Justicia ordenó cierre de fronteras a militar Eduardo Ferro
La justicia solicitó el cierre de fronteras y la intervención del ministerio del Interior para obligar a declarar al coronel (r) Eduardo Ferro quien fuera jefe del Batallón de Contrainteligencia Militar, integrante del SID y la OCOA, por la causa que investiga el secuestro y la desaparición de Óscar Tassino.
La jueza Lourdes Sánchez, que investiga la desaparición en 1977 del militante comunista, solicitó ambas medidas ante la tercera negativa de Ferro a presentarse a declarar, este lunes, el pasado 3 de marzo y en noviembre de 2016.
En el caso están directamente involucrados los militares Eduardo Ferro, Ernesto Ramas y Jorge Silveira, y Ariel Ricci.
Javier Tassino, hermano de Oscar e Integrante de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, dijo a Informe Nacional que espera que la policía pueda dar con su paradero.
Para escuchar la información
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Orden de captura para Eduardo Ferro por la desaparición de Oscar Tassino
La Justicia ordenó el cierre de fronteras y emitió una orden de captura para el coronel retirado Eduardo Ferro, que viene siendo indagado por la desaparición en 1977 del militante comunista Oscar Tassino.
La jueza penal Dolores Sánchez emitió una orden de cierre de fronteras y un pedido de captura para el coronel retirado Eduardo Ferro, según informó Televisión Nacional (TNU).
A Ferro se lo señala como uno de los responsables del secuestro y posterior desaparición en 1977 del militante comunista Oscar Tassino.
Eduardo Ferro está acusado, entre otros delitos, de la desaparición y asesinato del dirigente comunista Fernando Miranda; de participar en la desaparición de María Claudia García de Gelman (madre de la actual diputada Macarena Gelman); del secuestro en Brasil de los refugiados Universindo Rodríguez y Lilián Celiberti; y del interrogatorio, tortura y desaparición de Andrés Bellizzi y Jorge Gonçalvez, en el centro clandestino de detención Club Atlético en Argentina. Ferro nunca fue procesado por ninguna de las acusaciones contenidas en los expedientes judiciales, indica una nota de Samuel Blixen publicada por el semanario Brecha. Pese a las calificaciones que registra su legajo personal, indicó Carlos Pelaez en su columna Cosechando Amigos de Rompkbzas, a Ferro le asignaron a partir de 1992 diversos destinos que lo alejaron de la actividad de inteligencia. Como una forma de protestar por ese alejamiento, Ferro solicitó “pasar a disponibilidad”, hasta que fue reincorporado a la inteligencia años después. Fue vinculado al contrabando por Edgard Resola, como el que protegía a su hermano Washington Resola, conocido contrabandista. Según establece una entrevista del periodista Roger Rodríguez, publicada por La República el 8 de julio del 2002 . “El Toto Ferro lo protege y al mismo tiempo, le hace el contacto para darle plata a los colorados”.
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Se busca
La jueza Penal de 10º Turno, Dolores Sánchez, libró el lunes una orden de captura nacional e internacional para el coronel Eduardo Ferro, después de que este indagado en la causa que investiga el secuestro y la desaparición de Óscar Tassino Astiazu no fuera ubicado por la Policía para ser conducido a declarar ante la magistrada. Según fuentes de la diaria, la Policía intentó ubicarlo en su último domicilio conocido, en la zona de Pinares, en Maldonado, pero el militar retirado no estaba o “se escondió”. El juicio se inició en 1985, pero quedó comprendido dentro de la ley de caducidad; fue reiniciado el 27 de noviembre de 2011. Según los testimonios aportados a la causa, Tassino fue secuestrado el 19 de julio de 1977 en una casa ubicada en Máximo Tajes 6632 y luego llevado al centro clandestino de detención y tortura La Tablada o “300 Carlos”.
