ESPIONAJE

Desde 1985 ha primado “la lógica de la impunidad” y el Estado “no detuvo, ni controló” a militares y policías que hacían espionaje

El diputado del Frente Amplio Gerardo Núñez aseguró que en los denominados archivos Castiglioni, sobre espionaje militar y policial en democracia, existieron servicios extranjeros que colaboraron, remarcó que el dinero para el espionaje salió de las instituciones democráticas uruguayas, y reconoció que hubo informantes de organizaciones populares.

Ana María Mizrahi

En entrevista con LARED21 el diputado del Frente Amplio Gerardo Núñez, presidente de la Comisión Investigadora sobre el presunto espionaje en democracia, afirmó que los legisladores integrantes de la investigadora, tienen la convicción que hubo “espionaje en democracia”.

Desde 1985 ha  primado “la lógica de la impunidad” y el Estado uruguayo “no detuvo, ni controló” a militares y policías que hacían espionaje en democracia, remarcó.

El legislador indicó que la Comisión convocará a todos los ministros de Defensa e Interior, desde el advenimiento de la democracia hasta la fecha.

-¿Por qué se forma una comisión que buscará investigar el espionaje en democracia?

Esto surge a raíz del descubrimiento de lo que fue el “Archivo Castiglioni” y de varios artículos de prensa, que  nos permitieron tener con precisión, la certeza que en Uruguay a partir de 1985 hasta por lo menos el 2004, hubo un trabajo de inteligencia por parte de Inteligencia del Estado, sobre personalidades, partidos políticos, organizaciones sociales y dirigentes sindicales, en un contexto de ilegalidad y de rompimiento de códigos normativos, legislativos y constitucionales. Dimos un debate importante dentro del Frente Amplio y la fuerza política entendió necesario la formación de la investigadora y así contribuir a la democracia, a la defensa de las instituciones y también contribuir a la verdad y la justicia. Tenemos que romper barreras que existen respecto a la impunidad. Planteamos conformar esta Comisión en Diputados y se aprobó por unanimidad.

-¿Qué es el “Archivo Castiglioni”?

Es un archivo que estamos intentando conocer en su cabalidad. Tiene documentación oficial de como desarrollaban labores los Servicios de Inteligencia de las FFAA, sobre partidos políticos, en su mayoría vinculado a la izquierda principalmente al PCU, al MLN y al PVP, también sobre sindicatos, y los Partidos Nacional y Colorado. Es un abanico muy grande de intervenciones ilegales, que se hicieron en democracia. Estos hechos, son un ataque a la democracia, son muy graves. Al mismo tiempo, comenzamos  a trabajar con otro archivo que tiene una importancia histórica, que es el archivo que encontró Azucena Berrutti  cuando fue Ministra de Defensa (2005 – 2008). Los legisladores de la Investigadora, presumimos que el “Archivo Castiglioni”, es una parte del archivo que encontró Berrutti. Allí no caben dudas que las labores eran institucionales. Este archivo que fue encontrado en dependencias militares, tiene los sellos de las dependencias correspondientes, y las firmas de los responsables de esas dependencias. Los documentos de ese archivo, nos permiten afirmar, que estamos ante documentos institucionales de las FFAA. Recordemos que “Elmar Castiglioni”, estuvo vinculado a secciones de inteligencia militar, fue responsable del Departamento 1 de la Dinacie (Dirección Nacional de Inteligencia de Estado) y por lo tanto, tenía acceso a esta producción de materiales y tal vez, como forma de hacer un estudio pormenorizado él y otras personas, iban sustrayendo estos archivos que ya eran motivo de análisis de los militares. No estamos diciendo que lo recogieron sin saber para qué, los análisis nos gustaría conocerlos y queremos saber por qué se desarrolló esa recolección.

Efectivos principalmente militares hacían seguimientos, escuchas telefónicas.

-¿La fecha es 2004 o 2015?

