Y sin embargo se mueve
Mientras el Frente Amplio se decide finalmente a investigar el espionaje militar en democracia, Familiares denuncia a los poderes del Estado y a los partidos políticos que, presionados “por los impunes”, sostienen que no conviene “agarrarle la cola al león para que no se enoje”. Una excepción son las recientes iniciativas de una fiscal penal.
samuel Blixen
Armando Méndez
Las últimas noticias circulantes sobre investigaciones judiciales de los delitos de la dictadura atribuyen a la fiscal penal Ana María Tellechea una decidida determinación de impulsar definiciones en varios expedientes sobre casos paradigmáticos del terrorismo de Estado que involucran a varios militares retirados, a médicos y a un psiquiatra, y que pese al transcurso de décadas continúan impunes.
Tellechea –quien, entre otros expedientes, impulsó el procesamiento de Juan María Bordaberry, de los oficiales de la Fuerza Aérea Enrique Ribero y Araújo Umpiérrez por la desaparición y asesinato de Ubagesner Chaves Sosa, de cinco militares por la muerte de Horacio Gelós Bonilla, del coronel Tranquilino Machado por el homicidio de Eduardo Peré, y del general Pedro Barneix por el asesinato de Aldo Perrini– supo en su momento esquivar la caza de brujas desatada desde la Suprema Corte de Justicia, cuando se pretendió trasladarla de la justicia penal a la esfera de la civil para detener los casos citados, como ocurrió con éxito con la jueza Mariana Mota y con la fiscal Diana Salvo.
Ahora la fiscal ha solicitado otros procesamientos de militares y de civiles que aún siguen impunes por algunos episodios. Uno de ellos refiere a las circunstancias de la muerte, como consecuencia de las torturas, del tupamaro Walter Arteche, ocurrida en 1973 en el cuartel del Batallón Florida. Durante 43 años sobrevivió la mentira montada por el entonces capitán Armando Méndez (ex miembro del Ocoa, colaborador estrecho del general Esteban Cristi, después –ya en democracia– director de Aduanas, y finalmente próspero empresario) de que Arteche había pretendido fugarse al señalar un escondite, pero que había sido abatido de un disparo. La mentira fue corroborada por el médico forense José Mautone, quien en el acta de defunción describió una “herida de bala en el corazón”; Mautone es autor de múltiples certificados forenses que encubren asesinatos mediante torturas. Del análisis de numerosos testimonios y otros elementos de juicio, la fiscal Tellechea concluyó que el hoy coronel retirado Méndez actuó con “especial sevicia” y fue principal responsable del asesinato de Arteche. Pidió el procesamiento a la jueza Adriana de los Santos.
Otro de los casos para los que se pide una definición, de acuerdo a un informe del noticiero de Tnu, refiere al asesinato del trabajador rural Óscar Fernández Mendieta, un simpatizante del Frente Amplio detenido en mayo de 1973 en el cuartel de Caballería Mecanizada de Durazno. La muerte de Fernández Mendieta, ocurrida el mismo día de su detención por su presunta –e infundada– vinculación con “la sedición”, generó un áspero debate en una de las últimas sesiones del Senado antes de la clausura del Parlamento, porque era la comprobación de la aplicación sistemática de torturas, que la mayoría blanca y colorada negaba obstinadamente. El doctor Juan José Navarro certificó el deceso por “infarto de miocardio”, pero los familiares de Fernández Mendieta solicitaron un reconocimiento del cuerpo; tres médicos describieron en un informe la comprobación de múltiples heridas y lesiones producto de la tortura. Por ese asesinato, que algunos civiles proclives a justificar a los militares calificaban como “excesos involuntarios en el rigor de los interrogatorios”, fueron indagados el coronel Líber Morinelli, el coronel Raúl Ramírez, el coronel Juan Alberto Saravia, el mayor Eilen Rodríguez, el capitán Alberto Ballestrino, el coronel Daniel Blanco, el coronel Gustavo Mieres, el coronel José Luis Pereira, el general Aurelio Abilleira, todos retirados, y el doctor Juan José Navarro. Una solicitud de clausura y archivo, por prescripción del delito, presentada por los abogados defensores Rosanna Gavazzo, Estela Arab y Sergio Fernández, fue finalmente rechazada y ahora se solicita el procesamiento de tres de los indagados, entre ellos el coronel Gustavo Mieres, presidente del Tacuarembó Fútbol Club.
