Mariana Mota:
“El momento es ahora”
Por Mauricio Pérez
Tras 26 años de trabajo en el Poder Judicial, Mariana Mota renunció a su cargo de magistrada para integrarse a la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh). Electa presidenta para el primero de los cinco años de gestión, afirmó que uno de sus objetivos es impulsar que la Inddhh tenga carácter nacional.
Mariana Mota asumió la presidencia de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) con sensaciones mezcladas. Por un lado, con “muchas ganas” por el impulso que su candidatura tuvo de parte de diversas organizaciones sociales. Pero, al mismo tiempo, eso representa un desafío y una responsabilidad. “Sentir que todo el trabajo anterior refleja una orientación en pro de la protección de los derechos humanos es un halago, un honor, pero también un compromiso importante de poder llevar adelante esos postulados”, afirmó la exmagistrada. “Todos los derechos humanos son igualmente contemplables. Todos tienen que tener una respuesta”, agregó.
Este período que se inicia en la Inddhh será distinto al anterior, valoró Mota. Los primeros cinco años fueron importantes para la “consolidación institucional”, ahora es momento de expandirse y hacer efectivo el carácter nacional de la institución y “llegar a todos los rincones del país”. Ese será uno de los objetivos del actual Consejo Directivo. Para eso se creará el área Descentralización, que estará bajo supervisión de Mota.
“Uruguay es un país pequeño, pero sigue siendo fuertemente centralizado: la información y los recursos se concentran en Montevideo. Cuando uno va al interior se da cuenta de que hay un escalón de diferencia -por poner sólo un escalón- que en definitiva no debería existir”, señaló. Esa diferencia implica una disparidad entre quienes pueden ejercer la defensa de sus derechos y quienes no, ya sea por desconocimiento o falta de acceso. “Eso no debería ser. Si se plantea la protección y acceso a los derechos humanos,0 esta debe ser efectiva y permanente en todo el territorio”, expresó Mota.
¿Existe en Uruguay una vulneración de los derechos humanos de distintos colectivos sociales?
Sí. En los temas de medioambiente, de discapacidad, de mujeres, de pobreza, de exclusión de colectivos, de las personas con diferente orientación sexual, de los jóvenes -como la no aceptación de los espacios que reclaman por parte de las generaciones mayores-, en diversas áreas se pueden ver esas situaciones, con mayor o menor grado de afectación, o con mayor intensidad en algunas áreas del territorio que en otras. También el tema de los migrantes, de trabajadores dependientes -como los trabajadores rurales o del servicio doméstico en algunas áreas del interior-. Más allá de las normas que tratan de amparar todos los derechos, la legislación por sí sola no hace nada si no se acompasa con una política estatal. A veces tenemos legislación, pero no podemos llegar a cumplirla, y para eso funciona la Inddhh.
¿En qué área el Estado está incumpliendo la legislación?
Cuando se hacen determinados avances legislativos, la concreción y su efectivo cumplimiento llevan un tiempo. El caso de los trabajadores rurales es un área bastante comprometida, porque está la ley, pero la lejanía y la dificultad de control hace que ese cumplimiento se haga en forma paulatina porque también hay que hacer conciencia en la gente que debe cumplir la ley y en los propios beneficiados por ella.
Justicia para todos
El acceso a la Justicia de algunos colectivos es un derecho vulnerado en Uruguay. La exjueza Mota señala que las dificultades para acceder a estos derechos pasan por muchos lados. Pueden ser por aspectos territoriales, como dificultades para llegar al lugar en que se brinda el servicio de Justicia, o el desconocimiento de los derechos: que la persona no sepa que tiene un derecho y que puede reclamar cuando está siendo vulnerado.
