Un fallo y su inexorable respuesta
El repudio popular y las críticas internacionales al fallo de la Corte Suprema de la Nación Argentina que otorgó la reducción de pena a un represor, sentando jurisprudencia para los crímenes de lesa humanidad, cobraron tales dimensiones que movilizaron al Congreso, que aprobó de urgencia una ley que impide la excarcelación de los condenados por estos crímenes, obligando al presidente a sumarse al rechazo.
Por Fabián Kovacic
Nadie sabe cómo desactivar la bomba que tres jueces de la máxima instancia judicial introdujeron en la sociedad argentina el miércoles 3 de mayo cuando estamparon su firma sobre una sentencia que podría poner en libertad a 750 condenados por delitos de lesa humanidad. Con su decisión, la Corte Suprema de Justicia de la Nación autoriza la aplicación de la ley 24.390, para el caso de un represor que actuó en el centro clandestino de detención del Hospital Posadas y fue condenado a 13 años de prisión por delitos de lesa humanidad, a pesar de que dicha ley ya no es vigente. La normativa que asimila cada año que un reo haya estado detenido sin sentencia firme a dos años de condena cumplida, tuvo vigencia entre 1994 y 2001 con el fin de descomprimir el hacinamiento en las cárceles argentinas por detenidos sin condena firme por delitos comunes, no por crímenes de lesa humanidad. El fallo sienta la jurisprudencia que necesita el resto de los militares y civiles condenados por su responsabilidad en el genocidio de los años setenta, para salir en libertad antes de cumplir sus sentencias completas.
El gobierno nacional, sectores judiciales y parlamentarios sintieron la inmediata condena y el reclamo de los organismos de derechos humanos que expresaron la indignación de millones de ciudadanos. Las críticas llegaron hasta la Organización de las Naciones Unidas (Onu).
El revuelo generado fue tal que el Congreso nacional decidió sesionar de urgencia y, con el acuerdo de todos los bloques parlamentarios, la Cámara de Diputados sancionó en la noche del martes 9 un proyecto de ley que impide la aplicación del beneficio de excarcelación a los condenados por delitos de lesa humanidad. Una amplia mayoría (211) de los 257 diputados nacionales votaron a favor del proyecto que en la tarde del miércoles, y apenas tres horas antes de la marcha convocada por los organismos de derechos humanos (véase nota en página 14), el Senado convirtió en ley. El parlamento no quiere cargar, en año electoral, con la crítica eterna de su lentitud y desinterés por los problemas concretos.
TRES CONTRA DOS.
El fallo en la Corte Suprema se aprobó gracias a los votos de los jueces Elena Highton de Nolasco, Carlos Rozenkratz y Horacio Rossatti, mientras que el presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, y el vocal juez Juan Carlos Maqueda se manifestaron en contra de habilitar una ley fuera de uso desde 2001 para disminuir la prisión efectiva a los genocidas condenados por delitos de lesa humanidad.
Si bien se trata de una decisión de un poder independiente del Ejecutivo, tanto el posicionamiento previo al fallo en políticas de memoria, verdad y justicia del presidente argentino, Mauricio Macri, y sus funcionarios, como ciertas circunstancias particulares relativas a la función de una jueza de la máxima instancia judicial, sugieren cierta complicidad del Ejecutivo.
La derecha anunció tempranamente su deseo de ver libres a los violadores de derechos humanos. El lunes 23 de noviembre de 2015 un editorial del diario La Nación reclamó lisa y llanamente la libertad de los militares y civiles condenados por delitos de lesa humanidad. Habían pasado escasas cuatro horas desde que Macri se había impuesto en el balotaje presidencial por menos de un punto sobre Daniel Scioli, cuando la edición del matutino de la familia Mitre llegó a la calle y generó repudio en la sociedad. Desde ese momento, y con la asunción del macrismo, las maniobras oficiales para desmantelar las políticas de justicia en materia de crímenes de lesa humanidad ganaron terreno.
Pero la reciente sentencia de la Corte Suprema tuvo un antecedente similar en un fallo, firmado el 18 de abril por los jueces Rosatti, Rosenkratz y Maqueda, a favor de otorgarle prisión domiciliaria al responsable de la desaparición del escritor Haroldo Conti y del periodista Marcelo Gelman, hijo del poeta Juan Gelman. Se trata de Felipe Alespeití, de 85 años de edad, y sin sentencia firme desde que fuera juzgado y condenado en 2009. Las sucesivas apelaciones siguen abiertas.
