A partir del 1º de enero, ni el equipo de antropólogos ni el de historiadores están adscriptos académicamente a la Universidad de la República (Udelar) ni radicados en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE). Hasta esa fecha, y durante 11 años, dichos equipos mantuvieron ese estatus, trabajando en el marco del convenio sobre derechos humanos firmado entre Presidencia de la República y la Udelar el 6 de mayo de 2005, y renovado sucesivamente, para investigar sobre detenidos-desaparecidos y, desde 2010, sobre asesinados por razones políticas y responsabilidad del Estado. Quien suscribe, coordinador del equipo universitario de historiadores durante nueve años y supervisor académico en los últimos dos años, concluyó también su función por voluntad propia.
No obstante esos cambios, la integración de los equipos que ahora pasaron a actuar bajo la égida de Presidencia de la República y a depender directamente del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia (GTVJ) se mantiene casi igual que antes en el número de integrantes y nombres; por otra parte, el texto del nuevo convenio de cooperación, luego de muchas idas y venidas en su redacción, finalmente fue aceptado por Presidencia, aunque todavía no fue firmado. El acuerdo amplía los objetos de la colaboración y la participación a otros especialistas, según demandas del GTVJ surgidas de su plan de trabajo: reparación, memoria, asistencia a las víctimas, apoyo jurídico. Finalmente, la licenciada Fabiana Larrobla, coordinadora del equipo de historiadores desde 2014, confirma su condición de tal para el nuevo período abierto el 1º de enero.
Estos cambios no obedecen a un debilitamiento del compromiso y aportes técnicos de la Udelar con el tema y las víctimas. Tampoco, creemos, responden a un desgaste de la relación de Presidencia con la Udelar por “trabas burocráticas” de esta última, como se ha declarado al diario El País en un artículo del viernes 3 de marzo. Sobre ese tema, en particular lo que refiere al financiamiento, la transferencia de los fondos y el pago en fecha a los equipos por parte de Presidencia, la Udelar siempre cooperó para facilitar la selección y evaluación de los investigadores con criterios universitarios, los trámites para sus contrataciones, así como las renovaciones de cargos, a la vez que para solucionar diversos problemas que, por lo general, no se generaron en la Udelar. Tampoco los cambios mencionados son un efecto del robo en el laboratorio de antropología forense en el edificio anexo de la FHCE, y queremos pensar que tampoco estuvieron motivados por las mayores “comodidades” que ofrecen las instalaciones de Presidencia, como insinúa el articulista de El País. Dentro de su presupuesto y capacidad locativa limitadas, la FHCE resolvió, con fondos propios, el acondicionamiento de un espacio físico en su sede, autónomo de Presidencia y con el equipamiento mínimo requerido, al margen de las insuficiencias de seguridad que el robo demostró después, hecho que aún se investiga en la Justicia penal. Debo aclarar sobre el punto que la mudanza del equipo de antropólogos fue una decisión unilateral de este, con la anuencia de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente (SDHPR), sin que la FHCE fuera informada, no obstante las mejoras y gastos que en materia de videovigilancia y seguridad se realizaron en el lugar.
Los cambios de fondo en la relación con la Udelar a partir del nuevo convenio no sólo implican un cambio de la dependencia institucional para los integrantes de los equipos tradicionales, sino el fin de un ciclo de cooperación bajo un determinado formato de relacionamiento institucional de los especialistas universitarios con Presidencia y la SDHPR, en comparación con lo que sucedió bajo la primera administración del doctor Tabaré Vázquez y, luego, de José Mujica.
Entre otras razones que explican esos cambios, podríamos decir que pronto se cumplen 12 años de aquel 30 de mayo de 2005, cuando fuimos convocados por el secretario de Presidencia, doctor Gonzalo Fernández, junto a los historiadores José Pedro Barrán y Gerardo Caetano, para hacernos cargo del diseño y la coordinación de la investigación historiográfica sobre detenidos-desaparecidos, hecho distintivo en relación con otras experiencias en el continente. Los trabajos de los historiadores comenzaron el 5 de setiembre de 2005, y más de una década de trabajo intenso académicamente, comprometido, sensible y siempre cuestionado, resulta un tiempo más que suficiente para ensayar una renovación de los acuerdos, las líneas de investigación y los responsables.
