Repercusiones del fallo de la Justicia en Roma

Lo que el fallo de Roma exige, ahora, es la reactivación de las causas judiciales que continúan dormidas en Uruguay que, como se indicó en el anuario de Serpaj, 30 años después de la aprobación de la Ley 15.848, solo ha permitido el proceso de 30 represores, cuando de 304 denuncias de violaciones a los derechos humanos que fueron judicializadas, el 23 % fue archivado, el 63% continúa en la etapa de presumario y sólo hubo 6 sentencias, de acuerdo a datos proporcionados por el Observatorio Luz Ibarburu.

 

¿Cuáles son las razones de ese enlentecimiento en los procesos? ¿Quiénes son los responsables de que las causas no progresen? ¿En cuánto es responsabilidad de la Suprema Corte de Justicia o de la Fiscalía de Corte, que disponen el cambio de jueces y fiscales a su antojo obligando a que los sustitutos vuelvan a empezar de cero? ¿Por qué no se ha implementado la fiscalía de derechos humanos tantas veces anunciada? ¿Por qué no se hace un tribunal al respecto, ya que es una especialidad como la del crimen organizado? ¿Por qué no se analiza judicialmente el tema derechos humanos como un todo en un proceso que permita ver el contexto y las relaciones de los casos que hoy se indagan individualmente?

¿Qué espera el Poder Ejecutivo para darle presupuesto y logística material y humana a la Comisión por la Verdad si realmente se pretende avanzar en la resolución de los casos de desaparecidos? ¿Cuándo se creará un equipo de trabajo full time para planificar y concretar las excavaciones en unidades militares así deban arar todo el Campo de Vidella? ¿Cuándo se ejercerá presión sobre los represores instruyéndoles los Tribunales de Honor que los degraden y limiten sus actuales jubilaciones? ¿Cuándo el Poder Legislativo elaborará una norma que favorezca a esos militares si colaboran en la búsqueda y aparición de los desaparecidos?

 

Los familiares, las organizaciones sociales, los activistas e investigadores, debemos continuar el trabajo, conscientes de que vivimos en un tiempo de impunidad local e internacional, pero con la convicción de que la verdad puede y debe ser encontrada. Para que haya memoria hasta que se logre la justicia. Para que no se olvide a la víctima de cada causa bajo impunidad, el nombre de cada impune y la responsabilidad de cada impunidor, mientras el Leviatán siga vivo y nadie se atreva a ponerle la mano encima.

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Repercusiones del fallo de Roma en Uruguay

 

“Estamos desolados”, dijo a la diaria desde Roma Mirtha Guianze, presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, horas después de que se conociera el fallo que absolvió a los 14 represores uruguayos y condenó con cadena perpetua al ex canciller de la dictadura Juan Carlos Blanco. Guianze estaba reunida con delegaciones del resto de los países involucrados en el juicio, que coincidían en que “es disparatado todo el sentido del fallo” y que fue “un mazazo que nadie esperaba”. Si bien todavía no se conocen los fundamentos del fallo, según Guianze, “se estableció responsabilidad solamente a los capos, a los jerarcas y por los homicidios, que es el único delito que no prescribe acá.

A los demás dijeron que tenían secuestros de personas, y ese delito sí prescribe. Los jurados populares no entendieron, o no se les supo hacer entender, que los grupos de tareas actuaban como patotas, no como habitualmente procede una jerarquía; que podían torturar prisioneros y que se podían pasar y que se les murieran, y que esto no significaba que tuvieran una orden”.

En el caso de Jorge Tróccoli, el único represor uruguayo que se presentó en el juicio, y sobre el que había más expectativas de que fuera procesado, Guianze dice que “está claro que tenía autonomía para proceder, y eso no está comprendido en esta decisión”. El ingeniero Martín Ponce de León -que también declaró en Roma- argumenta en el mismo sentido. Ponce de León era dirigente de los Grupos de Acción Unificadora en los tiempos en que Tróccoli era responsable de Inteligencia del destacamento de Fusileros Navales (Fusna), y dijo a la diaria: “Tróccoli tuvo un rol clave en los episodios de finales del año 77, cuando desaparecieron más de Fusna, sino que además quedó a cargo de todas las operaciones, por orden directa del Comando de la Armada; trabajó en cooperación con el Servicio de Información de Defensa y siguió trabajando varios años en la Argentina. Hasta obtuvo calificaciones absolutamente favorables de los propios jefes de la nefasta Escuela de Mecánica de la Armada; eso está documentado, y él mismo ha escrito sobre esto y ha dicho que no actuaba por órdenes, sino por convicción”.

Para Ponce de León el fallo es, “por decir poco, decepcionante”. Para Raúl Olivera, integrante de la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, que también participó en el juicio, “constituye un gran signo de interrogación cuál es el fundamento de esa absolución generalizada para la parte operativa, y la condena a Blanco como actor mediático o responsable desde el punto de su ubicación en la estructura del Estado dictatorial”. Lo mismo pasó con el resto de los países; todos tenían cargo de gobierno, dice.

Para Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, en palabras de su vocero, Nilo Patiño, el fallo “cayó como un balde de agua fría, no sólo sobre nosotros, sino también sobre todas las organizaciones de derechos humanos”. Sin embargo, “queda claro que esto no borra los crímenes que han cometido ni implica que los absuelven porque son inocentes. Para nosotros es un tropezón, pero nos han pasado cosas mucho peores, y nos vamos a levantar”, aunque “nos hubiera gustado que Tróccoli fuera preso”.

