Promoción 2×1-Solo Genocidas: hay 278 condenados en condición de reclamar su Libertad
Ya suman cuatro los represores que se apresuraron a pedir ser contemplados en el beneficio del 2×1 resuelto por la Corte en el caso Muiña, pero hasta ahora ninguno fue aceptado. Hay 278 condenados en condición de reclamar su libertad.
“Tengo miedo. Astiz puede subir a mi taxi”, decía el cartel escrito con marcador grueso, pegado en el vidrio de atrás del vehículo. La imagen, que expresa un temor extendido, es una de las que comenzaron a circular ayer por las redes sociales como reacción ante lo que era anunciado tras el fallo de la Corte Suprema que concedió el beneficio del 2×1 a un represor: otros (muchos) acusados por crímenes de lesa humanidad comenzarían a llegar en fila a pedir lo mismo para conseguir la libertad. Y así fue. En menos de 24 horas se presentaron cuatro. Con una rapidez infrecuente, los tribunales le dijeron que no a tres represores. El Tribunal Oral Federal 5 (TOF5) rechazó el pedido de reducción de pena de Héctor Girbone, condenado por la apropiación de Pablo Gaona Miranda, en un fallo que incluso desafía los argumentos de los supremos; el mismo tribunal con otros jueces le negó la excarcelación al obstetra de la Marina, Jorge Magnacco, pero no se pronunció por la disminución de la pena porque si bien está condenado por robo de niños ahora está en juicio por los crímenes en la ESMA y no es posible hacer un cálculo sin la nueva sentencia. En Mendoza el Tribunal Oral Federal 2 desestimó el 2×1 pedido por el ex policía Norberto Mercado Laconi, quien está en juicio en la actualidad por crímenes en centros clandestinos de San Rafael. Antes, se había presentado el apropiador de Francisco Madariaga, el ex capitán del Ejército Víctor Gallo, aún en trámite. Los fiscales en los distintos casos plantearon la inconstitucionalidad de la ley que estableció que a partir de los dos años de prisión preventiva, cada día de detención sin condena se computa doble, pero en ese punto aún no tuvieron eco.
El fallo de la Corte Suprema, que redujo la pena al represor Luis Muiña, acusado de crímenes de lesa humanidad en el Hospital Posadas, desató cierto estado de ansiedad entre los abogados de los represores, algunos de los cuales salieron corriendo a pedir el beneficio. El defensor de Girbone, el ex juez Guillermo Tiscornia, contó en una entrevista en Radio Con Vos que ni siquiera le preguntó nada a su cliente y se presentó ante el TOF5, que lo había condenado en 2014 a ocho años de prisión por los delitos de ocultamiento y retención de un menor de diez años. Pero la respuesta que obtuvo fue la primera que reveló que no todo será automático y que algunos expedientes darán vueltas y seguramente irán a parar también a la Corte Suprema. Girbone era el encargado de la seguridad perimetral de la guarnición de Campo de Mayo, donde funcionó una maternidad clandestina, además de varios centros de exterminio. Fue condenado como entregador de Pablo, que tenía un mes cuando sus padres, Ricardo Gaona Paiva y María Rosa Miranda, fueron secuestrados en 1978.
El fallo del TOF5 que rechaza el planteo del ex militar tiene tres votos distintos pero en igual sentido. La jueza Adriana Palliotti hace notar que fue detenido en septiembre de 2012 y condenado dos años después, pero no llegaría a los dos años de prisión preventiva. Gabriel Nardiello adhiere al fundamento de que el caso no encuadraría en “los supuestos” del “2×1”, pero agrega que a su entender los fallos de la Corte Suprema, cuando interpretan normas, no son de acatamiento obligatorio. Por último, Oscar Hergott, también cuestionado a la Corte, sostiene que los aberrantes no son amnistiables, ni susceptibles de indulto ni prescripción, para evitar su impunidad, de modo que no se podría reducir la pena. A lo que suma que la ley en discusión (que permite la reducción tras dos años de preventiva) estaba derogada cuando concluyó el delito y Girbone fue condenado.
