Identifican restos de italiana secuestrada en Montevideo
Fue secuestrada en el marco del Plan Cóndor en 1977
Fueron identificados en Paraguay los restos de una ciudadana italiana secuestrada en Montevideo y de un hombre de nacionalidad paraguaya, asesinados durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), en operativos realizados en el marco de la Operación Cóndor.
Los restos fueron identificados gracias al método de comparación genética, informa la agencia Sputnik. “Esto empezó hace mucho tiempo, con los familiares, las víctimas sobrevivientes, militantes políticos y de derechos humanos”, dijo Rogelio Goiburú, quien lidera el equipo de búsqueda, al diario ABC Color.
Se descubrió que los restos de la mujer pertenecían a Rafaela Giuliana Fillipatzzi, una italiana que vivía en Argentina y que fue detenida en Montevideo en 1977 en el marco del Plan Cóndor. “Hace 40 años buscamos a nuestros familiares (…) Hablo de un poco de paz porque esto para mí no termina hasta por lo menos saber qué pasó, por qué la secuestraron, por qué la maltrataron y la asesinaron, dejándome huérfana con solo 12 años”, afirmó una de las hijas de Fillipatzzi en una carta.
Mientras tanto, los restos del hombre correspondían a Miguel Ángel Soler, ciudadano paraguayo desaparecido hace 40 años y nueve meses y quien fue secuestrado en su casa por la policía durante la dictadura por ser militante del Partido Comunista.
El encargado del equipo de recuperación, Rogelio Goiburú, es hijo de Agustín Goiburú, desaparecido hace más de 40 años durante la dictadura.
“El desafío es todavía muy grande porque estamos buscando a más de 500 desaparecidos”, señaló Goiburú.
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Aparecieron en Paraguay
Miguel Ángel Soler y Rafaela Giuliana Fillipatzzi
Un hombre y una mujer son las primeras dos víctimas desaparecidas durante los años de la dictadura cuyos restos óseos fueron identificados gracias al trabajo de búsqueda y comparación genética Miguel Ángel Soler y Rafaela Giuliana Fillipatzzi, los desaparecidos cuyos restos óseos fueron individualizados.
Fillipatzzi había desaparecido en Montevideo en 1977
Sus restos fueron reconocidos después de casi cuatro décadas de haber desaparecido. “Lamento enormemente no poder estar presente por razones de fuerza mayor, pero principalmente creo no poder soportar estar allí y no poder traer conmigo los restos de mi madre, aunque entiendo que por trámites legales debo esperar un tiempo más”, señaló una de las hijas de Rafaela Fillipatzzi en una carta enviada.
“Respecto a los viejos dales mil abrazos y deciles que estoy bien, que no se preocupen, yo trato de superarme día a día y que en cuanto esté recuperada nos olvidaremos de mis penas (sic)”. Así, Rafaela Giuliana Fillipazzi intentaba transmitir en una carta de noviembre de 1977 un poco de calma a amigos y familia que la esperaban en Argentina y que no sabían mucho sobre su situación en el penal de mujeres Buen Pastor de Asunción, donde había llegado un par de meses antes. Según publica la agencia estatal argentina Télam, la mujer, de nacionalidad italiana, llegó con su familia desde Europa huyendo de la Segunda Guerra Mundial cuando tenía un año y se asentaron en Bahía Blanca, una ciudad ubicada al sur de la provincia de Buenos Aires. Rafaela Fillipazzi residía en Buenos Aires y desde joven comenzó a militar en el socialismo, tenía dos hijos y trabajaba en una farmacia ubicada en la esquina de las calles Uruguay y Arenales, del barrio Norte de la capital del vecino país. Precisamente, su militancia socialista se convertiría en el peor de sus pecados en una época en la que las dictaduras militares de ultraderecha gozaban de buena salud en esta parte del continente. Como tantos otros, comenzó a ser perseguida por el simple hecho de pensar diferente o ser opositora al gobierno de Rafael Videla. Esta persecución la obligó a viajar a Uruguay, Brasil y Paraguay, huyendo de los opresores militares. Finalmente, en 1977 decidió regresar a Montevideo. Rafaela y su esposo, llamado José Agustín Potenza, un militante peronista que trabajaba como funcionario de la Biblioteca del Congreso argentino, se encontraban hospedados en el hotel “Hermitage” de la capital uruguaya cuando en junio de 1977, una comitiva de la Policía paraguaya los secuestró.
