La hipocresía de la impunidad: Luis Becerra, el Agente 03-G
Resultó ser que un integrante de la dirección de la FOEB, además de figura relevante del Frente Amplio en el interior, era un infiltrado de Inteligencia, ya jubilado como funcionario del Ministerio de Defensa. ¿Se descubrió o lo entregaron? ¿Se trata de un avance en el desenmascaramiento de un sistema corrupto o es una nueva máscara que se coloca la impunidad?
Por José López Mercao
Seguramente el haber sido ministra de Defensa Nacional no es el principal atributo de la doctora Azucena Berrutti. Militante socialista, seguramente la nomenclatura oficial la recordará por haber estado al frente de esa cartera cuando Tabaré Vázquez se transformó en el primer presidente de izquierda de la historia uruguaya. Pero en mi memoria de preso político, recuerdo a Azucena como una gran conocedora de los militares. Eso por haberse relacionado y confrontado con ellos durante más de una década como defensora de decenas de presos políticos.
Miss Marple
Está dotada además de un fino sentido del humor, y la imagen que dibuja de sí misma, cuando se presentó por primera vez en el Ministerio de Defensa convoca a la sonrisa, ya que al narrar la anécdota se compara con Miss Marple, el popular personaje novelesco creado por la escritora inglesa Agatha Christie, entrando al edificio ministerial con una pequeña valija y un joven asesor que no tenía el menor conocimiento de la agencia en la que iba a trabajar.
No obstante esa aparente fragilidad de mujer madura y aspecto delicado, Azucena Berrutti fue una adelantada y en los hechos fue la ministra que realizó avances más significativos en la investigación de derechos humanos vulnerados por la dictadura.
Uno de ellos lo realizó a poco de asumir como ministra, en el año 2006, cuando detectó la presencia irregular de 1.444 rollos microfilmados en un armario del Centro General para Instrucción de Oficiales de Reserva (Cgior). Luego de concretar el hallazgo, impartió la orden de que fueran revisados para obtener pistas sobre el destino de los desaparecidos en el período de facto. Pero más allá de los resultados de esa búsqueda, quedó en evidencia que el aparato de espionaje de la dictadura continuó operando en democracia, lo que llevó a que el Parlamento creara una comisión para proceder al análisis del voluminoso material encontrado.
El “archivo Castiglioni”
La publicidad dada al tema del espionaje en democracia se realizó luego del hallazgo y divulgación del llamado “archivo Castiglioni”. El mismo fue encontrado luego del fallecimiento del coronel Elmar Castiglioni, tras el allanamiento de su domicilio; el material estaba dispuesto en 65 cajas, que contenían 500 disquetes y más de 100 CD. Contiene documentos oficiales, registros de seguimientos y notas del propio Castiglioni.
Docente del Centro de Altos Estudios Nacionales (Cale), integrante del Foro Libertad y Justicia y dado de baja en 2006, Castiglioni no sólo fue un ferviente defensor de la dictadura, sino que –por lo que surge de los expedientes incautados en su domicilio luego de su fallecimiento– continuó desarrollando tareas de espionaje en democracia al menos hasta el año 2015. Entre los documentos expurgados, se encontraban los informes que el Agente 03-E envió a la Dirección General de Información de Defensa.
El caso tomó notoriedad por la difusión de los mismos realizada por el periodista Samuel Blixen en el semanario Brecha. El tema se actualizó a partir de octubre de 2016, cuando la publicación de algunos de los informes elaborados por infiltrados llevaron a la identificación de, al menos, uno de ellos. Identificado como el Agente 03-G o Leandro, el que, a partir del contenido de los informes encontrados, fue identificado como Luis Becerra Aldama.
Este esbirro militó activamente en el gremio de la bebida (FOEB), en el que llegó a ser suplente del presidente de la gremial, Richard Read, a mediados de los 80. Simultáneamente, se incorporó al Partido Socialista (PS), ganándose la confianza de Eduardo Lalo Fernández, integrante de su Comité Ejecutivo. El comienzo de su protagonismo, tanto sindical como político, coincide con el período de salida de la dictadura.
A mediados de los 90, Luis Becerra se divorció, se fue de la empresa Pilsen y pasó a residir en Minas, donde prosiguió con su tarea de topo, llegando a ocupar el puesto más alto en el FA de Lavalleja.
Si Read y Fernández coinciden en la imagen positiva que vendía Becerra cuando operaba como filtro en Montevideo, Elena Chaín, histórica del FA minuano y ex presa política, no lo llegaba a tragar, tanto por su prepotencia, su aspecto militar, sus alardes, su afán por figurar y su intento de ser amable con todo el mundo.
Como presidenta de la Mesa Política del FA de Lavalleja, Chaín advirtió que su vicepresidente (el topo Becerra) hacía maniobras para dejarla mal parada y socavaba su imagen. A estas observaciones (que no implicaban la sospecha de que fuera un infiltrado), se suma el testimonio de Richard Read acerca de la costumbre que tenía Becerra de enfrentar a las distintas corrientes del sindicato, lo que incluso en una ocasión le había valido el calificativo de “traidor” por parte de un compañero.
