Palabras por el micrófono de Radio El Espectador
La P2 y el Plan Cóndor
Durante el siglo XVIII y gran parte del XIX, la historia constata la presencia de numerosos sacerdotes, religiosos e incluso obispos en las filas de la masonería, a pesar de los anatemas lanzados por los papas. El viejo Código de Derecho Canónico prohibía a los católicos, bajo pena de excomunión, inscribirse en la masonería y en organizaciones similares “que maquinan contra la Iglesia o contra las potestades civiles legítimas”.
La columna de Carlos Peláez
El 19 de julio de 1974, una carta de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, dirigida a algunas conferencias episcopales más directamente interesadas en el tema, afirma que dicho canon se aplica solamente a aquellas organizaciones que verdaderamente conspiran contra la Iglesia.
Sin embargo, el 2 de marzo de 1981, la oficina de prensa del Vaticano divulgó un documento que intrigó a mucha gente y que recordaba la prohibición canónica. Pocos días después, el 17 de marzo, la policía descubre en la caja fuerte de Gelli una lista de 962 miembros de la P2: poderosas figuras de casi todos los sectores del sistema, de la política, del ejército, de los servicios de inteligencia, de los negocios y finanzas, de los medios de comunicación.
Entre ellos algunas de las más prominentes figuras de El Vaticano como el Secretario de Estado Jean Villot; el ministro de RR.EE. arzobispo Agostino Casaroli y el viacario de Roma, cardenal Ugo Poletti, También el Arzobispo de Nueva York Paul Marcinkus y su secretario monseñor Donato De Bonis.
El primer ministro Arnaldo Forlani ocultó la información, pero el 20 de mayo se hizo pública la lista, provocando la caída del gobierno. El poder oculto estaba al descubierto e influyentes personajes estaban a punto de caer (158).
Michele Sindona, abogado y banquero siciliano, nacido en Patti en 1920 y afincado en Milán en 1948, miembro de la P2 desde 1964 con el número 1612, hombre de confianza de Pablo VI, que en 1969 le encomienda la política de inversiones vaticanas en el extranjero, cuyo control tendrá hasta 1974, año en que se produce la quiebra de los bancos de Sindona y es sustituido por Roberto Calvi.
Las historias de corrupción, que incluyen la sospechosa muerte de Juan Pablo I (1978), señalan al arzobispo norteamericano Paul Marcinkus, quien al frente del banco papal se asoció con el banquero Michele Sindona y con el jefe del vaciado Banco Ambrosiano, Roberto Calvi, quienes realizaron misteriosas inversiones con el dinero del Vaticano.
Sindona terminó preso por desfalco y fue envenenado con cianuro en una cárcel de alta seguridad. Calvi apareció colgado bajo el puente Blackfiars del Támesis en Londres. En ambas muertes se ha marcado la responsabilidad de la Propaganda Due, la logia creada por Licio Gelli, quien a fines de los 70 vivió en Uruguay.
Según el libro “Uruguay País Vaciado” del periodista Miguel Carrio, entre los implicados en la densa trama de sobornos y lavado de dinero figuraba el banquero Mario Ortolani, quien estaba instalado en nuestro país desde 1970, y en 1981 era la eminencia gris del Banco Financiero Sudamericano (BAFISUD) desde su aparentemente modesto cargo de Sub Gerente General.
Junto a Ortolani, integraban el Consejo de Administración de BAFISUD representantes de los intereses vaticanos, personalidades uruguayas del ambiente financiero, y el propio Licio Gelli. Entre los uruguayos figuraban los Santayana, Julio Aznárez, la familia Strauch, y la familia Peirano Facio. Carrió explica en su libro que en ese año se desarrollaba una guerra no declarada por la sucesión del dictador Aparicio Méndez en la Presidencia de la República, entre los generales Luis Vicente Queirolo (clan Mailhos) quien tenía “negocios” con la logia P2″ y Gregorio Álvarez. Es precisamente esa relación de Queirolo con la para ese momento “desgraciada” organización mafiosa, lo que permitirá a Álvarez hacerse con el poder.
Una vez en la presidencia, el dictador Álvarez ordena la incautación de los documentos encontrados en la casa que Licio Gelli tenía en Montevideo. Entre ellos se encuentran tres carpetas rotuladas “Massera, Emilio Eduardo”, el hombre de la logia en Argentina, represor, genocida, ladrón de niños, amigo y socio del vicealmirante Hugo Márquez. Hacia 1982, el BAFISUD ocupaba patrimonialmente el tercer lugar en el ranking bancario uruguayo, poseía una sucursal en la ciudad brasileña de San Pablo, y en Argentina era propietario del Banco Continental.
En enero del 2008, Roger Rodríguez escribía en La Republica: “Cuando en Italia se habla de Uruguay y de su dictadura, de inmediato surge la historia de las operaciones de la Logia Propaganda Due (P2) que en los años de los gobiernos militares en el Cono Sur tenía una de sus sedes de operación política y financiera en Montevideo”, sostiene un periodista italiano que fue entonces corresponsal en Uruguay.
