Wilder Tayler: los derechos humanos “surgen de los sectores populares”
Tras una extensa trayectoria en el exterior, Wilder Tayler volvió a Uruguay y se transformó en uno de los cuatro nuevos integrantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Fue el único de todos los candidatos que obtuvo los votos necesarios en la primera votación.
Por Mauricio Pérez
Sobre fines de 1983, en plena retirada de la dictadura y con el inicio del proceso de transición hacia la democracia, un grupo de juristas comenzó a ejercer la defensa de los presos políticos uruguayos y de sus familiares ante los tribunales uruguayos e internacionales. El trabajo se extendió hasta la aprobación de la Ley de Amnistía a Presos Políticos. El coordinador de ese grupo era Wilder Tayler, uno de los fundadores el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur).
Tras el frustrado referéndum contra la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (Ley 15.848), Tayler dejó Uruguay y se radicó en el exterior. En 1989, tras participar de la investigación del “Caracazo” en Venezuela, asumió como consejero legal para América y Asia de Amnistía Internacional. Allí comenzó su periplo por diversos organismos internacionales. Tayler fue por más de diez años, director del Departamento Jurídico de Human Rights Watch e integró el Subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura. Más tarde, asumió como secretario general de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), cargo que desempeñó hasta marzo de 2017.
Fueron casi 30 años en el exterior hasta que consideró que había finalizado un ciclo en Europa y decidió volver al país. A su retorno, su amigo, el abogado Jorge Pan, le hizo una propuesta que no esperaba. Al principio no estaba seguro, pero Pan logró persuadirlo y aceptó. El martes 1º de agosto, Tayler fue electo para integrar el Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh). Fue el único de todos los candidatos que en la primera votación obtuvo los 2/3 de votos necesarios para acceder al cargo.
Finalmente, en una segunda votación, y tras un acuerdo multipartidario, se definió la integración definitiva: Tayler, la jueza Mariana Mota, las abogadas Josefina Plá y Mariana Blengio y el abogado Juan Faroppa, único integrante del actual Consejo Directivo de la Inddhh que permanecerá por un segundo período. En este sentido, Tayler destacó el perfil de todos los integrantes y estimó que estos cincos años implicarán un desafío muy importante, ya que, si bien Uruguay tuvo un avance sustancial en materia de leyes de protección de los derechos humanos, aún existen problemas que deben atenderse.
El origen social
En todo el mundo, los años 1990 fueron años “terriblemente fermentales en materia de derechos” y se generaron enormes espacios en favor de los derechos humanos. Se trató de un período en el que se avanzó muchísimo, sobre todo en materia de derechos individuales y en la legislación a nivel internacional. El respeto a los derechos humanos “se convirtió en parte del discurso habitual de los estamentos políticos prácticamente en todo el mundo, cosa que antes no sucedía”, afirmó Tayler en diálogo con Caras y Caretas.
En este marco, “el reconocimiento de los derechos humanos surge de las luchas populares en todo el mundo”, aseguró. Esas luchas pueden ser impulsadas por sectores especializados o de interés que reivindican sus derechos, como los colectivos de mujeres o de la comunidad LGBT, y muchas veces esa reivindicación se plasma en un instrumento jurídico internacional. “El origen es a nivel de las comunidades, de los pueblos, muy local, pero galvanizan a nivel internacional y allí es que la posibilidad de su reconocimiento universal se hace más factible. Surgen cuando la gente da la pelea”, afirmó.
Y para ejemplificar sus palabras recordó una experiencia personal. La primera vez que se presentó en Naciones Unidas para hablar de la impunidad que existía en torno a las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas en los países de América Latina, constató que ese concepto no era parte del léxico internacional de los derechos humanos. “Fue a partir de las experiencias latinoamericanas que este término se incorporó. Nunca se había analizado la capacidad de los gobiernos de extender amnistías irrestrictas para los violadores de derechos humanos”, dijo Tayler.
Asimismo fue durante los años 1990 que comienzan a surgir las instituciones nacionales de derechos humanos como organismos de contralor. En este contexto, Tayler consideró que este tipo de instituciones se definen por aspectos claves que deben estar en el centro de su accionar cotidiano. Uno de ellos es la capacidad de asesorar y ayudar a los organismos del Estado; otro es la capacidad de propagar y difundir conocimiento y el valor y contenido de los derechos humanos, lo que supone la capacidad de prevenir la violación de derechos humanos.
Pero el aspecto sustancial es brindar una respuesta efectiva cuando se violentan los derechos de una persona o de un colectivo. “Cuando la violación de derechos humanos se produce, estas instituciones deben tener la capacidad de pararse firme y hablarle claro al Estado, al lado de la víctima. Esto también define a estas instituciones, es lo que marca el test de legitimidad”. La legitimidad viene en su carácter coadyuvador y constructor, pero también en el de ejercer una actitud de protección y denuncia ante las violaciones a los derechos humanos y promover propuestas para evitar que se repitan, dijo Tayler.