Fue gracias a esa decisión que los defensores del represor parapolicial Luis Muiña, condenado en 2011 a 13 años de prisión, consideraron que podrían inclinar un poco más la balanza de la nueva Corte Suprema a su favor y presentaron ante ella el recurso para aplicar el ahora famoso principio del “dos por uno” de la ley 24.390, tras haber fracasado en su intento en la instancia anterior.
TRABAJO PREPARATIVO.
Pero en los días previos el gobierno nacional y la Iglesia Católica ya habían allanado el terreno.
Durante la sesión convocada en Washington por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) para tratar la situación de la dirigente social Milagro Sala, detenida en Jujuy desde enero de 2016, el secretario de Derechos Humanos designado por Mauricio Macri, Claudio Avruj, aprovechó para proponer a los miembros de esa institución que durante su visita a Buenos Aires –entre el 22 y 26 de mayo– mantengan entrevistas con las organizaciones de familiares de los militares condenados por delitos de lesa humanidad. La propuesta de Avruj fue pergeñada por un funcionario del Ministerio de Justicia, Siro de Martini, hijo de un juez de la dictadura y de excelente relación con algunos sectores de la Iglesia Católica. Su jefe, el ministro de Justicia, Germán Garavano, fue a su vez miembro del Foro de Estudios para la Administración de Justicia (Fores), fundado en 1976 como sostén jurídico de la dictadura de Jorge Videla.
La idea de De Martini coincidió a su vez con la propuesta que los obispos argentinos plantearon en su último encuentro plenario, la de convocar en una comisión a todos los afectados durante la década del 70: tanto a los militares como a los familiares de los desaparecidos, “para avanzar en la necesaria reconciliación nacional”, según expresaron en un comunicado. Los organismos de derechos humanos, encabezados por Estela Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo, y Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, rechazaron la idea de plano.
El propio presidente, Mauricio Macri, tampoco había ocultado su posicionamiento en materia de derechos humanos y víctimas del terrorismo de Estado. Prohijó a diferentes funcionarios, como el ex director del teatro Colón Darío Lopérfido y el jefe de la Aduana, Juan Gómez Centurión, quienes relativizaron la cantidad de desaparecidos y el genocidio en el país. Más aun, el presidente argentino admitió, en una entrevista en vivo con el sitio web BuzzFeed, que no sabía cuántos eran los desaparecidos y que no le importaba. Esas declaraciones fueron formuladas en agosto de 2016 y sirvieron para parapetar a los defensores de los genocidas en sus recursos para conseguir la libertad condicional, detenciones domiciliarias e incluso el “dos por uno”. Así lo advirtió el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y la Procuración sobre Delitos de Lesa Humanidad, que registraron una disminución de condenas en los juicios y un aumento de prisiones domiciliarias en la segunda mitad de 2016.
EL CAMINO A LA CORTE.
Los jueces Rosatti y Rosenkratz fueron propuestos por Macri para integrar la Corte Suprema. En enero, los incorporó al tribunal supremo mediante un decreto de necesidad y urgencia, sin esperar la apertura de sesiones parlamentarias (en marzo) y que el Senado avalara las designaciones, tal como lo dispone la Constitución. La cámara alta tuvo que hacerlo una vez consumada la decisión.
Rosenkratz es uno de los abogados del grupo Clarín, el principal sostén mediático del gobierno. Rosatti fue secretario de Justicia en 2000 cuando gobernaba la Alianza encabezada por Fernando de la Rúa.
El caso de la jueza Highton de Nolasco, de 74 años, fue noticia en marzo pasado cuando el gobierno primero pretendía jubilarla para incorporar a un nuevo integrante afín, para contar con una mayoría de tres (de los cinco) jueces de la Corte Suprema de su agrado. La edad jubilatoria para los jueces estaba fijada en 75 años, pero la propia Highton presentó un recurso de amparo para obviar esta regla y el gobierno decidió no oponerse. Y es así que Highton continúa y cuenta seguir en el cargo. Una curiosidad muy argentina, digamos.
El hecho de que la decisión del gobierno de mantener a Highton en la Corte Suprema se produjo tan sólo tres semanas antes del voto favorable de la jueza al “dos por uno” generó sospechas sobre un trueque de favores entre Macri y la magistrada.
