Ciento de miles de personas se movilizaron a la Plaza de Mayo contra el fallo de la Corte Suprema que habilitó el 2×1 a genocidas
Un rechazo que se convirtió en inmensa multitud
La concurrencia desbordó la Plaza y sus alrededores. Los organismos de DD.HH. exigieron dar marcha atrás con el fallo.
Por Werner Pertot
No fue casual que fueron manos de mujeres las que cortaron las telas de los pañuelos, las que los entregaron a otras mujeres (y hombres) que las llevaron sobre los hombros, como se lleva la carga de una ausencia de 40 años. Y tampoco fue casual que fueran cuatro mujeres, con su extensa historia de lucha a cuesta, las que hablaron y repudiaron a la impunidad. Hasta que se escuchó el grito y todos los pañuelos blancos se alzaron en alto. Cientos de miles de personas se concentraron ayer en Plaza de Mayo y en distintas partes del país para repudiar el fallo de la Corte Suprema que habilitó el 2×1 para liberar a los condenados por delitos de lesa humanidad. Los organismos de derechos humanos exigieron a los tres poderes del Estado que den marcha atrás con esa decisión y recibieron con alivio la ley sancionada ayer que busca frenar la sentencia.
Albañiles con pañuelos. Hombres de traje con pañuelos. Una columna entera de mujeres peronistas de Ituzaingó avanzando, cada una con su pañuelo al cuello. La Plaza de Mayo y sus alrededores se poblaron de manifestantes que llevaban el símbolo de las Madres. La concurrencia colmó la Plaza y se extendió por ambas diagonales y por Avenida de Mayo hasta el Congreso. También ocupó buena parte de la 9 de Julio hasta Independencia. Sobre el final del acto, los organizadores calcularon unas 500 mil personas.
Mucho antes de que pudieran ingresar las columnas organizadas, la Plaza ya estaba ocupada por gente “suelta” que se acercó y que fue recibiendo pañuelos de distintos puestos de distribución. Algunos eran de la Defensoría del Pueblo. Otros pertenecían a una empresa textil que decidió donar 30 mil pañuelos.
El Encuentro Memoria Verdad y Justicia –que integran el Serpaj, la Asociación de ex Detenidos y Desa- parecidos, Ceprodh, Liberpueblo y distintas organizaciones sociales– llegó por Diagonal Norte, seguido por los partidos de izquierda que decidieron levantar la otra convocatoria, que estaba prevista para hoy. Entre otros, se pudo ver allí al premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, a la referente de Correpi, María del Carmen Verdú, a la sobreviviente Nilda Eloy y a Patricia Walsh, quien recordó que había sido autora de un proyecto de ley para prohibir las amnistías. “Recién se convirtió en ley en 2015 cuando lo retomó el diputado Horacio Pietragalla, que prohíbe los indultos, amnistías y la conmutación de penas a los genocidas”, indicó.
El Frente para la Victoria y otros partidos ingresaron por Diagonal Sur, mientras que las organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles arribaron por Avenida de Mayo. La CGT hizo flamear un globo aerostático, que competía con los drones que hacían paneos sobre la multitud, que al igual que en los 24 de marzo tuvo un carácter pluricolor, heterogéneo y diverso en sus procedencias políticas y sociales.
Señores jueces
El escenario tenía una leyenda en letras gigantes que decía: “Ningún genocida suelto. Señores jueces: Nunca más”, recordando el cierre del Juicio a la Junta. Cerca del escenario flameaban banderas rojas y otras celestes y blancas. La extensa bandera que lleva los rostros de los desaparecidos atravesaba la Plaza y llegaba hasta el escenario. Los integrantes de H.I.J.O.S. Carlos Pisoni y Amy Rice Cabrera estuvieron a cargo de conducir el acto, que comenzó con el tema “La memoria”, de León Gieco. Muchos entre la multitud lo cantaron, algunos con los dedos en ve, otros con el puño en alto.
