Títeres sin cabeza
Durante el proceso de apertura democrática los extremos de la represión de la dictadura se atenuaron en cuanto a la vigilancia sobre dirigentes y partidos políticos tradicionales. Fue un ensayo de lo que sería después el espionaje militar en democracia.
SAMUEL BLIXEN
El profesor Carlos Julio Pereyra y el doctor Jorge Batlle fueron los principales blancos de la inteligencia policial y militar entre agosto de 1980 y diciembre de 1984, cuando la dictadura se vio forzada a encarar primero la reforma de la Constitución, luego las elecciones de los partidos políticos y finalmente las elecciones nacionales de 1984, con partidos y dirigentes proscriptos.
Numerosos documentos en poder de Brecha, tanto del Servicio de Información de Defensa (Sid) como de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (Dnii), detallan la manera en que se procesó el control de la actividad política cuando la coyuntura impuso a los militares la necesidad de autorizar gradualmente la realización de reuniones y actos y la difusión de opiniones.
El control político durante el período de “apertura” recayó particularmente sobre la inteligencia policial, la Dnii dirigida entonces por el inspector principal Víctor Castiglioni, tío del coronel Elmar Castiglioni, que después de 1985 fue figura principal de la inteligencia militar. De la documentación se desprende que este tipo de represión tuvo una forma particular de instrumentación que se desplegó de forma paralela a la represión de lo que genéricamente se señalaba como “sedición”.
Así, lo que podría calificarse como “control de la actividad política aceptada” se centró básicamente en la vigilancia, las escuchas telefónicas, la censura y los interrogatorios (invariablemente sin violencia). La diferencia –o la frontera– que imponía el cambio de actitud parecía estar determinada por el juicio previo: una reunión en un hotel o en una casa particular era reprimida de forma radicalmente diferente si los asistentes eran miembros de los partidos tradicionales o, por el contrario, de la “sedición”, por más que fueran idénticos los motivos del encuentro.
La intervención telefónica y las escuchas, junto con la infiltración de espías y los operativos de vigilancia, fueron los procedimientos preferidos para ejercer el control: los informes policiales son confirmatorios. Un detallado informe recibido por la Dnii en abril de 1981 (cuatro meses después del triunfo del No en el plebiscito de 1980) está titulado: “Información suministrada por un miembro de la Comisión Provisoria Unificadora del Partido Nacional”, revelando los grados de infiltración.
COLORADOS Y BLANCOS. A fines de mayo de 1980, la Policía sabía que en el domicilio de Juan Vicente Chiarino (que en 1985 sería designado ministro de Defensa Nacional por Julio María Sanguinetti) se realizaría una reunión política, por lo que se ordenó establecer un puesto de vigilancia. El informe consigna que Chiarino despidió a sus visitantes en la calle, pero “sólo se identificó a Jorge Batlle”.
Presumiblemente la noticia del encuentro surgió de las escuchas a las que Batlle estaba permanentemente sometido. Su ficha personal en 1981 registra 12 memorandos de conversaciones telefónicas: con Tabaré Hackenbruch; con el agregado cultural de la embajada alemana; con el periodista Efraín Quesada, por entonces corresponsal de Ips, a quien le hace comentarios sobre la actividad del embajador Jorge Pacheco Areco; con Sanguinetti comentando el viaje de Hierro Gambardella a España; sobre una extensa conversación con un señor de apellido Menéndez, “a propósito de actividades económico-agropecuarias”; con Quesada nuevamente, informando que Jorge Otero, director de El Día, confirmaba la designación de Pacheco como embajador en Estados Unidos; con un NN al que le comenta estar dispuesto a tomar alguna medida contra la Comisión Administradora del Partido Colorado (PC); con otra persona no identificada a quien le aporta comentarios sobre “Pacheco y los norteamericanos”.
La Dnii tenía fichados a 171 dirigentes o militantes prominentes del PC. La mayoría de las fichas no contienen anotaciones, salvo fotografía, dirección y matrícula del vehículo; en algunos casos se especifica: “mantiene contacto con Jorge Batlle”.
La vigilancia a Sanguinetti era casi tan estrecha como a Batlle. Un informe policial de tres carillas detalla la conversación que mantuvo con Manuel Flores Silva. Aunque no se especifica expresamente, la transcripción de conceptos sugiere que la conversación fue grabada. En ella, Sanguinetti cuestiona la permanencia de la Corriente Batllista Independiente (Cbi) dentro del lema PC, y pone condiciones para ello. Flores Silva solicita “que los viejos dirigentes le abran camino” y Sanguinetti dice “que no, que deberá abrirse camino por su propia cuenta”, fuera del lema.