Otro asesinato en el que la fiscal Tellechea solicitó procesamientos a la jueza Adriana de los Santos es el ocurrido en setiembre de 1975 en el cuartel del Regimiento de Caballería número 9, y que quedó en evidencia cuando los familiares del tupamaro Pedro Lerena desoyeron la orden de los militares de no abrir el féretro, que contenía el cuerpo sin vida de quien era apodado el “Caudillo”. Supuestamente Lerena se había ahorcado en el 9° de Caballería después de soportar durante cuatro meses la tortura en Artillería 1 y Caballería 4. El médico Mautone verificó “ahorcamiento”, pero el cuerpo de Lerena presentaba quemaduras en varias partes y particularmente en los testículos y señales de haber sufrido colgaduras. Hoy, después de 40 años, los militares retirados Julio Litoksky y Héctor Conrado Lascano, presidente de la Organización de Fútbol del Interior, enfrentan un pedido de procesamiento por homicidio especialmente agravado.
Finalmente Tellechea promovió un nuevo procesamiento del coronel retirado y hoy encarcelado Jorge “Pajarito” Silveira por torturas sistemáticas aplicadas al periodista Rodolfo Porley. En el juzgado, cuando fue interrogado, Silveira negó las acusaciones y dijo que eran todas mentiras, que quienes lo acusaban lo hacían por dinero; el argumento seguramente no será tenido en cuenta. En el mismo expediente se pidió el procesamiento del sargento primero Ibáñez, alias el “Cuervo, quien asistía a los oficiales torturadores en un galpón del Servicio de Materiales y Armamentos del Ejército, donde funcionó el “Infierno Grande”. En la causa también se procesaría a un civil por delitos continuados de torturas. Se trata del psiquiatra Martín Gutiérrez, por entonces médico militar, a quien numerosos ex presos políticos identificaron como ejecutor de un plan para desestabilizar emocionalmente a los prisioneros y eventualmente inducirlos al suicidio. Desde hace dos años Gutiérrez reclama de la Universidad de la República el reconocimiento de su cualidad de neurofisiólogo y el correspondiente diploma por actuación documentada. Como otros tantos médicos, continuó en el ejercicio de la profesión a pesar de haber sido investigado por un tribunal de ética médica.
Mientras la jueza Adriana de los Santos analiza los distintos pedidos fiscales, la magistrada Tellechea continúa el estudio de otros expedientes, referidos a otros casos notorios del terrorismo de Estado, como el alevoso asesinato de Diana Maidanik, Laura Raggio y Silvia Reyes, conocido como “el caso de las pibas de abril”; y la indagatoria de los “fusilados de Soca”, el primer traslado clandestino de refugiados uruguayos a Argentina, en noviembre de 1974, y su posterior asesinato en diciembre, como una supuesta represalia por el asesinato en Francia del coronel Ramón Trabal.
Ondas expansivas del “archivo Castiglioni”.
No es casualidad que este empuje judicial coincida con la revelación del contenido del llamado “archivo Castiglioni”, en particular las sugerentes fotos, encontradas en carpetas, de la antigua chacra La Montañesa, donde se asentó la Brigada de Artillería Antiaérea, la antigua unidad de Artillería 1 de La Paloma, Montevideo. La presencia de esas fotos, y algunos comentarios escritos por el propio Castiglioni, revitalizaron la búsqueda de fosas clandestinas en ese predio militar, donde eventualmente podrían encontrarse nuevos restos de desaparecidos. Las excavaciones en La Montañesa se habían retomado hace unos meses, pero ahora se redefinieron ciertas zonas en función de informes recibidos.
En las cajas y carpetas incautadas en el domicilio del antiguo jerarca de la inteligencia militar aparecen también referencias a grupos y partidos políticos perseguidos durante la dictadura, que bien pueden aportar nuevas pistas sobre los grandes misterios de la represión durante el terrorismo de Estado, y en particular sobre los desaparecidos. La lista de documentos y carpetas también incluye material referido al debate que, en democracia, se produjo en torno a la impunidad y las distintas responsabilidades en la búsqueda u ocultamiento de la verdad. Puesto que en el archivo Castiglioni aparecen documentos reveladores de que, en democracia y hasta 2006, la inteligencia militar desplegó un espionaje sobre políticos, sindicalistas, magistrados y militantes de derechos humanos, la posibilidad de que ese espionaje (seguimientos, vigilancias, escuchas clandestinas, fotografías) tuviera como objetivo, además, documentar las distintas posiciones sobre la impunidad se convertiría en una explicación de la incomprensible resistencia, en ciertos sectores del Frente Amplio, a impulsar una comisión parlamentaria investigadora sobre el contenido y el origen del archivo Castiglioni.