No creemos que la “falta de resultados” sea una motivación de los recientes cambios reseñados por cuanto, en lo que refiere a la investigación historiográfica y la localización de archivos y documentación estatal por iniciativa del propio equipo de historiadores (antes de que la SDHPR contratara asesores y un equipo de archivólogos propios), los logros alcanzados han sido importantes y tangibles, aunque poco divulgados y reconocidos, como se verá más adelante.
En segundo lugar, el formato institucional que la nueva administración del Frente Amplio diseñó para el ámbito especializado en el tema, manteniendo la SDHPR (creada en la administración anterior) pero con funciones de auxiliar y dependiente de las decisiones políticas del GTVJ, y este, a su vez, conformado por personalidades de distintos ámbitos, experiencias y dedicación horaria, a la vez que honorarios, no contempló la inclusión de los coordinadores de los equipos universitarios en los ámbitos de planificación de las investigaciones, con capacidad de iniciativa y toma de decisiones en asuntos vinculados, como sí aconteció entre 2005 y 2013. Tampoco la representación del Ministerio Público se contempló en el nuevo formato.
Al respecto, también en la Udelar comenzaron a sentirse voces que, de manera fundada, sostenían la necesidad de comenzar a limitar la participación universitaria a los aspectos estrictamente técnicos y ante requerimiento de los organismos responsables de fijar las políticas públicas sobre derechos humanos, de sus éxitos o fracasos. De alguna manera, el rectorado del doctor Roberto Markarian interpretó e impulsó, por intermedio de la gestión del prorrector de Extensión y Actividades en el Medio, doctor Hugo Rodríguez, una nueva inserción de los equipos que ya venían trabajando con Presidencia así como de los que vendrán amparados en el nuevo convenio, para que cumplan funciones estrictamente técnicas y en respuesta a demandas planteadas por los órganos políticos correspondientes: GTVJ y SDHPR.(1)
En tercer lugar, en el nuevo formato institucional que representa el GTVJ, la integración “oficial” a la conducción de este de víctimas, en tanto actuales personalidades políticas y como representantes de Madres y Familiares, en tanto organización, no estaba presente en las experiencias anteriores, al menos teniendo en cuenta este nivel de aceptación e involucramiento con las iniciativas de un organismo que depende directamente de Presidencia de la República. Esta nueva institucionalidad -unida a la legitimidad de sus luchas y la referencia ética que representan- les otorga a las víctimas directas del terrorismo de Estado una importante incidencia en las resoluciones del organismo de derechos humanos sobre el pasado reciente, la definición de sus líneas de trabajo, política de archivos y acceso a la información.
En cuarto y último lugar, lo más importante, el programa de investigación de corte historiográfico diseñado en 2005, se agotó en el presente porque se cumplió en lo fundamental. Claro está, siempre será posible complementar, corregir e incorporar nuevos datos y documentos, porque no se trata de investigaciones cerradas ni de conclusiones definitivas sobre la verdad de un período histórico traumático, que aún conserva buena parte de sus secretos y ocultamientos. Pero el corpus de hechos documentados mediante las investigaciones históricas, el universo de víctimas comprobado, la reconstrucción de los operativos y los organismos represivos intervinientes, la cronología de acontecimientos y oleadas represivas, las organizaciones políticas, militantes y dirigentes objetos de la violencia institucional, las transformaciones del Estado en sentido autoritario y la coordinación represiva regional, en lo fundamental, están registradas, documentadas, estudiadas e interrelacionadas, contribuyendo así, además, a consolidar el campo de estudios sobre la historia reciente en el país y la región. Por lo tanto, en esta nueva etapa de trabajo que se abre en 2017 seguramente se buscará diseñar otras alternativas posibles de investigación por parte del GTVJ, que aporten novedad a lo ya estudiado, y hallazgos, sin empezar de cero.