-Por el momento tenemos hasta 2004 y decimos esta fecha, porque fue la que Azucena encuentra, el archivo fue encontrado en 2007 y ese trabajo es hasta 2004. Lo que sí dicen los peritos que trabajaron con el “Archivo Castiglioni”, es que hay información hasta el año 2015. Lo que sí sabemos aunque no sea parte del trabajo de la Comisión Investigadora, es que los trabajos de inteligencia continuaron durante mucho tiempo. Es una hipótesis muy fuerte que tenemos. Creemos que estas personas se manejaron con autonomía y con poco control político, y esto es algo que tenemos que revisar y discutir en el marco de la propuesta del Ejecutivo, de la conformación de una ley de Inteligencia del Estado.

-Cuando habla de acciones de Inteligencia ¿a qué hace referencia?

-Había seguimientos, escuchas e infiltraciones, distintas formas de acuerdo a situaciones y circunstancias. Los que cumplían estas tareas de inteligencia analizaban mucho los perfiles de las personas que luego se  convertían en informantes. Se buscaban personas con dificultades económicas, o que pasaban por situaciones complejas y las captaban. Los convertían en informantes y cuando eso no era posible, recurrían a infiltraciones directas de policías o militares, hacían escuchas telefónicas incluso allanamientos ilegales.

-¿Cómo eran los allanamientos ilegales?

-Nosotros tenemos un documento, que da cuenta de agentes militares que se hicieron pasar por inspectores de OSE.  Ingresan a una vivienda y hacen una descripción de la misma, no es un allanamiento como los que se hacían antiguamente, pero sí les daba para elaborar un informe donde dicen que en “esa casa vive una persona con un perfil marxista y leninista, por los libros o los cuadros que tenía”. La preocupación por establecer cuantas personas vivían en esa casa. Persiguieron a distintas personas, se trataba tanto de dirigentes políticos como también de militantes de base.

-¿Las personas que vivieron esta situación, tienen idea que sufrieron un allanamiento ilegal?

-Probablemente no lo sepan o quizás se enteren en estas circunstancias. Una vez que esta información sea pública, mucha gente se enterará de estas situaciones. En los documentos hay información muy precisa, dirección, año y otros detalles. Está todo.

-¿Había un sistema represivo paralelo?

Estaba dentro de las Instituciones Militares. No creo  que sea paralelo, porque usaron toda la infraestructura militar para poder llevar a cabo estas labores. El archivo que encuentra Berrutti son 4 millones de copias. Esa información no la procesan dos o tres personas aisladas, sino que implica recursos e infraestructura. Lo que nos preguntamos, era si eran autónomos respecto al poder político y al poder civil. Habrá que profundizar si en todo el periodo democrático, tuvieron ese nivel de autonomía o si respondían a órdenes que impartían desde el poder político.

Hubo un objetivo de boicotear los procesos de búsqueda de verdad y justicia.

-¿Hubo gente de izquierda que colaboró con el aparato represivo?

Sí, se prueba en los documentos. Hubo informantes de organizaciones populares, ahí habrá que determinar cómo fue y con qué objetivo. Por algo ciertos partidos políticos, aún recuperada la democracia, seguían representando un peligro para las Fuerzas Armadas. Hubo un objetivo muy fuerte de  boicotear los procesos de verdad y justicia. Somos  cuidadosos, no podemos afirmar que haya información sobre detenidos desparecidos, sí podemos señalar que había un ensañamiento por parte de sectores militares en ocultar lo que había ocurrido en tiempos de dictadura. También  intentaban saber cómo los partidos y las organizaciones se organizaban en estos temas, para ellos también diseñar su propia estrategia de defensa. Querían adelantarse a los movimientos de las organizaciones que denunciaban la violación de los derechos humanos.

La única información que será protegida es la referida a las víctimas.

-¿Cómo se va a manejar la información que surja de la Investigadora?

-La definición es que vamos a proteger toda la información que refiera a las víctimas del espionaje. También es el propósito, que todo lo que no tenga que ver con las víctimas, se dé a conocer. Los diputados frenteamplistas, entendemos que se tiene que saber sobre las personas que desarrollaron las tareas de inteligencia, sobre los organismos que las desarrollaron, y sobre quienes fueron cómplices, tanto en el ámbito gubernamental, de los servicios inteligencia como en el campo popular.

-¿Se contratarán peritos para estudiar la documentación?

