Del “Plan Cóndor”

Por Stella Calloni.

La periodista argentina Stella Calloni es editora en El Día Latinoamericano (Ciudad de México) y corresponsal en América del Sur para La Jornada (Ciudad de México). Ha escrito numerosos trabajos sobre política latinoamericana y actualmente está preparando un libro de relatos. Cuando los documentos mencionados fueron consultados por la autora en Asunción, Paraguay, aún no estaban catalogados y clasificados. Sin embargo, a mediados de 1994 se publicó una selección de los archivos en Boccia Paz, Myriam Angélica González y Rosa Palau Aguilar ediciones, Es mi informe: Los archivos secretos de la Policía de Stroessner (Asunción: Centro de Documentación y Estudios, 1994). Los documentos mencionados en este artículo que han sido catalogados por Boccia Paz, et al, utilizarán las clasificaciones CDE

Los esqueletos en los armarios de los dictadores de derecha, que gobernaron América Latina durante los años setenta, son literalmente reales. Cuando en Paraguay salieron a la luz los enormes archivos secretos de la policía, resultó evidente la existencia de una campaña de terror coordinada internacionalmente. Ahora, los EE.UU., que apoyaron a los dictadores, estarían ayudando a quienes están intentando depurar los registros documentales de unas 50.000 personas asesinadas, 30.000 desaparecidos y 400.000 encarcelados.

Una mañana de diciembre de 1992, el juez paraguayo José Fernández y el profesor y ex prisionero político Martín Almada, entraron a la estación de policía de Lambaré, suburbio de Asunción, a buscar los archivos policiales de Almada. Lo que encontraron en su lugar fueron décadas de historia documental sobre la represión en Paraguay y otros países. También encontraron registros de la cooperación de la inteligencia estadounidense con las dictaduras de la región, incluida la paraguaya.

Los “Archivos del Horror”, tal como fueron conocidos desde entonces, se han convertido en una clave para descifrar la historia reciente de América Latina. Los archivos detallan el destino de cientos, quizá miles, de latinoamericanos secretamente secuestrados, torturados y asesinados por los regímenes derechistas de los años setenta. También ofrecen una pista en papel que confirma la existencia de una conspiración escurridiza y sanguinaria entre los servicios de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay para rastrear y eliminar a los adversarios políticos con independencia de las fronteras nacionales. Ahora es posible completar el esbozo del “Operativo Cóndor”, tal como se conocía a esta red ilícita.

Pero debido a que los archivos plantean una amenaza a los hombres que organizaron y llevaron a cabo la represión hemisférica, se están realizando esfuerzos para eliminarlos o depositarlos en manos “seguras”. Algunos de los documentos ya han desaparecido y existen sutiles maniobras para sustraer a los restantes del control legal y periodístico.

Cuando Fernández y Almada entraron en la comisaría de Lambaré, desenterraron una montaña desordenada de amarillentos y deteriorados papeles, archivos, cartas y registros que describían las actividades de la policía y la inteligencia militar durante la recientemente derrocada dictadura de Stroessner. Una búsqueda similar, realizada pocos días después en el cuartel general de la Policía Técnica paraguaya (contraparte del FBI estadounidense), sacó, a la luz más documentos reveladores. En total, se han rescatado unas cuatro toneladas de documentación.

Algunas fotografías y registros incluían el país de origen de los prisioneros. Muchos eran de Argentina, Brasil o Chile. Los periodistas autorizados a buscar entre los caóticos archivos se apresuraron a fotocopiar cartas y documentos. Los primeros datos confirmaban el arresto y asesinato de políticos paraguayos cuya “desaparición” había sido continuamente negada por la dictadura, además de la entrega e intercambio de prisioneros con otros países, particularmente Argentina, Chile y Uruguay.

La justicia tardía llega al Paraguay.

Paraguay, un país de cuatro millones de habitantes situado en el centro de América del Sur, tiene una larga tradición de aislamiento introspectivo con extravagantes y veleidosos dictadores. El General Alfredo Stroessner, que tomó el poder con un golpe en 1954, impuso una estructura social feudal y represiva y ofreció su hospitalidad a nazis sin residencia fija y traficantes de drogas bien conectados.

El despiadado aparato represivo del dictador controló con eficiencia a una población mayormente atemorizada. Pero en febrero de 1989, la era de 35 años de Stroessner llegó a su fin. El General fue derrocado por su amigo, pariente político y segundo al mando, General Andrés Rodríguez, y huyó al Brasil como exiliado.

Martín Almada, un conocido profesor y figura política, se puso bajo la mira de la policía secreta de Stroessner en 1974, cuando publicó un discurso doctoral crítico sobre la educación en Paraguay. Fue arrestado y acusado de “terrorismo” y vinculación con los comunistas paraguayos. Fue torturado antes de pasar los siguientes tres años en el conocido campo de concentración Emboscada. Su esposa de 33 años murió de un ataque al corazón tras recibir una llamada telefónica en la que los torturadores reproducían sus gritos. |1| Tras su liberación en 1977, se marchó al exilio pero después de la caída de Stroessner, Almada inició los procedimientos legales contra sus perseguidores.

Mediante una provisión de la nueva Constitución paraguaya post-Stroessner, Almada presentó un mandato de habeas data, que permite que las personas accedan a sus registros policiales. A través de sus propias investigaciones privadas y una carta anónima, Almada se enteró que algunos documentos relacionados con su caso podían encontrarse en la comisaría de Lambaré |2|. Actuando con discreción y cuidado, Almada pasó esta información al juez Fernández, que ordenó el registro.

Los documentos se convirtieron en un acontecimiento político y generaron órdenes de detención contra primeras figuras del régimen de Stroessner, además de oficiales militares de Argentina y Uruguay. La temida cabeza de los detectives de Stroessner, Pastor Coronel, está actualmente encarcelado en Paraguay, al igual que el jefe de estado mayor y titular de la inteligencia militar de Stroessner, General Benito Guanes Serrano. El jefe de la Policía Técnica, Antonio Campos Alum, se reunió con el dictador en el exilio; ambos están actualmente citados por los tribunales paraguayos como “acusados en rebeldía” y “fugitivos de la justicia paraguaya” |3|.

