Carrera contra el tiempo

 Por  Daiana García

A dos años de su creación, el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia (Gtvj) aún no acaricia las metas que se propuso. Su coordinador, Felipe Michelini, asegura que 2017 será un “año de concreciones”, pero todavía no hay definiciones acerca de cómo lograrán sus objetivos.

 

El Gtvj no ha logrado colmar las expectativas de las organizaciones sociales, ni ha conseguido concretar los objetivos trazados en el decreto de su creación, que Tabaré Vázquez firmó, a poco de asumir, un día antes de la vigésima Marcha del Silencio. Un año después el grupo presentó los lineamientos de trabajo, que coinciden en su mayoría con lo que ya establecía el decreto.

Felipe Michelini, coordinador del grupo, se muestra optimista y entiende que 2017 será un año de concreciones. Hasta el momento –asegura– el grupo ha estado “en adaptación” debido a diferentes factores que favorecieron la dilación de sus objetivos. Uno de ellos fue el robo en el Giaf y las amenazas a sus investigadores. Esta situación, que la justicia no ha logrado aclarar, no implicó la pérdida de información, pero generó, según explica, gran temor e incomodidad en los equipos de trabajo, lo que derivó en un importante desvío de atención y esfuerzos.

El coordinador del grupo explicó a Brecha que hasta ahora han trabajado a demanda, por ejemplo, dando apoyo a los juicios en Argentina e Italia, y esto no les ha permitido concretar lo planificado. Otras voces, provenientes de la sociedad civil, interpretan que la naturaleza de la integración1 del Gtvj, sin investigadores especializados, repercute en la “falta de ejecutividad”.

Las mismas voces consideran que esta administración demostró un cambio sustancial en relación con la de José Mujica, en cuanto a que hubo claras señales de apertura a favor de avanzar en el esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el pasado reciente. Citan, por ejemplo, la disposición de Vázquez –en la reunión que mantuvo con el Gtvj hace dos semanas– a otorgar “lo que se necesite”para trabajar; o, algo más tangible, la posibilidad de tener acceso, por primera vez, a los archivos de inteligencia de la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea. Esta documentación –a la que se lograría acceder recién en el tercer gobierno del Frente Amplio– genera grandes expectativas.

EN CARPETA.

Es cuantioso el material al que los investigadores tendrán que hincarle el diente. El archivo hallado en 2006 en la ex Escuela de Inteligencia del Ejército que contenía más de mil rollos de microfilmación –luego digitalizados en 51 Dvd– es uno de ellos. Fernando Gómez Pereyra, director de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, explicó a Brecha que en cada rollo hay aproximadamente tres mil imágenes, cada una correspondiente a un documento. Esto significa –explicó– que si el archivo lo procesara una sola persona le llevaría, según sus cálcu- los, casi dos décadas.

Para el estudio de este material ya se firmó un convenio con la Udelar, que se encuentra en el Tribunal de Cuentas, pendiente de su visto bueno. Superada esta etapa restaría designar a los profesionales que se harán cargo del trabajo. Mientras tanto, se trabaja en la elaboración de un índice primario, pero para eso cuentan con una sola funcionaria. De todas formas Gómez indicó que “existiría un programa buscador de esos microfilmes” que les facilitaría la tarea, y están tratando de hacerse del mismo, ya que “aparentemente estaría” en Defensa. Esta herramienta ya fue solicitada por el jerarca; les resta esperar a que el ministerio la halle y la aporte.

También están en poder del Gtvj los archivos de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia fechados en su mayoría entre 1968 y 1975. Esta documentación fue digitalizada mediante un convenio con la Udelar; luego el grupo se quedó con los originales en formato papel y la posibilidad de acceder a la versión digital a través de la “nube”, con un usuario y contraseña. Si bien este archivo ha sido de utilidad en cuestiones concretas, tampoco se ha trabajado con un equipo de investigadores. Según Gómez esto último es parte del plan de trabajo y esperan poder hacerlo este año.

Paralelamente, dos personas están investigando un tercer archivo, el del ex Fusna. Si bien desde el Poder Ejecutivo les han asegurado la disponibilidad de recursos económicos para contratar un equipo de investigación, una de las personas, que está trabajando desde junio, aún no ha sido contratada y se desempeña de forma honoraria. Michelini no considera esto como un impedimento, sino como parte de las complejidades burocráticas: “se está trabajando para resolverlo”. Sin embargo, esta situación es una de las que despiertan el descontento de las organizaciones.

El plan a futuro es ambicioso. Michelini afirmó que también proyectan trabajar, al igual que en el ex Fusna, en los documentos de la Fuerza Aérea y el Ejército; el propio Gómez ya envió las notas que dan inicio al trámite para el acceso. Si bien la abundancia de información es una buena noticia, el trabajo de digitalización e inventariado es complejo y no se cuenta con un programa que les permita hacer un cruzamiento de datos, una pieza esencial para el cometido que se proponen. Esta es una de las principales barreras para que las investigaciones sean concluyentes. Consultado sobre esto, el coordinador aseguró que la idea es poder adquirir ese software este año, aunque no pudo precisar cuándo.