TORCIENDO EL RUMBO.
El primer representante oficialista en apoyar el fallo fue el propio secretario de Derechos Humanos de la Nación, Avruj, quien ya se había reunido en febrero de 2016 con familiares de genocidas condenados y reclamó la prisión domiciliaria para los represores octogenarios. “Me reúno con todos porque toda la sociedad fue víctima de lo que pasó en esos años”, adujo Claudio Avruj en las páginas del diario La Nación. Una semana más tarde señaló en el mismo matutino “la necesidad de que los detenidos cuya salud corre riesgos puedan ser atendidos convenientemente en sus domicilios por su edad avanzada”, para justificar la prisión domiciliaria que algunos jueces de Capital Federal y las provincias de Tucumán, Corrientes y Salta otorgaron a cuatro militares condenados que la habían solicitado.
Apenas conocida la decisión judicial del 3 de mayo, todos los protagonistas de esta historia, salvos los tres jueces, buscaron torcer el rumbo del fallo. “Esto es una amnistía encubierta y no lo vamos a permitir”, sostuvo en conferencia de prensa Estela Carlotto al día siguiente. El mundo político oficialista y un sector de la oposición demoraron más de lo esperado en darse cuenta del terremoto político en que se encontraban.
Avruj tardó cinco días en reubicarse en el nuevo panorama político y social. El lunes 8 se dio cuenta de la polémica que había desatado el fallo del “dos por uno”. Decidió volver sobre sus pasos y condenó el fallo porque, “no lo había leído completo”, balbuceó en su defensa. En cambio, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, fue el más rápido de reflejos dentro del elenco ministerial y en la mañana del jueves 4 cuestionó la sentencia porque, adujo, “no ayuda a cerrar heridas ni colabora con la necesidad de afianzar la justicia”. No hizo falta esperar encuestas para que la maratón de condenas y reclamos judiciales mostrara a los funcionarios de Macri que lo más aconsejable en un año electoral era expresar su rechazo a los tres jueces y a su fallo.
El titular del Senado, el liberal Federico Pinedo, quien también condenó el “dos por uno”, invitó a su despacho a todos los bloques a negociar la nueva norma que impida la salida de los genocidas de la cárcel. Y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, que aún conserva una alta estima en las encuestas, se despegó recién el martes 9 cuando aseguró que “los delitos de lesa humanidad no son como cualquier otro delito y no admiten atajos legales”.
El presidente de la nación esperó una semana para pronunciarse y lo hizo minutos antes de que la ley contra el “dos por uno” fuera sancionada por el Senado. Macri afirmó que estaba en contra de la norma 24.390. “Siempre la consideré una ley nefasta para el país que nunca debió haberse votado en el parlamento”, dijo en una conferencia de prensa en Mendoza el miércoles 10.
AMÉN DE LA IGLESIA.
La Iglesia también se movilizó para desmentir cualquier intento suyo de frenar la política de memoria, verdad y justicia en los tribunales, luego de la condena de las Madres y Abuelas de plaza de Mayo hacia el llamado de los obispos a un diálogo entre víctimas y victimarios. En la semana posterior al fallo del “dos por uno” seis obispos aseguraron en los medios de prensa que ni el papa Francisco propiciaba una amnistía encubierta ni ellos estaban a favor de liberar a los militares condenados. Quizá el más claro y contundente entre ellos fue el rector de la Universidad Católica Argentina (Uca), monseñor Víctor Fernández, quien afirmó al diario La Nación que el papa Francisco está a favor de los juicios contra los violadores de derechos humanos y que él mismo considera “inoportuno e inconveniente” el fallo de la Corte. Pero la autocrítica profunda de la propia Iglesia Católica sobre su rol durante la dictadura, reclamada por los organismos de derechos humanos desde la vuelta de la democracia, sigue sin llegar. Gobierno, Iglesia Católica y sectores militares perdieron el juego este miércoles.
ABOGADOS CONTRAATACAN.
Varios abogados vinculados al movimiento de derechos humanos iniciaron acciones contra el fallo de la Corte Suprema. Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista y docente de la Universidad de Buenos Aires (Uba), presentó el martes 9 un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) acusando al Estado argentino de violar los derechos humanos al consagrar la sentencia del máximo tribunal nacional que autorizaba la reducción de penas a crímenes de lesa humanidad. “Espero la intervención de la Cidh para establecer un criterio trasnacional sobre el tema”, aseguró a la prensa.
