¿Y después qué?
El movimiento feminista convocó una multitud sin precedentes. A pesar de que más de 300 mil personas sacudieron las calles, la reverberación parece no haber llegado a los despachos de la casta política que, por el momento, valora con timidez el impacto de la manifestación popular.
DAIANA GARCÍA Y MARIANA CIANELLI
“El principal enemigo que tienen las mujeres –permítanme decirlo, no como un consejo sino como una alerta– es el consumo de tabaco.” El presidente Tabaré Vázquez dio voz a este pensamiento el 8 de marzo de 2015 y a esa altura del año los femicidios ya eran 15. Este año, a diferencia de los anteriores, los tradicionales actos protocolares de gobierno por el Día Internacional de la Mujer –esos en los que se “rinden cuentas” de los avances en políticas de género– no protagonizaron la agenda. En cambio, irrumpió una multitudinaria e histórica marcha. “Yo que vos, hoy no hablaría de las muertes por tabaquismo”, advertía una de los cientos de pancartas.
Pese a sus dimensiones, el acontecimiento no fue motivo de reflexión en las sedes partidarias ni en los pasillos del Parlamento. ¿Qué significó para los partidos políticos que alrededor de 300 mil personas formaran otro “río de libertad”? El movimiento social logró una convocatoria que hoy ningún partido político es capaz de reproducir. Sin embargo, no parece que sus dirigentes se sientan interpelados. “Es un buen ejemplo de la sordera”, sintetiza Gerardo Caetano.
TELÉFONO PARTIDARIO. El estamento político fue tímido a la hora de dar respuestas. El Frente Amplio (FA), en un comunicado institucional, arriesgó una primera autocrítica: “Ahora tenemos mucho para pensar y escuchar, ¿qué derechos están siendo limitados?, porque ahí se erige una agenda emergente”. Sin embargo, en el grueso de la interna frenteamplista así como en los partidos tradicionales no hubo demasiado lugar para la introspección. La tibieza fue el denominador común.
Desde el Mpp, por ejemplo, no ven en la marcha una alerta. Lo que sucedió el 8 de marzo “no me interpela –reflexiona la legisladora Ivonne Passada– porque me siento parte” del reclamo. En la misma dirección, Lucía Topolansky opina que las problemáticas expuestas ese día pertenecen al “orden cultural” y no deben reducirse al sistema político: “‘No esperemos nada más que de nosotros mismos’, dice el lema artiguista, y eso fue lo que las mujeres dijeron”.
No sólo se marchó por la violencia de género y los femicidios. También por la igualdad salarial y laboral, el reconocimiento del trabajo no remunerado, el acoso callejero y los obstáculos judiciales, religiosos y médicos a la autonomía de las mujeres que, aunque rompen los ojos, se han incorporado de manera subsidiaria a la agenda de los partidos. El analista Leo Harari profundiza en la brecha entre las demandas de los representados y la traducción en acciones por parte de los representantes.
Explica cómo la política, organizada en una democracia representativa, ha perdido la capacidad de cumplir su función y “aparece cada vez menos relevante para la vida de los pueblos”.1 Hace tiempo que cobra fuerza la idea de que los partidos ya no logran encantar. Y en esa misma línea es que el politólogo Adolfo Garcé opina que la histórica convocatoria habla de la necesidad de una parte de la sociedad uruguaya de participar en “causas que entusiasmen”, en “consignas y objetivos en los cuales se pueda creer”.
En un intento por tomar distancia de la apatía de algunos de sus correligionarios, Constanza Moreira cree que luego de este 8 de marzo el FA carga con el desafío de repensarse. Pero advierte que en torno a este tema existe “mucha hipocresía”, ya que si bien muchos marcharon, al levantar la mano para votar acciones afirmativas que permitan a las mujeres acceder a los cargos de representación “nadie está de acuerdo con la paridad” en materia de representación partidaria.
JERARQUÍA DE LUCHAS.