Insólitamente, el entonces subdirector de la publicación colorada Correo de los Viernes, Luis Hierro López, fue interrogado en la Jefatura por el tenor de unas conversaciones telefónicas mantenidas con Enrique Tarigo y José Guntín. Hierro accedió a responder sobre la información obtenida mediante espionaje en una escucha expresamente admitida.
En el Partido Nacional (PN) la vigilancia se centró en Carlos Julio Pereyra y en el triunvirato que el dirigente del Movimiento de Rocha integraba junto con Dardo Ortiz y Julio Silveira Zavala. Los domicilios de los miembros del triunvirato eran objeto de vigilancia permanente porque las reuniones “ilegales y clandestinas” eran “consecuencia de la tolerancia creciente para este tipo de actividades especialmente durante el período previo al plebiscito constitucional de noviembre de 1980”. Así, en abril de 1981 una parte de la Dnii consignaba que el 30 de marzo Pereyra recibía, por la mañana, la visita en su domicilio de Luis Alberto Lacalle; y en horas de la tarde, según una escucha telefónica, convocó a Silveira Zavala para una reunión, a las 21 horas, en la casa del escribano Ortiz en la calle Jaime Zudáñez. En la reunión, el triunvirato discutió y aprobó un documento del PN sobre la realidad política, que fue difundido entre corresponsales de agencias noticiosas.
“EXABRUPTO.” Las vigilancias podían arrojar resultados inesperados. El puesto que controlaba los movimientos en la casa de Batlle, en bulevar España, registró la visita de tres mujeres; la matrícula del automóvil en el que viajaban permitió identificar a su dueño, Ademar Recagno Lema, “sin antecedentes”, pero familiar de Juan Pablo Recagno Ibarburu, detenido en Buenos Aires en 1976 y desaparecido. Así se confirmó que el encuentro fue una “reunión de Batlle con familiares de sediciosos”.
En otras circunstancias sonaría ridículo el objetivo de un interrogatorio policial para “dejar pegado” al interrogado. Pero así ocurrió en agosto de 1982 a raíz de un discurso pronunciado por Máximo Gurméndez, dirigente colorado que tuvo una destacada participación en la campaña por el No en 1980. Un punteo elaborado para orientar el interrogatorio sugería hacer hincapié en el término “miedo” referido a los votantes por el Sí, “víctimas de la prepotencia e intimidación”. El punteo sugería “evitar” –en la pregunta cinco– una explicación sobre las razones por las que Gurméndez había renunciado a un cargo público en 1973, lo cual sería contraproducente con los objetivos de “dejarlo pegado”.
Las “buenas maneras” –o la ausencia de los métodos habituales de la represión dictatorial– fueron impuestas por las contradicciones inherentes a la salida democrática controlada por los militares. Una excepción fue la detención en 1983 de la profesora Glenda Roldán, sometida a un interrogatorio sobre las actividades de algunos dirigentes colorados. Roldán fue detenida en plena calle, introducida en un vehículo militar y encapuchada. Horas después fue abandonada en la zona de Parque Batlle, una vez que le retiraron la capucha.
El episodio fue denunciado en Correo de los Viernes, que dirigía Sanguinetti, y la denuncia pretextó otro interrogatorio, pero en sede policial. El objetivo de la Dnii era sembrar dudas para poner en cuestión que la responsabilidad de la detención era militar. Le preguntaron, por ejemplo, por qué aseguraba que el operativo era militar y Roldán contestó: “porque la camioneta era verde con distintivo, porque quienes me detuvieron vestían uniforme militar y quienes me custodiaron en el vehículo antes de encapucharme estaban uniformados y portaban armas largas”.
A raíz de la denuncia periodística Roldán fue interrogada por última vez en la sede de la División de Ejército 1. Un informe del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (Ocoa) de julio de 1983 concluye: “En algunos detalles se encuentra muy segura; en detalles importantes vacila (real o ficticiamente); por la forma en que se realizó el procedimiento es difícil pensar que se cometieran tantos errores y aun así que haya sido el Ejército”. A mediados de 1983, la detención con capucha de una militante destacada del PC era, en medio de la coyuntura, evidentemente un “exabrupto”. Al respecto, el general Julio César Rapela, comandante de la División de Ejército 1, comentó: “la denunciante tiene vocación teatral y temperamento imaginativo”.