Documentos desclasificados
El Cóndor y su vuelo transatlántico
Unos 850 documentos desclasificados por el gobierno de Estados Unidos revelan nuevos detalles sobre la coordinación represiva del Plan Cóndor. Los documentos liberados están vinculados con la dictadura argentina, pero muchos de ellos refieren a Uruguay o fueron elaborados en la oficina de la Embajada de Estados Unidos en Montevideo.
“Lectores deben recordar que todo aquello que en este reporte difiera de la comunicación oficial del GOU (gobierno uruguayo) proviene de fuentes muy sensibles y debe ser tratado de esa forma”. Con estas palabras, el embajador de Estados Unidos en Uruguay, Ernest V. Siracusa, solicitaba al resto de la diplomacia norteamericana reserva sobre la información enviada. Por ese motivo, el informe –fechado en noviembre de 1976– fue catalogado como “secreto”.
El asunto era un tópico habitual en la diplomacia de la época: “Arresto de subversivos uruguayos”. En efecto, el informe refiere a la detención en Argentina y posterior traslado a Uruguay de 22 integrantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), en el denominado “Primer vuelo” de Automotores Orletti. En base al testimonio de un informante de los cuerpos de seguridad de Uruguay, Siracusa detalla a sus pares en el Departamento de Estado y en la Embajada de Estados Unidos en Argentina los pormenores de la detención y traslado de este grupo de insurgentes.
En este reftel (reference telegram), Siracusa afirma –según las fuentes de la embajada– que estos insurgentes planeaban asesinatos y otros actos terroristas y que fueron retornados a Uruguay para salvarles la vida. Se dice que todos ellos estaban sentenciados a muerte en Argentina, pero que finalmente fueron entregados a las autoridades uruguayas para su repatriación. Ante esto, las autoridades montaron una escena para hacer creer a la población que estos insurgentes fueron detenidos en Uruguay, al tiempo que los siete “menos involucrados” con los planes terroristas fueron liberados y otros ocho serían retenidos en forma indefinida.
Sin embargo, Siracusa asegura que el comunicado del GOU entremezcla situaciones verdaderas y ficticias. En este marco, el diplomático afirma que la situación de los integrantes del PVP detenidos en Argentina es distinta de la de aquellos efectivamente detenidos en Uruguay (unos 40), pero que el GOU debió presentarlo como una única operación.
“Se puede argumentar que estos 22, incluidos los siete que serán liberados, están mejor desde el punto de vista humanitario a pesar de su repatriación. Al menos están vivos. Una bienvenida diferencia con los temores anteriores y los reportes que habían sido asesinados en forma sumaria, como sucedió con otros, poco después de reportarse su desaparición en Argentina”. “Sin embargo, que estén bajo custodia uruguaya […] constituye una evidencia clara de la cooperación entre las autoridades de GOA (Gobierno de Argentina) y GOU en esta materia”. Eso también implicó un acuerdo para crear la historia sobre la aparición de estas personas en Uruguay luego de que el GOA negara tener conocimiento sobre la desaparición de estos en Argentina.
Este reftel forma parte de los documentos desclasificados entregados por el gobierno de Estados Unidos a su par argentino durante el reciente encuentro bilateral entre los presidentes Mauricio Macri y Donald Trump. Se trata de documentos referidos a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura Argentina y por el Plan Cóndor (u Operación Cóndor), la concertación represiva de las dictaduras del Cono Sur en los años 1970 y 1980. Entre todos ellos, se pueden encontrar 65 documentos referidos a Uruguay, incluidos varios elaborados en las oficinas de la Embajada de Estados Unidos en Montevideo.