Mientras iban subiendo los artistas, científicos y periodistas que acompañaron a las madres, leyeron un texto de Fito Paez, que decía: “Queremos escuchar la opinión de Mauricio Macri. Una semana en silencio es una eternidad. Sigan con el Twitter y mirando encuestas”. El presidente fue abucheado cuando se lo mencionó. Más temprano, había cumplido con el deseo del cantante: responsabilizó por el fallo al ex juez Raúl Zaffaroni y al kirchnerismo.
Entre los artistas invitados, estaban Rita Cortese, Horacio Fontova, Luis Puenzo, Julia Zenko, Cristina Banegas, Mauricio Kartun y Víctor Heredia; entre los sindicalistas, los gremialistas docentes Sonia Alesso, Roberto Baradel y Eduardo López; Hugo Yasky, por una de las CTA; Francisco “Barba” Gutiérrez, por la CGT; el bancario Sergio Palazzo, el titular del Suterh, Víctor Santa María, y el dirigente de la CTEP Juan Grabois. También estaba el ex juez Carlos Rozanski y el defensor del Pueblo, Alejandro Amor.
Bajo el canto de “Madres de la Plaza, el pueblo las abraza”, fueron subiendo las Abuelas y Madres, algunas en silla de ruedas, otras caminando despacio y algunas con un vigor sorprendente. Subieron además los integrantes del CELS, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital, APDH, MEDH, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Asociación Buena Memoria, Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte y Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz.
Nunca más
“Esta vez no vamos a decir ‘gracias por acompañarnos’, porque todos los que estamos acá es porque repudiamos la decisión de la Corte. Estamos acá celebrando porque el pueblo unido jamás será vencido”, comenzó Taty Almeida, la primera de las cuatro oradoras. Contó que la propuesta de los pañuelos surgió de las redes sociales y que ellas las aceptaron. “Estamos todos juntos con ese pañuelo blanco que es lucha y que no afloja”, dijo, mientras la multitud levantaba en alto por primera vez los pañuelos.
“Los organismos de derechos humanos decimos nunca más a la impunidad, nunca más torturadores, violadores, apropiadores de niños. Nunca más privilegios para los criminales de lesa humanidad. Nunca más terrorismo de Estado. Nunca más genocidas sueltos. Nunca más el silencio. No queremos convivir con los asesinos más sangrientos de la historia”, lanzó. “El miércoles pasado la Corte aprobó por mayoría el vergonzoso fallo, que abrió la puerta a la impunidad. Al día siguiente del fallo, los abogados de los represores se agolpaban en los tribunales para pedir el privilegio para sus defendidos”, sostuvo Almeida, mientras la multitud silbaba a los jueces Elena Highton, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.
La segunda oradora fue Nora Cortiñas, que había llegado con la columna de Encuentro Memoria Verdad y Justicia. Antes de seguir con la lectura del discurso, la madre de Plaza de Mayo arengó a la multitud, que la siguió en las respuestas a cada cántico. “Voy a empezar con una inspiración que tuve estos días: por los niños que fueron entregados a familias desconocidas, por los que fueron arrojados vivos al mar, ¡queremos justicia!” Miles de personas repitieron la palabra “Justicia”. “Estoy muy excitada, como verán”, bromeó Cortiñas. Los aplausos fueron un abrazo.
“Hasta hace una semana era indiscutible que esta ley no regía para los delitos de lesa humanidad que no son delitos comunes, no prescriben y no son amnistiables. La Corte Interamericana de Derechos Humanos niega la posibilidad de aplicar beneficios como el 2×1 a estos crímenes atroces”, advirtió. Entre los silbidos a los represores, Cortiñas recordó que “la Corte pretende soltar a Jorge “Tigre” Acosta, el jefe del Grupo de Tareas de la ESMA, y a Alfredo Astiz”. La madre de Plaza de Mayo se interrumpió para sumarse a los abucheos de la multitud.