Pero también por desconocer cómo funciona ese servicio; es decir, saber cómo se desarrolla un proceso, cuánto tiempo lleva o cuál es el posible resultado. “Falta mucha, mucha información sobre cómo funciona el sistema y eso es responsabilidad del propio sistema de Justicia. Después está cómo se brinda, la eficiencia, la rapidez y los tipos de soluciones brindadas y que estas se adecuen efectivamente al derecho que se reclama proteger”, dijo Mota.
En este sentido, la exmagistrada afirmó que la Inddhh puede coadyuvar para que esta vulneración no ocurra. “En el anterior período, la Inddhh brindó informes al respecto de esta situación y lo que corresponde es que desde el Estado, en este caso desde el Poder Judicial, se adecuen sus formas de brindar el servicio en forma más apropiada, más completa e integral”. ¿El Poder Judicial suele recibir de buen grado estas recomendaciones que se le realizan? “No, generalmente no”, dice.
¿Por qué pasa esto?
Hay una falta de conocimiento efectivo de cuál es la función de la Inddhh y cómo este tipo de instituciones benefician el desarrollo de una democracia. Si lo miramos desde una óptica de que no están invadiendo el área -como ha pasado o como uno puede entender que ha pasado desde el Poder Judicial-, no se avanza. La Inddhh no está para señalar con el dedo, sino para ayudar en un mayor y mejor cumplimiento de las funciones estatales, entre ellas, una bien importante como es el Poder Judicial. Poder trabajar juntos en beneficio de eso sería muy importante, principalmente para los administrados, para las personas; esa es la tarea primordial. Tal vez falta mayor diálogo y mayor disposición de ambos lados.
¿Qué visión tiene del nuevo Código del Proceso Penal? ¿Qué postura puede tener la Inddhh en este proceso?
El Código del Proceso Penal [CPP] es una herramienta, una ley, el punto es cómo ejecutamos y concretamos esa ley. El CPP tiene un avance importante que implica salir de un sistema inquisitivo, que debería haber sido dejado de lado hace muchísimos años, y pasar a un sistema acusatorio. La Inddhh puede ser una veedora de cómo se está implementando ese sistema y señalar los errores, si existen vulneraciones a los derechos o si no se contemplan debidamente las garantías de los imputados y de las propias víctimas.
¿En qué área visualiza que pueden surgir inconvenientes?
En la víctima, probablemente. En el actual sistema, la víctima no tiene voz, más que dar la notitia criminis y ahora pasará a tener un papel más preponderante en estos juicios. Tampoco este CPP es completo, porque si bien le permite a la víctima participar en el proceso, proponer prueba y participar de su diligenciamiento, no la habilita a recurrir. Es una falta importante, que ya fue observada en algunos informes internacionales para el Estado uruguayo. Si la víctima percibe que no se está contemplando su posición o la prueba fue desestimada, no puede recurrir esa situación y la víctima queda aislada. Ahí todavía hay cosas para construir. Fue la misma observación que se hizo sobre la Ley 18.026, que castiga los delitos de lesa humanidad, que fue la primera que habilitó a la víctima como parte en el proceso.
La persona, cuando es víctima de un delito, lo es de forma irreversible. El proceso después continuará, pero esa persona cambia su estatus, pasó a tener un problema que le puede marcar la vida o no. Esa alteración es importante tenerla en cuenta, porque también le cambia el concepto en cuanto a la visión de sus derechos y de cómo funcionó el Estado en la protección de sus derechos. Y eso también es construir ciudadanía y el concepto de Estado que tiene cada uno.
¿Usted comparte la posibilidad de que la víctima tenga la potestad de ser querellante?
Hay voces en pro y en contra de víctimas como querellantes. En Argentina existe, pero en Uruguay se entendió que no. Pero sin ser querellante debería darse un mayor rango de actividad que proponer prueba y estar presente cuando se diligencian. Debería tener un papel más activo y tener más fuerza, poder plantear discrepancias.
Seguridad y libertad
¿Cómo visualiza las políticas de mayor policiamiento para enfrentar la situación de inseguridad?