El abogado del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) Martín Fernández explicó a la diaria que Sánchez pidió la conducción de Ferro debido a que “no se había presentado a una audiencia anterior”. “En ese momento Ielsur pidió las medidas cautelares de cierre de fronteras y de conducción, la fiscalía estuvo de acuerdo y la jueza también. Eso se tenía que efectivizar el lunes, pero Ferro no se presentó y no fue ubicado en los lugares habituales, y por consiguiente la doctora Sánchez decretó una orden de captura nacional e internacional”, agregó el representante legal de los denunciantes. Fernández contó que Ferro había comparecido anteriormente sólo por escrito, “presentando recursos de inconstitucionalidad y prescripción, que son los que presentan las defensas de los militares en este tipo de expedientes, y por ese motivo este expediente se había retrasado en su diligenciamiento cerca de dos años”. Pero Ferro nunca se presentó personalmente a declarar. El otro indagado en la causa, Jorge Pajarito Silveira, sí acudió cuando le tocó declarar, también conducido, pero porque está cumpliendo condena en la cárcel de Domingo Arena.
El mismo lunes, Ielsur emitió un comunicado en el que informa que, además de la causa citada, Ferro es investigado también “en el secuestro y torturas” de Lilián Celiberti y Universindo Rodriguez, “entre otras”. Ielsur “exige a las autoridades policiales correspondientes la máxima diligencia y esfuerzo para la ubicación, detención y conducción del Coronel (r) Eduardo Ferro ante los estrados judiciales para que sea juzgado de acuerdo con las garantías del estado de derecho” y recuerda “a las autoridades” la condena de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado uruguayo en el caso Gelman, “teniendo presente además, que han pasado más de 40 años sin que se le brinde a las familias de las víctimas de terrorismo de Estado respuesta a sus casos trágicos”.
Según pudo saber la diaria, Ferro se afincó en la zona de Pinares en la década de los 90, comenzó a trabajar en la seguridad del lujoso hotel Las Dunas y terminó como gerente del establecimiento. Durante unos años había “desaparecido”, pero “hace un par de años volvió” al departamento, confió una fuente local. En mayo de 2011, la Coordinadora Verdad y Justicia de Maldonado y la Plenaria Memoria y Justicia realizaron un escrache en su casa de Pinares. Ahora el militar retirado es buscado por Interpol para ser conducido ante la jueza Sánchez.
El espía de la democracia
Ferro fue el responsable del espionaje militar a partidos políticos, sindicales y organizaciones sociales entre 1988 y 1991, según publicó Brecha (24/02/16) de acuerdo a la documentación de la Dirección General de Información de Defensa (DGID) a la que accedió el semanario, y que actualmente es analizada en una comisión investigadora de la Cámara de Diputados. El archivo de inteligencia militar fue encontrado en un allanamiento a la casa del coronel Elmar Castiglioni. Según Brecha, Ferro fue designado jefe del Departamento III de la DGID, lo que está consignado en su legajo personal, un documento oficial de la Comisión Calificadora del Personal Superior de las Armas del Ejército. La nota del semanario también asocia a Ferro con un oficial denominado “Guillermo” que, según la documentación sobre los informes de los espías de la DGID, ordenaba y observaba las tareas de los “manipuladores” que atendían a los “agentes”, dos figuras de la compleja red de espionaje que habían montado los militares en plena democracia.
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EL PRONTUARIO DE UN CRIMINAL
La Justicia declaró el pasado lunes el cierre de fronteras y la detención para el exmilitar.
Eduardo Augusto Ferro Bizzozero, uruguayo. Divorciado. C.I. 1.113. 451 -7. Alias: “Oscar”, “Guillermo” “El Toto”. Nació en Montevideo el 10 de abril de 1947.
Gran parte de su adolescencia y juventud transcurrió en la zona de El Prado. Último domicilio conocido: Barrio Pinares, calle OCTANTE 29 S/N – COD.POSTAL 32113
En 1964 ingresó al ejército como cadete en el arma de Ingenieros. Tres años después realizó un curso en la Escuela de las Américas, ubicada en Panamá y dependiente del Ejército de los EE.UU. De los datos biográficos consignados en el libro “A todos ellos – Informe de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos”, surge que en 1967 Ferro egresó como alférez y en 1970 ascendió a teniente segundo.