Los derechos en Uruguay
Durante todos estos años en el exterior, Tayler siguió con atención lo que sucedía en el país. En particular, en estos últimos años en los que dividía su tiempo entre Europa y Uruguay. Cuando se le ofreció postularse para la Inddhh, pensó que era una buena oportunidad de contribuir en un área en la cual se desempeñó casi toda su vida. “Hay muchas cosas para hacer en materia de derechos humanos en Uruguay”, afirma.
“En los últimos diez años, Uruguay ha producido una batería legislativa en materia de derechos humanos que es absolutamente extraordinaria. Lo que se ha avanzado en la agenda legislativa es muy importante. No sólo en la agenda de derechos, como puede ser la interrupción voluntaria del embarazo o de la comunidad LGBT, sino también los Consejos de Salarios o que en Uruguay no se puede abofetear a un niño para imponerle disciplina. Esos son derechos humanos, los derechos de los trabajadores, los derechos de los niños o los derechos de las comunidades rurales”, valoró Tayler. Sin embargo, todas esas leyes aprobadas requieren implementación, puesta en práctica y monitoreo. “Ahí es donde creo que la Inddhh tiene una función primordial: ayudar a la puesta en práctica de todo ese enorme andamiaje legal, progresista, constructivo, de cuño muy humanista, que se ha elaborado aquí durante los últimos años”.
Se trata, según Tayler, de un trabajo de consolidación de agendas. “Por ejemplo, ¿está el Estado contratando o no 4% de personas con discapacidad para la función pública? Si no lo está haciendo, alguien tiene que llamar la atención. También está todo el problema de la violencia doméstica, que es un tema muy grave en Uruguay, y que hay que abordarlo; aquí también hay que ayudar y brindar una perspectiva de derechos humanos. Lo mismo con el debate sobre la salud mental”, expresó.
Pero, al mismo tiempo, en Uruguay existen algunas situaciones que no deberían permitirse y que se deben seguir con atención, como son las sucesivas denuncias de abusos y torturas en los centros de privación de libertad de adolescentes. “Es un problema que está, que persiste, sobre el que se han hecho esfuerzos importantes, pero hay que controlarlo y vigilarlo”, dijo.
Otro problema es el tema del acceso a la Justicia, sobre todo de los sectores más vulnerables de la población. Tayler aseveró que en Uruguay existe un fantástico abanico de leyes que protegen los derechos humanos, pero la pregunta que se debe realizar es qué capacidad tiene el usuario del sistema de Justicia de poder reclamar que esos derechos se cumplan y cuánto se lo escucha. “Es un tema que hay que estudiar. El sistema de Justicia tiene su estructura, están los jueces, los abogados, pero el usuario es el pueblo. ¿Llega realmente la gente a los tribunales? ¿Llegan los más pobres a los tribunales? ¿Dónde reclama la gente por sus derechos aquellos que no están organizados o no tienen un sindicato fuerte detrás? ¿Cuáles son las presiones que encuentran? Esas son cosas que la Inddhh debe encarar”, señaló.
Junto a todo esto, también se debe estar atento a los problemas que puedan suscitarse. Los derechos humanos son procesos inabarcables, porque siempre hay nuevas dimensiones de la vida humana, del interrelacionamiento social, que levantan nuevas problemáticas en la materia, que tienen que ser observadas y discutidas. Y para enfrentar esos desafíos, hay que estar preparados, enfatizó Tayler.
Las posibles vulnerabilidades del CPP
El Mecanismo Nacional de Prevención (MNP), órgano dependiente de la Inddhh, tendrá un rol importante que jugar en la puesta en práctica del futuro Código del Proceso Penal (CPP), valoró Wilder Tayler. El MNP forma parte del sistema internacional de prevención de la tortura y tiene una jurisdicción más amplia que la del comisionado parlamentario para el Sistema Carcelario, ya que abarca todos los lugares donde puede haber personas privadas de libertad contra su voluntad, tanto privados como públicos. En este contexto, un cambio tan relevante como el de los fundamentos legales del sistema penal genera oportunidades, pero también vulnerabilidades en el período de transición. “Allí hay un rol muy importante para el MNP”, dijo Tayler. “Miremos el CPP y veamos si esos derechos que están llamados a prevenir la ocurrencia de la tortura se están implementando en tiempo y forma. Por ejemplo, que se cumpla con la presencia de abogado defensor desde el primer interrogatorio, con la presencia siempre del juez en la audiencia, el tema de la prisión preventiva –como acaba decir el fiscal de Corte, se puede aplicar sólo en circunstancias muy específicas, acorde con la constitución–. Ese tipo de cosas pueden ser monitoreadas por la Inddhh y por el MNP”, añadió.