–¡A-se-sinos!, ¡a-se-sinos! –corearon.
“A Miguel Etchecolatz, asesino de la Noche de los Lápices y apuntado por la segunda desaparición de Jorge Julio López. A Von Wernich, asesino y nunca expulsado de la Iglesia”, completó. “Los genocidas, a 41 años del golpe, siguen sin confesar el destino de nuestros hijos e hijas”, recordó.
“Las víctimas del terrorismo de Estado debimos esperar muchos años la respuesta del Poder Judicial. Este fallo es un indulto a la historia”, sostuvo luego Lita Boitano, de Familiares. “Estamos hablando de los que volvieron a desaparecer a Jorge Julio López. Los apropiadores están pidiendo libertad anticipada. Esto no solo es riesgosa para nuestros nietos, sino para toda la sociedad”, indicó.
Por último, la presidenta de Abuelas, Estela Carlotto, advirtió que “afortunadamente, la sociedad ha reaccionado con firmeza. Numerosos jueces han rechazado los pedidos de reducción de penas. Hoy los legisladores aprobaron una ley que busca frenar la aplicación del 2×1. Necesitamos que los representantes de los tres poderes escuchen el reclamo de esta Plaza y hagan las gestiones para dar vuelta este fallo antidemocrático y pro dictadura”. “Los organismos de derechos humanos no estamos solos. Acá está el pueblo: un pueblo más sabio para resistir los embates que nos retrotraen a un pasado siniestro”, dijo.
–El pueblo / unido / jamás será vencido –cantó la multitud.
“La dictadura no es un hecho del pasado lejano. Que la corporación judicial nos escuche, porque no claudicaremos en nuestro reclamo nacional e internacional en la defensa de los derechos conquistados. ¡Levanten los pañuelos! ¡Por los 30 mil desaparecidos!”, dijo. Mientras la multitud se convertía en una marea blanca, se escuchó de fondo: “¡Presentes! ¡Ahora y siempre!”.
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En Argentina abren el camino a la impunidad para el genocidio y el vaciamiento financiero
por Aram Aharonian
El escandaloso fallo de la Corte Suprema de Justicia argentina que habilitó el beneficio del dos por uno para crímenes de lesa humanidad cometidos por represores de la dictadura cívico-militar, siembra la posible impunidad y protección legal a los responsables del daño económico y social que la matriz financiera y la deuda externa generaron y siguen generando.
Lo que se teme es que se trate de cimentar las bases de una nueva etapa de impunidad en el país, después de que el presidente Mauricio Macri designara dos jueces de la Corte, para que el 3 de mayo pudieran sumar este disparate jurídico, que posibilita, entre otras cosas, la reducción de penas a condenados por apropiación de bebés de desaparecidos.
A la indignación de víctimas, familiares, movimientos sociales, sindicatos, políticos se sumó el reclamo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) que advirtió que cuando los jueces hablan de aplicar la “ley penal más benigna” no pueden desconocer “los estándares internacionales aplicables a los delitos de lesa humanidad”.El titular del organismo, Amerigo Incalcaterra, señaló que “El Estado argentino, y la Corte Suprema como instancia del Estado, deben cumplir no sólo el derecho interno, sino también la normativa internacional aplicable y los compromisos asumidos a nivel internacional”.
Según Horacio Verbitsky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el fallo para liberar el mayor número posible de detenidos por crímenes de lesa humanidad es producto de un acuerdo secreto entre el gobierno y la Iglesia Católica, con movidas previas de Jorge Bergoglio y de la Corte que prepararon el terreno. Coincidentemente, monseñor José María Arancedo, presidente de la Conferencia Episcopal, expresó a principios de mayo que “se comenzará con un itinerario de trabajo sobre el tema de la reconciliación en el marco de la cultura del encuentro”.