En 1975, ya en dictadura, pasa a desempeñar “tareas” en el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubersivas (O.C.O.A.) y en el centro clandestino de detención y torturas ubicado en los fondos del Batallón Nº 13 de Montevideo, llamado “300 Carlos”. Esta dependencia clandestina e ilegal funcionó antes en una casa ubicada frente a la rambla de Punta Gorda y allí también estuvo Ferro. En el año 1977 operó en Argentina. En noviembre de 1978, otra vez en el marco del Plan Cóndor, participó del secuestro de dos militantes del PVP, Lilián Celiberti y Universindo Rodríguez Díaz junto a los dos hijos de Lilián, de sus domicilios en la ciudad de Porto Alegre. Esta familia se salvo de ser asesinada gracias a la movilización y denuncias internacionales realizadas por el abogado Jair Krischke y el Movimiento Justicia y Derechos Humanos de Porto Alegre. Esa denuncia derivó en el único juicio que finalizó con una condena en Brasil a los participantes de un operativo realizado en el marco del Plan Cóndor.
Pero Ferro demostró luego que su patología era grave. Durante un tiempo el secuestrador persiguió y acosó a Celiberti por todo Montevideo, pretendiendo mantener con ella una relación amorosa. Harta de la situación la valiente mujer citó al militar en un bar y en presencia de muchas personas lo abofeteó reiteradamente provocando la huida del cobarde sujeto. Luego fue jefe de operaciones de la Compañía de Contrainformación e integrante del Departamento III del Servicio de Inteligencia de Defensa (SID). Y después de la dictadura perfeccionó su currículo realizando cursos de paracaidismo (1986), de inteligencia en Alemania (1989); de seguridad electrónica (1991); de información ante problemática de drogas; y, ya en 1997, de buzo táctico militar. Ferro reside en la parada 36 del barrio Pinares de Maldonado y se desplaza en una camioneta 4×4 Ford Ranger, gris metalizado, con vidrios polarizados y cuya matrícula es SAD-3871 – Uruguay, registrada en la Intendencia Municipal de Montevideo. Suele acompañarlo un gran perro ovejero-alemán.
Involucrado en los casos de:
UNO DE LOS ASESINOS DE MARÍA CLAUDIA IRURETA DE GELMAN Una investigación realizada en el año 2002 por el periodista Roger Rodríguez – publicada en el matutino La República – sobre las circunstancias en que fue asesinada María Claudia Irureta Goyena de Gelman, nuera del poeta argentino Juan Gelman, demostró que Ferro fue partícipe en el crimen de la joven argentina. Después de proporcionar detalles sobre la denominada “base Valparaíso”, ubicada en la calle Francisco de Medina 1525 bis, muy cerca del zoológico de Villa Dolores, el periodista reconstruyó en base a sus fuentes, el momento en que la joven mujer ya despojada de su hija recién nacida fue entregada a quienes finalmente, la asesinarían. “La vida de María Claudia y la disposición de su cuerpo quedó en manos de otros cuatro hombres, también presentes. El policía Ricardo “Conejo” Medina y el capitán de Ejército Ricardo Arab. quienes la habrían traído, y los oficiales Ernesto Rama y Eduardo Ferro, quienes ya sabrían qué y dónde hacerlo. El ex presidente Jorge Batlle tiene detalles sobre lo que ocurrió aquel día en la Base Valparaíso, ya que le confió al senador Rafael Michelini que el “Conejo” Medina había asesinado a María Claudia. También ha trascendido que su cuerpo fue enterrado en el Batallón de Infantería 13. Allí estaría aún su tumba”, relató Rodríguez. Que precisamente es lo que están buscando antropólogos uruguayos y argentinos desde que asumió Tabaré Vázquez como presidente.