La desclasificación
En el año 2000, la entonces secretaria de Estado, Madeleine Albright, ordenó iniciar un proceso de desclasificación de documentos que permitieran esclarecer las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en Argentina durante la última dictadura. Dos años después, el Departamento de Estado procedió a la desclasificación de 4.700 documentos (muchos de los cuales tenían tachaduras con información comprometedora), pero la misma no incluyó aquello referidos a decisiones políticas del gobierno de Estados Unidas ni de ninguna de sus agencias de inteligencia. Sin embargo, esos documentos fueron utilizados en varias causas
En 2016, el entonces presidente Barack Obama ordenó la desclasificación de los documentos de las agencias de inteligencia, entre otros. Así comenzaron a aparecer diversos documentos elaborados en los años del Plan Cóndor. Por ejemplo, en agosto fueron desclasificados 500 documentos referidos a la política exterior de Estados Unidos en materia de derechos humanos durante las presidencias de Gerald Ford, Jimmy Carter y Ronald Reagan. En diciembre, la desclasificación incluyó unos 200 documentos de la Casa Blanca y el Consejo de Seguridad Nacional estadounidense con información de inteligencia.
Ahora la desclasificación incluyó los 857 documentos del Departamento de Estado que fueron revelados con tachaduras en 2002 y otros 120 documentos “de alto nivel” que demuestran las políticas de Estados Unidos en materia de derechos humanos en la región, en particular en Argentina. Asimismo “para antes de fin de año se espera la desclasificación más importante y relevante que incluirá miles de documentos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Agencia de Inteligencia de Defensa del Pentágono (DIA)”, afirmó el investigador Carlos Osorio, integrante de la National Security Archive (NSA) a Caras y Caretas.
Osorio aseguró que estos documentos agregan nuevos matices para el esclarecimiento de diversos casos, entre ellos, la detención en Uruguay y posterior traslado clandestino y desaparición en la República Argentina de Ruben De Gregorio (integrante de Montoneros) en 1978, datos sobre la coordinación represiva entre los servicios de inteligencia de Uruguay y Argentina en el Primer vuelo –en el marco del Plan Cóndor– y la confirmación definitiva de un acuerdo de cooperación entre Argentina, Chile y Uruguay para la eliminación de opositores políticos en países por fuera de las fronteras del Cóndor, incluidos Estados Unidos y Europa. También hay datos que consignan que el Plan Cóndor tenía como “blancos” a miembros de Amnistía internacional (AI) y, en particular, a Wilson Ferrerira Aldunate, uno de los más activos denunciantes de las violaciones a los derechos humanos cometidas en Uruguay.
Más allá de esto, Osorio afirmó que entre los documentos “hay poco que compete a Uruguay”. “Pero en general y por lo poco que ha salido a luz, los diplomáticos de Estados Unidos pasan de ser comprensivos con el régimen militar y sus operaciones en Uruguay durante el período Ford a ser diplomáticos críticos y ejerciendo presión por mejoras en los derechos humanos durante la administración Carter”, expresó Osorio.
Un cambio de política
La administración de Jimmy Carter tuvo un abordaje distinto a su predecesora en materia de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por las dictaduras del Cono Sur. No sólo se aprobaron normas para restringir el apoyo económico, sino que los diplomáticos estadounidenses tuvieron un rol más activo en cuanto a plantear su rechazo a determinadas prácticas o preguntar sobre personas desaparecidas. Un ejemplo de ello fue el caso del maestro Julio Castro. En octubre de 1977, la Embajada de Estados Unidos en Montevideo envió un cable al Departamento de Estado en el que refería a este asunto. El reftel –divulgado en 2002 por el diario La República– está firmado por el embajador Lawrence Pezzullo. Allí Pezzullo explica que información de prensa publicada esos días refería a que Castro había abandonado Uruguay y detalla las conversaciones que tuvieron varios oficiales de la Embajada estadounidense con el coronel Hugo Camps sobre la situación de Castro. La respuesta de Camps no generó buenas expectativas: “La respuesta es No. Nosotros no lo tenemos, pero lo estamos buscando”. Esto llevó a que Pezzullo no fuera optimista en relación a la situación de Castro: “Lo arriba desarrollado deja entrever que Julio Castro Pérez está envuelto en un misterio que probablemente nunca desenmarañemos. [La información recopilada] nos lleva a creer que Castro no está detenido por las autoridades uruguayas. Tanto si la explicación fuera que murió durante su detención, que desapareció como parte de un plan para avergonzar al GOU o cualquier otra, es poco claro. En cualquier caso, no tenemos otra forma de explorar este caso”, dice Pezzullo.