En 2007, Chaín renunció a la Mesa Política y en su lugar ingresó Javier Umpiérrez, diputado del MPP por Lavalleja, quien no advirtió anomalías en el comportamiento de Becerra.
El 1º de abril de 2005, Luis Becerra, el Agente 03-E, fue jubilado tras 41 años de servicio, especificando en el acta que durante ocho de ellos cumplió “servicios militares simples”, teniendo además 33 años de servicios civiles, aunque no se aclara dónde.
Las versiones que dio sobre su pasado, tanto en la FOEB como en el PS, fueron disímiles. Hoy el infiltrado sigue viviendo en Minas, goza de una confortable jubilación y no ha sido molestado por la Justicia, pese a la certidumbre que existe de que operaba como agente de los servicios en democracia y que hay muchos puntos oscuros en su actuación en el pasado.
Intentando dibujar un patrón de personalidad y conducta de Becerra y teniendo en cuenta que si bien es el primer caso de infiltración detectado en este período, no es el único, hablamos con Eduardo Lalo Fernández y con el diputado Luis Puig, quién integra la comisión creada en el Parlamento para el análisis de los documentos del archivo Castiglioni.
La doble vida del infiltrado
Para Lalo Fernández, de quien llegó a ser amigo el Cabeza Becerra, el principal atributo de un infiltrado es la capacidad de llevar una doble vida. Si son capaces de mantenerla consecuentemente, “terminan engañándonos a todos”.
Puso como ejemplo el caso de Jaime Stiuso, agente de Inteligencia argentino que fue director general de Operaciones de los servicios de Inteligencia de Argentina durante 34 años.
Activo participante de los servicios de la dictadura militar, Stiuso construyó su poder en el Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE) durante el gobierno de Carlos Menem y fue nombrado director de Contrainteligencia durante la presidencia de Fernando de la Rúa. Luego pasó a ser hombre de confianza de Néstor Kirchner y en 2004 forzó a la renuncia y el exilio al propio ministro de Justicia, Gustavo Béliz, siendo nombrado director de Operaciones durante el gobierno de Cristina Fernández. Finalmente, como consecuencia de las repercusiones del caso Nisman, la presidenta reemplazó a las autoridades de la SIDE y despidió al propio Stiuso.
“¿Cuál fue el error de Stiuso?. Haber aspirado a la totalidad del poder. Si no cometía ese error, podía seguir dominando la contrainteligencia argentina”, afirma Lalo Fernández.
Respecto a las décadas durante las cuales Becerra fue hombre de confianza a nivel político y sindical, Lalo no le quita mérito a su gestión: “Se equivoca Richard [Read] cuando dice que políticamente era un nabo. No lo era. Tampoco era un instigador de querellas internas. Simplemente discutía y se posicionaba. Como era amigo mío, también se había hecho amigo de Gargano, que le tenía simpatía”. Aportando más detalles sobre el perfil del infiltrado, el dirigente socialista agrega que “era un tipo amable, que no se calentaba, no era de ‘chupar’ mucho y tenía una gran llegada con las compañeras. Las trataba muy bien”.
El diputado Luis Puig, que junto a otros parlamentarios está trabajando con el archivo Castiglioni, debe mostrar mucha circunspección sobre la tarea que está desarrollando. Sin embargo, dejando ese punto claro, refiere que en los casos en los que aparece una presunta o real identificación de los espías, no hay un patrón único. Las circunstancias de su captación son en tiempos y lugares diferentes y seguramente por motivaciones distintas: “Hay desde tipos que parecen vocacionales del espionaje, que hacen más de lo que se les pide, hasta otros casos que son más oscuros y que hay que analizar en detalle. De todos modos, la naturaleza del trabajo que tenemos no nos ha permitido entrar en el tema de los perfiles. Pero ya habrá tiempo para hacerlo”.
Impunidad y espionaje
El archivo de Elmar Castiglioni cubre un largo período que va desde 1968 a 2015. Son particularmente relevantes los informes referidos al espionaje a partidos políticos, integrantes del sistema político y sindicatos en democracia. Sobre el punto no habría mucho para discutir. Se trata de la impunidad y sus efectos en la “inteligenciación” de la sociedad y de las personas, los cuerpos y las instituciones.
Uno de los aspectos más importantes de ese espionaje ininterrumpido es que pone todo bajo sospecha, en la medida que traslada el poder hacia su propio ámbito y desde allí se comienzan a urdir políticas paralelas que desdibujan la identidad de la sociedad y ponen en duda dónde está efectivamente el poder.
De hecho, la única ruptura significativa a este juego la dio el accionar de la ministra Berrutti, que fue todo lo lejos que se podía ir cundo asumió la cartera. Todo lo demás, incluido el propio archivo Castiglioni, está bajo el cono de sombras que proyecta la impunidad, incluido el desmentido de que esas prácticas continúen procesándose.