1986-22 de diciembre-2016:
A 30 AÑOS DE LA APROBACION DE LA LEY DE CADUCIDAD.
Por Raúl Olivera Alfaro
El 22 de diciembre de hace 30 años, la mayoría de los legisladores blancos y colorados aprobaron ley de caducidad destinada a impedir que los ciudadanos que acudieran ante los tribunales a reclamar que su derecho constitucional a la justicia, lo obtuvieran.
Aquel 22 de diciembre de 1986, la larga lucha por verdad y justicia no caducó. Nos ingeniamos para ir derrumbando barreras y muros que muchos pensaron inexpugnables. Aquella ley arbitraria, inmoral e inconstitucional, treinta años después, ya no es el impedimento para que exista verdad y justicia. Sin embargo ese avance sustancial que se produjo gracias a esas luchas sin desmayo, no ha sido suficiente para garantizar, con relación a las gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas por el terrorismo de Estado, sean objeto de una actuación eficaz por parte del sistema judicial y todas las instituciones del Estado. Algunos, pocos por cierto, responsables de crímenes cometidos al amparo del terrorismo de Estado pudieron ser procesados al haber sido iliminada la impunidad jurídica. Muchos aun continúan impunes en razón de una ipunidad fáctica.
Ningún responsable por la apropiación de menores o de torturas fue procesado. Todos los enjuiciados viven su reclusión con privilegios que otros delincuentes no poseen. Muchos gozan de prisión domiciliaria indebida.
Pese a que el Poder Ejecutivo actual, no es el perro guardián de la impunidad instalado a las puertas de los tribunales, los ciudadanos que acudieron a los juzgados no tienen la seguridad de que sus derechos serán atendidos en tiempo y forma. Esa triste y lamentable suerte para las víctimas, sus familiares y para la sociedad, es la que sufren 182 causas radicadas ante los tribunales.
El mantenimiento en nuestro ordenamiento jurídico interno por muchos años de una norma como la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, no solo expuso al país ante la comunidad internacional. También cobijo otras formas de impunidad como las que se han denunciado sobre la actuación de los servicios de inteligencia.
Ese modelo de convivencia social que vivió nuestro país que tuvo como telón de fondo a la impunidad, afectó profundamente a todo el tejido social. Que las generaciones actuales puedan reclamar la plena vigencia de los derechos humanos, sin miedos, sin impunidad, sin obstáculos; y que el Estado investigue y juzgue con eficacia a quienes amparados en el poder del Estado cometieron las más crueles violaciones de los derechos humanos, es una señal sana que deberían dar con claridad las instituciones democráticas.
Por eso, la lucha continua.
