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A poco de que venza su plazo, la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que indaga en torno al espionaje ilegal que llevaron a cabo los servicios de inteligencia del Estado en democracia ampliará su trabajo hasta diciembre, dijeron a la diaria legisladores de varios partidos políticos.
El cuerpo había comenzado a trabajar en diciembre del año pasado. Dada la extensa documentación que maneja, en la sesión del 15 de mayo se decidió que el plazo de trabajo, que iba a vencerse en julio, se prorrogue hasta el 8 de diciembre.
En declaraciones al semanario El Popular, el diputado oficialista Gerardo Núñez (Partido Comunista) explicó que esto fue acordado “porque el volumen del trabajo es mucho”. “Tan es así, que ya resolvió la comisión y se lo comunicó al presidente de la cámara [José Carlos Mahía], y el presidente de la cámara está haciendo los contactos pertinentes para contar con el apoyo técnico y logístico de la Universidad de la República, mediante algún tipo de convenio o contratación, para que profesionales nos ayuden a analizar este conjunto de archivos”, dijo el legislador. La magnitud del archivo hace imposible en los hechos que la comisión se haga cargo de procesar toda la documentación: “Ese archivo representa unos 12.000 libros de 250 páginas cada uno. Lo digo para establecer en términos concretos lo que esto implica y lo que hay que estudiar. Sólo este archivo del Ministerio de Defensa Nacional son más de tres millones de copias. Y todavía estamos a la espera del Archivo Castiglioni, que está en manos de la Justicia, en etapa de presumario”, dijo Núñez.
Ahora resta que la Cámara de Diputados apruebe esta extensión, y si bien en este cuerpo el Frente Amplio (FA) no cuenta con mayoría, los legisladores sostienen que la ampliación cuenta con el apoyo de todos los partidos. El diputado de Unidad Popular, Eduardo Rubio, se mostró partidario de la extensión e incluso insinuó que podría ser necesaria otra. En este punto coincidió Núñez, quien dijo a la diaria: “Pensamos que debería extenderse un poquito más, por lo menos hasta abril”.
En cambio, el frenteamplista Carlos Rodríguez, del Movimiento de Participación Popular, sostuvo, a título personal, que si bien la discusión sobre si “eventualmente amerita o no la extensión” tendrá lugar a fin de año, no cree que sea necesario, ya que “hay algunas cosas que van quedando claras”.
Ayer visitaron la comisión el ex ministro del Interior Juan Andrés Ramírez (1990-1993) y el ex ministro de Defensa Nacional Juan Luis Storace (1998-2000). Ambos negaron tener conocimiento de las actividades de espionaje en democracia que investiga la comisión, y que el propio Núñez dijo haberse encargado de demostrar con parte de la documentación extraída del llamado “archivo Berrutti” (descubierto en 2007 por la ex ministra Azucena Berrutti). Esa documentación, sostuvo el diputado, evidencia las “labores de inteligencia” enfocadas en “organizaciones sociales vinculadas a los derechos humanos” que se llevaron adelante mientras Storacce era ministro, y donde “aparece la firma de la Dirección Nacional de Inteligencia de Estado”, en un “informe sobre la participación de estas organizaciones en movilizaciones”, que incluía “conclusiones sobre los perfiles de sus militantes”.
Núñez sostuvo que el desconocimiento de los ministros es “la confirmación de la autonomía con que se manejaban los mandos militares respecto de los mandos políticos”. Esto “llama muchísimo la atención”: que “tantas labores durante tanto tiempo y de forma sistemática no hayan tenido ni la audiencia ni el aval de las autoridades correspondientes”.