La observación se confirma en una serie de artículos publicados por la prensa italiana en las últimas semanas, desde que Tróccoli fue detenido por orden de la jueza Luissana Figliola por un pedido del fiscal Gianncarlo Capaldo, quien indaga desde hace ocho años los crímenes contra descendientes de italianos en el marco del Plan Cóndor.
Con el arresto de Tróccoli, el fiscal Capaldo logró que se reactivara un caso que había quedado encajonado en la Justicia italiana y pudo desempolvar una orden de captura sobre 140 represores de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, donde los ciudadanos italianos fueron desaparecidos. En toda la región hubo repercusiones.
Cuando Licio Gelli desembarcó en el Cono Sur, las dictaduras le abrieron las puertas. Para el general Alfredo Stroessner, Gelli era anticomunista y por lo tanto aliado. En Chile, se asoció con el general Manuel Contreras. En Argentina, con José López Rega (y su Triple A) y con el almirante Emilio Eduardo Massera, ambos integrados a la P2.
En Uruguay, Gelli operaba desde la sede de Orden de Malta, la empresa Promociones y Servicios del Edificio Artigas y se había asociado con importantes estudios jurídicos. Los generales Julio César Vadora, Luis Queirolo, Eduardo y Rodolfo Zubía, entre otros, lo ampararon, a diferencia del general Gregorio Alvarez, quien dejó morir el Bafisud.
En 1981 el inspector Víctor Castiglioni de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) comandó un allanamiento en Carrasco en que se incautó el archivo de la P2, donde figuraban los miembros uruguayos de la Logia. Esa lista negociaron en sucesivas visitas los primeros ministros italianos Giulio Andreotti y Bettino Craxi.
Licio Gelli había participado de la Operación Gladio, una organización terrorista secreta anticomunista creada en Europa Occidental luego de la segunda guerra mundial, con financiación de la CIA norteamericana y el M16 británico para generar una “estrategia de tensión” que impidiera el acceso al poder de gobiernos comunistas o socialistas.
En Gladio, Gelli conoció al neofascista Stefano Delle Chiaie (Avanguardia Nazionale) y al terrorista ultraderechista Vincenzo Vinciguerra, quienes participarían directamente en uno de los más importantes atentados elaborados por la coordinación represiva del Plan Cóndor: el intento de homicidio contra el chileno Bernardo Leigthon en Roma en 1974.
Entre 1973 y 1976 los represores uruguayos (OCOA y SID) actuaron en Buenos Aires en coordinación, primero con la Triple A de Rega y luego con el Batallón 601 que comandaba el general Guillermo Suárez Mason, miembro de la P2. En 1977, Tróccoli operó desde el Fusna con el propio Emilio Massera, cabecilla de la P2 en Argentina.
Cuando era evidente su procesamiento, junto al dictador Gregorio Álvarez y su camarada de armas Juan Carlos Larcebeau, el capitán Tróccoli decidió fugar a Italia. No compareció en el último interrogatorio judicial y fue requerido internacionalmente por el juez penal Luis Charles. Su abogado, Gastón Chaves, dijo que estaba embarcado.
Tróccoli había comenzado a tramitar la nacionalidad italiana en 1996, apenas fue denunciado como represor del Fusna en la revista Posdata, pero un año antes había acompañado al embajador uruguayo en una supuesta “misión oficial”. El embajador uruguayo en Italia era Julio César Lupinacci, el embajador ante Caracas cuando el secuestro y desaparición de la maestra Elena Quinteros de la Embajada de Venezuela en 1976.
Diplomático de la dictadura, Lupinacci fue quien en 1993 envió desde Italia una foto de la última víctima del Plan Cóndor, el chileno Eugenio Berríos, quien aparecía “vivo” en Milán tres meses después de muerto. Lupinacci casualmente fue embajador ante Chile, Naciones Unidas, Argentina y en 2000, Jorge Batlle lo designó en el propio Vaticano.
Suponer que el capitán de navío Jorge Tróccoli haya logrado una “conexión” con los resabios de la Propaganda Due para escapar de la Justicia uruguaya y ser sobreseído ante las leyes de Italia, parece tan improbable como haber creído treinta años atrás que existía una coordinación internacional represiva financiada por una logia masónica.
Tan improbable como que se lleguen a esclarecer los verdaderos entretelones que la logia de Lucio Gelli tuvo (¿y tiene?) en Uruguay desde los años de la dictadura y durante los sucesivos gobiernos electos en los que nunca se reveló ni lo ocurrido con las cuentas del Bafisud, ni con el contenido del archivo de la P2 y sus miembros uruguayos.
En Italia, sin embargo, la sombra de la P2 sigue latente y su fantasma suele aparecer en la prensa cada vez que en los tribunales superiores de Justicia se concretan sentencias dudosas que suelen beneficiar a sospechados de integrar grupos mafiosos económicos o políticos, o casos de corrupción que todavía no se han aclarado”.
En los archivos del Vaticano puede encontrarse parte de la verdad sobre esta historia.