-Es una información compleja, es necesario manejarla de forma profesional. Nosotros solicitamos una pericia a la Universidad de la República, y esta verá como aporta a este proceso, con qué Facultades, con qué peritos, y con qué investigadores. Esta dimensión y este volumen, merecen una metodología de estudio puntual para los fines de la Comisión, pero será necesario que se pueda desarrollar una labor más extendida en el tiempo. Queremos conocer los contenidos y tomar las acciones que sea pertinente tomar.

-¿Habrá que legislar?

-Una vez concluidas las labores de la Investigadora y luego de las conclusiones, se verá si tenemos que legislar. Hoy tenemos una Comisión de Seguridad y Convivencia, y un proyecto de ley de Inteligencia del Estado. Para nosotros son insumos fundamentales y no dar un debate de ojos y oídos tapados, sino que queremos tener presente, todos estos antecedentes significativos, para generar las máximas garantías democráticas para todos los ciudadanos, estén o no organizados en partidos políticos o en espacios sociales.

Azucena Berrutti se preguntaba si en el Archivo había información sobre los detenidos desaparecidos.

-Ud. ha dicho que el papel de Azucena Berrutti ha sido histórico, al rescatar el Archivo y mandarlo digitalizar. Luego que ella salió de la titularidad de Defensa ¿qué sucedió con los otros ministros que ocuparon el cargo desde que el FA llegó al gobierno?

-Efectivamente, fue un error no haber continuado esa tarea tan significativa que hizo la “compañera Azucena”. Ella lo encontró, lo mandó digitalizar para que posteriormente se identificaran los contenidos. Azucena se preguntaba si había información sobre detenidos desaparecidos y lo hizo por un compromiso ético, democrático y de compromiso con la verdad y la justicia. Creemos que no debieron detenerse nunca esos procesos de investigación sobre los contenidos de los documentos, más cuando fueron arrojando información que indicaba la gravedad de lo que había en los mismos.

-¿Hubo servicios extranjeros que colaboraron con los servicios uruguayos?

-Creemos que sí. Había interés de la (CIA) de tener una base en Uruguay. Y en esa base la Embajada de EEUU jugaba un papel central. Esto no es nuevo. Nuestras instituciones han estado infiltradas y dirigidas por organismos internacionales, esto ya está dicho. Desde la década de los ´60 y ´70 esto ha sido la tónica permanente y creemos que se confirma en Democracia, lo cual es un atentado a la soberanía del país.

La Comisión parlamentaria tiene la voluntad de investigar pero necesitamos la información

-¿Usted cree que la Comisión parlamentaria se juega su prestigio si de esto no sale nada?

-Sí, nos jugamos el prestigio de la Comisión y del Parlamento y también las instituciones que tienen que colaborar. Nosotros tenemos la voluntad de investigar pero necesitamos la información. El Archivo General de la Nación y el Ministerio de Defensa, han tenido buena disposición, nos respondieron todo lo que le solicitamos. También necesitamos colaboración de la Justicia y de algunas dependencias ministeriales a la que ya enviamos las solicitudes. A pesar de que transcurrió poco tiempo, todos los integrantes de la Investigadora podemos afirmar que existió espionaje militar y policial en Democracia y que ahora estamos buscando sI esto se hizo con autonomía del poder político o con la colaboración de los gobiernos de turno.

-¿De qué sectores del Estado están esperando mayor compromiso?

-A la Suprema Corte de justicia (SCJ) le hicimos un planteo respecto al “Archivo Castiglioni”, le pedimos información a la jueza que hoy tiene la investigación de este archivo. La Justicia no está investigando lo que queremos investigar nosotros, ella está investigando las causas del Terrorismo de Estado y nosotros focalizamos de 1985 en adelante, no descartando que si aparece información que hecha luz sobre esas épocas oscuras, lo vamos a considerar y lo pondremos a disposición de los espacios que se entiendan necesarios.

Todavía hoy prima la lógica de la impunidad

-¿Le faltó transparencia al Estado?

-Le falta transparencia, le faltó más en otros momentos históricos y le falto control. Todavía hoy prima la lógica de la impunidad, la lógica de no dar la información que tienen, tanto de los detenidos desaparecidos, como de otro tipo. Nos consta que hoy día, hay un gran esfuerzo del Ministerio (Defensa) pero no siempre fue así.