Por su parte el abogado Marcelo Parrilli, histórico miembro del staff de abogados del Cels y quien en los años ochenta trabajó en varios juicios de crímenes de lesa humanidad, antes de las leyes de impunidad creadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín, presentó una denuncia contra los jueces Rosatti, Rozenkratz y Highton de Nolasco por prevaricato, es decir por dictar resoluciones contrarias a la ley. La denuncia recayó en el juzgado federal de Daniel Rafecas, quien tiene diez días para decidir si avanzar con el expediente o desecharlo. El fiscal del caso, Guillermo Marijuán, avisó que comparte los criterios de Parrilli y avanzará en la investigación. En diálogo con Brecha, Marcelo Parrilli señaló que “el plazo para que los tres (jueces) puedan ser destituidos puede llegar a ser hasta de siete meses, mucho tiempo. Lo mejor sería que renunciaran a sus cargos, porque de lo contrario seguirán fallando contra el derecho y en beneficio del gobierno”. Pero, evaluó, “sólo la movilización social en la calle y la presión popular los hará renunciar”. Para el abogado, la ley sancionada el miércoles 10 por el Senado “es un parche para ratificar lo que nunca estuvo en duda, que la ley 24.390 nunca estuvo pensada para delitos de lesa humanidad. Por eso estos tres jueces han incurrido en prevaricato al interpretar amañadamente esa ley que además ya no tiene vigencia”. Según Parrilli, la figura de prevaricato es adecuada también porque “no es el primer fallo con características erróneas que emiten estos jueces”.
MÁS CRÍTICAS.
Desde el Poder Judicial argentino también se alzaron varias voces en contra del “dos por uno”. Los tribunales orales federales de Mendoza, San Juan y el tribunal oral cinco de la Capital Federal consideraron inconstitucional su aplicación, y 26 fiscales en diferentes juicios por delitos de lesa humanidad que se desarrollan en todo el país reclamaron a los jueces que no apliquen esa norma por considerarla también inconstitucional.
La Onu expresó igualmente su disconformidad con el fallo de la Corte Suprema y advirtió acerca de los peligros que una medida así implica para la sociedad nacional y la justicia global. Amerigo Incalcaterra, titular del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), señaló que “el Estado argentino y la Corte Suprema como instancia superior nacional de justicia, deben cumplir no sólo el derecho interno sino los estándares internacionales a los cuales adhiere el país mediante los tratados incluidos en la Constitución nacional. Los delitos de lesa humanidad agravian no sólo a la víctimas sino a toda la humanidad. Por eso no pueden ser comparables con los delitos comunes, como presupone el fallo”.
A la luz de los acontecimientos ocurridos durante los últimos días, la situación para los jueces del máximo tribunal parece insostenible. No sólo por el repudio internacional generado, sino porque en definitiva representan un retroceso en las políticas públicas de derechos humanos de las que Argentina fue un ejemplo emblemático en los últimos 30 años. Se trata de un brete explosivo difícil de subsanar sin costos políticos contundentes.
Mientras tanto, la movilización social ha demostrado que sigue siendo el mejor antídoto contra los males de las instituciones y sus caprichosos mandantes.
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Con pañuelo blanco
Casi medio millón de personas marcharon en la capital argentina, bajo el lema “Nunca más”, contra el reciente fallo de la Corte Suprema que implica una reducción de penas a los violadores de derechos humanos. La movilización, simultánea en 50 ciudades del país, se produjo una semana después del 40 aniversario de las Madres de Plaza de Mayo
Por Fabián Kovacic
“Un gobierno a la medida de tu odio”, “Aquí bendijeron herramientas de tortura” y “Delitos de lesa humanidad no son delitos comunes”. Las tres frases proyectadas sobre una pared lateral de la Catedral de Buenos Aires resumían e identificaban, para los organismos de derechos humanos y las casi 500 mil personas presentes en el acto de Plaza de Mayo, las críticas hacia los gestores de una política de impunidad nacida el 10 de diciembre de 2015 y coronada el miércoles 3 con el fallo de la Corte Suprema a favor de los genocidas argentinos: la Casa Rosada, la Iglesia Católica y la corporación judicial.