Rafaela Giuliana Fillipazzi fue secuestrada en Uruguay en 1977 por agentes de la Policía paraguaya en el marco del “Plan Cóndor”. Sus restos fueron hallados en una fosa común en Asunción en 2009 y fue identificada recién 2016 ¿Su pecado? Su militancia.
Para capturar a los militantes argentinos, la policía de nuestro país contó con el apoyo de sus pares uruguayos en el marco del “Plan Cóndor”, una operación conjunta de coordinación de acciones y mutuo apoyo principalmente entre las cúpulas de los regímenes dictatoriales de Chile, Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay. La coordinación implicaba el seguimiento, detención, interrogatorios con tortura, traslados entre países y desaparición o muerte de personas consideradas en aquellos días como subversivas del orden instaurado o contrarias al pensamiento político o ideológico impuesto en aquellos días.
De acuerdo al “Archivo del Terror”, hallado en Paraguay en 1992, al menos 50.000 personas fueron asesinadas en el marco del Plan Cóndor, 30.000 fueron desaparecidas y al menos 400.000 encarceladas. Rafaela y José Agustín fueron trasladados hasta el departamento de Investigaciones de la Policía paraguaya. A ella la terminarían llevando al penal del “Buen Pastor”, el reclusorio de mujeres de Asunción; y a él lo trasladaron al penal de Emboscada, uno de los sitios habitualmente utilizados por la dictadura de Alfredo Stroessner para el destino de presos políticos y torturados.
De acuerdo al intercambio de cartas entre Rafaela Fillipazzi y su amiga Cecilia Benac, nunca supieron explicarle el porqué de su detención y mantuvo siempre la esperanza de poder algún día salir libre y volver a su casa para poder abrazar a sus padres y a sus dos hijas. “No puedo entrar en detalles por factor tiempo y por más que quisiera contarte no entenderías nada ya que ni yo entiendo lo que pasa, sólo es una mala noticia la que te mando estoy enferma hace mucho tiempo acá en Paraguay y sin tener noticias de nadie ni poder comunicarnos con nadie”, le escribiría Rafaela a Cecilia en setiembre de 1977.
En las cartas, Rafaela hablaba de su detención como si tratara de una internación y de su secuestro como si fuera un accidente ocurrido en Montevideo, de acuerdo a documentos rescatados por la Secretaría de Derechos Humanos de Uruguay. “Si escribís no pongas mi nombre por la carta mandala a nombre de la persona que te la mande. Te mando un abrazo grandote y un beso para los tuyos, no me olvides. Chau, yo. Ti voglio bene (sic)”, terminaba su carta. Rafaela no quería que sus padres, a los que cariñosamente llamaba “viejos” en las cartas, se enteraran de su situación y pedía que no se lo contaran si no estaban al tanto. Ambos estaban avanzados en edad y noticias así podían afectar su delicado estado de salud. “Las cosas siguen igual, mi caso es sumamente extraño me dicen que me quede tranquila que no pasa nada pero todo sigue igual, sin mejorías, yo no te puedo explicar el motivo ya que es un caso que no tienen explicación fundamental, ese es el motivo por el cual no se avisó a la familia, todos los días viene el médico y me pregunta por mis antecedentes de salud y lo único que puedo explicar es que todo estaba bien (ilegible) hasta que me internaron, ni yo puedo explicarme por qué esta condolencias ni vos entenderías ya que de medicina no entendés nada ni conocés nada capito (sic)”, contaba en otra carta fechada en noviembre de 1977.
