ABOMINABLE !
Fallo de Suprema Corte de Argentina acorta penas de violadores de derechos humanos
BUENOS AIRES (Uypress) — Inquietud y polémica ha generado en Argentina el fallo de la Corte Suprema de Justicia por el que se le computó doble los años de prisión a un violador de los derechos humanos en base a una ley derogada en 2001 conocida como 2 x 1.
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos criticaron duramente la decisión y valoraron la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) como un retroceso en la política del país respecto a la condena de los represores. Por su parte, en el Gobierno del presidente Macri se trató de tomar distancia, argumentando que no interviene en las decisiones de la Justicia. “El fallo es una burrada, una locura”, manifestó un alto funcionario cercano al mandatario, según informa Clarín. El tema ocupó la mayor parte de la reunión de Gabinete que Mauricio Macri encabezó, como ocurre cada quince días, en Casa Rosada. Pese a todo, en el oficialismo se estima que no habrá un aluvión de excarcelaciones.
La decisión de la Justicia, en base a una ley derogada en 2001 y conocida como 2 x 1, se basó en el principio de aplicación de la norma más benigna, sin que se tome en cuenta la dimensión del delito cometido. La Corte falló en el caso puntual de Luis Muiña, condenado en 2011 a 13 años de cárcel por secuestrar y torturar a cinco trabajadores del Hospital Posadas. Tres de los cinco miembros de la Corte entendieron que Muiña debía recibir el beneficio del 2×1, ratificando así la libertad que le fue concedida en abril.
Pero más allá del caso puntual de Muiña la gran pregunta que queda flotando es si esta decisión de la Corte sacará a la calle antes de tiempo a muchos de los más de 700 represores en condiciones, ahora, de recibir el beneficio del 2×1.
En declaraciones recogidas por El País de Madrid, Ricardo Gil Lavedra, uno de los jueces que en 1984 integró el tribunal que juzgó y condenó a los jerarcas del régimen militar en el llamado “juicio a las Juntas”, dice que está en contra de la decisión de la Corte. “El fallo tiene pleno alcance aunque haya sido un fallo repartido. Pero las diferencias en los argumentos de una Corte de cinco miembros demuestra que esta es una cuestión altamente opinable”, afirma. “Yo no hubiese fallado como falló la mayoría, sin duda. Porque a partir de que se dicten sentencias, que es cuando se puede pedir el beneficio del 2×1, existe la posibilidad cierta que queden libres muchos represores”.
“La Corte aplicó el principio de ley de pena más benigna que rigió durante algún tiempo, pero debo decir que en el voto de minoría se señala muy bien que ese principio cede cuando se trata de delito de desaparición forzada, que se sigue cometiendo mientras no aparezca la víctima”, afirma por su parte el constitucionalista y abogado en causas de derechos humanos, Eduardo Barcesat.
Según se señala, el 2×1 tuvo la intención de acelerar los plazos de instrucción otorgando un beneficio a los detenidos con prisión preventiva. A partir del segundo año, por cada día que el reo pasaba entre rejas a la espera de la sentencia el juez debía contar dos, lo que en la práctica acortaba la pena. Se aprobó en 1994 pero se derogó en 2001, cuando fue evidente su fracaso para reducir los tiempos procesales. El debate que zanjó la Corte fue que, según su interpretación, ese beneficio también debe alcanzar a los condenados por delitos de lesa humanidad, algo en lo que no todos coinciden por la gravedad de los actos cometidos.
Como toda decisión de un tribunal de última instancia, el fallo de la Corte sienta una importante jurisprudencia en el abordaje de delitos comparables. Sin embargo, su aplicación, sin embargo, no es automática.
El Presidente pidió al ministro de Justicia, Germán Garavano, que expusiera en el Gabinete sobre las implicancias de la decisión. De acuerdo a la crónica de Clarín, la explicación de Garavano terminó por acentuar el fastidio del grueso de ministros y funcionarios que vislumbra que el voto de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco embarra la política que trazó el Gobierno en materia de Derechos Humanos y es funcional al mensaje kirchnerista que atribuye al Presidente una supuesta intencionalidad de ser contemplativo con militares que cometieron delitos de lesa humanidad durante la última dictadura.
“Es muy peligroso, porque la gente no entiende que nosotros no interferimos en la Justicia”, se quejaron desde la Casa Rosada. “Cuando Cristina dice que ‘este fallo no se hubiera dado’ con ella, quiere decir que presionaban a los jueces. Bueno, nosotros no lo hacemos, en ningún caso: mejor ejemplo de que no presionamos fue el tema de las tarifas”, se desahogaron.
El ministro Garavano fue el encargado de fijar la postura oficial en un encuentro con los medios acreditados en la Casa Rosada: “El Gobierno mantiene la posición de no abrir juicios sobre los fallos de la Corte Suprema. Es un poder independiente, del cual somos muy respetuosos”, dijo, y cuestionó la ley 24.390: “El 2×1 no es bueno en ningún escenario”, consideró. Y siguió: “Es una ley que le ha mucho daño a la sociedad y al sistema penal, que creó distorsiones y benefició a los que cometieron los delitos más graves”.
Por su parte, los jueces de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos argumentaron, para rechazar el pedido de Muiña, que no debía aplicarse el 2×1 porque el hecho había sido previo a la vigencia de la ley (1994) y porque la detención -la prisión preventiva- de Muiña fue posterior a su derogación, en 2001. Esto no fue tenido en cuenta por la Corte, por lo que el universo en esa situación no es acotado: el grueso de los militares hoy condenados fueron detenidos desde 2003, una vez que el Congreso anuló las leyes de obediencia debida y punto final. Y por lo tanto podrá pedir el mismo trato.
De Carlotto: “Abominable”
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto calificó la decisión de la Corte de “abominable”, y apuntó sus baterías contra el Gobierno del presidente Macri.
“Esto es una estafa, no sirve para nosotros. Es una estafa a la moral de la sociedad. En esta administración no solo nos están destruyendo en la economía, sino también en la moral y la física”, agregó Carlotto que adelantó que harán presentaciones en organismos internacionales para revertir el fallo de la Corte.
“En esta lucha que tanto falta todavía es lamentable que tengamos estos retrocesos. Quieren borrar la historia. Tenemos un Gobierno de ladrones, incompetentes y mala gente. Esto no es malo para nosotros, es malo para sus hijos”, manifestó, según da cuenta La Nación.
“El Gobierno quiere borrarnos de la historia para construir la suya”, dijo. “Este Gobierno que ha traído como normal el ‘que se olvide’, han querido reducir la cantidad de desaparecidos, nos quieren borrar de la historia, hacer una historia nueva con otro lenguaje y globitos de colores”, sostuvo indignada.