Los crímenes del Cóndor
Los documentos referidos a Uruguay se extienden por todo el proceso dictatorial y abarcan varios asuntos. Por ejemplo, al secuestro y desaparición del maestro Julio Castro, la detención del músico argentino Miguel Ángel Estrella y del integrante de Montoneros Ruben De Gregorio, y las violaciones a los derechos humanos de los presos políticos en las cárceles y en los centros clandestinos de detención. También sobre la información en poder de la diplomacia estadounidense sobre los casos de detenidos desaparecidos en Uruguay.
Además, los documentos certifican la participación de agentes uruguayos en operativos contrainsurgentes en Argentina y la intervención de agentes argentinos en Uruguay en el marco del Plan Cóndor. Así lo establece el reftel firmado por Siracusa en noviembre de 1976. Pero también esta desclasificación permite confirmar la existencia de un plan ideado por los servicios de inteligencia de los países del Cono Sur para la eliminación de exiliados políticos contrarios a estos regímenes en Estados Unidos y en Europa.
Un documento de la CIA, del 9 de mayo de 1977, refiere a la existencia de esta coordinación. “La misión básica de estos equipos del Cóndor enviados al otro lado del océano sería ‘liquidar’ a los principales líderes terroristas. No-terroristas también fueron reportados como candidatos a ser asesinados”. Entre ellos, estaba el dirigente nacionalista Wilson Ferreira Aldunate, en caso de que viajara a Europa, y algunos lideres de AI. “Sin embargo, Ferreira habría sido removido de esa lista debido a que se considera que tiene buenos contactos entre los congresistas de Estados Unidos”, señala el informe.
Detalles de ese informe de la CIA fueron distribuidos a las sedes diplomáticas de Estados Unidos en Asunción (Paraguay), Brasilia (Brasil), Buenos Aires, La Paz (Bolivia), Montevideo y Santiago de Chile, mediante un cable firmado por el entonces secretario de Estado, Cyrus Vance. El reftel está titulado como “Operación Cóndor”. Se afirma que este plan se inició como un mecanismo de intercambio de información, pero que las discusiones posteriores “incluyeron la realización de asesinatos en el exterior”.
El informe detalló que los servicios de Argentina, Chile y Uruguay acordaron enviar equipos operativos a Europa, al tiempo que Brasil, Bolivia y Paraguay declinaron comprometerse con estas operaciones. Incluso se señala que parte de estos equipos fueron entrenados en Buenos Aires y un equipo integrado por agentes argentinos y uruguayos llegó a viajar a Europa –oficiando como empresarios– con el objetivo de neutralizar a terroristas uruguayos, pero la misión fracasó porque se filtró. Eso hizo que los servicios uruguayos dudaran de participar en otras operaciones conjuntas.
Esos operativos transnacionales son referidos en otros cables. Por ejemplo, uno enviado en 1976 a todas las sedes diplomáticas en América Latina y a diversas embajadas en Europa brinda detalles sobre el Plan Cóndor y su operativa. Allí se refiere a crímenes cometidos en Argentina, entre ellos, el asesinato de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y el secuestro masivo de refugiados chilenos y uruguayos con la aquiescencia del gobierno argentino. Y también señala que se estableció un sistema computarizado con información sobre personas sospechosas de participar de actos subversivos y que Argentina, Chile y Uruguay estarían cooperando para efectuar acciones secretas con contraintegrantes de la Junta Coordinadora Revolucionaria (JCR) en París.
