Martes 14 de Marzo – Día de la y del expreso político
El próximo martes 14 de marzo, a la hora 17, en el Memorial de los Detenidos Desaparecidos en el Parque Vaz Ferreira, en el Cerro, nuestra organización celebrará el Día de la y del ex preso político, bajo la consigna “Que la justicia investigue y los jueces juzguen”.
A la hora 17, en punto, dará comienzo la ceremonia, realizando un minuto de silencio en homenaje a nuestros compañeros detenidos desaparecidos, posteriormente habrá una breve parte oratoria y una actuación artística a cargo de Cristina Fernández y Washington Carrasco. Se piensa finalizar a las 18 y 30.
El 14 de marzo de 1985 fueron liberados desde Cárcel Central en la Jefatura de Policía de Montevideo los últimos presos políticos de la dictadura luego de la aprobación de la Ley de Amnistía 15 737 por parte del Parlamento.
Por dicho motivo, nuestra organización desde hace ya más de 15 años celebra dicho día para recordar a quienes ya no nos acompañan y al mismo tiempo rendir homenaje a quienes con su lucha y su sufrimiento contribuyeron a forjar la actual realidad institucional.
En esta ocasión, la Comisión Especial de la Ley de Reparación 18 596 del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), declarará oficialmente dicho día en tal sentido en ceremonia de carácter oficial.
A diferencia de lo ocurrido en otros países de la región, la prisión política asociada estrechamente a la tortura, masiva, sistemática y generalizada fue la metodología deliberadamente seleccionada por las FFAA para mantenerse en el poder, aterrando a la población, destruir a los opositores e intentar doblegar la resistencia popular.
En su momento, Uruguay fue el país con la mayor cantidad de prisioneros políticos en relación a su población.
Para crear las condiciones propicias que impidan la repetición del terrorismo estatal, el país debe investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los crímenes, resarcir a las víctimas de las graves violaciones, mantener viva la memoria de lo ocurrido y homenajear a los luchadores por la libertad y la democracia.
Con esa perspectiva realizaremos esta nueva celebración y solicitamos se le otorgue, en la medida de vuestras posibilidades, la más amplia difusión y cobertura a la misma.
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Se celebró ayer el Día del ex Preso Político
“Que la justicia investigue y los jueces juzguen” fue la consigna para conmemorar el Día de la ex y del ex Preso Político, que se celebró ayer en el Memorial de los Detenidos Desaparecidos, en el Cerro de Montevideo. Se cumplirán 32 años de la liberación de los últimos presos políticos de la dictadura, y fue el primer 14 de marzo que contó con el reconocimiento oficial del Estado uruguayo como día del ex preso político; así lo declaró en febrero la Comisión Especial para dar cumplimiento a la Ley 18.596.
La actividad fue organizada por Crysol, que en su proclama insistió en que corresponde al Poder Judicial investigar y sancionar “las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el período de terrorismo de Estado”, así como ordenar las excavaciones en predios militares. También pidió avanzar con las más de 200 causas impulsadas por las víctimas, y calificó de “inconcebible” que “no haya un solo procesado por torturas ni por abusos sexuales recontra probados e incluso admitidos”.
Reclamó a la Suprema Corte de Justicia no tolerar “las maniobras dilatorias” y “garantizar que no haya más prisiones domiciliarias injustificadas para criminales como [Ernesto] Ramas y [José] Gavazzo, involucrados personalmente en la desaparición de decenas de ciudadanos”. Catalogó como un “grave error” que ni el PIT-CNT ni Crysol integren el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia.
Entre otros puntos, pidieron someter a Tribunales de Honor a todos los militares procesados para que sean apartados de las Fuerzas Armadas y pierdan todos los beneficios, y que se modifique la ley jubilatoria de las Fuerzas Armadas por la cual 1.573 oficiales retirados reciben jubilaciones, aun estando procesados o prófugos
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Con reconocimiento oficial, se conmemoró el día de la expresa y el expreso político
Con el reconocimiento oficial del Estado Uruguayo y una ceremonia en el Memorial de los Detenidos Desaparecidos se conmemoró el día de la expresa y el expreso político.