En los últimos años la sensibilidad por la agenda de derechos ha ganado espacio en las bancas de los más jóvenes del FA. El diputado socialista Gonzalo Civila considera que la multitud convocada se traduce en una “interpelación profunda” a los partidos políticos, y reconoce que la izquierda institucional tiene aún estructuras “muy machistas”.
Estas configuraciones, que subsisten en la actualidad, tienen que ver con el reclamo histórico que le han hecho los feminismos a la izquierda: ¿por qué subordinar la lucha por la igualdad de género a la lucha de clases? Hace unas semanas el representante de Unidad Popular, Eduardo Rubio, afirmó a Brecha 2 que el común denominador de las de-sigualdades estructurales es el sistema capitalista: el patriarcado viene después. Para Civila “las luchas no se pueden reducir unas a las otras”. La lucha por la igualdad de género –agrega– es un tema prioritario y “la gran interpelación de la marcha es poder estar a la altura”. Sin embargo, la apropiación dificultosa de las causas por la igualdad de género no es de exclusividad de la izquierda. La senadora del Partido Nacional (PN) Beatriz Argimón reflexionó a título personal que las personas dijeron “esto no da para más” y que los partidos deberían cuestionarse su significado, pero reconoció que, hasta el momento, el directorio nacionalista no consideró el asunto. Es una interrogante el camino que tomará el PN, de cepa tradicionalista, de cara a las próximas elecciones y al terreno que ha ganado la denominada “agenda de derechos”. Según Garcé, “ningún partido gana votos alejándose de sí mismo”, ya que los cambios bruscos generan, a su entender, problemas de reputación. En diálogo con Brecha y reforzando esa afirmación, el intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, tomó distancia de algunos temas de la agenda de derechos. Explicó que si bien
en el caso del matrimonio igualitario las resistencias del PN eran de forma, con la ley de interrupción voluntaria del embarazo son de contenido, ya que consideran que es “medio contradictorio defender la vida de unos y no de otros”. El dirigente concluyó que las “cuestiones filosóficas” tienen que estar por encima de las “conveniencias políticas, siempre”.
Andrea Maddalena, integrante del Comité Ejecutivo del Partido Colorado – una formación con menos influencia de la Iglesia Católica que el PN–, entiende que la adhesión de algunos políticos a la marcha se enmarca en lo “políticamente correcto”, pero después en el Parlamento las acciones que se toman “no tienen nada que ver con la promoción de la igualdad”. En su visión existe una distancia entre lo que la sociedad grita y lo que los parlamentarios deciden escuchar. Para Topolansky las problemáticas que tienen que ver con las
desigualdades de género no se solucionan con “leyesitas”. Su correligionaria Moreira opina que el tratamiento de la ley de cuotas –y la resistencia que hubo el miércoles para aprobar un texto más ambicioso–, así como la falta de acuerdos dentro de la bancada oficialista para aprobar la ley integral contra la violencia basada en género, dejan al descubierto la “hegemonía patriarcal” que invade el terreno político del que el FA es parte. Muchas de las tensiones del Parlamento tienen que ver con qué lugar se le
da a la lucha por la igualdad de género en las agendas partidarias. El último 8 de marzo el teléfono no sólo sonó para el FA, sino para todo el sistema partidario, que no derrocha encanto ni convocatoria. Mientras en el contexto regional las luces del progresismo se vienen apagando, por estos lados el partido de gobierno debería evaluar cuál puede ser el alcance de su distancia ante estas manifestaciones históricas.
1. “Réquiem para la democracia representativa”, en Brecha del 6-X-16.
2. “No es nuestra meta ser el voto cincuenta”, en Brecha del 13-I-17.
Desde la academia
Sobre la capacidad de los partidos políticos de convocar multitudes y su vínculo con las movilizaciones sociales. Una lectura del historiador Aldo Marchesi y del politólogo Adolfo Garcé.
