INTELIGENCIA
Todos vigilados:tupamaros, comunistas,blancos, colorados …
“El control de las Fuerzas Armadas sobre la sociedad civil existió, existe y seguirá existiendo”, así se lo informaron Jorge Tiscornia y María del Carmen Martínez, ante la Comisión Investigadora sobre Espionaje en Democracia de la Cámara de Representantes.
Jorge Tiscornia es un ex preso político y María del Carmen Martínez es integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. “Ambos fueron contratados en 2007 por la entonces ministra de Defensa, Azucena Berrutti, para digitalizar la información que la jerarca había confiscado en el Centro de Instrucción de Oficiales de Reserva” consigna este jueves Búsqueda.
Según el informe que el 8 de mayo Tiscornia y Martínez dieron a la Comisión la información que se les pidió digitalizar es ” inabarcable: equivale a 12.000 libros de 250 páginas cada uno que a un promedio de un libro por día, les llevaría 20 años procesarla”.
De lo analizado en parte de esa documentación se pudo concluir anticipadamente que inteligencia militar seguía actuando en democracia sobre los partidos políticos y sobre las personas, dijeron a Búsqueda diputados presentes en la sesión.
La documentación fue incautada por la ex ministra Berrutti en 2007, que además relató en la Comisión detalles sobre otra gran cantidad de expedientes con información de Inteligencia en un local del Ejército. Para digitalizar esa documentación fueron contratados Tiscornia y Martínez.
Según consigna Búsqueda “A Tiscornia le llamaron la atención 10 rollos envueltos en papel de embalaje, sellados y con cinta adhesiva. Encontró informes de “agentes”, así como otros documentos donde quedaba constancia del pago por sus servicios y vio cómo se los identificaba a través de seudónimos”.
en la documentación hay registros “de intentos de contactos, por ejemplo con el integrante del Movimiento de Liberación Nacional (MLN-Tupamaros) Julio Marenales, para volverse un allegado a él. También agentes que realizaban guardia en locales del MLN-T, otros que informaban desde adentro del Partido Nacional y otros que aportaban datos de algunas personas seleccionadas”.
———————————–
SAMUEL BLIXEN
¿Lo qué?
La ignorancia es la coartada perfecta. No importa cuántos ex ministros desfilen por la comisión investigadora parlamentaria sobre espionaje militar en democracia, la respuesta será siempre la misma: no tenía conocimiento.
Con esa fórmula los antiguos ministros del Interior y de Defensa eluden cualquier responsabilidad… hasta que aparezca algún documento que destruya la coartada. De todas formas, no debe ser agradable para los invitados confrontar a una docena de diputados que les exhiben documentos de los archivos de inteligencia que revelan prácticas de espionaje y operaciones encubiertas de las épocas en que ellos estuvieron al frente de los ministerios, y mantener el gesto de inocencia.
En principio, ese recurso de decir “no estaba enterado” deja mal parados a los ministros, porque implica confesar que los subordinados, fueran policías o militares, no respetaban las jerarquías y hacían lo que querían. En el caso de la inteligencia ello implicaba hacer seguimientos de políticos, intervenir teléfonos, infiltrar organizaciones y además gastar mucho dinero, gastos de los que no se podían rendir cuentas porque era dinero gastado en actividades ilegales. Ninguna ley, ningún presupuesto, ninguna rendición de cuentas autorizaba a pagar informantes para que espiaran partidos políticos y sindicatos. Y si existía algún control sobre ese gasto, entonces estaba enmascarado.
Es tal el cúmulo de ilegalidades que comprende el espionaje militar y policial en democracia que la confesión de ignorancia es prácticamente la única salida. Pero las declaraciones de los ex ministros Juan Andrés Ramírez y Juan Luis Storacce alcanzaron tintes antológicos. Ramírez fue ministro del Interior entre 1990 y 1993, durante la presidencia de Luis Alberto Lacalle. Y Storacce fue primero subsecretario de Defensa nacional, como mano derecha de Luis Iturria, y después ministro de esa cartera, entre 1998 y 2000, en el período de la segunda presidencia de Julio María Sanguinetti.
La gestión de Ramírez estuvo sacudida primero por el allanamiento del restaurante La Trainera, que inició la persecución a ciudadanos vascos, algunos de los cuales habían sido integrantes de la organización Eta. Documentos de inteligencia revelados recientemente por Brecha confirman que los aparatos de seguridad españoles distribuyeron dinero entre oficiales de la inteligencia policial para impulsar y controlar la caza de “etarras”. El ministro Ramírez, asiduo cliente de La Trainera, fue sorprendido por los operativos de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (Dnii). Y cuando se acallaron los ecos de la captura de los vascos, Ramírez debió enfrentar el escándalo del secuestro y desaparición del agente chileno Eugenio Berríos. En el medio hubo una serie de atentados con bomba, perpetrados por logias militares.
Storacce, por su parte, como subsecretario o como ministro de Defensa, tuvo la difícil tarea de apagar el incendio provocado por el presidente Lacalle con su política militar de promoción de oficiales blancos. Sanguinetti, que había sido un crítico ácido de los intentos de Lacalle por partidizar a la oficialidad de las Fuerzas Armadas, prefirió, durante su segunda presidencia, dejar el ministerio en manos de blancos para que arreglaran el entuerto. La acción de las logias, las zancadillas entre fracciones de la oficialidad del Ejército y la Armada y la total autonomía de los aparatos de inteligencia, signaron ese período turbulento y disolvente de la interna militar. Los responsables civiles debieron asistir al enfrentamiento entre el Departamento III (Operaciones) y el Departamento II (Exterior) de la Dirección General de Información de Defensa (Dgid) –el primero permeable a la Cia y el segundo a “otras agencias”– y, además, a la competencia entre la Dgid y la Compañía de Contrainformación de Defensa.
Todo esto sobrevoló el diálogo que los diputados de la comisión investigadora mantuvieron con sus invitados el lunes 5. Sobre todas estas cosas los legisladores tenían los antecedentes públicos de los episodios y los documentos contenidos en la copia que la comisión recibió de los rollos microfilmados del llamado archivo Berrutti (no así el archivo Castiglioni, que los legisladores solicitaron hasta ahora sin éxito al juzgado penal que lo incautó).
Aunque las actas de las sesiones de la comisión están bajo un régimen de reserva, Brecha pudo saber que ambos ex ministros coincidieron en afirmar que no estuvieron enterados, durante su gestión, de las actividades de espionaje policial y militar. Ramírez no pudo eludir los comentarios sobre la seguidilla de atentados con explosivos (al estudio jurídico de Sanguinetti y al automóvil del diputado Hugo Cores, un destartalado escarabajo que voló por los aires), que calificó de “pequeños”, realizados con la intención de generar impacto político.
Storacce fue más expansivo: admitió –siempre según las fuentes– que los aparatos de inteligencia no le rendían cuentas y que a él esa actividad no le interesaba. Explicó que la cosa era al revés: la inteligencia le había pedido informes sobre la historia y la situación socioeconómica de China, a propósito de un viaje realizado.
La convicción de que los ministros de Defensa y del Interior que ocuparon los cargos desde 1985 invariablemente aducirán ignorancia no desestimula a alguno de los miembros de este ámbito. Se seguirá insistiendo. de modo que, una vez que asistan los ex ministros, serán convocados todos los comandantes de las armas. Y por ello se solicitó que la comisión continúe en funciones hasta fin de año. Por ahora, la responsabilidad política del espionaje, que ya ha sido confirmado, navega en alguno de los pliegues de la curvatura del espacio.