El caso Inzaurralde-Santana.

Un informe de Pastor Coronel a Stroessner, fechado el 16 de mayo de 1977, ha demostrado ser crucial para la producción de un extraordinario caso legal. En 1973, Gustavo Edison Inzaurralde huyó a Paraguay tras ser arrestado y torturado por su pertenencia a una organización combativa uruguaya antigubernamental. Cuando fue arrestado en Paraguay, el 28 de marzo de 1977, se estaba preparando para exiliarse en Suecia y reunirse con su esposa, embarazada de siete meses. En cambio, el “desapareció” después de ser apresado por militares argentinos.

El informe revela que las autoridades paraguayas entregaron a Inzaurralde, a su compatriota Nelson Rodolfo Santana y a tres argentinos, a un capitán de la armada argentina y todos oficiales de inteligencia argentinos. El Coronel informó a Stroessner de la “gratitud” de los militares argentinos y uruguayos por haber permitido que dos agentes de los servicios de inteligencia argentina (SIDE) y un oficial uruguayo interrogaran [torturaran] a los prisioneros en Asunción |4| .

Con esta información en la mano, las familias de Santana e Inzaurralde iniciaron los procedimientos legales en Paraguay. En junio de 1993, el juez Arnulfo Arias inculpó en el caso al jefe de la inteligencia militar, Guanes Serrano, y al jefe de la Policía Técnica, Campos Alum. Guanes Serrano admitió ante el tribunal los intercambios extrajudiciales de presos políticos entre Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay durante los años setenta. Campos Alum testificó que “el intercambio de prisioneros era frecuente en la región” e identificó como principales colaboradores a los oficiales argentinos y uruguayos mencionados en el informe de Coronel |5|.

EN un paso sin precedentes, el juez Arias decidió entonces someter a juicio también a oficiales militares extranjeros. En marzo de 1994 comenzó un juicio singular. Doce agentes de seguridad militares –cinco paraguayos, seis argentinos y un uruguayo– fueron acusados por “abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad, tortura y secuestro” |6|.

Almada y los dos uruguayos desaparecidos forman parte de los miles de perseguidos por los regímenes militares derechistas del Cono Sur (Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay) durante los años setenta. Mientras que muchos de los crímenes fueron estrictamente asuntos internos, otros implicaron la cooperación de oficiales de inteligencia y militares más allá de las fronteras nacionales. Con el nombre en clave del Operativo Cóndor, los dictadores del Cono Sur se embarcaron en una empresa de alcance hemisférico para neutralizar o eliminar a los adversarios detectados. Y al llevar a cabo su tarea, no diferenciaron entre oposición violenta y disenso pacífico.

El Cono Sur durante los años setenta.

Alfredo Stroessner ya había estado en el poder durante una década cuando los generales derechistas brasileños interrumpieron la democracia de dicho país en 1964. Se aseguró el cargo en su feudo sin salida al mar, a medida que el resto del Cono Sur descendía hacia un torbellino de inestabilidad política y terror de Estado.

El resultado del golpe y contragolpe de Bolivia desembocó en la dictadura derechista de Hugo Bánzer en 1971. El golpe de Pinochet de 1973 en Chile interrumpió el experimento socialista de Salvador Allende. Ese mismo año, la prolongada democracia de Uruguay finalizó cuando el presidente Juan María Bordaberry clausuró el Parlamento y encaminó al país hacia la dictadura. La violencia política tras el retorno y la muerte de Juan Perón desembocó en la perversa dictadura militar derechista argentina en 1976.

Los crecientes niveles de represión dejaron a la región plagada de refugiados y exiliados políticos. Unos cuatro millones de personas huyeron de sus hogares buscando un refugio seguro, mayormente en los países vecinos |7| . Tras los golpes de Chile y Uruguay, millares buscaron asilo en Argentina, reuniéndose con los cientos de miles de paraguayos que ya estaban allí. Mientras tanto, los argentinos buscaban seguridad en Bolivia y Paraguay. La región era el escenario de un frenético ir y venir de refugiados. Pero, a medida que se fue expandiendo la ola de dictaduras militares, quedaron de lado las viejas tradiciones de santuarios para los exiliados políticos. El tributo generado por la represión en el Cono Sur fue de unos 50.000 asesinatos, 30.000 desaparecidos –la mayoría en Argentina– y 400.000 encarcelados. Entre los asesinados y los desaparecidos se cuentan unos 3.000 niños |8| . No obstante, estas cantidades sólo aluden a la espeluznante realidad de los estados ilegales.

Descenso a la brutalidad.

La caída del Cono Sur en el salvajismo se originó en la crisis política y geopolítica y en la ideología común compartida por los regímenes militares de la región. Estados Unidos desempeñó un papel crítico en todas estas causas. La Guerra Fría proporcionaba el contexto global para un anticomunismo patológico y Estados Unidos ofreció formación ideológica y militar a sus aliados latinoamericanos. Las fuerzas armadas de la región se mostraron muy receptivas. De hecho, desarrollaron una visión mundial abiertamente totalitaria con consecuencias mortales.

El entonces Ministro de Relaciones Exteriores argentino, almirante César Augusto Guzzetti manifestó sin reservas esta perspectiva en una entrevista de 1976: “No existe una subversión de derecha o terrorismo de ese tipo. El cuerpo de la sociedad está afectado por una enfermedad que corroe las entrañas y forma anticuerpos. Estos anticuerpos no pueden considerarse del mismo modo que el microbio. La acción del anticuerpo desaparecerá cuando el Gobierno controle y destruya a la guerrilla” |9|.