EL VENDEDOR DE IMPUNIDAD
El 4 de diciembre de 1998, el semanario Brecha sostuvo que “tras la austera fachada de una agencia privada de seguridad funciona un “equipo” que vende una amplia gama de servicios. Entre ellos, y para quien pueda pagarla, vende “tranquilidad” al cliente en conflicto con la ley”. La agencia a que refiere Brecha era “Federal Seguridad”, cuyos socios eran entre otros el empresario radial Miguel Sofía, acusado de integrar “el Escuadrón de la Muerte” que funcionó en Uruguay a principio de los años 70 y asesinara a varias personas. Luego también fue socio el contrabandista Washington Resola, quién tuviera un importante papel en la caída del ex Director de Aduanas, Víctor Lissidini. La investigación de Brecha, a cargo de los periodistas Ivonne Trías y Carlos Amorín, aseguraba que “el grupo está formado por altos oficiales militares y por civiles, algunos de ellos con antecedentes policiales, y funciona como petit comité secreto dentro de la empresa; esto es, no puede afirmarse que todos los integrantes de la misma participen del grupo. Enterado de las dificultades de un empresario con la Dirección General Impositiva (DGI), por ejemplo, el grupo se ofrece a intermediar, cobrando fuertes sumas de dinero y bienes y asegurando la solución al problema. Este modo operativo, similar al de la mafia, tiene la particularidad regional de contar con la participación asesora o ejecutiva de militares que revistaron en las filas de Inteligencia del Ejército”. Uno de ellos era el coronel Ferro, quien nuevamente adquiría un papel protagónico en actividades delictivas.
PROMOTOR DE LA LEY DE CADUCIDAD.
En diciembre de 1986 cuando el Senado de la República discutía el entonces proyecto de Ley de Caducidad, el Senador Luis Senatore dijo a sus pares que al recuperar la democracia uno de los primeros citados por la Justicia Penal fue el coronel Eduardo Ferro, junto a otros militares, para
responder por el secuestro de Lilian Celiberti y Universindo Rodríguez. El juez Angel Ruibal los citó en dos oportunidades, pero los militares resistieron la convocatoria. Poco después surgió la frase del entonces Comandante en Jefe del Ejército, Teniente General Hugo Medina : “Las citaciones están guardadas en mi caja fuerte”. No es ocioso sostener entonces que la Ley de Caducidad surgió para darle impunidad a Eduardo Ferro, entre otros.
Tan importante era en el esquema de represión ilegal que vivió el país. De la condena social NO podrán escapar!!!
El 20 de diciembre del 2004, Eduardo Ferro comenzó a desempeñarse como gerente del Hotel Las Dunas de Manantiales, uno de los establecimientos más importante del Este del país. Ingresó como Jefe de Vigilancia con un salario de 14.000 pesos y en julio del 2005 pasó a ocupar el cargo de Gerente sustituyendo a Ramón de Izequillas, quien fue contratado como asesor en Turismo del gobierno municipal del momento. Después de recibir varias denuncias de empleados y ex empleados del hotel, identificando al militar retirado como responsable de “acciones violentas” contra ellos. En de sus acciones acusó a uno de ellos por robo, pero sin denunciarlo en la Justicia, allanó su casa, lo tomó del cuello y profirió varias amenazas. Otros funcionarios dijeron “sentirse vigilados” por el ahora ejecutivo hotelero y circula la versión de que “realiza escuchas telefónicas clandestinas”. Debido a todas estas denuncias el Torturador fue obligado a renunciar. El Sábado 28 de Mayo de 2011 se realizó un escrache a Eduardo Ferro en Maldonado. La Coordinadora Verdad y Justicia de Maldonado, y Plenaria Memoria y Justicia convocaron a movilizarse hacia el barrio Pinares donde vive el torturador. Se realizó una caravana por la justicia que partió en buses desde Montevideo, para encontrarse en Maldonado con la concentración que partió colocando carteles y pancartas señalando a Eduardo Ferro como torturador impune.
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Justicia libró una orden de captura en su contra
Eduardo Ferro fugó de Uruguay el 15 de octubre de 2016
Era investigado por su participación en la desaparición de Óscar Tassino, no se presentó a declarar y la Justicia libró una orden de captura nacional e internacional en contra.