-¿Qué es lo que más le ha impactado?

-El volumen del Archivo, la metodología utilizada, la sistematización  durante tanto tiempo, y la fundamentación por las cuales realizaron estas actividades. Hay un documento del año 1985, firmado por el Comandante en Jefe del ejército Hugo Medina, donde es una continuidad de lo que hacían en Dictadura, el mismo lenguaje y las mismas organizaciones investigadas. Llama la atención que ese Comandante, luego fue Ministro de Defensa (1987 – 1990) y esa documentación esperamos que se nos devuelva oficialmente por parte de las FFAA. Los documentos están, también constan  las órdenes del Ejército para realizar  estas investigaciones y lo que hay que determinar, es porque siguieron fundamentando sus laborales de inteligencia, en la Doctrina de la Seguridad Nacional, porque siguieron fomentando la violencia y la violación los Derechos Humanos, atentando contra la intimidad, y la libertad.

El dinero utilizado para el espionaje salió de las instituciones democráticas.

-¿De dónde habrá salido el dinero para hacer estas acciones y  cuantos efectivos participaron?

Todo indica que los recursos fueron institucionales, que todos los uruguayos aportamos y que los distintos ministerios transfieren a estos espacios. Hablamos de cifras muy importantes, solo pensar lo que implican los gastos de locomoción. Había decenas de informantes policiales y militares que se trasladaban en vehículos. Pensemos la infraestructura que hay que montar para vigilar a otro. Los recursos salieron de la institucionalidad.

-¿Cuantos participaron?

-Es un número que hoy no puedo establecer, pero pensemos que los “manipuladores” como ellos los llaman, son identidades cambiadas y superan las 3 o 4 decenas. También hay que tener en cuenta, esa información quién la procesa, quien la analiza cómo se montaron esas estructuras. Entonces, si son cientos las que estuvieron en estas labores en esos tiempos desde 85 hasta por lo menos 2004, es una dimensión más que significativa.

“Archivo Castiglioni”

En octubre de 2015 la jueza Beatriz Larrieu y el fiscal penal Carlos Negro, incautaron del domicilio particular del militar fallecido Elmar Castiglioni, 60 cajas con documentos sobre la dictadura.

El operativo judicial se realizó en el marco de la causa que investiga el homicidio de Fernando Miranda, cuyos restos fueron encontrados en marzo de 2006.

Castiglioni

Elmar Castiglioni, fallecido en 2015, coronel retirado, fue jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado y líder del Foro Libertad y Concordia. Además, era sobrino de Víctor Castiglioni ex Director de Inteligencia Policial.

Comisión Investigadora

Investigadora sobre posibles actos de inteligencia de Estado, violatorios de la normativa legal y constitucional, llevados a cabo por personal policial o militar desde 1985 hasta la fecha.

Integrantes: Diputados  PCU – FA Gerardo Nuñez (Presidente), Diputado Lista 71 – PN  Jaime Trobo (vicepresidente),  Darcy de los Santos (FA), Luis Gallo (FA), Felipe Carballo (FA), Tabaré Viera (PC), Iván Posada (PI), Carlos Rodríguez (FA), Eduardo Rubio (UP)

Ministros

Ministros de Defensa entre el período 2005 – 2016

Azucena Berrutti-  2005 – 2008.

José Bayardi-  2008 – 2009.

Gonzalo Fernández- 2009 – 2010.

Luis Rosadilla- 2010 -2011.

Eleuterio Fernández Huidobro- 2011 – 2016 (fallecido).

Jorge Menéndez- Está en el cargo desde 2016.

Objetivos

Espionaje sobre personalidades de distintos ámbitos. Sufrieron espionaje militar: Líber Seregni, Tabaré Vázquez, Carlos Julio Pereyra, Germán Araújo, Julio María Sanguinetti, Gustavo Penadés, Azucena Berrutti, Rafael Michelini, Macarena Gelman, Jorge Vázquez, Leonardo Costa y Jorge Batlle, los jueces Alberto Reyes y Rolando Vomero y la ex fiscal Mirtha Guianze, entre otros.