El Tribunal Oral de San Martín sentenció al dictador Reynaldo Benito Bignone y a Santiago Omar Riveros a prisión perpetua
Siete condenas por los colimbas desaparecidos
Fue la culminación de la investigación por la que el entonces juez Carlos Oliveri arrestó a Bignone en enero de 1984.
Por Alejandra Dandan
Fue leída como un acto de justicia entre las familias de los desaparecidos y los sobrevivientes. Pero la sentencia de ayer del Tribunal Oral Federal de San Martín también fue una respuesta esperada en diálogo con este presente. De eso hablaron las banderas que se levantaron apenas terminaron de escucharse las condenas a cada uno de los seis militares y un gendarme acusados del juicio por el Colegio Militar. “Aquí no se rinde nadie”, decía en una tela que se levantó en el mismo instante de la sentencia.
“¡Fueron 30.000!”, dijo otro. Y luego del “Presentes” y el “Como a los nazis les va a pasar”, la sala improvisó con una vieja consigna una respuesta a los negadores de estos días: “¡No hubo errores -se cantó– /no hubo excesos/ son todos asesinos /los milicos del proceso!”.
El juicio que terminó ayer habla de otro hito emblemático en la línea histórica del proceso de justicia argentino. Se trata de la investigación por seis colimbas secuestrados en el Colegio Militar, tres de ellos desaparecidos, cuyos crímenes se produjeron bajo la dirección de Reynaldo Benito Bignone, en agosto de 1976 y uno en febrero de 1977. Las familiares comenzaron a impulsar la investigación con un habeas corpus que se abrió paso en dictadura, cuando el entonces juez Carlos Oliveri convocó a declarar a todos los colimbas de esa clase. En enero de 1984, sólo 30 días después de entregar la banda presidencial a Raúl Alfonsín en ese país que aún olía a huevo podrido, Oliveri ordenó la detención de Bignone. Ese arresto manchó al último presidente de la dictadura que buscó salir invicto. Y el proceso que más tarde quedó bajo la justicia militar y lo dejó en libertad se reinició recién en 2008. Ahora, acaba de llegar a un primer final. Un mes y medio después de la muerte de Sara Steimberg, la madre de Luis Steimberg, militante de la Juventud Comunista, uno de los colimbas desaparecidos. Sara, a través de las lágrimas de sus compañeros, ayer también estuvo en la sala.
Los jueces Marta Milloc, Diego Barroetaveña y Silvia Cassain, del Tribunal Oral Federal de San Martín condenaron a prisión perpetua a Bignone por los allanamientos ilegales, robos, secuestros, tormentos y los homicidios de Luis Steimberg, Luis “El Huevo” García, ambos de la Juventud Comunista, y Mario Vicente Molfino. También condenaron a perpetua al entonces comandante de Institutos Militares de Campo de Mayo, Santiago Omar Riveros, en línea con el pedido de fiscales y querellas, que acusaron por homicidio pese a que los cuerpos permanecen desaparecidos. Aunque con penas menores a las solicitadas, también fueron condenados dos jefes del Colegio Militar, Alberto Federico Torres y Jorge Alvarado con 5 y 3 años respectivamente. Y dos represores que operaron en el centro clandestino El Campito: el ex civil de Inteligencia Carlos Eduardo José Somoza, alias Gordo, y el gendarme de la Agrupación Buenos Aires, Miguel Castagno Monge, a 15 y 11 respectivamente.
Este juicio también revisó otro capítulo de Campo de Mayo sobre un grupo de víctimas, entre ellas el ex diputado Diego Muñiz Barreto. Por sus tormentos y homicidio condenaron a un nuevo imputado, un suboficial del Ejército que integró los grupos de tareas del Campito: Mario Rubén Domínguez, conocido como “Escorpio”. El TOF lo condenó a prisión perpetua al situarlo como autor directo del homicidio.
La sentencia dejó además otros datos: dos condenas por violación a Riveros y a Domínguez. Y algunas novedades, entre ellas, una discusión que se abrió en este debate luego del fallo de la Corte Suprema sobre las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: un defensor oficial presentó un pedido de nulidad del juicio en base a esa resolución. Otra novedad fue la valoración de los mandatos de las querellas: luego de la muerte de Sara, una de las defensas, en este caso particular, pidió el apartamiento de Pablo Llonto como apoderado y querellante de la causa. El TOF no concedió ninguna de las nulidades (ver aparte).