LOS PARCHES.

El aspecto reparatorio respecto de las víctimas del terrorismo de Estado es una de las grandes deudas a saldar y forma parte de las líneas de trabajo del grupo. El mayor inconveniente con la pensión especial reparatoria (Per) es que, al conformarse con una lógica pensional –y no de reparación–, es incompatible con ciertos ingresos (jubilaciones o pensiones), lo que obliga al beneficiario a renunciar a ellos si pretende recibir la Per.

Los estándares internacionales indican que el enfoque vigente no es el correcto, ya que se trata de una reparación del Estado por el daño perpetrado, y no un beneficio de la seguridad social. A causa de esta lógica existen, por ejemplo, ex presos políticos que, por un error al estudiar su caso se les otorgó la Per y luego se les suspendió, y se les obligó a devolver el dinero percibido, en algunos casos durante años.

Con la intención de trabajar en esta línea, el Gtvj puso a disposición de las organizaciones y de otros actores involucrados un borrador para construir en conjunto una nueva ley que cumpla con los estándares de reparación. Si bien aún no han recibido todas las devoluciones, en términos generales las organizaciones han saludado esta iniciativa de apertura como un cambio sustancial.

El documento final será presentado al Poder Ejecutivo, que deberá enviarlo al Parlamento y lograr su aprobación como máximo el año próximo, ya que en 2019 sería imposible por ser año electoral.

Una de las sugerencias recibidas –Michelini manifestó la voluntad del Gtvj de incorporarla– es que la reparación se extienda a niños y adolescentes que hayan sido víctimas de las consecuencias del terrorismo de Estado al privar de libertad a sus padres. El pasaje de una lógica pensional a una reparatoria y la inclusión de los hijos de los presos es sin duda una aspiración ambiciosa en términos económicos.

Si bien el grupo se reunió el 1 de febrero con Vázquez y en la instancia se le adelantó que presentarían este proyecto, Michelini no se aventuró a asegurar una disposición favorable del Ejecutivo a esta modificación. Precisó que la tarea del grupo es aconsejar el cumplimiento de los estándares internacionales, pero que la aceptación del gobierno y el posterior tratamiento parlamentario lo trascienden.

No obstante, remarca que el trabajo del grupo tiene el total apoyo político del Poder Ejecutivo, e incluso que las reuniones con Vázquez han sido varias. Michelini sintetizó: “Con todo lo que sea verdad y justicia: adelante”. El coordinador prefiere esperar a este año “de concreciones”para evaluar el trabajo del grupo, pero considera que uno de los mayores méritos es que por primera vez “se puso arriba del tapete un abordaje integral en materia de violaciones a los derechos humanos”.

El Grupo por Verdad y Justicia se planteó un 2017 ambicioso, que espera sea de logros y asentamiento, sin embargo muchas de sus aspiraciones aún no tienen una estrategia de aplicación, y Michelini no arriesga cuáles son de concreción más cercana. Argumenta que están elaborando un “plan de trabajo” para este año, que presentarán en marzo. Las demandas son diversas, pero la preocupación es la misma: la celeridad que necesitan estos procesos. Porque el tiempo apremia y la verdad y la justicia le corren de atrás.

1. El Gtvj está integrado por la diputada Macarena Gelman, el pastor Ademar Olivera, el historiador Mario Cayota, la mae Susana Andrade, Ignacio Errandonea (de Familiares), Pedro Selofsky (del Comité Central Israelita), además del ex diputado y actual coordinador Felipe Michelini.

Otros pendientes

•  Campaña de testimonios. Una de las líneas de trabajo prometidas para 2016. Aún no se ha implementado cómo se buscarán, con esta metodología, nuevas puntas de investigación. De acuerdo a Michelini, esto también forma parte de las concreciones de 2017 aunque no hay avances en cuanto a cómo será su implementación.
•  Plan global de memoria. En aras de contribuir con este objetivo, previsto en el decreto, han apoyado algunas actividades puntuales, pero aún no se ha desplegado. Michelini reconoce que no ha sido prioritario.
•  Cooperación con el Poder Judicial. Es uno de los lineamientos estratégicos. A juicio del coordinador, han podido aportar en cuestiones concretas pero no a gran escala. Planean comenzar a lograrlo este año.  

•  Juicios civiles. El Gtvj considera oportuno aplicar el artículo 25 de la Constitución y realizar juicios civiles para que los militares que hicieron caer en responsabilidades patrimoniales al Estado respondan económicamente. Michelini explicó que han sido enfáticos en esto y que están a la espera de que el Ejecutivo indique los pasos a seguir. A su entender, el verdadero valor de esta decisión es simbólico más que patrimonial.