Los países del Cono Sur se enfrentaron de hecho a desafíos armados provenientes de la izquierda. En Uruguay, los Tupamaros asestaron unos golpes políticos espectaculares. En Argentina, el marxista Ejército Revolucionario del Pueblo y los peronistas de izquierda Montoneros se implicaron en una lucha despiadada contra las fuerzas de seguridad y los escuadrones de la muerte de la derecha peronista. En Bolivia, Hugo Bánzer pudo hacerse con el poder sólo tras un sangriento enfrentamiento con los populistas de izquierda alineados con su predecesor, el general Juan Torres |10|.

Los militares brasileños aplastaron un alzamiento armado de la izquierda hacia finales de los años sesenta. Su situación recordaba la de Chile; en ambos casos, los movimientos de guerrilla no surgieron hasta después de que un gobierno militar represivo se hiciera con el poder.

Sin embargo, la respuesta de las fuerzas de seguridad en todos estos países fue mucho más allá que derrotar a las guerrillas. Estaban implicados en una guerra santa contra la izquierda, que para ellos incluía a cualquiera que desafiara el statu quo, estuviera armado o no. En consecuencia, enfermeras, profesores, estudiantes, trabajadores, artistas, actores, periodistas e incluso políticos de la oposición democrática pasaron a ser vistos como los “microbios” de Guzzetti.

Estados Unidos proporcionó la inspiración, el financiamiento y la asistencia técnica para la represión y puede haber plantado la semilla que desembocaría en el Operativo Cóndor. La CIA facilitó una mayor coordinación entre los servicios de inteligencia de la región. Un historiador atribuye a un operativo de la CIA el haber acordado los primeros encuentros entre oficiales de seguridad argentinos y uruguayos para discutir la vigilancia de los exiliados políticos. La CIA también organizó encuentros entre líderes de los escuadrones de la muerte brasileños con argentinos y uruguayos |11|.

Estados Unidos hizo algo más que simplemente organizar encuentros. La división de Servicios Técnicos de la CIA suministró equipo eléctrico de tortura a brasileños y uruguayos y ofreció información sobre cuánta descarga podría soportar un cuerpo humano |12|. Los agentes de seguridad latinoamericanos también recibieron formación para la fabricación de bombas, de parte de la CIA, en las instalaciones de la Agencia de Seguridad Pública (OPS) del Departamento de Estado, en Texas |13|.

El asesoramiento y la ayuda de Estados Unidos facilitaron la coordinación entre los servicios de inteligencia regionales. Esta cooperación hizo posible el intercambio de información y prisioneros e incluso asesinatos conjuntos. Un exiliado político podía ser mantenido como rehén o secuestrado y llevado a través de las fronteras, torturado y desaparecido, sin ninguna autorización judicial.

Paradójicamente, la moderación aplicada en la CIA tras su descubrimiento parcial en los informes del comité Church and Pike, de 1974-75, podrían haber favorecido la creación del Operativo Cóndor. La administración Carter se opuso a la postura de la CIA “anulando todas las solicitudes de inteligencia presentes en América Latina. La cooperación de la CIA ha sido muy valiosa para todas las dictaduras militares desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pero el Gobierno estadounidense comenzó a tener reservas acerca de solicitudes de colaboración tras varios escándalos, principalmente provocados por Chile” |14| .

Si la administración de Carter no estaba dispuesta a ayudar a las dictaduras, éstas lo estaban y podían ayudarse a sí mismas.

Primeros avistamientos del Cóndor.

Aunque en 1976 el Cono Sur ya estaba inundado con la sangre de miles de víctimas del terrorismo de Estado, tres asesinatos de alto nivel provocaron los primeros rumores sobre una conspiración internacional contra la izquierda. En todos los casos, las víctimas eran prominentes exiliados chilenos. En septiembre de 1974, el Ministro de Defensa de Salvador Allende, general Carlos Partas, y su esposa, fueron asesinados en Buenos Aires cuando explotó una bomba bajo su coche. Las autoridades argentinas no investigaron el caso |15| . En octubre de 1975, el vicepresidente de Allende y líder de los demócratas cristianos chilenos, Bernardo Leighton, y su esposa, sobrevivieron milagrosamente a un intento de asesinato en Roma. Los investigadores italianos comenzaron a seguir el hilo de una red internacional que vinculaba a los servicios de seguridad del Cono Sur con neofascistas de su país |16| .

A mediados de 1976, estos intentos de asesinato de alto nivel, así como los relatos horrendos que provenían del Cono Sur, comenzaron a generar la atención de la prensa mundial. El periodista británico Richard Gott, que había investigado las denuncias de familiares de víctimas, llamó a la represión como “algo parecido a la Operación Fénix [en Vietnam]. las personas con capacidad de inspirar y unir a la nación en una campaña para resistir a las fuerzas de ocupación, son quitados del medio uno a uno”, escribió. Gott culpó a Washington, declarando que el entonces Secretario de Estado, Henry Kissinger “debía conocer [quién era responsable]” |17|.

Pero fue el asesinato de Orlando Letelier, ex Ministro de Defensa y de Relaciones Exteriores de Allende, en la Embassy Row de Washington, en septiembre de 1976, lo que puso al descubierto las piezas del Operativo Cóndor. Un coche bomba colocado por el ubicuo Townley y un grupo de terroristas cubanos anti-castristas, asesinó a Letelier y a su secretaria, Ronni Moffitt. El marido de Moffitt, Michael, que estaba viajando en el asiento trasero, sobrevivió, y deambulando aturdido por el lugar gritaba que “¡Fueron los fascistas chilenos! ¡Hijos de puta!” |18|.

Por supuesto, Michael Moffitt estaba en lo cierto, aunque los fiscales estadounidenses emplearían dos años antes de poder llevar el caso a los tribunales. Townley y los cubanos fueron finalmente declarados culpables de los asesinatos. También fueron procesados el general Manuel Contreras, director de la DINA, y otros dos oficiales |19|.