El mismo TOF5, pero con las firmas de los jueces Adriana Palliotti y Leopoldo Bruglia, rechazó un pedido también presentado ayer por el médico Magnacco, que hacía los partos clandestinos en la ESMA. El fallo no tiene extensos fundamentos porque rechaza simplemente excarcelarlo sin ahondar en la cuestión del 2×1. El obstetra había sido condenado por el plan sistemático de apropiación de niños a 10 años de prisión. Ahora está en el banquillo por el juicio sobre los secuestros, torturas, violaciones y desapariciones en la ESMA: las querellas y el fiscal pidieron reclusión perpetua, pero aún no hubo sentencia. Su defensa pidió que lo excarcelen con el argumento de que si le dan la pena máxima, con el tiempo de detención que ya lleva en este caso (diez años y seis meses) más la de robo de menores, ya podría obtener la libertad con el fallo de la Corte. Los jueces resolvieron que por el momento no se pueden sumar tiempos de detención ya que no hubo sentencia, y con lo que lleva detención en ESMA tampoco le alcanzaría para la libertad condicional.
En Mendoza, el TOCF2 rechazó también el pedido de 2×1 de Mercado Laconi, ex oficial de la Unidad Regional II, que está en pleno juicio oral. El fallo de Fátima Ruiz López y Marcelo Grosso señaló, a coro con la fiscalía, la falta de seriedad del planteo. Destacaron que el abogado defensor incluso admitió que no había leído el fallo de la Corte, pero que igual quiso apurarse a plantearlo a su favor, y que tampoco fundamentó cómo se aplicaría al caso de su defendido. El tribunal dijo que era evidente que no se aplicaba porque se trata de alguien que aún no tiene ninguna condena y está siendo juzgado. Los fiscales Dante Vega y Pablo Garciarena habían pedido ocho años de prisión. A última hora el mismo tribunal recibió otro planteo que resolverá la semana próxima.
En el caso de Gallo, fue el primero de todos en pedir la reducción. Es el apropiador de Francisco Madariaga, hijo de Abel Madariaga, secretario de Abuelas de Plaza de Mayo, condenado a 15 años de prisión en julio de 2012 en el juicio por el plan sistemático de apropiación de menores y en 2016 recibió una pena unificada de 25 años. El TOF6 les dio intervención a las partes e incluso Abuelas pidió que, si Gallo es liberado, Francisco reciba protección como testigo.
En los tribunales de todo el país, los jueces ya están mentalizados para recibir planteos similares, aunque cada uno tiene su particularidad. Los que se refieren a casos que están en trámite, serán importantes por el criterio que vayan estableciendo. Los fiscales que hasta ahora opinaron, entre ellos Angeles Ramos, Pablo Parenti y Abel Córdoba, plantearon la inconstitucionalidad de la aplicación del 2×1 en estos casos, ya que afectaría el principio de proporcionalidad de la pena para los crímenes de lesa humanidad.
Según un relevamiento que está realizando la Unidad de Asistencia en Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, cuyos primeros resultados anticipó PáginaI12, 278 condenados que están detenidos, se encontrarían en condiciones de pedir la libertad en función del fallo de la Corte. Representan el 52 por ciento de los condenados bajo arresto. Entre ellos hay nombres muy reconocibles, como los de los represores emblemáticos de la ESMA, Alfredo Astiz, Jorge “Tigre” Acosta y Ricardo Cavallo, pero también figuran genocidas como Luciano Benjamín Menéndez y Reynaldo Benito Bignone.
Por Irina Hauser – Página/12
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Se multiplican los rechazos al fallo PRO genocidas
“Socava los cimientos de la lucha contra la impunidad”
La decisión de la Corte Suprema sigue acumulado críticas. “Las consecuencias pueden ser aberrantes”, alertó el jurista español Baltasar Garzón. Ignacio Montoya Carlotto la calificó como “un gran retroceso” y advirtió que se beneficia a “los criminales más temidos de la Argentina”. El titular del PJ, José Luis Gioja, también reprobó el fallo.
La posibilidad de que cientos de condenados por crímenes de lesa humanidad puedan salir en libertad a partir de la decisión de la Corte Suprema de abrirles las puertas de las cárceles mediante la aplicación del beneficio del 2×1 acumula una crítica tras otra. “Las consecuencias de este fallo pueden ser aberrantes”, advirtió el juez español Baltasar Garzón y dijo que lo ” avergüenza que se cambie la posición de Argentina en estos años en materia de derechos humanos”. “Es un gran retroceso”, criticó también Ignacio Montoya Carlotto lo resuelto por los supremos. El nieto de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, afirmó sentir “una gran decepción” y remarcó que se beneficia a “los criminales más temidos de la Argentina”.
La reacción de los organismos de derechos humanos en contra del fallo de la Corte que con el voto de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz –los dos jueces designados por Mauricio Macri- y Elena Highton de Nolasco favoreció al represor Luis Muiña fue inmediata. Inmediata fue también la presentación de planteos por parte de otros partícipes de crímenes de lesa humanidad que también reclaman que les apliquen el 2×1.