Aldo Marchesi: “No creo en una crisis de la partidocracia. Tampoco sé si existe la partidocracia, me parece que es una construcción un poco mítica que le da una centralidad excesiva a los partidos políticos en la historia más reciente del Uruguay y que quizás no hayan tenido. Desde la segunda mitad del siglo XX los partidos siempre tuvieron que lidiar y negociar con la movilización social. Esto no es nuevo, de ahora. Los partidos políticos no son el centro de la escena en la política uruguaya y siempre hay un conflicto entre la política y los movimientos sociales”.
Adolfo Garcé: “Me parece fuerte, exagerado, hablar de crisis de la centralidad de los partidos. Pero en todo caso, es probable que la curva del entusiasmo por los partidos esté en su punto más bajo desde la restauración de la democracia en 1985. El FA ha perdido capacidad de emocionar. La oposición no lo logra. El lugar de la emoción, de las ‘causas por las que vale la pena salir a la calle’, lo ocupan los movimientos sociales”.
Feminismos y progresismos
Arma de doble filo
El andarivel entre el movimiento feminista, con todas sus heterogeneidades, y los partidos de izquierda o de centroizquierda se ha caracterizado por un tránsito problemático y no exento de fricciones. En algunos países hay analistas que han reflexionado sobre los retrocesos implícitos en la cooptación de dirigentes feministas en cargos de gobierno. El ejemplo más comentado en América Latina es el chileno, a raíz de la incorporación de figuras de las organizaciones sociales en el gabinete o en las instituciones especializadas en políticas de género.
Algunas columnas del periódico digital El Mostrador 1 han sido elocuentes al describir este fenómeno de institucionalización del feminismo. El análisis de la socióloga Eda Cleary llega a narrar la existencia de un “feminismo cupular”, como una elite burocratizada “que trabaja en horarios de oficina lejos de la gran diversidad de organizaciones de mujeres y feministas”. Sitúa incluso el fenómeno a partir del primer gobierno de la Concertación (1990-94), que colocó en puestos clave a mujeres que “insistirían en políticas de corte asistencialista antipobreza y pro familia tradicional, pero, por otro, adoptarían un discurso rutinizado de género” y que suscribirían una “lógica de la ‘focalización del gasto social’ y la ‘concursabilidad de los recursos públicos’, que constituyen el corazón mismo del desmantelamiento neoliberal de la responsabilidad universal del Estado en materias sociales (‘peligroso vínculo feminista neoliberal’)”.
La cuantiosa ayuda internacional para las políticas de género ambientó, para Cleary, el surgimiento durante la transición chilena de una verdadera “aristocracia feminista”, tanto dentro del gobierno como en las organizaciones con relaciones políticas como para acceder a esos recursos: “la política feminista, que otrora fuera resistida por las mujeres machistas”, se convertiría así “en una ‘oportunidad’ para escalar en el mundo de la política partidaria tradicional durante la transición hacia la democracia”. Cleary también fue muy dura con los gobiernos de Michele Bachelet, no
por el discutible apelativo de la “presidenta-madre”, sino por la tardía
presentación del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo fundada en tres causales o la defensa a ultranza de la irregular gestión de ministras por su sola condición de género: “El ‘feminismo cupular’ alimentó una suerte de despolitización de los asuntos públicos, obstaculizando la debida rendición de cuentas y tornando incalculable la gestión pública. Su estilo
de gobierno ‘matriarcal-autoritario’ sólo remplazó a la ideología patriarcal en una versión femenina”. Sin embargo, otros columnistas describieron puntos de inflexión en ese país sobre fines del año pasado.
Raúl Zibechi (La Jornada, octubre de 2016) analizó que en Chile “el movimiento de mujeres desbordó los diques de contención de las políticas progresistas y las Ong” y que “ese feminismo de arriba está siendo desbordado desde abajo, como lo muestran las masivas marchas del Ni Una Menos”.
Nicole Mulsow caracterizó por su lado a 2016 como el año en que Chile “se volvió feminista”. 2
Rosario Touriño
1. “La bancarrota del ‘feminismo cupular’ en Chile”, 20-XI-16.
2. El Mostrador, 1-I-17.