El asesinato de Letelier produjo un escándalo que terminó por abrir las puertas que ocultaban las operaciones encubiertas en América Latina. Ahora los rumores se confirmaban parcialmente. Uno de los primeros informes provino del agregado legal de Estados Unidos en Buenos Aires, el agente especial del FBI Robert Scherrer. Una semana después de la muerte de Letelier, Scherrer envió un cable al cuartel general del FBI dando nombre y describiendo la operación:

“El “Operativo Cóndor” es el nombre en clave para la recolección, intercambio y almacenamiento de información secreta relativa a los denominados “izquierdistas”, comunistas y marxistas, que se estableció recientemente entre los servicios de inteligencia en América del Sur, con el fin de eliminar las actividades terroristas marxistas en la región. Además, “Operativo Cóndor” tiene previstas operaciones conjuntas contra objetivos terroristas en los países miembros. Una tercera fase, y más secreta, del “Operativo Cóndor” implica la formación de grupos especiales de los países miembros, que deberán viajar por cualquier parte del mundo hacia países no-miembros, para llevar a cabo castigos incluido el asesinato contra terroristas o simpatizantes de organizaciones terroristas de los países miembros del “Operativo Cóndor”. Por ejemplo, en el caso de que un terrorista o simpatizante de una organización terrorista de un país miembro del “Operativo Cóndor” se encontrara en un país europeo, se enviaría un grupo especial del “Operativo Cóndor” para localizar y vigilar al objetivo. Cuando hubiera terminado la operación de localización y vigilancia, se enviaría un segundo grupo del “Operativo Cóndor” para llevar a cabo el castigo real contra el objetivo. Los grupos especiales serían provistos de documentación falsa de los países miembros del “Operativo Cóndor” |20| .

De acuerdo con un informe reservado del Comité de Relaciones Externas del Senado, de 1979 y basado en archivos de la CIA, “Esa operación en ‘fase tres’ fue planificada en 1974 a raíz del asesinato del Embajador boliviano en París, de un oficial chileno en Medio Oriente y de un agregado uruguayo en París. Por lo tanto, Cóndor planificó una operación destinada a asesinar a tres izquierdistas europeos bien conocidos, uno de los cuales era el notorio Carlos [el recientemente capturado Illich Ramírez Sánchez]. El plan fue desbaratado” después de que la CIA lo descubriera y “advirtiera a los Gobiernos de los países en los que probablemente tendrían lugar los asesinatos –Francia y Portugal–, que a su vez advirtieron a los posibles objetivos”. El operativo fue aparentemente suspendido y se negó su existencia |21|.

Pero ninguno de estos datos salió a la luz hasta mucho después. Aunque cada vez eran más los testimonios de una cooperación interfronteriza para el secuestro, tortura y asesinato de cientos de personas, salvo por lo difundido a partir de las investigaciones del asesinato de Letelier, las pruebas de la existencia de Cóndor eran excepcionales |22|. Hacia finales de los años setenta, el Cono Sur se encontraba en lo más profundo de la represión y sólo un reducido grupo de activistas y periodistas se atrevía a hacer frente a los regímenes militares. Y, a medida que las dictaduras titubearon y finalmente cayeron durante los años ochenta, los débiles gobiernos civiles que les sucedieron, sancionaron leyes de amnistía que pusieron en discusión toda investigación seria de esta Asesinatos S.A. Internacional |23|.

Estaba claro que se estaba desarrollando algún tipo de operación clandestina, principalmente por la acumulación de denuncias de familiares de las víctimas. Pero los testimonios se desvanecían en el laberinto de los sistemas judiciales despreocupados de los derechos humanos. La impunidad era la regla inviolable del día. Durante los años siguientes, parecía que los operativos Cóndor nunca se enfrentarían a una investigación legal.

Documentación del Operativo Cóndor.

El descubrimiento de los archivos paraguayos cambió todo el panorama. Los archivos descubiertos ofrecen en cantidad una esbozo documental de los orígenes, los propósitos y la organización del Operativo Cóndor.

Durante 1975, a instancias de los chilenos, los servicios de inteligencia del Cono Sur codificaron la cooperación informal que ya existía. Los archivos contienen una carta del general Contreras de la DINA al general paraguayo Guanes Serrano, denominando “Primer Encuentro de Trabajo de Inteligencia Nacional” a lo que se convertiría en Cóndor. Contreras ofrecía las instalaciones de la DINA como el cuartel general para “la centralización de la información sobre los antecedentes de personas, organizaciones y otras actividades conectadas directa o indirectamente con la subversión. En líneas generales, sería algo similar a la Interpol instalada en París, pero dedicada a la subversión”, escribió |24|.

El encuentro convocado en la carta de Contreras tuvo lugar en el cuartel general de la DINA, en Santiago, en octubre de 1975. Los asistentes fueron los jefes de la inteligencia militar de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Un mes más tarde, Contreras recibió a Guanes Serrano y al jefe de la policía paraguaya, Francisco Brites. En esa reunión, ellos implementaron el Operativo Cóndor, configurando “un banco de datos, un centro de información y talleres”. Con el inofensivo término de “talleres” se aludía realmente a las sesiones de planificación de los grupos multilaterales de agentes encargados de vigilar, arrestar, encarcelar, torturar y “repatriar” a opositores de los diferentes regímenes |25|. Uno de los documentos más significativos que explica el método de operación de Cóndor, detallaba un encuentro secreto en Asunción, en 1978. Con Guanes Serrano como anfitrión y la presencia de oficiales argentinos y paraguayos, el “Segundo Encuentro Bilateral de Inteligencia” afinó los mecanismos para el intercambio de prisioneros e información secreta |26|. Guanes Serrano informó a Stroessner que “la primera fase era el intercambio de información sobre el enemigo [exiliados políticos]. La segunda fase correspondía a la investigación del objetivo y la tercera fase a la detención [secuestro] y traslado del objetivo a su país de origen” |27| .

