Ex comandante de la Fuerza Aérea: “No puede haber verdad y justicia”
El ex comandante de la Fuerza Aérea, ex jefe del Estado Mayor de la Defensa y ex coordinador de Inteligencia del Estado, José Bonilla dijo a la Mañana de El Espectador que aún no decidió su participación política en el Partido Colorado (PC).
En referencia a los desaparecidos en la dictadura cívico- militar, Bonilla expresó que en 2011 “por una ley que llevó a la no prescripción de los delitos militares, el Uruguay se perdió un momento muy importante para esclarecer esas situaciones, porque nadie va a hablar para ir preso. No puede haber verdad y justicia. Con la prescripción mucha gente se iba a ver liberada de su conciencia e iba a dar datos para el esclarecimiento de esos hechos”.
Sobre la reforma del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas –más conocida como Caja Militar- Bonilla opinó que “hay que hacer una reforma, pero una que sea lógica para los militares, acorde a la ‘Ley Orgánica’. Los militares hicieron un proyecto de ley, que se adecuó bastante a esas leyes, y creo que el Gobierno debería verlo, dar las directivas para actualizar ese proyecto de acuerdo a los intereses políticos y se lleve adelante. Para modificar esto no consultaron a ningún militar. Por ejemplo, el artículo ocho habla de grados que en las Fuerzas Armadas hace años ya no existen”.
El entrevistado consideró que la reforma de la Caja Militar desestimula totalmente a la carrera militar, porque “no es aplicado a la faz militar”. Además, expresó que “no lo asesoraron bien al presidente para elevar ese proyecto, porque tal cual está presentado, los que tienen más de veinte años se van a ir aprovechando la ley vieja, los que están próximos van a pensarlo. Este proyecto tiende a que las Fuerzas Armadas desaparezcan”.
“Las Fuerzas Armadas son una institución piramidal. Hay un comandante en Jefe, jefes generales, coroneles, y el grueso es el personal subalterno. La reforma dice que no se aplicará a aquellos que no cumplan los veinte años, y justamente la parte operativa está en menos de veinte años. No tienen incentivos. Hoy un soldado gana $15.000 full time, sin nocturnidad, mientras que por ejemplo un policía cuando ingresa cobra $30.000 y trabaja 8 horas”, alegó Bonilla.
Consultado sobre si conoció tareas de espionaje a políticos, periodistas y dirigentes sindicales en plena democracia, Bonilla aseguró que “en la Fuerza Aérea siempre se mantuvo en el orden. Lobos solitarios en algunos casos quizás lo hayan hecho, pero yo no tengo ninguna información”.
Sobre su labor durante gobiernos de izquierda, el entrevistado aseguró que “los militares estamos acostumbrados a la lealtad. Si bien uno tiene una intención política, no la manifiesta. Luego de que hablan las urnas, hay que alinearse con el que el pueblo eligió, y debemos ser leales a eso”.
En marzo de 2017 el PC invitó a Bonilla a participar activamente de la actividad partidaria. “No me quiero apresurar, tengo otros temas pendientes. Quiero hacer algo para devolver a la sociedad todo lo que me dio”, manifestó el militar.
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No puede haber verdad y justicia”, aseguró el general José Bonilla
El general José Bonilla aseguró que al declararse imprescriptibles los delitos cometidos durante la dictadura, “Uruguay se perdió un momento muy importante” para esclarecerlos. “Nadie va a hablar para ir preso. No puede haber verdad y justicia”, agregó en entrevista con la radio El Espectador.
El ex jefe del Estado Mayor de la Defensa y ex coordinador de Inteligencia del Estado sostuvo que una vez que los delitos prescribieran “mucha gente” iba a “dar datos para el esclarecimiento de esos hechos”.