“Estamos satisfechas porque hay condenas”, dijo Laura Kogan, compañera en 1976 del Huevo García. “Teníamos miedo de que condenaran sólo a algunos y aunque algunas condenas son de poco tiempo, y en breve van a terminar saliendo, por lo menos los encontraron culpables. Esto es muy importante -dice–: tuvimos que reconstruir cuarenta años de nuestras vidas porque se nos fueron cuarenta en esto”.
Laura estaba embarazada cuando secuestraron a García. Ahora, mientras respira y sonríe, busca en medio de la sala a su hija. Se acuerda cómo una mujer la llevó de casa en casa, para protegerla, durante ese embarazo. “En este juicio hubo más de treinta testigos, y más de veinte fueron soldados. Ellos reconstruyeron el ambiente que se vivió en esa época, cuando después del secuestro los llevaron al Campo de Mayo. Los tres sobrevivientes contaron que Bignone en persona les pidió perdón porque les dijo que había sido un error, les dio un sanguchito y les dijo que les daba licencia hasta la baja. Acá se probó, en este juicio, que cuando Bignone los liberó estaba presentes Torres y Alvarado”.
Torres fue el único acusado presente en la sala cada día de juicio. Fue quien firmó los legajos, fraguando los datos, cuando el Ejército declaró a los colimbas como desertores. De traje y look de abogado, ayer se sentó atrás de un escritorio con una escultura de la virgen. Hubo quien comentó que esa virgen pasó de escritorio en escritorio en los días del debate. Del suyo al de su defensor. La tónica de los rezos se repitió. Muñidos con rosarios y, en los primeros días, en ocasiones con agua bendita, sus familiares elevaban plegarias sobre los integrantes de los organismos de derechos humanos y familiares como en pleno trabajo de exorcismo.
La lectura empezó puntual: 12.31. Duró 25 minutos. Nadie sabía bien qué iba a pasar. Afuera hubo una radio abierta coproducida entre la Comisión de Familiares Zona Norte y la radio de los colimbas. Se lo escuchó ante un micrófono a Ciro Annicchiarico, viejo abogado de la secretaría de derechos humanos con mandato vigente. “Esperamos que se haga justicia de lo que consideramos la justicia formal –explicó–, porque más allá del resultado la lucha va a continuar”. Poco después, la sala murmuraba. Cuestiones de incertidumbre. “¡No tengo más pasillos para recorrer!”, decía Adriana Taboada de la Comisión, preocupada por en ese instante por las sentencias pero en el largo plazo por el futuro de los juicios. “¿A dónde más quieren que vaya a pedir una respuesta? Acá tenemos 21 juicios en cola por hacer, el campo clandestino más grande del país, casi sin sobrevivientes y ahora se jubila una de las juezas y nos quedamos de nuevo sin tribunal”.
La sala marcó con su presencia el territorio. Hubo lleno total.
Marcela, hermana de Luis Steinberg, hija de Sara, como se presentó, se sentó primera fila. Ahí también estuvo con su bastón Iris Pereyra, sobreviviente del campo infinito, caso en esta causa, madre del Negrito Floreal Avellaneda. Juana Muñiz Barreto estuvo ahí, después de su testimonio, una vez más, en un juicio en el que encontró una nueva pieza del asesinato de su padre, cuando escuchó al Escorpio Domínguez decir que era de Entre Ríos, entendió, por fin, por qué dejaron el cuerpo de su padre en esa provincia.
–¿Viste? –se oyó cuando la jueza nombró a Torres.
–¿¡Qué vamos a decir ahora?! Si lo podían llegar a largar.
“Salvo en el caso de Torres, la sentencia nos deja conforme”, dijo a PáginaI12 el fiscal Marcelo García Berro. “Me da la sensación que a Torres se lo podría haber condenado como partícipe de los demás delitos por lo que acusamos” que incluyó el homicidio. “Dentro de los límites que me da no haber leído aún los fundamentos, entiendo que lo condenaron por la privación ilegal de los tres soldados, pero nosotros entendimos que efectivamente los privó de la libertad y fue la persona que de alguna manera posibilitó que se le practicaran tormentos y lo eliminaran. Sobre todo porque sabía a quién se lo entregaba: a la gente de Campo de Mayo y porque él mismo fue la persona que fraguó los legajos por el cual se declaró a los colimbas como desertores, incluso acomodando fechas y fraguando datos, tal como lo dijimos en el alegato”.
Parte de las pruebas que posibilitaron esta condena fueron localizadas por los investigadores del ministerio de Defensa que trabajaron como arqueólogos en la desclasificación de documentos durante años. Tal vez entonces sí, Torres le agradeció después de este día a su estatua de la virgen María. Los fundamentos se van a dar a conocer el 16 de mayo.
El represor Alberto Torres