Guanes Serrano destacó que los intercambios de prisioneros tendrían lugar directamente entre los servicios de inteligencia y que los agregados militares de las embajadas actuarían como enlace. Otros documentos de los archivos confirman que los agregados militares de las embajadas de los países implicados, eran realmente el conducto por el cual viajaban los informes de inteligencia |28|.

A finales de 1993, los investigadores encontraron una nota fechada en Chile en 1978. En este documento típico del trabajo cotidiano de Cóndor, “Cóndor Uno” advierte a “Cóndor Dos” para que lleve a cabo una “vigilancia de un encuentro de izquierdistas argentinos y paraguayos en la provincia norteña de Salta, Argentina, en la frontera con Bolivia” |29| . “Cóndor Uno” no era otro que Contreras y “Cóndor Dos” era el nombre en clave de Guanes Serrano |30|.

Otros documentos solicitan la captura de chilenos, bolivianos, argentinos, paraguayos y brasileños e informan sobre otras figuras políticas latinoamericanas. Uno de estos casos fue la detención en Paraguay del ciudadano chileno Jorge Fuentes Alarcón, posteriormente entregado por la policía paraguaya a un oficial chileno en mayo de 1978 |31|.

Uno de los documentos más perjudiciales incluye una entrada en un cuaderno de notas del jefe de la Policía Técnica paraguaya, Antonio Campos Alum. Este cuaderno quedó abandonado cuando Campos Alum dejó Paraguay tras ser acusado de haber torturado personalmente a prisioneros, y lista los nombres de oficiales de policía y militares argentinos, bolivianos, chilenos y uruguayos que participaron en la represión internacional |32|.

Tomado en su conjunto, loas archivos paraguayos aportan una prueba documental irrefutable de la existencia del Operativo Cóndor. También pueden proporcionar una base para el enjuiciamiento de quienes cometieron crímenes, suponiendo la existencia de los políticos.

Gente de la misma calaña.

Los archivos paraguayos aportan una nueva y reveladora luz sobre la implicación de Estados Unidos con los servicios represivos del Cono Sur, especialmente –pero no sólo– el de Paraguay.

Los paraguayos siempre han acusado a Estados Unidos de ayudar a la policía secreta de Stroessner. Un grupo de oficiales militares estadounidenses enviados bajo los auspicios de la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID) fiscalizó la formación de la Policía Técnica. Los ex prisioneros del régimen declararon varias veces que oficiales estadounidenses los habían interrogado en Paraguay |33|. Basado en dichos informes, el historiador paraguayo Aníbal Miranda acusa a los Estados Unidos de haber ayudado en la represión, en 1959, de un movimiento guerrillero anti-Stroessner instalado en Argentina |34|.

Ahora han aparecido pruebas concretas sobre la cooperación y formación estadounidense con la policía secreta del dictador. Una carpeta de los archivos contiene correspondencia entre ministros paraguayos y el coronel estadounidense Robert Thierry. Thierry sirvió como “asesor sobre administración pública” de la AID (entonces la Administración de Cooperación Internacional) para el Ministerio del Interior y supervisó la formación de la Policía Técnica.

Una carta del Ministro de Relaciones Exteriores solicitaba que Thierry permaneciera durante dos años más para asesora a la Policía Técnica |35|. En una de las respuestas de Thierry se mostraba la relación profesor-alumno:

Con respecto a la jefatura de Asuntos Técnicos, usted ha recibido la formación suficiente. Estoy seguro de que bajo la dirección de Antonio Campos Alum, esta pequeña pero poderosa organización continuará aportando el mismo servicio, altamente satisfactorio, que ha tenido desde su creación. Sugiero que continúe las conversaciones con el Director de la Misión de Operaciones de Estados Unidos en Paraguay, con el fin de establecer algún programa similar sobre Seguridad Pública |36|.

Otros documentos demuestran que la Policía Técnica continuó siendo el principal vínculo entre los servicios de inteligencia estadounidenses y Paraguay |37|. Dicha cooperación continuó durante el período del Operativo Cóndor. El hombre del FBI en el Cono Sur, el agente especial Robert Scherrer, que vivía en Buenos Aires, trabajó de forma regular y directa con Campos Alum. En 1974, informó a Campos Alum sobre un festival realizado en un teatro de México y listó los nombres de todos los asistentes latinoamericanos. El siguiente paso de la policía paraguaya fue dirigir las investigaciones sobre el movimiento cultural paraguayo |38|.

En otra carta escrita dos años más tarde, Scherrer solicitó a Campos Alum información sobre un Raúl Valentín Quintana porque, explicaba, el FBI creía que Quintana era un “agente cubano”. Esas solicitudes de información tenían serias consecuencias en la gente inocente. “Ahora sabemos por qué varias familias con el apellido Quintana fueron perseguidas y encarceladas”, destacó Martín Almada |39|.

También la CIA trabajó con los paraguayos. El entonces Director delegado, Vernon Walters, visitó el país a principios de 1976 para entrevistarse con el jefe de estado mayor de Stroessner, Conrado Pappalardo, y otros altos oficiales |40|. Pocas semanas de después, Pappalardo le diría al Embajador estadounidense, George Landau, que Walters había aprobado un intento frustrado por obtener pasaportes falsos para dos agentes de la DINA chilena. Pappalardo dijo que estaba actuando bajo órdenes directas de Stroessner, que a su vez estaba haciendo un favor a Pinochet. Los chilenos, Armando Fernández Larios y Michael Townley, pensaban utilizar los pasaportes falsos para viajar a Estados Unidos como parte de su misión de asesinar a Orlando Letelier |41|.

Otro ejemplo de la cooperación de la CIA con Paraguay ocurrió al año siguiente. Una advertencia firmada por Guanes Serrano y dirigida a las “naciones amigas”, describe a un venezolano de nombre Omar Rossel como un “terrorista”. Guanes cita a la “CIA (USA)” como su fuente |42|.