Verbitsky añade que el 20 de marzo el Secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, interesó al presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Francisco Eguiguren, en la situación de los militares detenidos por los delitos de lesa humanidad, en una gestión impulsada por la Iglesia Católica, hoy presidida por un argentino. Avruj pidió que la CIDH recibiera a las organizaciones de familiares de esos militares y a una delegación eclesiástica que encabezaría el propio delegado del papa Francisco en la Argentina, el nuncio apostólico Emil Paul Tscherrig.
Asimismo, los documentos secretos desclasificados por Estados Unidos y puestos en mano de Macri muestran que tanto el nuncio apostólico de los años de la dictadura, Pío Laghi, como la dirigencia de la sociedad israelita DAIA pedían al gobierno de Jimmy Carter que no presionara a la dictadura por las violaciones a los derechos humanos porque podría ser contraproducente. Para Laghi, el dictador Jorge Videla era “un buen cristiano”; los líderes judíos opinaban que el gobierno no era antisemita.
A ello hay que sumar el sobreseimiento de la causa “megacanje”, que incrementó los compromisos de la deuda externa y pagó comisiones escandalosas a los bancos colocadores, en los que han (o siguen) trabajado muchos que hoy son funcionarios del gobierno.Mientras estos disparates jurídicos se suceden, la luchadora social Milagro Sala sigue ilegalmente privada de su libertad pese a las protestas de las organizaciones humanitarias de todo el mundo, ya que no llega una respuesta de una Corte Suprema más entusiasmada en liberar genocida y crear un marco jurídico donde no puedan ser responsabilizados, en un futuro, aquellos que se apropien de las finanzas públicas y deprenden el país.
Porque cuando –por ejemplo- las cláusulas de los acuerdos de deuda externa se estudien saltarán los profundos vínculos entre el respaldo a los genocidas y las políticas de sumisión al capitalismo financiero, lo que provocan hoy vergüenza porque representa un retroceso en dos cuestiones en las que Argentina había sido por más de una década un país modelo.
Temor generalizado
Nuevamente son los cómplices civiles de la dictadura, desde el poder factual, favorecidos de aquel modelo económico para pocos, quienes presionan a los distintos poderes para reinstaurar las leyes de la impunidad, y destrozar la política implementada entre 2003 y 2015 de fortalecimiento de los procesos constitucionales de juzgamiento a los represores, a partir de una firme vocación de jerarquizar las banderas de “memoria, verdad y justicia”.
Pero la jugada es más atrevida: la de cimentar las garantías constitucionales para favorecer a quienes fueron responsables del terrorismo de estado y de implantar una matriz financiera y especulativa que endeudó al país, destruyendo el aparato productivo y las aspiraciones de independencia económica. Matriz impuesta en la dictadura y que ahora repite el macrismo.
Según datos oficiales en el país hay 1.004 policías y militares detenidos por delitos de lesa humanidad. De ese total, 455 están alojados en cárceles provinciales o federales; el resto (518) tiene prisión domiciliaria. Además, otros 1.149 están imputados en causas que investigan las atrocidades cometidas durante la dictadura. Las dilaciones en el proceso judicial hacen que una gran cantidad de represores (el 50%) todavía no tenga condena y esté en libertad.
Ahora, la Corte decidió otorgar el beneficio del 2×1 (cada año detenido sin condena firme se computa doble) a los genocidas, en un fallo que generó el repudio generalizado. Según informaron desde la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal, 278 represores podrían salir de prisión. Entre ellos, los genocidas Alfredo Astiz, Jorge “Tigre” Acosta y Ricardo Cavallo. Eran responsables de la represión en la ESMA.
La titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y la Unidad Especializada en casos de Apropiación de Niños y Niñas, Ángeles Ramos, exigió que se declare inconstitucional el 2×1 para represores condenados por delitos de lesa humanidadEduardo Barcesat, especialista en Derechos Humanos, dijo que la decisión de restablecer la ley 24.390 “es un quiebre del principio del deber de audiencia de la supremacía de la Constitución Nacional y los tratados de Derechos Humanos que integran la Ley Suprema de la Nación”, y que, “tanto la Convención de Genocidio como la Convención de delitos de lesa humanidad, inhabilitan absolutamente cualquier forma de beneficio para los autores responsables, partícipes y/o encubridores de estos delitos”.