A fines de noviembre de 2016, efectivos de policías llegaron a una finca de Pinares (Maldonado) y preguntaron por el coronel (r) Eduardo Ferro. Los efectivos pretendían entregarle una citación judicial. La jueza Penal de 10º Turno, Dolores Sánchez, pretendía interrogarlo por el secuestro y desaparición del militante comunista Óscar Tassino, en 1977. Ferro era citado como indagado, por lo que debía comparecer con su abogado.
Los recibió su esposa, quien les dijo que su marido no estaba en el país. Les explicó que había viajado a Europa para participar en un evento internacional de karate, en su calidad de juez, y que volvería a fin de año, para pasar las fiestas con su familia. Los efectivos se retiraron e informaron a la jueza de la situación. La magistrada fijó una nueva audiencia para principios de marzo.
La esposa de Ferro concurrió al Centro Militar y solicitó la asesoría letrada que la institución brinda a los militares investigados por crímenes de la dictadura. Carlos Bustamente, el abogado que lo había patrocinado en otras causas, estaba fuera del país, por lo que los abogados del Centro Militar asumieron su defensa en la causa Tassino. Cuando en febrero llegó la nueva citación, los abogados intentaron comunicarse con él sin éxito. Cómo era de prever, Ferro no se presentó a la audiencia y los abogados del Centro Militar presentaron renuncia a su patrocinio.
En este marco, los abogados del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) -representantes de la familia Tassino en el proceso- solicitaron a la Sede la adopción de medidas cautelares para evitar su sustracción a la Justicia. La jueza Sánchez, en línea con la fiscal Mariela Luzzi, dispuso una orden de cierre de fronteras y la conducción del militar ante la Sede, para el 13 de marzo. Sin embargo, Ferro no fue encontrado en sus lugares habituales y volvió a no presentarse a la audiencia.
Por este motivo, la jueza Sánchez libró una orden de captura nacional e internacional en su contra para ubicar su paradero. En este sentido, la Dirección Nacional de Migraciones constató que Ferro salió de Uruguay el 15 de octubre de 2016 y nunca regresó, según dijeron fuentes del Ministerio del Interior a Caras y Caretas Portal. La única versión de la Policía es que habría viajado a Europa, pero en los hechos su paradero es desconocido. Es intensamente buscado por los servicios de Interpol.
¿Quien es Eduardo Ferro?
Eduardo Augusto Ferro Bizzozero ingresó al Ejército en 1964. Lo hizo como cadete en el arma de Ingenieros. Tres años después egresó como alférez y en 1970 ascendió a teniente segundo. Por esos años, Ferro realizó un curso en la Escuela de las Américas (School of Americas), en Panamá, institución en la que cientos de militares sudamericanos se formaron en el doctrina de la Seguridad Nacional.
Según una crónica del periodista Roger Rodríguez, en 1975, ya en dictadura, Ferro comenzó a desempeñar tareas en el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubersivas (OCOA) y en el centro clandestino de detención y torturas “300 Carlos”, ubicado en los fondos del Batallón Nº 13. Lo hacía bajo los alias de Oscar y Guillermo. Se trató de uno de los hombres más relevantes dentro del organigrama militar de la dictadura, con una fuerte influencia entre sus pares.
Entre 1988 y 1991, tras el retorno de la democracia, Ferro fue designado jefe del Departamento III de la Dirección General de Información de Defensa (DGID). Un artículo del semanario Brecha, vinculó a Ferro con el espionaje militar a partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales que quedó al descubierto con la aparición del archivo en poder del coronel (r) Elmar Castiglioni (hoy fallecido) y que dio mérito a la formación de una Comisión Investigadora en el Parlamento.
Al igual que varios de sus camaradas, tras su retiro se radicó en Maldonado, en la zona de Pinares. En 2004, comenzó a trabajar del Hotel Las Dunas de Manantiales como jefe de Vigilancia, aunque posteriormente asumió un cargo gerencial. Sin embargo, mantuvo una estrecha relación con sus camaradas y una activa participación en el Centro Militar.
