Académicos del mundo exigen a Vázquez una investigación “seria y efectiva” sobre amenazas del Comando Barneix
Más de 150 académicos, intelectuales y periodistas de distintas partes del mundo enviaron ayer una carta al presidente Tabaré Vázquez en la que manifiestan su preocupación por la amenaza que recibieron 13 abogados, fiscales, defensores de derechos humanos y académicos investigadores sobre los derechos humanos y el terrorismo de Estado por parte del llamado Comando Barneix. En la nota brindan su apoyo a las personas amenazadas y le exigen al Estado uruguayo que “a través de sus representantes, exprese su más firme condena ante estas nuevas amenazas, que los poderes competentes las investiguen seria y efectivamente para dar con sus responsables, y que se aplique la ley como corresponde en un Estado de derecho, ya que de acuerdo a la legislación uruguaya la amenaza constituye un delito”.
Las amenazas llegaron en un correo electrónico difundido con la plataforma Tor, que protege la identidad del emisor y dificulta su localización, y hasta el momento la Justicia, la jueza Julia Staricco y la fiscal Mónica Ferrero, en conjunto con la Dirección General de Información e Inteligencia policial, no han podido rastrear el origen del correo.
Entre los amenazados están el ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez; el fiscal de Corte, Jorge Díaz; la directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos Mirtha Guianze; los abogados Juan Errandonea, Óscar López Goldaracena, Federico Álvarez Petraglia, Juan Fagúndez, Hebe Martínez Burlé y Pablo Chargoñia; el magistrado francés Louis Joinet; el activista brasileño Jair Kirshke; la ex canciller Belela Herrera y la investigadora italiana Francesca Lessa
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DESDE LA UNIVERSIDAD DE OXFORD
Estimados y Estimadas miembros
Del Instituto de Derechos Humanos de la
República del Uruguay
Por la presente les adjunto una Carta dirigida en el día de la fecha al Sr. Presidente de la República del Uruguay Dr. Tabaré Vázquez, donde mas de 150 investigadores, intelectuales y periodistas de diferentes países del mundo expresamos nuestro apoyo a abogados, fiscales, defensores de derechos humanos y académicos que han sido objeto de amenazas por su incansable lucha en favor de los derechos humanos en vuestro país.
Consideramos oportuno que vuestro Instituto tome nota de dicho envío.
Los saludo atentamente,
Gabriel Pereira
Knowledge Exchange Fellow
Department of Sociology
University of Oxford
Carta al Sr. Presidente de la Rep del Uruguay Dr. Tabare Vazquez
Carta dirigida al Presidente Tabaré Vazquez, con 150 firmas de cientificos e intelectuales. Tocar la línea superior
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MOVIMENTO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS/Brasil INFORMA:
El pasado 17 de febrero en Uruguay un autodenominado “Comando Barneix” amenazó de muerte desde la clandestinidad a trece luchadores por los DDHH, entre ellos a nuestro compañero y amigo Jair Krischke. Con él actualizamos aquí las derivaciones de este hecho.
-¿Cuáles han sido las consecuencias y reacciones luego de la amenaza que recibiste en Uruguay (1)junto a otros defensores de los DDHH? -Lo primero es que como resultado de gestiones realizadas ante la embajada de Brasil en Montevideo, la Dirección General de Inteligencia de la Policía uruguaya envió una nota al Consulado brasileño en Uruguay, en la cual se le informa la existencia de amenazas de muerte por parte de un llamado “Comando Barneix” contra 13 personas vinculadas a la defensa de los DDHH, entre ellas al “doctor Krischke”, quien “se encontraría residiendo en la ciudad de Porto Alegre” y por lo tanto “se solicita se le haga saber la existencia de dicha amenaza”. También menciona la nota que la amenaza está siendo investigada bajo la dirección de la jueza penal Julia Staricco. -Parece algo bastante tímido, por decir lo menos.