Visiones

Según Olivera, “hay un cuerpo probatorio que ha sido avalado por la Justicia uruguaya con los procesamientos, y también en Argentina con los juicios que se han dado, por lo que se esperaba que esta causa, que llevó muchos años de investigación por parte de la fiscalía, y acumuló los conocimientos y las nuevas pruebas que fueron apareciendo durante estos años, se resolviera de otra manera”. Sin embargo, “otra cosa que hay que poner en debate es la estrategia jurídica del abogado uruguayo”, que “no se conoce”: “Ni cuando fui a declarar pude conocerla”. Para Olivera, “el Estado se involucró hace muy poco tiempo en este tema, fundamentalmente para tratar de enmendar un error que cometió el embajador uruguayo en Italia en aquel momento con la extradición de Tróccoli”. Dice que siempre han reclamado más compromiso del Estado “para aportar la información”, ya que “las víctimas ya dimos todo lo que tenemos, nuestros testimonios, nuestro recuerdo y nuestra visión de cómo se dio el terrorismo de Estado”. Explica que “el terrorismo de Estado no fue orquestado por Blanco, sino por todo un aparato del Estado, que tuvo sus directivas y que tiene que tener la información”.

Patiño está de acuerdo en que el Estado debería estar mucho más comprometido con el tema: “Es el tercer gobierno del Frente [Amplio] y recién pudimos tener acceso a los archivos hace poco”. Sin embargo, afirma que “es el primer período de gobierno en el que realmente hay apoyo para investigar y no para cerrar los casos, una apertura, y en ese sentido la saludamos. Es una actitud tardía, pero más vale tarde que nunca”. Olivera dice que con el paso que dio el Estado de ir al juicio en Italia, y las palabras del vicepresidente Raúl Sendic en cuanto al compromiso de seguir con el tema, esperan que en las nuevas instancias de apelación el Estado uruguayo tenga un rol más activo.

Para el historiador Aldo Marchesi, que ha estudiado el proceso regional de represión política, es necesario relativizar los alcances de este juicio: “Este es un juicio más; ha habido muchos juicios en relación a las causas Cóndor, y se enmarcan en una estrategia que se viene haciendo por parte del movimiento de derechos humanos del Cono Sur desde los años 80, por lo que no necesariamente hay que depositar expectativas supremas en cada caso, y quizás eso se hizo un poco en Uruguay respecto a este”. Considera que el resultado “no debe hacer perder una visión más general”: “El fallo plantea que existió crimen y condena el crimen; eso es algo que también tendría que ser relevante. Es importante que a nivel internacional una vez más se demuestre que la Operación Condor existió, que hubo violaciones a los derechos humanos, y desaparecidos italianos. Se constata que desaparecieron; la discusión es más bien penal”.

Patiño cree que “el juicio fue muy importante como noticia, para difundir no sólo acá, sino en todo el mundo, la búsqueda de la verdad”, pero “seguimos sosteniendo que son crímenes que se cometieron acá, cometidos por uruguayos, y deberían ser juzgados acá”. Ponce de León dice que el fallo es “un golpe”, pero lo importante es que “no podemos ni debemos aceptar que ganen el silencio y el ocultamiento”. El gran problema que tiene Uruguay, dice, es que “a 30 años de recuperación de la democracia todavía no se sepa qué pasó con los compatriotas desaparecidos ni dónde están sus restos”, algo “humanamente inaceptable”. Hasta “la propia ley de impunidad establecía la obligación del Poder Ejecutivo de seguir investigando el tema de los desaparecidos”, remarca, por lo que “no hay nada que habilite a que este tema no sea un tema sobre el cual se siga trabajando y peleando” y “se cumpla con la obligación ética, elemental y humana de dar una explicación a las familias”.

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Reacciones políticas

Hay un denominador común en el espectro político partidario uruguayo: el fallo judicial en Roma por el Plan Cóndor no va en línea con las expectativas que se habían generado en la previa. Tanto desde el Frente Amplio (FA) como desde la oposición se mostraron sorprendidos tras conocer la sentencia de la presidenta de la III Corte Penal de Roma, Evelina Canale.

El secretario político del FA, Gonzalo Reboledo, expresó a la diaria que “es objetivo que hubo delitos; estas personas estaban directamente implicadas con muchas de las situaciones que se los acusa”. Sobre la apelación del fallo, Reboledo dijo tener “esperanza de que se revierta”. O en otras palabras, según publicó en su cuenta de Twitter el presidente del FA, Javier Miranda: “Ninguna sentencia puede negar el pasado.

La lucha continúa. #NuncaMás”. En sintonía con Reboledo, el senador y líder del Partido Independiente (PI), Pablo Mieres, sostuvo a este medio que se conoce la “responsabilidad de las personas que fueron incriminadas”, al tiempo que consideró que este fallo es un “revés para el Estado uruguayo”, y que “pudo haber algún problema con el aporte de pruebas que se entregó”. El diputado de Unidad Popular (UP), Eduardo Rubio, expresó: “todavía no lo puedo creer”. Si bien aclaró a la diaria que no siguió muy de cerca el caso, afirmó que se trata de una “cuestión inexplicable” que le impactó “negativamente”. “La impunidad tiene demasiada fuerza; tenemos que voltear ese muro de impunidad. Pienso que hay que apelar, no deberíamos quedarnos con los brazos cruzados y aceptando el fallo”, señaló el legislador.

En tanto, el diputado nacionalista José Andrés Arocena dijo que si bien entre los culpables había gente que no conocía, “los casos de terrorismo de Estado no merecen amnistía”. Por su parte, el diputado colorado Adrián Peña también se mostró “sorprendido” con el resultado del juicio. “Sin tener demasiada información ni seguir el juicio de cerca, daba por descontado que iba a haber una sanción, más tratándose de delitos calificados de lesa humanidad, y esa también era la expectativa del gobierno”.

Marcelo Aguilar