Informe de la Secretaria de Derechos Humanos
Un informe de la Secretaria de Derechos Humanos para el Pasado Reciente (SDH) revela detalles de la magnitud del proceso represivo impulsado por el Estado, en el período previo al golpe de Estado.
Por Mauricio Pérez
Entre el 13 de junio de 1968 y el 27 de junio de 1973, en la previa al golpe de Estado, 80 personas murieron y tres fueron desaparecidas a manos de los servicios represivos del Estado o por acciones de grupos parapoliciales. Así lo establece un trabajo del equipo de historiadores de la Secretaria de Derechos Humanos para el Pasado Reciente (SDH) de Presidencia de la República.
El trabajo implica una ampliación de la investigación histórica sobre la Dictadura. En este caso, se centra en el período llamado de “crisis de la democracia y el Estado de Derecho”, y en especial sobre “el fenómeno del asesinato por razones políticas o muertes atribuibles a la responsabilidad del Estado a través de la intervención de sus organismos militares y policiales especializados en la represión institucional así como a través de la conformación de una para-estatalidad represiva y clandestina con su secuela de víctimas”, señala el informe.
La investigación revela que en la previa al quiebre institucional se registraron 80 fallecidos (74 hombres y seis mujeres) y tres desaparecidos por responsabilidad y/o aquiescencia del Estado uruguayo. Los desaparecidos fueron Abel Ayala, Héctor Castagnetto y Roberto Gomensoro Josman. De esta forma, se llega a un total de 204 fallecidos y 193 desaparecidos entre 13 de junio de 1968 y el 1º de marzo de 1985, señala.
La mayoría de las muertes (53) se produjeron en 1972. Se trata de un año clave de la represión pre-dictadura. En 1971, el Poder Ejecutivo le encomendó la lucha antisubversiva a las Fuerzas Armadas y creó los institutos que se encargarían de la tarea (como el Esmaco), lo que se consolidó en 1972 con la declaración del Estado de guerra interno y la suspensión de las garantías individuales (se extendía el plazo para presentar a los detenidos ante un juez y se habilitó los allanamientos nocturnos, entre otras medidas). Esto intensificó la represión que se desarrolló durante las Medidas Prontas de Seguridad.
Asimismo, se establece que 50 muertes se produjeron en una acción represiva del Estado, entendido como muertes ocurridas en procedimientos de detención, en operativos contra grupos políticos o por acción de los grupos paraestatales. Además, se registraron diez muertes en actos de represión contra el movimiento estudiantil o sindical, cinco muertes en enfrentamientos y cuatro en circunstancias que no se pudieron clasificar.
Además, se constataron once muertes en centros de detención, lo que implica un cambio con lo que ocurrió durante la dictadura, cuando la mayoría de las muertes se produjeron en prisión. Entre 1968 y 1973, estas muertes ocurrieron en unidades militares -o centros clandestinos de detención-, antes de que las personas fueron “blanqueadas”, dijeron fuentes de la SDH a Caras y Caretas Portal. También se constató una importante presencia de jóvenes entre los muertos: 53 tenían entre 20 y 34 años, siete tenían entre 15 y 19 años y uno de los fallecidos era menor de 14 años.
En esta línea, se confirmó que la amplia mayoría de los fallecidos eran integrantes del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T), que era el grupo más activos en la lucha armada. También se computan los ocho asesinados en la Seccional 20 del Partido Comunista (PCU) y la muerte de militantes del OPR 33, así como varios casos de militantes estudiantes. Entre estos últimos se señalan los casos de Liber Arce, Hugo De los Santos e Ibero Gutiérrez, entre otros.
El informe también contabiliza la muerte de Francisco Chocho, militante del Partido Nacional, quien fue detenido el 14 de octubre de 1972, en Maldonado, durante una redada de las Fuerzas Conjuntas y trasladado al Batallón de Ingenieros Nº 4; murió a causa de las torturas y su cuerpo fue entregado a su hijo, que era un militar de carrera.
También se registra la muerte de seis personas, sin militancia política, en situaciones confusas, que tienen su trasfondo en los controles de los servicios represivos en el contexto de aplicación de las MPS. Este fue el caso, por ejemplo, de Juan Gilberto Moreira, quien según la cronología publicada en el libro “La Subversión” de la Junta de Comandantes en Jefe, es muerto por no acatar la orden policial de alto.
En este sentido, fuentes de la SDH explicaron a Caras y Caretas Portal, que el informe pretende aportar elementos para entender “un periodo, como los años previos al golpe de Estado, lleno de acontecimientos políticos importantes” y en el que se verifica un proceso de profundización de la crisis política del país, iniciándose un camino de transformaciones autoritarias y violencia política desde el propio Estado.
Acceda a estadísticas del informe de la Secretaria de Derechos Humanos: Cuadros+de+Asesinados+Politicos+entre+1968-1973
Acceda al listado de muertos y asesinados políticos: Listado de Muertos y Asesinados entre 1968 y 1972