-Pero lo importante es que el gobierno uruguayo, por medio de la Inteligencia policial, admite que existen estas amenazas, y la embajada de Brasil ha sido oficialmente informada de ello. -Aunque la responsabilidad de aclarar el caso corresponde a las autoridades uruguayas. -Sin duda. Ellas son las que deben llegar a identificar al o los autores de las amenazas. Personalmente percibo que no se le estaría dando la trascendencia necesaria a este episodio. ¡Veamos que entre los amenazados se encuentra el propio ministro de Defensa, Jorge Menéndez!
Más que la amenaza me asusta que el presidente Tabaré Vázquez no haya dicho absolutamente nada al respecto. Me preocupa recordar que ya hubo otros hechos de similar gravedad que nunca se han aclarado, como el robo de materiales y archivos a los antropólogos e investigadores forenses que trabajan en la Facultad de Humanidades, quienes además fueron amenazados. Las investigaciones no han tenido absolutamente ningún resultado. -Eso que mencionas ocurrió hace ahora exactamente un año. También hubo “robos sospechosos” en domicilio de un fiscal y amenazas a jueces y otros Ministros. Nunca se identificó a nadie. -Por eso hemos creído necesario movilizarnos a nivel internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebra periódicamente audiencias en diferentes países americanos. Supe que estarán en Buenos Aires a fines de mayo y hemos solicitado ser recibidos por la Comisión en esa oportunidad. -¿Quién presentó la solicitud de audiencia? -Lo hizo el Observatorio Luz Ibarburu por medio de su coordinador ejecutivo, Raúl Olivera.
En la nota presentada por el Observatorio se pide una audiencia para exponer sobre las recientes amenazas y el cumplimiento (o incumplimiento) de la “Sentencia Gelman vs. Uruguay“. Poco después se conoció una declaración de la CIDH en la cual “condena las amenazas de muerte realizadas contra autoridades, operadores de justicia y defensoras y defensores de derechos humanos de Uruguay y urge al Estado a adoptar medidas urgentes a fin de resguardar la seguridad de los operadores de justicia”. (2) -Eso es un buen augurio para que la audiencia sea concedida. ¿Qué reacciones hubo en Brasil? -Compañeros que están en Brasilia plantearon estos hechos ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados que, a su vez, expidió tres notas: una para la CIDH expresando su preocupación por las amenazas en Uruguay; otra dirigida al Parlasur y una tercera para la Fiscalía brasileña solicitando que tomen conocimiento y se expidan sobre el tema. Por otra parte, fui llamado por la Asamblea Legislativa de Rio Grande do Sul para conocer de primera mano los hechos, y habrá un pronunciamiento de este órgano legislativo y también del gobernador del estado, José Ivo Sartori.
Asimismo, la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de la cual soy miembro, también difundió una nota en la cual da cuenta de la existencia de estas amenazas, las rechaza y deplora, y reclama al gobierno federal que, junto al gobierno uruguayo, “se tomen las debidas providencias para que dichas amenazas no se concreten”.
Es importante que se investigue
Estos hechos no pueden repetirse
-¿Cómo estás tomando todo esto? -Con mucha tranquilidad, pero también viendo que es algo grave, sobre todo si tenemos en cuenta que ninguno de los hechos anteriores de este tenor tuvo consecuencias policiales o judiciales para sus autores. Esto ocurrió en Uruguay y corresponde a las autoridades uruguayas conocer la identidad de quién o quiénes están detrás. En mayo habrá esta reunión de la CIDH en Buenos Aires y pienso que estaré allí, pero después quiero pasar por Montevideo, y quiero hacerlo sin que nadie me moleste. Con referencia a esto recibí una llamada del Senado brasileño planteándome que cuando vaya a Uruguay lo comunique previamente para activar al Ministerio de Relaciones Exteriores y que éste, por medio de la embajada brasileña en Montevideo me proporcione protección. Lo importante es que se haga algo eficaz para que estos hechos no vuelvan a ocurrir.