La ministra de Educación, María Julia Muñoz, que participó por primera vez en nombre del Poder Ejecutivo de la ceremonia, admitió que aún queda mucho por hacer en el esclarecimiento de la verdad y el paradero de los detenidos desaparecidos de la dictadura.
En su discurso, alentó a los expresos y presas que sobrevivieron a las torturas en dictadura a continuar manteniendo la memoria de los hechos para que no vuelvan a suceder nunca más.
Para escuchar el reportaje
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DOS VIDEO DEL DIA DEL EX PRESO POLITICO
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¿En qué país estamos viviendo?
Enrique Chalar, Secretario de Crysol haciendo uso de la palabra
a nombre del colectivo en la celebración del Día de la y del expreso político
Se cumplen hoy 32 años de la liberación de los últimos presos políticos de la dictadura. Por primera vez, esta celebración de nuestro colectivo organizado, se lleva a cabo junto a una ceremonia en la cual el Estado reconoce, oficialmente, el 14 de marzo día de la y del expreso político. Una gran conquista. Nuestro reconocimiento a la Comisión Especial de la Ley 18 596 por acoger nuestra solicitud.
Lo hacemos como reafirmación de nuestra identidad de luchadores sociales y políticos. Lo hacemos como reivindicación de nuestro compromiso con la democracia y la libertad que ayudamos a forjar. Lo hacemos también como ratificación de nuestro compromiso actual con el futuro del país y horizontes de cambios profundos por los que siempre batallamos y que obviamente, siempre incluyeron, también, la igualdad de género.
En las grandes luchas del siglo pasado de nuestro pueblo, por luchar, por resistir, fuimos presas y presos políticos, supimos resistir en las cárceles del régimen. Estamos y seguiremos estando orgullosos de ello, de haber sido parte de una epopeya colectiva que cristalizó y forjó el Uruguay actual y que tiene que seguir avanzando hacia una sociedad justa libre, igualitaria y solidaria.
Por eso somos integrantes de esta herramienta de trabajo plural y participativa, que entre todas y todos estamos construyendo y que denominamos Crysol.
Como sobrevivientes del horror, de los centros de tortura y de reclusión, de lo peor y más degradante del terrorismo de Estado, hemos asumido la obligación moral de denunciar una y otra vez lo ocurrido, de mantener viva la memoria de los crímenes, de homenajear a las víctimas, de promover el juzgamiento y castigo penal de los responsables de los mismos. ¡Es la única manera de que ellos nunca más vuelvan a ocurrir!
El poder judicial tiene que actuar!
Le corresponde al Poder Judicial investigar, esclarecer, llegar a la verdad de lo ocurrido, identificar a los responsables y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el período del terrorismo de Estado. Incluso para ordenar excavaciones en los predios militares para buscar a nuestros detenidos desaparecidos. Para eso está el poder judicial.
Desde octubre del 2011 ya no hay más obstáculos legales que impidan las investigaciones, ya que se restableció plenamente la pretensión punitiva del Estado. El poder judicial, además, recuperó su plena independencia y autonomía, avasallada por los defensores de la impunidad.
El tiempo en que estuvo vigente la ley caducidad no debe computarse a los efectos del cálculo prescripcional de los delitos y son, como lo señalan las normas internacionales, crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles e inamnistiables.
Las más de doscientas causas impulsadas y promovidas por las víctimas deben reactivarse y dinamizarse, tienen que avanzar de una vez por todas, sin temor a las presiones políticas, económicas, de los medios de comunicación pro impunidad, de los centros militares y sus cómplices, de los Comandos Barneix.