Se ha fundamentado que indagar sobre el espionaje militar (en democracia pero también en dictadura, porque desde comienzos de los años setenta hasta el presente se mantuvo un enfoque de “guerra fría”, de la misma forma que hubo una continuidad en el recambio del mando y en el ascenso de nuevos jefes) implicaría el riesgo de destapar situaciones de desestabilización. ¿Qué significa eso? Para decirlo mal y pronto: pueden haber sido registradas posiciones, opiniones, nunca confesadas; o pueden haber sido reclutados espías “insospechados” con métodos de chantaje personal. Hasta ahora nada confirma esos extremos, pero las resistencias quizás tengan que ver con una afirmación del diputado rebelde Gonzalo Mujica en el periodístico En perspectiva: un argumento aparentemente reiterado en la interna parlamentaria del Frente Amplio es que ciertas cosas no se pueden difundir ni admitir porque ello supondría perder las elecciones.
Pese a las resistencias, la investigadora parlamentaria será propuesta al plenario de Diputados el próximo martes 22. El denunciante será Luis Puig, del Pvp, quien sugerirá los nombres de Roberto Chiazzaro (PS) y de Jorge Pozzi (NE) para integrar la comisión preinvestigadora que analizará la pertinencia de instalar una investigación en función de los elementos y antecedentes que ofrezca el denunciante; la presidencia de la Cámara designará a un tercer miembro. Cuarenta y ocho horas después, el análisis primario de la preinvestigadora será puesto a consideración del cuerpo. Si, como se descuenta, habrá un informe favorable, la bancada del FA propondrá constituir una comisión de nueve miembros, cinco frenteamplistas (Carlos Rodríguez, Mpp; Gerardo Núñez, PC; Darcy de los Santos, PS; Felipe Carballo, 711; y un representante de Asamblea Uruguay) y cuatro de la oposición, con la aspiración de que estén representados los cuatro sectores: colorados, blancos, independientes y la Unidad Popular.
Puesto que el objetivo de investigación es el contenido del archivo Castiglioni y confirmar la práctica de espionaje militar en democracia, los diputados buscarán las formas de acceder a la documentación en poder de la justicia. Después verificarán que los documentos en poder del coronel Castiglioni referidos al espionaje son copias de documentos oficiales de la inteligencia militar. Ello dará pistas para ubicar los correspondientes archivos en dependencias militares. Vale la pena señalar que si Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos obtuvo la autorización para ingresar en los archivos del Fusna, los legisladores no tendrían dificultades para inspeccionar otras dependencias, en particular aquellas que guardan la documentación del Servicio de Información de Defensa (Sid), luego Dirección General de Información de Defensa (Dgid), luego Dirección Nacional de Inteligencia del Estado (Dinacie).
El espionaje en democracia es uno de los elementos analizados por la organización Madres y Familiares de Desaparecidos en un comunicado que interpela con dureza y frontalmente a los poderes del Estado y a los partidos políticos “que miran para otro lado”, y a la “‘distracción’ de muchos que no quieren enfrentar la realidad, siguiendo la lógica de que ‘no hay que agarrarle la cola al león porque se puede enojar’”. Familiares denuncia que “los aparatos de inteligencia y de represión del Estado siguen operando sigilosamente, en una suerte de continuidad desde el fin de la dictadura hasta nuestros días”.
En el documento divulgado el 2 de noviembre se afirma que “hay una suerte de embestida presionando al poder político” por parte de las organizaciones de oficiales retirados, apoyados “desde dentro de las Fuerzas Armadas”, “para que no les toquen sus privilegios y conservar su poder”. Mencionan “los documentos oficiales que desnudan el espionaje ilegal a partidos y personas, realizado por los servicios de inteligencia militar en democracia; la negativa del comandante del cuartel de Durazno a poner una placa en memoria de Óscar Fernández; las declaraciones en Florida del coronel (r) Hartman, y ahora las expresiones en un programa radial del presidente del Centro Militar, coronel (r) Carlos Silva, reivindicando en todos sus términos la dictadura militar y la tortura”.
El comunicado termina afirmando: “Miedo, temor, terror, intimidación, amenazas, no construyen las bases sólidas de ninguna convivencia democrática”.