Homenaje y Memoria para un Uruguay más democrático
Según el Dr. Julio María Sanguinetti, que escribió dos libros para popularizar dicha tesis, la democracia fue lograda gracias a las conversaciones reservadas que él llevó a cabo con los mandos militares a fines de 1983 y principios del año 1984. Todos sabemos que la reconquista de la democracia fue una auténtica epopeya del pueblo oriental. Fue una conquista, no gracias a las FFAA sino a pesar de ellas. Comenzó con la resistencia a las Medidas Prontas de Seguridad de Pacheco y las consabidas militarizaciones de trabajadores. Continuó mediante el rechazo militante al cruel deterioro institucional del Estado de Guerra Interno en abril de 1972, explotó en la huelga general de junio – julio de 1973 y se transformó en herida de muerte cuando en 1980 el pueblo uruguayo dijo NO en el plebiscito destinado a perpetuar la dictadura.
El terrorismo de Estado, fue un proyecto global e integral de país. Se comenzó a implementar desde el mismo momento en que Pacheco Areco impuso las Medidas Prontas de Seguridad el 13 de junio de 1968. Pretendió, y lo hizo, reestructurar la sociedad uruguaya en función de los intereses y las necesidades de las elites económicas. Redistribuyó la riqueza nacional de manera negativa. Perjudicó a los trabajadores, a los jubilados, a los sectores populares. Redujo el poder adquisitivo de toda la población. Fue un proyecto de país en el marco de una estrategia continental diseñada e impulsada desde Estados Unidos, que abarcó muy especialmente al Cono Sur.
Fue una tragedia nacional que por el bien del país y de su gente, nunca más debe volver a repetirse.
Ni venganza ni revancha: estándares internacionales de DDHH
El desconocimiento y el menosprecio de los Derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad. Para evitar patrones negativos y caprichosos o antojadizos, para evitar la negativa impunidad, las normas internacionales de DDHH, votadas con el apoyo de todo el sistema político democrático, son el estándar de calidad para definir políticas y afrontar desafíos. Para construir una democracia sólida.
La Resolución 60/147 de las Naciones Unidas aprobada en diciembre de 2005 es el estándar más moderno y actualizado al respecto. Es el instrumento internacional que detalla las obligaciones estatales en instancias cruciales para que hechos dolorosos, como el terrorismo de Estado, no vuelvan a repetirse.
Como sobrevivientes del horror, de los centros de tortura y de reclusión, de lo peor y más degradante del terrorismo de Estado, hemos asumido la obligación moral de denunciar una y otra vez lo ocurrido, de mantener viva la memoria de los crímenes, de homenajear a las víctimas, de promover el juzgamiento y castigo penal de los responsables de los mismos.
Reclamamos Justicia y solamente Justicia
Todas, todas, absolutamente todas, las causas de violaciones a los derechos humanos ante la justicia han sido iniciadas por los familiares de los detenidos desaparecidos, de los asesinados y de los ex presos políticos desde el 1° marzo de 1985. En el reinado de la democracia tutelada, con el “Goyo” en la vuelta y todos los Ramas, Silveira, Cordero, Tróccoli y Fierro ocupando sus puestos en las jerarquías castrenses. Con mucho miedo pero también con mucho coraje y conciencia cívica. Como debe ser.
La investigación y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos es la única manera de que los crímenes no vuelvan a repetirse. La impunidad es siempre una espada de Damocles sobre la institucionalidad democrática. La justicia como poder del Estado debe jugar un papel decisivo y preponderante, especialmente cuando no hay obstáculos legales para que ella actúe. Aunque el poder económico, mediático y de los criminales siga operando desde las sombras y desde los centros militares.
Es hora de que la justicia cumpla con su cometido: investigar, esclarecer, castigar! Es hora!!
Homenajear a quienes enfrentaron la dictadura y por eso fueron torturados
Como en su momento afirmara Wilson Ferreira Aldunate, él mismo condenado junto a su hijo Juan Raúl por la justicia militar, Uruguay fue una gran cárcel, fue el país con la mayor cantidad de presos políticos en proporción a su población.
La prisión asociada a la tortura, fue la metodología deliberadamente seleccionada por las FFAA para destruir a los opositores. La tortura es una práctica aberrante que merece siempre la más enérgica condena. En el mundo, entre las naciones civilizadas, su empleo no admite justificaciones de ninguna clase. En nuestro país, la Ley 18 026, con el voto unánime de los parlamentarios de todo el sistema político, así lo consagró. La tortura degrada a quién la ordena, a quién la aplica y también a quién la tolera.
Un acto oficial del Estado para afirmar la libertad y la democracia.
La colocación de una Placa de la Memoria en las inmediaciones del Regimiento N°8 de Caballería Mecanizada será un acto de homenaje estatal sincero a las víctimas, a las decenas de ciudadanos que en dicho establecimiento, estando ilegítimamente privadas de su libertad, fueron torturadas durante el período del terrorismo estatal desembozado. Fueron privadas de su libertad y fueron torturadas y sufrieron malos tratos por jugarse el pellejo, por la libertad, para que el pueblo uruguayo pudiera elegir a sus gobernantes. Su sufrimiento no es un invento. Está documentado en los archivos del terror.
Será también un acto oficial de rechazo y condena a la tortura, al sufrimiento ocasionado. Fundamentalmente, será una demostración palpable e inequívoca del compromiso del actual Estado uruguayo, de sus gobernantes, de sus instituciones, Ejército incluido, con la libertad, la democracia, los derechos humanos y la convivencia pacífica que permita el desarrollo del país. Con tolerancia y respeto. Con mucho respeto. Sin descalificar. Como debe ser.