-La amenaza se produjo por medio de un correo electrónico utilizando el navegador Thor, que no permite normalmente identificar al emisor. Pero actualmente sabemos que para un Estado ya no hay barreras tecnológicas si decide investigar a fondo este tipo de episodios. -El mail está en manos del Fiscal de Corte y de Inteligencia policial. Se me ha informado que la Facultad de Ingeniería del Uruguay tiene capacidad para desentrañar esta interrogante. También se han puesto a disposición universidades estadounidenses. Quiere decir que hay muchos recursos que se pueden utilizar si hay voluntad de llegar a los responsables.
-¿Cuándo tendrán respuesta al pedido de audiencia con la CIDH? -Lo sabremos en abril. Pero antes estamos esperando los resultados de la investigación policial y judicial que anunció la nota de la Inteligencia policial uruguaya.
2-http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/021.asp
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No es para menos
Investigadores, intelectuales y periodistas de varios países repudiaron amenazas del “Comando Barneix”
La nota, enviada a Tabaré Vázquez, manifiesta su “apoyo y solidaridad” con los amenazados, y exige la “condena” del Gobierno.
Un colectivo de 155 investigadores, intelectuales y periodistas de diversos países expresó el lunes en una carta dirigida al presidente Tabaré Vázquez, su apoyo a las personas que fueron amenazadas por trabajar para la defensa de los derechos humanos en causas de la dictadura uruguaya.
En la carta, los firmantes manifestaron su apoyo y solidaridad con el conjunto de 13 personas uruguayas y extranjeras que fueron amenazadas de muerte el pasado 28 de enero por el “Comando Gral. Pedro Barneix”, un colectivo anónimo presuntamente vinculado con la dictadura.
El ex embajador en la Organización de Estados Americanos (OEA), Milton Romani, quien se encuentra en la lista de firmantes, declaró a Efe que, como ciudadano y “luchador” por los derechos humanos, considera que las amenazas deben seguir siendo indagadas para que los culpables no queden “impunes”.
“Conozco a la mayoría de los amenazados, ya expresé mi solidaridad con ellos, y estoy solicitando junto a otros que se investigue el tema, si bien tengo entendido que el Estado ya investiga el caso”, apuntó Romani.
Entre los que suscriben el documento se encuentran, además, individuos provenientes de más de 15 países, entre ellos de Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos, España, Francia, México, Noruega y Reino Unido, que, al igual que los amenazados, trabajan, en muchos casos para la defensa de los derechos humanos.
“Es absolutamente inaceptable y en todo sentido repudiable que defensores de los derechos humanos y académicos, tanto uruguayos como extranjeros, sean sometidos a amenazas de esta índole, provenientes de individuos y organizaciones más o menos ocultas que persisten, aún hoy, en defender el terrorismo de Estado”, indica el documento.
A través de la carta, dirigida a Vázquez, el colectivo apunta que aún no ha habido “avances sustantivos” en la investigación para hallar a los autores de las amenazas y reclama al Gobierno que actúe al respecto.
“Exigimos que el Estado uruguayo, a través de sus representantes, exprese su más firme condena ante estas nuevas amenazas, que los poderes competentes las investiguen seria y efectivamente para dar con sus responsables, y que se aplique la ley como corresponde en un Estado de derecho, ya que de acuerdo con la legislación uruguaya la amenaza constituye un delito”, expresa la carta.
Además, el colectivo hace eco de la petición formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado uruguayo garantice seguridad a las personas amenazadas en su derecho “a vivir en democracia en un clima libre de amenazas”.
Los firmantes añaden a su vez que este hecho no es aislado dado que durante el 2016, un Grupo de Investigación en Antropología Forense de la Universidad de la República fue víctima de un robo en su laboratorio y sus integrantes fueron también amenazados.
A través de un correo electrónico difundido con la plataforma Tor, que protege la identidad del emisor y dificulta su localización, 13 personas recibieron amenazas de muerte por parte del comando Barneix, en homenaje a un militar fallecido de la dictadura.
Concretamente, el general retirado Pedro Barneix se suicidó en setiembre de 2015 cuando la Policía arribó a su domicilio de Montevideo para detenerlo por orden judicial, ya que era uno de los acusados del asesinato de un comerciante comunista en 1974.
(Fuente: EFE)