Incluso después de que el Operativo Cóndor hubiera golpeado en Washington y que Estados Unidos hubiera supuestamente movilizado al FBI y a la CIA para resolver los asesinatos de Letelier y Moffitt, el director del FBI, Clarence Kelley, envió una aduladora carta, con el sello del FBI, a Campos Alum: “En estas Navidades, deseo hablar en nombre de todos mis colaboradores y agradecerle de todo corazón la cooperación que ustedes, con tanta buena voluntad, han proporcionado al FBI. Deseándole lo mejor de las cosas, que merece con creces |43|.”

Cabe recordar que Campos Alum se encuentra fugitivo, acusado de graves violaciones de los derechos humanos, crímenes que cometió antes, durante y después de esta época. El FBI, gracias al agente especial Scherrer, estaba al tanto de los crímenes de Campos Alum en la época en que se escribió esta carta.

El hecho de que Estados Unidos y Paraguay fueran aliados no impidió que la inteligencia militar paraguaya espiara a políticos estadounidenses que, en su opinión, interferían los asuntos internos de Paraguay. Los archivos incluyen un informe enviado al jefe de detectives, Pastor Coronel, por un informante desde Buenos Aires. El informante había asistido e informado sobre un encuentro en Buenos Aires entre el senador Edward Kennedy (diputado por Massachusetts) y representantes del Acuerdo Nacional, una coalición que agrupaba a los grupos opositores paraguayos |44|.

Estados Unidos, por supuesto, también estaba interesado en obtener información acerca de sus propios adversarios. Una carta del agregado legal en Buenos Aires, Calvin Clegg, solicitaba la ayuda de Pastor Coronel sobre una organización “subversiva”:

Adjunto un informe reservado, enviado por la oficina del FBI en Nueva York. El informe describe la historia y antecedentes del Consejo Mundial para la Paz, una organización que sirve como instrumento político del Partido Comunista de la Unión Soviética. Le ruego que examine sus archivos buscando toda información relacionada con el Consejo Mundial para la Paz en su país que esté dirigido contra Estados Unidos o sus ciudadanos |45|.

En una entrevista reciente, el líder del partido opositor Liberal Radical Auténtico, Domingo Laino, recordó que durante una de sus muchas detenciones fue interrogado por Campos Alum, que se jactaba acerca de unas fotografías que lo mostraban con uniforme militar estadounidense |46|. Los alardes de Campos Alum tendrían, de hecho, cierta base. Los archivos incluyen el curriculum vitae de Campos Alum, que lista su formación especial sobre contrainsurgencia en bases militares estadounidenses y la asistencia a cursos de la DEA acerca de legislación sobre las drogas |47|.

Una carpeta con la faja “Confidencial” contenía un manual de Fort Gulick (base militar estadounidense en la Zona del Canal de Panamá, anteriormente sede de la Escuela de las Américas) producido para la formación de las fuerzas armadas de Estados Unidos para “interrogadores como referencia para interrogatorios de campo” |48|. La misma carpeta, en un apartado titulado “instrucción en la Escuela de las Américas”, contiene un manual que instruye a los “interrogadores” sobre cómo mantener vivas y con capacidad de respuesta a las víctimas de un shock eléctrico. El manual recomienda remojar los cuerpos y cabezas d ellas víctimas con agua de mar e incluye un boceto que muestra cómo debería llevarse a cabo este “tratamiento” |49| . Esta carpeta también incluye una carta del entonces Embajador de Estados Unidos, Timothy Towell, en la que da instrucciones a la policía paraguaya y adjunta otro manual para interrogatorios |50|.

Los paraguayos toman la iniciativa.

En mayo de 1993, el profesor Almada y otros parientes de los asesinados o “desaparecidos” en Paraguay, enviaron una carta al presidente Clinton exigiendo una compensación por las víctimas de la represión en Paraguay. Ellos alegan que el régimen de Stroessner “fue asesorado por oficiales militares estadounidenses, que instruyeron a los principales torturadores, y que la persecución se incluyó dentro de la guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que produjo un genocidio en América del Sur” |51|.

Pero el Embajador de Estados Unidos, Jonathan Glassman, en respuesta a la carta, manifestó que Estados Unidos no tenía nada que ver con la represión en Paraguay. Meses más tarde, antes de que las pruebas de los archivos comenzaran a divulgarse poco a poco, Glassman rechazó acusaciones similares, que él atribuía a “acusaciones terroristas con el fin de justificar los ataques a oficiales estadounidenses fuera del país” |52|.

“Incluso habiendo dicho eso”, dijeron los familiares, “la Embajada de Estados Unidos nunca podría haber permanecido ignorante de lo que estaba sucediendo en el país y nosotros hemos visto documentos de funcionarios como Scherrer que conocían la existencia del Operativo Cóndor” |53|.

Actualmente, seis altos oficiales de la policía paraguaya y un general están prisión a causa de los archivos |54|. Y Francisco de Vargas, miembro de la Comisión de Derechos Humanos del parlamento paraguayo, dijo que tenía testimonios orales que acusaban a 12 generales, al ex Ministro del Interior, Sabino Montanaro, y a dos ex diputados, de ordenar el asesinato de cuatro prisioneros políticos en 1976. Las víctimas fueron asesinadas tras haber estado en prisión durante dos años.

Mientras tanto, el avance de los juicios paraguayos se ha hecho agotadoramente lento. En el caso Inzaurralde, ninguno de los oficiales extranjeros inculpados se ha preocupado por presentarse. Los intentos de obtener su extradición han sido infructuosos. Y los miembros de la familia de Inzaurralde se han quejado en una carta abierta de los numerosos obstáculos que impiden el avance de la justicia.

¿Quién vigilará a los custodios?

Cuando AID ofreció 40 millones de dólares para microfilmar los archivos, Faustino Centurión, y otros diputados del ala disidente del Partido Colorado, declararon públicamente su desacuerdo. “No podemos aceptar que el Gobierno de Estados Unidos, que entrenó a la policía que persiguió a quienes lucharon por la democracia, ahora quiera ayudar con la microfilmación”, dijo. A pesar de las protestas, AID está asesorando al Centro de Documentación en Paraguay.