El jurista recordó que “Este fallo es un retroceso, que viene con la campaña a partir de un contexto donde el presidente ningunea los derechos humanos, y que habla de guerra sucia”, señaló, tras reclamar . el inicio de investigación del juicio político para los tres jueces de la Corte que están quebrando la doctrina de la Corte Suprema.
La ya derogada ley 24.390 –conocida como el beneficio del 2×1 y que estuvo vigente entre los años 1994 y 2001-, permitía computar doble, a partir del segundo año de detención, los días que pasaron sin sentencia firme. La aplicación de esta regla a condenados por delitos de lesa humanidad, desconoce el carácter permanente de los mismos y que el beneficiado genocida Luis Muiña, integrante de una patota parapolicial conocida como “Swat” que operó dentro del Hospital Posadas, ni siquiera estuvo detenido durante la vigencia de aquella ley.
Un retroceso peligroso
El fallo de la CSJN implica un retroceso en los avances jurídicos alcanzados en materia de delitos de lesa humanidad y además plantea un doble estándar: mientras desde las tribunas de opinión los poderes concentrados promueve la mano dura y la demagogia punitiva,A este fallo se suman la inacción de la justicia en el juzgamiento de las causas que investigan la participación civil durante la última dictadura cívico militar y el otorgamiento de prisión domiciliaria a genocidas que se encontraban cursando condena en cárcel común. Cabe recordar que para imponer la sangrienta dictadura entre 1976 y 1983, las Fuerzas Armadas contaron con la autoría y protagonismo directo de elites empresarias y miembros de la cúpula de la iglesia católica y sectores conservadores del Poder Judicial.
Ésto no se verificó solo en los años de la última dictadura cívico-militar sino con una clara línea de continuidad que llega hasta hoy. Estas líneas de continuidad están relacionadas con el modelo de especulación y exclusión social que se está llevando adelante en el país.En este mismo sentido, aún existen más de 156 leyes y 261 tratados y acuerdos sancionados durante la última dictadura militar que permanecen vigentes, entre ellas diez leyes vigentes que regulan al poder judicial y aún sigue en vigencia la ley que regula el sostenimiento de la Iglesia Católica la cual fue “promulgada” el 14 de octubre de 1983 a 50 días de la vuelta democrática, como último pago de favores a la dirigencia de ésta por su participación en la campaña represiva por parte de las Fuerzas Armadas.
Las organizaciones y humanitarias manifestaron su más enérgico repudio al indulto encubierto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al aplicar el 2×1 y exigieron cárcel común a los genocidas y el juzgamiento a los responsables civiles de la última dictadura cívico-militar, así como la apertura y democratización de los archivos para la investigación y esclarecimiento de la participación de la Iglesia Católica o de sus funcionarios en actos de lesa humanidad.
Sostienen que el juicio y castigo a los genocidas y sus cómplices civiles, empresarios y religiosos, es el único camino para terminar con la impunidad y avanzar en la consolidación de la democracia. Por eso, exigieron también el inmediato acceso a los archivos desclasificados por la Iglesia, sin la mediación de ningún protocolo y abierto a la ciudadanía en general garantizando así el derecho ciudadano y democrático de libre acceso a la información, base esencial para el afianzamiento de las políticas de memoria.
Un mismo libreto
El programa de gobierno del macrismo tiene fuertes puntos de contacto con el de la última dictadura cívico militar. Transcurrido un año y medio de mandato, lo único que los diferencia es la legitimidad de origen del actual gobierno constitucional.Es que, en el plano económico, la matriz ideológica que estructura el pensamiento del macrismo es idéntico al de ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, sino también el de los sucesivos gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rua, Domingo Felipe Cavallo, y mantiene una continuidad indisoluble con el resto de las experiencias autoritarias a nivel político y excluyentes de las mayorías populares desde el plano socioeconómico.