De acuerdo a su propio relato, el “accidente” (su detención) había tenido lugar el 27 de junio de aquel año y fue trasladada al lugar de reclusión en el que se encontraba el 9 de julio. “Dios no te abandona, sólo en él tengo puesta toda mi esperanza, la fe es lo único que tengo intacto, lo que sí te pido que al tío de Italia no le digan nada o mejor dicho que ni aparezca si querés escribile y decile que estamos bien, porque si llega a viajar vos sabés que armaría un escándalo e una bomba di tempo y entonces me mataría del todo. Capito” (sic), agregaba líneas más abajo. Las cartas eran enviadas a través de un supuesto policía que se hacía llamar Capurro, pero que -de acuerdo a los testimonios- en realidad se llamaba Dionisio Orrego Limpio. Desde noviembre de 1977, Rafaela no volvió a escribir y la desesperación de familiares y amigos fue en aumento. Con la caída de la dictadura en Argentina y ya en 1984, su madre, Ida Zorzini, presentaría la denuncia de su desaparición, una lucha que seguiría luego la hija de la militante, Ida Beatriz García, quien tenía apenas 12 años cuando desapareció Rafaela. “Me pasé toda mi vida buscando desesperadamente en los tres países en los que ella estuvo”, relató la hija de Rafaela en una carta enviada a Paraguay y leída este martes, durante la conferencia de prensa en la que anunciaron la identificación de sus restos. En 2007, Lidia Franco, una víctima sobreviviente de la dictadura stronista en Paraguay, relató que había visto por última vez a Rafaela y José Agustín en el departamento de Investigaciones de la Policía.
Los habían trasladado ahí debido a la visita de una comitiva de la Cruz Roja. “Mi madre viene denuncia a Amnesty y la Cruz Roja, esta última, la tercera vez por orden de Stroessner entra en Investigaciones y nos trasladan, junto a ochenta detenidos, arriba en un calabozo dos parejas -él se llamaba José Potenza y ella se llamaba Rafaela Filipazzi, desaparecida- nos trasladan de ahí y la Cruz Roja encuentra vacío el lugar; fuimos a Emboscada como detenidos políticos, denominados “Grupo Encarnación”, sin nombre y apellidos”, relató ante la Comisión de Verdad y Justicia Lidia Franco. Los restos de Rafaela fueron hallados durante una excavación realizada en marzo de 2013 en el predio de lo que hoy es la Agrupación Especializada de la Policía, denominada en los años de la dictadura “Guardia de Seguridad”. Como tantos otros, sus restos fueron enterrados en una fosa común, sin nombres ni nada que permitiera su identificación.
Finalmente, tras un largo proceso encabezado en Paraguay por Rogelio Goiburú, uno de los hijos del Dr. Agustín Goiburú, militante político del gobernante Partido Colorado y desaparecido también en el marco del Plan Cóndor, los restos fueron enviados a Argentina. En el vecino país, los restos óseos fueron examinados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que consiguió identificar finalmente a Rafaela, casi 40 años después del día en el que fue secuestrada en Uruguay. “Nos trae un poco de paz”, dijo su hija en la carta que envió para la ocasión. Rafaela Fillipazzi y Miguel Ángel Soler, militante del Partido Comunista Paraguayo, pasaron este martes a la historia al ser los primeros desaparecidos cuyos restos óseos fueron encontrados en territorio nacional e identificados.
Soler, el otro identificado
Los otros restos que fueron identificados corresponden a un hombre y fueron hallados también en el predio de la Agrupación Especializada durante los trabajos realizados entre 2006 y 2013, manifestó Goiburú en la conferencia de prensa. Tras el análisis genético, se determinó que los restos pertenecían a Miguel Ángel Soler, un ciudadano paraguayo quien permaneció desaparecido durante 40 años y nueve meses. Para su identificación, los restos fueron comparados con muestras de ADN de un hijo y una hermana. Soler fue secuestrado de su casa por la Policía stronista; había sido perseguido durante años por su militancia -en la clandestinidad- en el Partido Comunista Paraguayo.
Tarea, todavía muy grande
“El desafío es todavía muy grande porque estamos buscando a más de 500 desaparecidos”, manifestó Goiburú. El hombre que dirige desde hace años el equipo de búsqueda de desaparecidos de la dictadura stronista recordó que ya existe una base de datos genética, por lo que ahora los costos para la identificación de otros restos óseos disminuirán. Las cifras siguen variando. Han pasado ya casi tres décadas de la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner y aún no se puede dar un número exacto de personas desaparecidas forzosamente durante los 35 años en que el tirano movió los hilos del destino de nuestro país a su antojo. “Oficialmente, hay unas 500 denuncias de las cuales tenemos 400 documentadas”, señaló Rogelio Goiburú alguna vez a ABC Color. Pero la cifra real estaría muy por arriba del número de denuncias. Numerosos son los casos de familias que nunca denunciaron las desapariciones porque no notan resultados palpables en la lucha por justicia o porque la herencia de miedo de 35 años de cruel represión todavía las mantiene congelada y otras no cuentan con los fondos suficientes como para desplazarse hasta la capital y radicar las denuncias.