FA solicitó comisión para investigar espionaje militar en democracia
El diputado Luis Puig y la bancada del Frente Amplio (FA) presentaron una denuncia solicitando la creación de una comisión investigadora una comisión investigadora por el tema espionaje militar clandestino en democracia, en base a la evidencia encontrada en el archivo del coronel retirado, Elmar Castiglioni
La denuncia consta de un documento de 150 páginas y está respaldado por todos los diputados del oficialismo. Luis Puig, promotor de la iniciativa, explicó a Informe Nacional que el pedido se basa “en el entendido de que hay elementos para analizar el espionaje militar realizado en forma clandestina en democracia”, presumiblemente realizado con dineros públicos.
En teoría el espionaje alcanzó a figuras como el entonces presidente Jorge Batlle, al intendente montevideano Tabaré Vázquez, jueces y la infiltración a organizaciones sindicales y políticas. “Todo eso es lo que se presume” y “se pone a consideración de la comisión preinvestigadora”, dijo el diputado del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP). Este jueves, a partir de lo que surja de la preinvestigadora, la Cámara de Representantes decidirá si se crea la comisión pedida por el FA.
Para escuchar el reportaje radial al diputado Puig, tocar la imágen
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Lunes 21 de noviembre 2016, en el sitio de la PIT-CNT, se efectuó un acto que como tema central tuvo el de “Democracia bajo vigilancia”
A DESCLASIFICAR
Un dirigente histórico del Partido Socialista, con participación en la Mesa Representativa del PIT-CNT, fue reclutado por los servicios de inteligencia estatales en los años 80 para favorecer los intereses empresariales de la empresa Pilsen. “Los alemanes van a dar dinero para una nueva sede”; “no es conveniente hacer un paro general parcial”, deslizaba el infiltrado en las reuniones ejecutivas de la central sindical. En otro caso, un militante del Partido Comunista del Uruguay (PCU), también contratado por inteligencia, filtraba información de planos arquitectónicos de la sede central del PCU y de apartamentos de diplomáticos vinculados a la Embajada de Cuba. Estos sucesos fueron narrados por Samuel Blixen, periodista de Brecha, este lunes, durante el encuentro “La democracia vigilada” en la sede del PIT-CNT. Blixen accedió a cerca de 4.000 documentos que forman parte del material incautado en 2015 al coronel retirado Elmar Castiglioni y, tras procesar la información -de una forma que él considera “artesanal”-, entregó su informe escrito a mano sobre espionaje en círculos sindicales a Mirtha Guianze, reconocida ex fiscal que investigó crímenes durante la dictadura cívico-militar (1973-1985) y actual directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH). Además de infiltrarse en gremios, los servicios de inteligencia del Estado uruguayo también vigilaron de cerca a ex presidentes y figuras de renombre. Hay cerca de un millón de documentos que contienen información sobre espionajes, puntualizó Blixen. Están encajonados en oficinas estatales y son custodiados por policías que, debido a cuestiones burocráticas de organización de los recursos humanos del Estado, son los mismos que estuvieron en la etapa de confección de los archivos, así que no se sabe qué material se entrega y cuál se omite.
Una realidad que conoce la historiadora Isabel Wschebor, otra de las ponentes y autora del documento “Informe de recomendaciones sobre el destino del archivo incautado”, que será incluido en la denuncia que el Frente Amplio (FA) presentó ayer en Diputados (ver nota aparte). Leer y procesar todo este material, suponiendo que se contara con dos personas para hacerlo, equivaldría a leer una biblioteca con 10.000 ejemplares, explicó Blixen, y recordó que de los 52 DVD del material de Castiglioni sólo 16 fueron entregados por el Ministerio de Defensa Nacional a la INDDHH, y que aún no se conocen.
“El secretismo ha rondado y sigue rondando este país”, sostuvo Guianze, quien a su vez pidió a la audiencia que tomara “conciencia” de que hay prácticas de inteligencia estatal que son aberrantes y que no deben ser naturalizadas. Para dar un ejemplo, contó que en 1996 le dijeron que no podía acceder a un cargo porque los servicios de inteligencia habían brindado al gobierno de turno información que le impediría hacerse del puesto. “¿A quién le íbamos a reclamar?”, se preguntó. Y en el caso hipotético de que se lograra el acceso a la información, “¿cómo hacemos para mirar esos miles de archivos?”, volvió a inquirir la ex fiscal.
El dirigente infiltrado en el PIT-CNT terminó como presidente del FA en Minas. “Es posible que todavía esté trabajando para los militares y no lo sepamos”, manifestó Blixen, y los presentes quedaron absortos. Guianze señaló, en tanto, que la sociedad debe exigir a los gobiernos del FA “una revisión de los criterios de inteligencia”, ya que en esta época “se han violado domicilios y se han hecho cosas bien graves, que se han naturalizado”, advirtió. Entonces, ¿cómo acceder a este material? Para Wschebor, hay una “desidia” de Uruguay en lo que respecta al cuidado de su patrimonio documental, y se refleja en que un jefe de Inteligencia se lleve a su casa expedientes judiciales y nadie le pregunte nada. En este sentido, la historiadora explicó que las copias de archivo sin respaldo original pierden valor ante la Justicia. “Eso se está viviendo en Argentina. Tenemos los días contados”, dijo.