En muchas sociedades presenciamos una mayor demanda de seguridad, de mayor vigilancia y control, pero nunca sabemos si esa demanda es realmente genuina o si es provocada. Me queda la duda si la seguridad pasa sólo por más vigilancia. Creo que la seguridad pasa por una mayor comunicación de las personas dentro de la sociedad, por un involucramiento en las soluciones a los problemas. Se ha ido por esa vía de mayor control de todo, entonces vamos caminando por la calle y nos están filmando, damos nuestros datos para comprar una cosa y estos están en todos los sistemas informáticos, y nuestra privacidad está cada vez más limitada. Es un sistema con el cual puedo no estar de acuerdo, pero es difícil enfrentarlo desde estos lugares, porque es una decisión política y también de la sociedad. Pero esa estructura no tiene fin, porque se le pueden agregar otros elementos hasta el punto de ser absolutamente controlados. ¿Qué tipo de vida queremos si después no tenemos nuestra propia privacidad o libertad sin que haya un gran ojo que nos mire? El tema es si se acepta o no. Y cuando se entra a un sistema de este tipo, tan amplio, ¿qué espacio le queda a las personas para ir en contra de eso cuando tienen esa necesidad de seguridad? Esa supuesta demanda de seguridad, de control hasta de uno mismo, para poder vivir en paz ¿es real? ¿La paz es posible solamente a partir de tanto grado de vigilancia o de control o se puede lograr por otro lado? No estoy para nada de acuerdo, pero vivo en esta sociedad.
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La renuncia al Poder Judicial
Mota: “La Suprema Corte tiene todo el poder”
La ex jueza Mariana Mota cuestionó el sistema de designación, ascenso y traslado de magistrados dentro del Poder Judicial y el silencio del gremio de magistrados ante, lo que considera, una vulneración de sus derechos.
“Fueron 26 años”. Son las primeras palabras de Mariana Mota cuando se le pregunta sobre sus sensaciones por tener que renunciar al Poder Judicial para asumir en la Inddhh. Mota solicitó mantener su cargo en reserva al amparo de la ley que creó la Inddhh, pero la Suprema Corte de Justicia (SCJ) rechazó ese planteo y la obligó a renunciar. “Siempre me convocó mucho trabajar por los derechos. Pero el último tiempo fue muy duro, muy difícil, entonces es un sentimiento ambivalente. Dejo un lugar donde trabaje tantos años y por otro lado dejo una institución que terminó siendo muy hostil”, afirmó Mota, en diálogo con Caras y Caretas.
Su carrera en la magistratura quedó marcada por su intempestivo traslado de la órbita penal a la civil. Un traslado que se dispuso de un día para el otro, sin previo aviso, sin siquiera consultarla. Un momento que aún recuerda y en el que dice que no sintió el respaldo de la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU), gremio del cual se terminó yendo. “No me fui porque no me respaldaran -eso sería mirarme el ombligo-, sino porque fue una asociación que nunca sentí que defendiera verdaderamente los derechos de los jueces”.
“En ese traslado, y en esa movilización que hubo, había que hacer una lectura y no la hizo la SCJ -obviamente-, pero tampoco la hicieron los demás jueces, decir ‘esto no está bien’. Porque no está bien que te trasladen de un día para el otro, de un área a otra, sin ninguna razón y sin que valoren si lo que estabas haciendo estaba bien o mal”, dijo Mota.
En este sentido, la exjueza cuestionó que hasta el día de hoy el gremio de magistrados no haya efectuado ningún reclamo en relación a los criterios y las formas en que se define un traslado y, más aun, sobre el mecanismo mediante el cual son calificados los jueces para obtener un ascenso. “Los jueces son calificados por los superiores jerárquicos, pero nunca saben cómo son calificados. No tienen ni idea de si alguien le tiene tirria y lo califica mal, y eso queda ahí, no se puede recurrir ni saber por qué te calificaron mal, al menos, para mejorar”.