Ante el cierre de un ciclo y a modo de breve balance, mencionamos a continuación los principales resultados de la investigación historiográfica a cargo del equipo universitario (2005- 2016), disponibles en la página web de la SDHPR de Presidencia de la República.
El 13 de diciembre de 2006 el equipo entregó a Presidencia los cuatro tomos de la Investigación histórica sobre detenidos desaparecidos que fueron presentados por el doctor Tabaré Vázquez el 4 de junio de 2007. En el mismo mes y año se inicia la segunda etapa de trabajo del equipo que culmina en marzo de 2009 en el marco de un proyecto financiado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Udelar, y se editaron otros tres tomos: Investigación histórica sobre la dictadura y el terrorismo de Estado en el Uruguay (1973-1985). En octubre de 2011, ya bajo la administración de José Mujica, se publican en la página web de Presidencia los dos tomos correspondientes a la Actualización de la investigación histórica sobre detenidos-desaparecidos. En febrero de 2015 se incorpora por primera vez el estudio sobre asesinados políticos y se publica en la página web de Presidencia la Actualización de la Investigación histórica sobre detenidos-desaparecidos (1971- 1982) y resultados (parciales) de la Investigación sobre asesinados políticos por responsabilidad y/o aquiescencia del Estado (1973- 1985). Recientemente, el 27 de diciembre de 2016 se presentaron los resultados de la Investigación histórica sobre asesinados políticos por responsabilidad y/o aquiescencia del Estado (13 de junio de 1968-27 de junio de 1973), cumpliendo así con el plan de trabajo diseñado.
En materia de archivos y repositorios documentales, el equipo revisó un total de 28 archivos, 16 de ellos estatales. Destaca también del trabajo realizado el convenio tripartito firmado entre Presidencia, el Ministerio del Interior y la Udelar para la digitalización y el traspaso de una copia del archivo histórico de la inteligencia policial a la Udelar-FHCE. Por otra parte, dentro de un proceso iniciado en 2011, llamado “de judicialización de las investigaciones históricas”, los oficios solicitados por distintas sedes sobre causas penales en curso que fueron respondidos por el equipo universitario de historiadores a través de la SDHPR, suman 94 oficios. El coordinador del equipo, en calidad de perito, fue citado a testimoniar en cuatro megacausas judiciales en la región (Argentina y Brasil). En lo que refiere a las respuestas evacuadas por solicitud de la Comisión Especial Ley 18.596 (Reparación), suman 43 solicitudes.
Finalmente, no me queda más que agradecer en lo personal por la distinción y responsabilidad de la tarea que se me asignó y valorar el conocimiento y la entrega de los 26 investigadores que integraron en distintos momentos el equipo de historiadores que coordiné durante más de una década de trabajo intenso, aunque quede aún mucho más para hacer por Verdad, Justicia, Memoria, Reparación y Nunca Más Terrorismo de Estado en Uruguay.
Álvaro Rico Ex coordinador del equipo de investigación universitario de historiadores sobre detenidos-desaparecidos y asesinados políticos (1968-1973) entre 2005 y 2014, y supervisor académico del mismo equipo entre 2014 y 2016 (al 31 de diciembre). Decano de la FHCE, Udelar.
(1). Sobre las distintas posiciones universitarias respecto del tema y sobre lo actuado por los historiadores en los últimos 12 años, sus aportes no sólo académicos, sino sobre todo políticos e institucionales, para consolidar el espacio de derechos humanos del pasado reciente, ver la polémica suscitada en el último número de la revista Contemporánea (Nº 7, 2016). Vania Markarian, “Los documentos del pasado reciente como materiales de archivo. Reflexiones desde el caso uruguayo”, 178-190; Álvaro Rico, “El actual malestar de los historiadores: entre la defensa del oficio y la responsabilidad política”, 192-210.