Ni se ha perdido la conciencia. Cuando, a finales de 1993, los periodistas volvieron a revisar los archivos, se habían separado archivos y carpetas con temas militares, fuera del alcance de los periodistas, porque los jueces consideraban que “era sólo un asunto de la policía”. Las pruebas documentales más importantes acerca del Operativo Cóndor han comenzado a ponerse de lado con rapidez. También están en peligro los documentos que contienen la correspondencia entre los servicios de Estados Unidos y la dictadura paraguaya.

La Comisión de Derechos Humanos paraguaya continuará investigando en forma conjunta con organizaciones semejantes de la región. Sus líderes dicen que Washington “debe realizar un acto responsable y abrir sus propios archivos, de manera que sea posible reconstruir la tragedia de miles de víctimas en América Latina”.

El jefe de estado mayor del ejército argentino y miembro de la Junta, general Roberto Viola, intentando evadir las preguntas acerca del reino del terror en el Cono Sur, dijo en 1979: “Están los muertos, los heridos, los encarcelados y los que están ausentes para siempre. No pidan explicaciones donde no las hay”. Viola estaba equivocado. Existen las explicaciones, existen las personas que son culpables y, gracias a los “Archivos del Horror”, a algunas de ellas se les ha aplicado al menos una justicia parcial.

Notas finales:

1. Jack Epstein, “A History of a Dirty War: Paraguay’s Secret Police ‘Horror Files’ Come to Light”, Cleveland Plain Dealer, 13 de junio de 1993, p. 1C
2. Patrick John Buffe, “Une multinationale de la Terrour sous les ailes du Condor”, Journal de Geneve et Gazette de Lausanne, 7 de julio de 1993, p. 2
3. Ximena Ortúzar, “A Common Market of Terror”, World Press Review, mayo de 1993.
4. Boccia Paz et al, op. cit., Paraguayan Archives, Libro A1, p. 131, Informe de Pastor Coronel al presidente Stroessner, 16 de mayo de 1977. Los argentinos eran el capitán de la armada José Abdala y los agentes del SIDE teniente Angel (o Luis) Spada y José Monte. El uruguayo era el capitán Carlos Calcagno.
5. Citado en Agencia France Presse, “Jefe militar de Stroessner admite que hubo intercambio de prisioneros”, La Jornada (ciudad de México), 24 de junio de 1993, p. 46
6. Los argentinos acusados son los tenientes Angel (o Luis) Spada y Juan Carlos Camicha, el capitán de marina José Abdala y los agentes del SIDE José Montenegro, Alejandro Stada y Juan Manuel Berret. Abdala y Camicha también están acusados por el Centro de Estudios Legales y Sociales argentino por participar en torturas en dicho país. El uruguayo acusado es el coronel Carlos Calcagno, que se está oponiendo a una orden de extradición paraguaya. Lucas Guagnini, “Citarán en Paraguay a militares argentinos por la represión ilegal”, Clarín (Buenos Aires), 19 de diciembre de 1993, p. 14
7. Informe de la Comisión de Derechos Humanos de Argentina (Buenos Aires, Comisión de Derechos Humanos de Argentina), febrero de 1990
8. Ibid
9. Ibid, pp. 124-42, 242. La OPS se estableció bajo la cobertura de la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) del Departamento de Estado en 1962. Estaba dirigida por el oficial de la CIA, Byron Engle, y se integraba mayormente con oficiales de operativos de la CIA que tenían la cobertura de la OPS. Ibid, pp. 48-9, 58, 124-25, 233-35; y Michael Klare, War Without End: American Plannings for the Next Vietnams (Nueva York, Alfred Knopf, 1972), pp. 241-69.
10. Rogelio García Lupo, El Paraguay de Stroessner (Buenos Aires: Ediciones B, colección Reporteros, 1989), p. 149
11. No sólo las autoridades argentinas no respondieron, sino que están directamente implicadas en el asesinato. La bomba fue transportada por Michael Vernon Townley, nacido en Estados Unidos y agente de la DINA, el organismo de inteligencia chilena. Fue ayudado por miembros de Milicia, un grupo derivado de la Alianza Argentina Anticomunista (Triple A), utilizado por la inteligencia argentina (SIDE). Consultar Martin Andersen, Dossier Secreto: Argentina’s Desaparecidos and the Myth of the “Dirty War” (Boulder, Colorado: Westview, 1993), p. 119
12. El supuesto asesino de Leighton era miembro de Avanguardia Nazionale, una organización paramilitar neofascista italiana, encabezada por Stefano Della Chiaie. La organización de Della Chiaie fue contratada para el atentado por Townley. Taylor Branch y Eugene M. Propper, Labyrinth (Nueva York: Viking, 1982), pp. 305-9. Della Chiaie es conocido por su protagonismo en la violencia política derechista en Italia y en América Latina. Sobre Italia, consulte Arthur E. Rowse, “Gladio: The Secret U.S. War to Subvert Italian Democracy”, CovertAction, núm. 49, verano de 1994. Sobre Della Chiaie en Argentina, consulte Andersen, op. cit., cap. 10 y 20.
13. Richard Gott, “Shots and Plots”, The Guardian (Londres), 4 de junio de 1976, p. 17
14. Taylor y Propper, op. cit., p. 23
15. Sin embargo, el Gobierno chileno se negó a detenerlos. Tras el cambio de régimen en Chile, en 1991, Contreras y el general Pedro Espinoza fueron finalmente juzgados en Chile y condenados por los asesinatos de Letelier y Moffitt. Contreras fue sentenciado a siete años de prisión y Espinoza a seis años, pero ambos permanecen en libertad mientras apelan a la Corte Suprema chilena. El ciudadano estadounidense Townley gestionó una reducción de pena negociada y ahora está en el Programa Federal de Protección a Testigos
16. Cable del agente especial del FBI, Robert Scherrer, 28 de septiembre de 1976
17. Jack Andersen y Michael Binstein, “How the CIA Spared Carlos the Jackal”, Washington Post, 22 de agosto de 1994, p. C12. El mismo día, el Post citó a una fuente de la CIA no identificada que afirmaba que una “contribución clave de la CIA en el éxito francés” para capturar a Carlos, había consistido en seguir a Carlos a través de cuatro continentes durante 20 años y ayudar a “ir cerrando el lazo al no permitirle conseguir un refugio seguro”. (Ibid, In Brief, p.3.)
18. Consultar, por ejemplo, Cámara de Representantes de Estados Unidos, Human Rights in Uruguay and Paraguay, Audiencias ante el Subcomité de Organizaciones Internacionales del Comité de Relaciones Internacionales, 17 de junio a 4 de agosto de 1976
19. Consultar Jack Anderson, “‘Condor’: South American Assassins”, Washington Post, 2 de agosto de 1979, p. D.C.9
20. Boccia Paz, et al, op. cit., Archivos Paraguayos, Archivador 245, p. 156, Carta del comandante de la DINA, general Manuel Contreras, al jefe de estado mayo paraguayo, general Benito Guanes Serrano.
21. Ibdem.
22. Archivos Paraguayos, varios documentos sin numerar.
23. Archivos paraguayos, documento sin numerar.
24. Entrevista de la autora con oficial militar paraguayo que solicitó permanecer anónimo, Asunción, diciembre de 1993.
25. Archivos paraguayos, documento sin numerar. Tras el anuncio de la prensa del descubrimiento de los archivos en febrero de 1993, el presidente chileno Patricio Aylwin solicitó al gobierno paraguayo toda la información sobre el Operativo Cóndor y varios parlamentarios chilenos viajaron a Paraguay para comenzar unas investigaciones que todavía están desarrollándose.
26. Archivos paraguayos, Cuaderno de “Instrucciones especiales” perteneciente a Antonio Campos Alum, hallado en el cuartel general de la Policía Técnica.
27. Testimonios de ex prisioneros políticos del Movimiento por la Paz, Solidaridad, Soberanía y Libertad entre los Pueblos, Buenos Aires, 29 de mayo de 1993.
28. Entrevista de la autora con Aníbal Miranda, Asunción, diciembre de 1993.
29. Archivos paraguayos, Carta del Ministro de Relaciones Exteriores, Raúl Sapena Pastor, al coronel Robert Thierry, 30 de septiembre de 1957.
30. Archivos paraguayos, carta del coronel Robert Thierry al Ministro del Interior, Edgardo Insfran (fecha ilegible).
31. Archivos paraguayos, cartas entre Antonio Campos Alum y oficiales estadounidenses.
32. Archivos paraguayos, carta de Robert Scherrer a Antonio Campos Alum, 1974 (día y mes ilegibles).
33. Archivos paraguayos, carta de Robert Scherrer a Antonio Campos Alum, junio de 1976 (día ilegible).
34. Entrevista de la autora con Martín Almada, Asunción, 24 de febrero de 1993.
35. Branch y Propper, op.cit., pp. 6-7.
36. Ibid., pp. 1-3, 10-13; y García Lupo, op. cit., p- 150. Walters negó todo conocimiento sobre la misión en una cable enviado al Embajador Landau, con fecha 4 de agosto de 1976.
37. Citado en Epstein, op. cit.
38. Archivos paraguayos, archivo marcado “Confidencial”, carta de Clarence Kelley a Antonio Campos Alum, diciembre de 1976.
39. Archivos paraguayos, informe confidencial al general Guanes Serrano, fecha ilegible.
40. Archivos paraguayos, carta con membrete de la Embajada de Estados Unidos de Calvin Clegg a Pastor Coronel, 8 de octubre de 1979.
41. Entrevista de la autora con Domingo Laino, Asunción, 26 de febrero de 1993.
42. Archivos paraguayos, curriculum vitae de Antonio Campos Alum, archivo sin numerar. El curriculum vitae de seis páginas incluye las fechas de sus estudios en instituciones militares de Estados Unidos y las fechas de los encuentros de la Liga Mundial Anticomunista, en los que él representaba a Paraguay.
43. Archivos paraguayos, carpeta “Confidencial”, sin numerar.
44. Ib idem
45. Citado en Federico Ferber, “Paraguay: Right Activist’s Resolve Breaks Repressive Apparatus”, Inter Press Service, 26 de abril de 1993.
46. Fragmento de la carta enviada a la Embajada de Estados Unidos en Asunción por Martín Almada, mayo de 1993.
47. Conferencia de prensa de la Embajada de Estados Unidos, Asunción, 20 de febrero de 1993. Acerca del descubrimiento de las cartas en las que el consejero de Estados Unidos, Thierry, alababa a Campos Alum, Glassman declaró lo siguiente: “Es evidente que Thierry era un funcionario de un programa de ayuda política de AID; [su tarea era] precisamente profesionalizar [las fuerzas de seguridad] e impedir los abusos de los que los paraguayos estaban siendo objeto”.
48. Entrevista de la autora con un grupo de familiares de “desaparecidos” en Paraguay, Asunción, mayo de 1993.
49. Epstein, op. cit.
50. Citado en Ferber, op. cit.
51. Carta firmada por William y Alberto Inzaurralde, Montevideo, 5 de abril de 1994.
52. Citado en Stella Calloni, “Estados Unidos busca ocultar que fue cómplice de Stroessner”, La Jornada (Ciudad de México), 23 de febrero de 1993, p. 49.
53. Entrevista de la autora con familiares de “desaparecidos”, Asunción, mayo de 1993.
54. Juan de Onis, “Rights Inquiry in Argentina Finds Evidence of Violations and Reform”, New York Times, 17 de septiembre de 1979, p. A4