La marcha contra la aplicación del llamado “dos por uno”, que reduce las penas de los militares y civiles condenados por delitos de lesa humanidad, fue convocada para el miércoles 10 a las 18 horas y excedió todas las expectativas. Concurrieron partidos políticos de izquierda, organismos de derechos humanos, centros de estudiantes secundarios y universitarios, sindicatos y organizaciones sociales de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano.
Desde el escenario ubicado en el medio de la histórica plaza hablaron brevemente Estela Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo; Taty Almeida y Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y Lita Boitano, de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas.
En un segundo plano, como ocurre desde hace varios años, los dirigentes políticos ligados al peronismo participaron en diferentes columnas en las que pudo observarse a los intendentes de 22 municipios y a ex funcionarios que ya afilan sus uñas para las parlamentarias de octubre: Daniel Scioli, Florencio Randazzo, Julián Domínguez y Martín Sabatella, por ejemplo. Juan Carlos Schmid fue el único de los tres secretarios generales de la Cgt en participar; sus dos compañeros, Héctor Daer y Carlos Acuña, son además diputados nacionales por el Frente Renovador, de Sergio Massa, quien decidió no exponer su figura en esta marcha. La dirigencia de la Unión Cívica Radical no participó: en un acto como éste, al ser parte de la alianza Cambiemos, en el poder, se exponía a los abucheos de la multitud.
Hebe de Bonafini, titular de la asociación Madres de Plaza de Mayo, opuesta a la Línea Fundadora, decidió no participar del acto. “Esta convocatoria bajo el lema ‘Nunca más’ nos trae recuerdos de la teoría de los dos demonios”, opinó Bonafini. “De todos modos, siéntannos cerca de ustedes”, agregó en un video grabado y subido a Facebook, en el que pidió a los manifestantes: “Respeten el pañuelo blanco, porque es el símbolo y el recuerdo de nuestros hijos”. Quienes convocaban al acto pidieron a los manifestantes acudir con un pañuelo blanco al cuello como único símbolo, para evitar las banderas políticas y focalizar el reclamo en eliminar el dos por uno para los represores condenados. Finalmente, en la marcha, además de pañuelos blancos se pudo ver banderas políticas de los partidos de izquierda, agrupaciones sociales y gremiales.
“Estamos todos juntos aquí con ese pañuelo blanco que lucha y no afloja”, lanzó emocionada Taty Almeida. “Desde los organismos de derechos humanos decimos nunca más a la impunidad, a los torturadores, a los apropiadores de niños. Nunca más terrorismo de Estado ni privilegios para los criminales de lesa humanidad”, pronunció Almeida, con la fuerza de sus 86 años.
“Hasta la semana pasada nadie discutía que esta ley fuera para los delitos de lesa humanidad, porque no son comunes ni prescriben y tampoco son amnistiables”, señaló a su vez Nora Cortiñas desde el estrado. “Ahora la Corte pretende soltar al ‘Tigre’ Acosta, que fue jefe de los grupos de tareas de la Esma; a Alfredo Astiz, a Miguel Etchecolatz, asesino de los chicos de La Noche de los Lápices; al cura Von Wernich, confesor de torturadores y nunca expulsado de la Iglesia Católica. Los genocidas, a 41 años del golpe, siguen sin confesar el destino de nuestros hijos e hijas”, sentenció, y toda la plaza coreó: “Asesinos, asesinos”.
“Hoy los legisladores aprobaron una ley que busca frenar la aplicación del dos por uno. Necesitamos que los representantes de los tres poderes escuchen el reclamo de esta plaza. Acá está el pueblo”, concluyó Estela Carlotto en el cierre del acto.
En más de cincuenta plazas de todo el país, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, la escena de la Plaza de Mayo se repitió y organismos de derechos humanos, encabezados por Madres y Abuelas expresaron su repudio al fallo de los jueces de la Corte Suprema y señalaron al trío histórico del poder como responsable de traicionar la memoria: el gobierno, la Iglesia Católica y la judicatura.
