a esta pregunta, no tiene ninguna vinculación personal con el tema, pero a través de los testimonios de aquellos que no saben dónde están sus parientes ha comprendido que se trata de “duelos abiertos” y que no se pueden cerrar porque la historia todavía no ha terminado, en gran medida “porque no se les ha dado sepultura”, afirma. Moreno relata la historia de Josefina Lamberto, “un símbolo de la memoria histórica navarra”. “Violaron y mataron a su hermana de 12 años, Maravillas, y también mataron a su padre”, cuenta el periodista. Lograron encontrar a Maravillas pero aunque “había informaciones de dónde estaba su padre, fue imposible encontrar su cuerpo”. En la lucha de Josefina, señala Moreno, gente tanto de izquierdas como conservadora colaboró en la búsqueda. “Mientras haya muertos en las cunetas tenemos una deuda con la sociedad”, sentencia.
Hay que quitarse las banderas y las camisas y ver a las víctimas con nombres y apellidos
La experiencia del periodista le ha llevado a comprender que “independientemente de los colores” la Memoria Histórica se trata de un “gesto de humanidad y civismo” porque “la justicia no entiende de bandos”. “En España nos falta a menudo serenidad a la hora de mirar al pasado, tendemos a hablar con las tripas, pasa con ETA, con la Guerra… Tenemos que comprender que aunque a un hijo de fusilado no le podemos pedir que no lo haga, el resto de la sociedad tenemos que trabajar por unir a las dos españas”, afirma. “Hay que quitarse las banderas y las camisas y ver a las víctimas con nombres y apellidos”.
Para visitar el centro de información sobre la lucha por la Memoria toque la última imágen