Militares citados por caso de desaparición no asistieron
Tres militares que habían sido citados el viernes 19 a una audiencia judicial, en el marco de la causa que investiga la desaparición del militante del Partido Comunista Miguel Ángel Mato Fagián, no se presentaron, según informó Radio Uruguay.
Mato, que vivía en el barrio Conciliación, desapareció el 29 de enero de 1982, cuando se dirigía a su trabajo en la Fábrica Uruguaya de Neumáticos Sociedad Anónima. Según declaraciones de la esposa de Mato, Irma Correa, el 1º de julio de 1985, a la comisión investigadora del Parlamento sobre la situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron, al día siguiente de la desaparición ella hizo la denuncia en la Seccional 19ª de Montevideo, pero en 1983 fue “a buscar la constancia de la denuncia”, y “resulta que me dijeron que nunca la hice en esa Comisaría”.
Posteriormente, la Comisión para la Paz, conformada por el entonces presidente Jorge Batlle (2000-2005), informó a la familia de Mato sobre la eventual muerte de Miguel. Según explicó al diario La República su hija, Verónica Mato, “fue baleado en un vehículo militar en Camino Corrales y Serratosa el 8 de marzo de 1981, a un mes y algo de su desaparición”. También se les informó que estuvo recluido en el centro de detención clandestino de La Tablada, pero no se les aportó detalles acerca del paradero del cuerpo de Mato.
La causa data de 2013, pero en enero de 2016 el Observatorio Luz Ibarburu tomó la representación y en abril se produjo la primera audiencia, a la que asistieron seis testigos que estuvieron en La Tablada, en presencia de la denunciante, Irma Correa, y un representante del Ministerio Público. En principio, debían declarar dos denunciados en mayo, pero recién en agosto compareció uno de ellos, mientras que el otro, de iniciales JG, no se presentó.
Pero los nombres de estos tres militares que no concurrieron el viernes fueron proporcionados por la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente de Presidencia, y no figuraban en el expediente de la causa hasta que llegó el informe del caso, solicitado a la Secretaría por iniciativa del Observatorio Luz Ibarburu, con el aval de la fiscal, y mediante un oficio enviado a Presidencia desde la sede judicial.
De oficio
El coordinador ejecutivo del Observatorio Luz Ibarburu, Raúl Olivera, dijo a la diaria que este es un procedimiento habitual: “Cuando la Justicia le pide un informe sobre algún centro de detención [la Secretaría] manda una lista de los [militares] que ellos tienen relevados como la gente que estaba operando en ese lugar”. Pero también, y más recientemente, el Observatorio está pidiendo a “algunos jueces” que “citen a la gente que trabajó en este tema” del equipo de investigadores de la Secretaría, para que expliquen en forma presencial a los jueces “cómo funcionaba la OCOA [Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas] o el SID [Servicio de Información de Defensa]”. “Es una forma de poner a los jueces al día y darles un contexto más general. Eso lo hacemos recientemente, pero no con todos los jueces”, agregó Olivera. Generalmente fue citado el ex coordinador del equipo de historiadores de la Universidad de la República que tenía convenio con Presidencia, Álvaro Rico. En el caso de Mato fue citada la investigadora Mara Martínez. “En función de lo que se investigó, se les aclara a los jueces las preguntas que nos hacen. Los jueces o los fiscales tienen derecho de citar a quienes investigaron el tema. Explicamos lo que hemos investigado y aprendido en estos años de trabajo, y aportamos los nombres de las personas que podían haber estado prestando servicio en las unidades involucradas en la causa”, contó Martínez a la diaria.
En tanto, Rico dijo que el equipo contestó más de 90 oficios judiciales solicitando información relacionada con distintas causas. “Llegan a la Secretaría y la Secretaría los deriva al equipo. Pero además de proporcionar documentación, hay que hacer el informe pericial del contexto histórico, que muchas veces es muy extenso, porque tenés que reconstruir historias de centros de detención, oleadas represivas contra organizaciones, en las que se inscribe un caso particular, pero lo tenés que poner en un contexto de ubicación mayor para comprender el sentido del hecho puntual”, dijo Rico, quien agregó que a lo anterior hay que sumar “la presencia personal como peritos calificados en varias causas nacionales y de la región”. Rico mencionó como ejemplo que estuvo declarando durante diez horas en la megacausa que investigó en Argentina el Plan Cóndor.
Rico dejó la coordinación del equipo de historiadores porque “se cumplió una etapa”, hecho que coincidió con el pasaje del grupo a depender directamente de Presidencia. Ahora la coordinadora es Fabiana Larrobla. La Secretaría se encuentra acéfala desde la renuncia del abogado Fernando Gómez, según informó Búsqueda el jueves.
La causa de la desaparición de Mato está a cargo de la jueza penal de 8º Turno, Graciela Eustachio. Según Olivera, ahora la actuación habitual es hacer conducir a los tres militares citados por la Policía a la sede judicial.