Aniversario de las Madres de Plaza de Mayo
40 años de porfía
Las Madres de Plaza de Mayo cumplieron 40 años el domingo 30 de abril, en medio de un fuego cruzado que las mantiene en pie, al igual que en aquel otoño de 1977 cuando todo comenzó. La Iglesia católica decidió exhumar una propuesta suya que ya es un viejo anhelo – el abrazo entre víctimas y victimarios de la dictadura militar- lo que provocó un gran revuelo. Tras la respuessta indignada de las Madres y Abuelas los obispos dieron marcha atrás con la consabida excusa de que todo había sido fruto de una mala interpretación. Tres días mas tarde la Corte Suprema emitió un fallo a pedir de boca de los represores condenados por delitos de lesa humanidad, que ya estaban con la valija lista para salir en libertad. En una semana las Madres pudieron dar vuelta la historia con su tozudez. La misma con la que buscaban sus hijos desde hace 40 años.
« Los policías no se dieron cuenta, pero fueron ellos los que nos organizaron para dar vueltas a la Plaza de Mayo y convertir las rondas en un símbolo universal », relató Taty Almeida en una charla informal con algunos periodistas, a propósitos del aniversario. « Como estábamos bajo estado de sitio y no se podían reunir mas de tres personas juntas en lugares públicos, nos decían : « Circulen, circulen de a dos, no se detengan » Y nosotras les hicimos caso. Nos juntamos en parejas y caminamos, pero lo hicimos en círculos y alrededor de la Plaza de Mayo », recordaba.
« Un día, un familiar que marchaba con nosotras empezó a contgarnos y se dio cuenta de que cada jueves éramos más », contó Nora Cortiñas a la agencia oficial Télam. « Cien, dos cientas, y Azucena Villaflor asomaba como la mas experimentada porque su familia que era de Avellaneda, venía de la militancia política en el peronismo. Y ella propuso hacer una colecta para publicar la solicitada en el diario La Nación en diciembre de 1977. Ahí se nos infliltró Alfredo Astiz y tuvimos la desaparición del grupo inicial de Madres, con Azucena a la cabeza », agregó.
Seis meses más tarde, llegada para cubrir el Mundial de Fútbol de 1978, la prensa internacional acreditada se interesó en esas mujeres que cada jueves giraban en torno a la Pirámide de Mayo. Se publicaron notas de diarios y revistas de Italia, Alemania, Bélgica, Francia, Holanda, Espmaña, Estados Unidos y Gran Bretaña, con las historias de quienes denunciaban, de esa manera, la desaparición de sus hijos. La reacción oficial del gobierno del dictador Jorge Videla fue calificarlas ante todo el mundo como « las viejas locas », y « las locas de la plaza ». Un año después en 1979, la presión internacional y las denuncias contra el régimen militar forzaron la llegada de una misión de observadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh). Fue probablemente el primler logro de las Madres y los exiliados. El silencio oficial las llevó a pedir ayuda a los obispos y sacerdotes de la Iglesia Católica, pero no obtuvieron más respuesta que el silencio o en todo caso la mentira. Hasta 1982 las Madressiguieron presentando hábeas corpus ente los jueces sabiendo de la inutilidad de la medida, pero la Guerra de las Malvinas volvió a ponerlas en el centro de la escena. « Las Malvinas son argentinas ; los desaparecidos también », decían los carteles que se filtraron en la Plaza de Mayo el día del desembarco en las islas, en abril de 1982.
Con la vuelta a la democracia, en 1983, las Madres encabezaron el reclamo de justicia y fueron las primeras en apoyar el juicio a los militares, en la primavera de 1985. La esperanza florecía hasta que a fines de 1986 y en abril de 1987 el gobierno de Raúl Alfonsín decidió clausurar toda posibilidad de Justicia con la sanción de las leyes de punto final y obediencia debida. A la desazón siguió una nueva lucha cuando Carlos Menem decidió a finess de 1989 indultar a los militares y dejarlos libres. « Con el menenismo nos sentimos mal pero ya no estábamos solas, porque sentíamos que nuestra lucha era compartida por el pueblo, y el mundo entero sabía de nosotras y nuestros rfeclamos » señalaba Hebe de Bonafini en una entrevista publicada a comienzos de 2003 en Página 12.
Luego vinieron los años kirchneristas, cuando las leyes de impun idad fueron anuladas y la esperanza volvió a brotar entre los pañuelos blancos. El 3 de mayo pasado las Madres volvieron a sentir el dolor de la Injusticia. Sin embargo han aprendido que los mejores antídotos son la movilización callejera y la denuncia franca. Cuarenta años como si nada hubiera sucedido. Mantienen el mismo deseo de justicia.