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Una oportunidad inesperada
Marcelo Pereira
En abril de 2011, el general del aire José Bonilla, entonces jefe del Estado Mayor de Defensa y antes comandante en jefe de la Fuerza Aérea, dijo al hoy desaparecido diario Últimas Noticias que ningún militar iba a aportar información sobre el terrorismo de Estado si no se le garantizaba impunidad. “Si alguien dice la verdad, […] inmediatamente se lo manda preso. Entonces, no puede haber verdad si hay justicia. Son palabras que una y otra no van unidas”, afirmó. En aquel momento, el ministro de Defensa Nacional, Luis Rosadilla, le aplicó a Bonilla una amonestación por haber realizado expresiones de carácter político que le estaban vedadas. El alto oficial presentó un recurso contra la sanción y alegó que sus dichos no habían sido “apreciaciones políticas”, sino expresiones “desde el sentido común”, que reafirmaba.
Y aún las reafirma, ya retirado y mientras considera una invitación a convertirse formalmente en político, que se le planteó desde el Partido Colorado: reiteró su opinión ayer de mañana, entrevistado en la radio El Espectador. El problema con el “sentido común” de Bonilla es que, según arguye, el país “se perdió una gran oportunidad” de que hubiera, si no justicia, por lo menos verdad, justamente en aquel 2011, cuando se declararon imprescriptibles los delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura. Lo que no parece tener en cuenta el general del aire es que durante un muy largo período previo, desde la aprobación de la ley de caducidad, esa norma garantizó la impunidad de los criminales y, sin embargo, la información brilló por su ausencia. Lo que mostraron en realidad los hechos es que quienes saben lo que pasó prefieren no pagar ni siquiera el precio de revelarlo.
En todo caso, el asunto que desvela a Bonilla en estos días no es la posibilidad de que se esclarezcan crímenes. Según informó la semana pasada el diario El Observador, se viene reuniendo con dirigentes políticos para tratar de convencerlos de que el proyecto de reforma del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento tendría “consecuencias negativas”. Entre estas, incluye el riesgo de que haya una estampida de renuncias del personal sanitario del Hospital Central de las Fuerzas Armadas (más conocido como Hospital Militar). Quienes cumplen funciones allí están asimilados, incluso con grado, a las Fuerzas Armadas y, por lo tanto, en la actualidad se jubilan con los mismos beneficios que los uniformados. Lo que dice Bonilla es que si pierden la expectativa de esa recompensa, “ya no sería atractivo” para ellos trabajar en la institución, y “se va a ir todo el mundo”, para “evitar que los agarre la nueva ley”, antes de que esta entre en vigencia el 1º de enero de 2018.
Para peor –desde el punto de vista del general del aire retirado, claro está–, la ausencia de estímulos para revistar en las instituciones castrenses no sólo va a ahuyentar a médicos, enfermeras y demás civiles asimilados en la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas, sino también a los propios militares: desde los que tienen altas responsabilidades, y van a preferir cosechar ya el fruto casi maduro de su jubilación especial, hasta el personal subalterno que, una vez retirada la zanahoria de esos beneficios de retiro, no tendrá incentivos para seguir en su sacrificada profesión. De modo que, según dijo en El Espectador, “este proyecto tiende a que las Fuerzas Armadas desaparezcan”.
Hay que reconocer que, en este tema, Bonilla lleva a la práctica su tesis: los beneficios de retiro militares no serán justos, pero por lo menos hay que decir la verdad sobre ellos. Y la verdad, según el general del aire, es que –para decirlo en forma edulcorada– por dinero danza el simio. O sea, que más allá de la retórica sobre la patria y la disposición a inmolarse para defenderla, el espíritu de servicio, los valores artiguistas y la esencia de la orientalidad, sin la promesa de una considerable recompensa material, muy pocas personas permanecerían en las Fuerzas Armadas o ingresarían en ellas.
Si las cosas son como dice el general del aire, quizá el país esté hoy, realmente, ante “una gran oportunidad” que no debería desperdiciar: la oportunidad de una reducción drástica de las Fuerzas Armadas que, además de aliviar las cuentas del Estado, depure a esa institución de quienes sólo están en ella por el interés en un retiro mucho más apetecible que el de la gran mayoría de la población, y permita repensar –con serenidad, rigor y el “sentido común” que Bonilla invocaba– en qué medida, para qué fines y con qué porcentaje del gasto público le conviene a nuestro país mantener militares.