El triunfo electoral del Frente Amplio implicó un cambio en la política en materia de investigación de los crímenes de la dictadura y varios militares fueron investigados, juzgados y condenados por violaciones a los derechos humanos. Ferro estuvo al frente de la “resistencia” ejercida por los efectivos castrenses, con una visión crítica de esas investigaciones; fue uno de los promotores del “Foro Libertad y Concordia”.
En ese rol concedió algunas entrevistas en las que señaló la necesidad de “dar vuelta la página”: “Algunas heridas están muy sanadas y en otras hay alguien a quien le interesa abrirlas de nuevo por distintos motivos. […] Seguimos arrastrando una mochila de gente interesada en que no avancemos. Llega un momento en que hay que dar la vuelta la página, ni vencidos ni vencedores y seguir adelante. La historia es muy profusa en ese sentido, tanto en Uruguay como en el mundo”, declaró.
Ferro tenía un interés directo en que las investigaciones se cerraran. Decenas de ex presos políticos lo sindicaban como uno de los militares más activos en la represión contra los grupos “sediciosos” en dictadura. Según esas denuncias, Ferro era uno de los cabecillas del “300 Carlos” y tuvo una activa participación en la casona de Punta Gorda.
Además, se lo señaló como partícipe en diversos operativos en la República Argentina y en la detención y secuestro en Brasil de los militares del PVP, Lilián Celiberti y Universindo Rodríguez, en el marco de la participación de los servicios uruguayos en el Plan Cóndor. Y también en el secuestro y desaparición de Tassino. Fue esta indagatoria judicial la que complicó su situación procesal. Y la que derivó en su fuga.
La historia de Tassino
Óscar Tassino era empleado de UTE, integraba el sindicato de la empresa (AUTE) y militaba en el Partido Comunista. En 1974 fue detenido y al ser liberado pasó a la clandestinidad. Volvió a ser detenido en julio de 1977, durante un operativo en una casa particular ubicada en Máximo Tajes 6632; Tassino vivía allí.
Según la ficha elaborada por el equipo de historiadores de la Secretaria de Derechos Humanos para el pasado reciente (SDH), “tres hombres de particular entraron corriendo a la finca, armados y a cara descubierta”. “Somos las Fuerzas Conjuntas, quédense quietos o los quemamos”, gritaron los hombres. Redujeron a sus ocupantes y montaron una “ratonera”. Tassino llegó una hora después. Fue dominado, tirado al piso y llevado a una pieza del fondo donde es castigado.
“Luego lo ingresan violentamente a la casa y al cabo de media hora se retiran con él en un auto Peugeot de color blanco”, señala la SDH. Tassino fue trasladado a dependencias militares. Fue recluido en el centro de detención “La Tablada”, dónde también operaba el OCOA. Hoy permanece desparecido. Los testimonios de la época apuntaron a la participación en ese operativo del ex militante comunista Ariel Ricci. También se señaló a los militares Ferro, Ernesto Ramas y Jorge “Pajarito” Silveira como participes del operativo.
En junio de 1985, tras el retorno de la democracia, la familia de Tassino presentó una denuncia penal por su secuestro y desaparición. La misma fue archivada en mayo de 1987, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Sin embargo, en setiembre de 2006, la familia de Tassino -representada por Ielsur- solicitó la reapertura de la indagatoria, amparados en “derecho a la verdad”. El juez Rolando Vomero (hoy jubilado) aceptó el planteo y dispuso el reinicio de las actuaciones.
Posteriormente, el caso fue removido del amparo de la Ley de Caducidad, por lo cual la Justicia apuntó a determinar la responsabilidad de militares en el secuestro y desaparición de Tassino. En este contexto, la Justicia dispuso la citación de varios militares, entre ellos, Ferro y Silveira. La indagatoria se paralizó ante los recursos de inconstitucionalidad y prescripción presentados por las respectivas defensas. Ninguno de estos recursos tuvo andamiento, por lo cual se reiteró la citación de los militares. Silveira fue conducido al Juzgado y declaró que no tenía conocimiento de los hechos. Ferro nunca se presentó.