La destrucción del entramado industria, priorizando a un sector agroexportador muy reducido es tal vez el aspecto más nocivo del actual modelo. El cierre de empresas y el despido de miles de trabajadores y trabajadoras desde fines de 2015 no es un “resultado no deseado”, sino el núcleo mismo de la política oficial. El fin último es bajar salarios, y eso sólo se puede implementar a partir de un “ejército de reserva” lo suficientemente amplio como para aceptar condiciones abusivas de trabajo.
La toma de deuda –pública y privada- es la herramienta para generar un clima espurio de “veranito económico”. Claro que el festival de deuda redunda en el largo plazo en las crisis de deuda que históricamente han asfixiado a nuestro país, y recaído indefectiblemente en la totalidad del pueblo argentino. Así, en tan sólo dos años, Argentina va a pasar a triplicar su stock de deuda externa. Además, el peso de los intereses cada vez empieza a pesar más en las finanzas nacionales, lo cual empieza a constituir una bola de nieve que será difícil de frenar.
El modelo de apropiación de renta por parte de los sectores concentrados también gravita en el influjo de capitales golondrina, consecuente valorización financiera y posterior fuga de capitales. La histórica “bicicleta financiera” que los proyectos neoliberales implementan para favorecer a los principales jugadores del mercado transita en la actualidad por su mayor esplendor. Con tasas en pesos en niveles exorbitantes y un dólar planchado, ninguna actividad productiva es rentable: el modelo económico macrista sólo ofrece incentivos para la inversión especulativa.
La aplicación del modelo económico de la dictadura se implementó a sangre y fuego. El Estado autoritario, recurrió al genocidio de más de 30.000 personas para intentar borrar de la memoria popular la lucha por la justicia social y la redistribución del ingreso. No es casual que la mayoría que posibilitó este reciente fallo haya sido constituida a partir del voto de los dos jueces supremos recientemente nombrados “a dedo” por el gobierno de Mauricio Macri.
Sólo a partir de una sociedad movilizada y activa, el macrismo tuvo que retroceder en decisiones antipopulares como eliminar el feriado del 24 de marzo, la elección por decreto de los ministros de la Corte Suprema, o la modificación de la Ley de movilidad para los jubilados, entre otras.En este clima de impunidad, donde los genocidas puedan escaparse y/o declarar en la televisión que no están arrepentidos de sus asesinatos, desaparición de 30 mil personas y secuestros de cientos de niños nacidos en cautiverio, resulta difícil imaginar que esta “justicia” meta preso a algún delincuente económico, un banquero especulador que provoque una corrida bancaria y destruya el ahorro de los argentinos o algún gran capitalista evasor que fuga y lava sus dineros en paraísos fiscales o abusa de los dineros públicos. Máxime si es alto funcionario del gobierno.
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Argentina
Concentraciones en Argentina en rechazo a la impunidad
Este miércoles organizaciones políticas y sociales convocan a una movilización contra el fallo emitido por la Corte Suprema en favor del cómputo del 2×1 para la prisión en caso de delitos de lesa humanidad.
El pasado lunes la Corte Suprema Argentina declaró aplicable por mayoría el cómputo del 2×1 para prisión en caso de delitos de lesa humanidad. Esta decisión se aprobó gracias a los votos de los ministros Highton, Rosenkrantz y Rosatti, y declara aplicable la ley 24.390 (conocida como 2 x 1), la cual tuvo vigencia entre los años 1994 y 2001, actualmente derogada.
Esta normativa reduce el cómputo de la prisión de los condenados por delitos de lesa humanidad, por lo que ha generado el rechazo de formaciones políticas y movimientos sociales de diversos ámbitos sensibles hacia los derechos humanos, los cuales han convocado este miércoles a la movilización nacional.