A esto se suma un reftel enviado por el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, Maxwell Chapel, en julio de 1976, en el que aseguraba que en esa época no existían datos concluyentes sobre la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur para eliminar líderes políticos exiliados, pero consideraba erróneo descartar “ese tipo de conspiración”, ya que estos gobiernos tenían “la motivación y la oportunidad” para hacerlo.
Chapel afirmaba que existía la certeza sobre el intercambio de información y la cooperación entre los gobiernos en determinadas áreas, como el Plan Cóndor. Y señala la presencia de agentes de las fuerzas de seguridad de Uruguay y Chile operando en Argentina para ayudar en la persecución de los subversivos de sus países. Incluso el diplomático refiere a una fuente del Ejército argentino que menciona a un mayor del Ejército uruguayo asignado a los servicios de inteligencia militar (SID): “Estuvo en Buenos Aires varias semanas cooperando con las fuerzas de seguridad argentinas en operaciones antiterroristas”.
“Consideramos que existe pesada evidencia en favor de concluir que personal de seguridad de Chile y Uruguay se unió a operaciones de las fuerzas de seguridad argentinas contra terroristas y subversivos, tanto en Buenos Aires como en otras partes de Argentina. Sin embargo, no podemos documentar esa conclusión. Es probable que personal de seguridad argentino haya viajado a los países vecinos para cooperar con las fuerzas de seguridad locales”, señala Chapel. Esa coordinación se constató en los casos del Primer vuelo y las detenciones de De Gregorio y Estrella, entre otros.
La firma de Kissinger
En 1976, Estados Unidos consideró que la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur era “entendible”. Sin embargo, para esa época existía una situación que preocupaba al gobierno estadounidense. “La planificación y dirección de asesinatos dentro y fuera del territorio de los países del Cóndor tiene serias implicaciones que debemos enfrentar directa y rápidamente”, dice un cable enviado por el Departamento de Estado a las seis embajadas de la región. El cable tiene la firma del propio Henry Kissinger, jefe de la diplomacia estadounidense durante los gobiernos de Richard Nixon y Gerald Ford y uno de los promotores de los golpes de Estado en la región.
El cable pretende ser una herramienta para unificar criterios entre las sedes diplomáticas de los países que integraban el Cóndor de forma de plantear la preocupación del gobierno estadounidense de la forma más eficiente. Para eso la idea es presentar un discurso unívoco, por el cual se señala el reconocimiento de que los problemas internacionales que afectan a los países del Cono Sur y la intención de impulsar una discusión al más alto nivel para abordar los problemas de seguridad en la región. Pero al mismo tiempo se plantean discursos específicos para cada país. Por ejemplo, en los casos de Argentina, Uruguay y Chile, se debe promover un encuentro con las más altas autoridades del país –preferentemente el secretario de Estado– para presentar diversos puntos: que Estados Unidos está al tanto de la coordinación entre los países para el combate de las actividades subversivas, pero que existen “rumores” de que esa coordinación incluye planes de asesinatos de subversivos, políticos y prominentes figuras fuera de las fronteras de los países del Cono Sur.
En este marco, los diplomáticos deben decir que “mientras no podamos justificar estos rumores sobre asesinatos, nos vemos obligados de llamar su atención sobre nuestra profunda preocupación . Si estos rumores tiene algún viso de verdad, podrían crear un serio problema político y moral. Actividad contraterroristas de este tipo pueden exacerbar las críticas públicas mundiales contra los gobiernos involucrados”.
Pero también se efectúan indicaciones propias para cada país. En el caso de Uruguay, se señala que el mejor contacto era el comandante en Jefe del Ejército, general Julio César Vadora, más que el designado presidente Aparicio Méndez “quien aparentemente no sabe nada sobre la Operación Cóndor, y en cualquier caso probablemente tenga poca influencia en la situación”. El diplomático tiene la opción de plantear el intercambio de información entre ambos países si así lo considera, señala el cable.