Hasta ahora ningún otro represor obtuvo ese beneficio, pero la posibilidad está latente y sigue generando repudios. “El fallo es una trampa grosera”, alertó Garzón y planteó: “Me gustaría saber a cuántos presos comunes les es aplicable este razonamiento, quedaríamos sorprendidos.”
El ex juez de la Audiencia Nacional de España declaró que la decisión de la Corte “sorprende, aunque no tanto en función de los tiempos que vivimos” y que “es muy grave lo que se está percibiendo” en cuanto al desprecio de las políticas en materia de derechos humanos. En declaraciones a Radio Rebelde, consideró que “las consecuencias de este fallo pueden ser aberrantes. Es muy grave y socava los cimientos de la lucha contra la impunidad”. Y añadió: “Me avergüenza que se cambie la posición de Argentina en estos años en materia de derechos humanos.”
Baltazar Garzón
El jurista, quien como magistrado dio luz verde al reclamo en España por los crímenes de la dictadura mientras imperaban en el país las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, apuntó al voto de Elena Highton de Nolasco: “En 2009 mantuvo una posición contraria, tiene que explicar por qué cambia de posición. No se puede jugar con las interpretaciones, un tribunal puede cambiar de postura, pero lo tiene que argumentar.”
“No podemos ser indiferentes ni tenues cuando hablamos de violaciones masivas de derechos humanos”, agregó Garzón. También opinó sobre el negacionismo que asomó durante el gobierno de Cambiemos. “Las consecuencias de la dictadura argentina están probadas. No entiendo cuando dicen que no son 30 mil los desaparecidos ¿Creen que se hace menos perversa la dictadura? Es tremendo el desprecio contra las víctimas”, reflexionó.
Otra voz que se alzó fue la del nieto recuperado de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. “Sentí una gran decepción con el fallo de la Corte, es un gran retroceso. Estos señores son los criminales más temidos de la Argentina, ¿qué queda entonces para el resto?”, expresó.
Para Montoya Carlotto, el cambio de clima político tras la asunción de Mauricio Macri posibilitó este escenario. “Creo en la independencia de poderes, pero algo debe haber relacionado al cambio político. No deberíamos estar volviendo a hablar de cosas juzgadas, es muy triste”, declaró. Además, instó a que la marcha del miércoles a Plaza de Mayo sea masiva. “Hay que armarse y seguir luchando, espero que seamos mucho”, afirmó a FM La Patriada. Los organismos de derechos humanos convocaron a concentrarse ese día a las 18 horas en Plaza de Mayo para manifestar el rechazo a la aplicación del 2×1 a los genocidas.
I
gnacio Montoya Carlotto
Victoria Donda, diputada de Libres del Sur e hija de desaparecidos, consideró “inadmisible” el fallo de la Corte Suprema, que no fue acompañado por el presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, ni por Juan Carlos Maqueda. “Jurídicamente es una aberración, es una interpretación que es resultado de un clima de época, de una lectura política de ser parte de una sociedad donde tenemos un Presidente que niega la cifra de desaparecidos en el país. En otro contexto, esto no puede ser posible”.
La diputada no dudo en calificar la decisión del máximo tribunal como “uno de los fallos más graves de la historia de la Corte Suprema. Ni la Corte menemista tuvo fallos tan graves”, enfatizó durante una entrevista con Radio Mitre. Coincidió con Garzón en apuntarle a Highton de Nolasco, quien en 2009 “falló exactamente en contra” en un caso similar. “Me queda alguna duda, sobre todo después de que le llegara una carta para jubilarse. Hay que preguntarle por qué cambió de opinión”, expuso a propósito del aval que la jueza consiguió del Gobierno para seguir un funciones a pesar de haber superado el límite de 75 años que establece la Constitución. Cerró diciendo que “no hay posibilidad de que haya paz en el país sin justicia”, y que Macri “no tiene un compromiso con el proceso de Memoria, Verdad y Justicia”.
Por su parte el diputado y titular del Partido Justicialista, José Luis Gioja, calificó el fallo como “una devolución de favores” al gobierno de Macri por parte de Highton de Nolasco, Rosatti y Rosenkrantz. También calificó la decisión de la Corte como “un golpe a la Memoria, Verdad y Justicia. No es el camino indicado”. Agregó que “es muy curioso que Highton de Nolasco haya cambiado de opinión. Claramente está viciado el fallo”.
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