Es inconcebible, que hasta el día de hoy, a 32 años, no haya un solo procesado por torturas ni por abusos sexuales, recontra probados e incluso admitidos.
Señores jueces: en qué país estamos viviendo?
La Suprema Corte de Justicia no puede seguir tolerando las maniobras dilatorias, debe alentar el trabajo de los juzgados penales que las poseen, adoptar disposiciones que faciliten y aceleren su labor. Además debe garantizar que no haya más prisiones domiciliarias injustificadas para criminales como Ramas y Gavazzo, involucrados personalmente en la desaparición de decenas de ciudadanos.
Hace dos años hicimos entrega a Presidencia de la República de un documento en el cual expresábamos el sentir de nuestro colectivo. Formulábamos un conjunto de propuestas en el marco de lo establecido por las normas internacionales de DDHH, por el sentido común, para seguir avanzando en la superación del pasado reciente. Hasta ahora, nada se ha hecho al respecto.
Más allá de las buenas intenciones y disposiciones, a nuestro entender se ha avanzado muy poco en aspectos que consideramos relevantes. La no integración del Pit – Cnt y de Crysol en el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, fue un grave error, tal como lo señalamos en su momento y la vida lo ha reafirmado. Lamentablemente.
En lo sustancial, como colectivo organizado, lo reiteramos, seguimos reivindicando cinco grandes orientaciones adicionales que no pueden seguir posponiéndose y que son responsabilidad del poder político.
1) La realización de una ceremonia oficial y pública, al más alto nivel, con la presencia del Presidente de la República y representantes de los tres poderes, en la cual el Estado asuma su responsabilidad institucional por las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante el período del terrorismo estatal y se pida disculpas a las víctimas directas, a sus familiares y a la sociedad toda.
2) Implementar de manera inmediata la disposición legal vigente de someter a Tribunales de Honor a todos los militares procesados y con sentencia firme para que sean apartados de las Fuerzas Armadas y pierdan los inmerecidos beneficios que ostentan como integrantes de ellas. Al mismo tiempo reclamamos que se modifique la ley jubilatoria de las FFAA, aprobada en 1974, en plena dictadura, por la cual, 1573 oficiales retirados, en su gran mayoría oficiales del proceso, perciben jubilaciones y pensiones privilegiadas e inmerecidas, en la mayoría de los casos, incluso procesados, con sentencia firme, y prófugos de la justicia.
3) Adoptar la decisión, por parte del Poder Ejecutivo, de hacer uso del Artículo 25 de la Constitución de la República que otorga la potestad de repetir contra los responsables de acciones que han generado perjuicios económicos al Estado los costos incurridos en materia de indemnizaciones a quienes han sido procesados y sentenciados por las mismas.
4) Promover un Plan Nacional de Memoria y Dignificación de las víctimas del terrorismo de Estado en todo el país, que incluya la aprobación de una necesaria Ley de Memoria del pasado dictatorial, abordando la temática de los sitios de memoria, sin detenerse en ellos, para mantener vivo el recuerdo de lo ocurrido, para educar en los valores de la libertad a las nuevas generaciones y la construcción de un gran monumento a ellas en un espacio público de primer nivel.
5) De acuerdo a las recomendaciones formuladas por la Institución Nacional de DDHH (INDDHH) en diciembre de 2012 y también por el Relator Especial de las Naciones Unidas, Pablo de Greiff en setiembre del año 2014, enviar al Parlamento a la mayor brevedad un proyecto de ley de restitución de derechos jubilatorios y pensionarios que solucione las carencias e insuficiencias de las leyes 18 033 y 18 596.
La dictadura: un proyecto de país.
La dictadura cívico militar, el terrorismo de Estado, fue un proyecto global e integral de país. Se comenzó a implementar desde el mismo momento en que Pacheco Areco impuso las Medidas Prontas de Seguridad el 13 de junio de 1968. Pretendió, y lo hizo, reestructurar la sociedad uruguaya en función de los intereses y las necesidades de las elites económicas. Fue un proyecto de país en el marco de una estrategia continental diseñada e impulsada desde Estados Unidos, que abarcó muy especialmente al Cono Sur.
Fue una tragedia nacional que por el bien del país y de su gente, nunca más debe volver a repetirse. En esa batalla estamos y seguiremos estando, con el recuerdo de tantos y tantos compañeros que ya no están pero que permanecen con nosotros, siguen vivos en nuestros corazones, en la lucha permanente de los que hoy seguimos batallando para que se cumplan nuestros derechos, en nuestras banderas de lucha desplegadas al viento,
Por Verdad, Justicia, Memoria y Reparación y Nunca Más terrorismo de Estado
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Aclaración necesaria
Ante informaciones y valoraciones que han circulado en las redes, y han tomado estado público en los últimos días, deseamos señalar:
- La declaración, por parte del Poder Ejecutivo, del día 14 de marzo como “Día de la y del expreso político” es una conquista propiciada y promovida por nuestro colectivo organizado Hace justicia con los miles de uruguayos que por enfrentar al gobierno autoritario de Jorge Pacheco Areco y luego al terrorismo estatal fueron privados de su libertad ilegítimamente. Es un merecido homenaje y reconocimiento a la resistencia y a la lucha del pueblo uruguayo que, dentro y fuera del país, muchas veces en la más estricta y delicada clandestinidad, logró forjar la libertad y la institucionalidad democrática que todas y todos disfrutamos. La dictadura cívico militar fue un proyecto de país en el marco de una estrategia continental diseñada e impulsada desde Estados Unidos, que abarcó muy especialmente al Cono Sur. La democracia uruguaya no es un obsequio del Departamento de Estado ni el resultado de gestiones exitosas, entre bambalinas, por parte de un expresidente. Es un producto genuino de la la lucha y de la resistencia oriental, de la cual, las y los expresos políticos, orgullosamente, formamos parte.
- En cumplimiento de las normas internacionales vigentes que Uruguay ha ratificado, el Estado tiene que investigar y castigar todas las graves violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante dicho período, siendo potestad exclusiva del Poder Judicial el cumplimiento de dicha responsabilidad. Al mismo tiempo, el Estado tiene que reparar a las víctimas, sin exclusiones ni restricciones en cuanto a sus ingresos, sin obligarlas a renunciar a otros legítimos derechos ciudadanos, tal como ocurre en Uruguay hasta el presente, con el caso de las jubilaciones y pensiones. Esta ha sido históricamente la postura de nuestro colectivo organizado que siempre ha estado a la cabeza de las gestiones pertinentes y que ha reiterado al poder político, recientemente, su reclamo de una nueva ley a tales efectos.
- Desde la creación de las mismas, todos los delegados de Crysol en las comisiones especiales que se han formalizado por medio de las leyes, actúan en forma honoraria y no perciben sueldos como malignamente se ha señalado. Tampoco cobran viáticos ni tienen beneficios personales de ningún tipo, salvo el enorme honor de ser designados por la organización para representarla. Crysol es la asociación de todas y de todos los expresos políticos que mantienen en alto su condición de luchadores sociales y políticos, comprometidos en generar las condiciones que impidan que los hechos vuelvan a repetirse. Como organización se sustenta, pura y exclusivamente, con los aportes que mensualmente realizan sus asociados. Los dirigentes y militantes de Crysol, también, son todos honorarios y, además de pagar la sagrada cuota social, como corresponde, pagan de su propio bolsillo los gastos en que incurren para seguir promoviendo la solidaridad, la unidad de todas y de todos los expresos políticos, en la búsqueda de la Verdad, la Justicia y la Memoria que siempre nos ha solidificado como colectivo, unido en la más amplia y prolífica diversidad.
Montevideo, jueves 23 de marzo de 2017