Serán juzgados dos altos oficiales del Ejército
Comenzó un nuevo juicio por los crímenes de Campo de Mayo
El Tribunal Oral Federal 1 (TOF1) de San Martín, integrado por Marta Milloc, Diego Barroetaveña y Marcela Rodríguez, comenzó a juzgar ayer a dos ex integrantes de la guarnición militar de Campo de Mayo que hasta ahora no habían sido imputados por ninguno de los delitos de lesa humanidad cometidos en aquella guarnición durante la última dictadura militar: el general retirado Eduardo Alfonso y el ex capitán de inteligencia del Comando de Institutos Militares, Rafael Félix López Fader.
López Fader está acusado por la privación ilegal de la libertad, la aplicación de tormentos y el homicidio del ex diputado nacional Diego Muñiz Barreto, y por el secuestro, torturas y la tentativa de homicidio de Juan José Fernández, ocurridos en 1977. Por su parte, Alfonso, quien al igual que su colega negó haber participado de la “lucha contra la subversión”, está imputado por la privación ilegal de la libertad de Beatriz Recchia (quien se encontraba embarazada de cinco meses cuando fue secuestrada junto con su hija Juliana Inés García Recchia), y por el homicidio de su pareja, Domingo Antonio García.
Alfonso, quien se desempeñó como secretario general del Ejército durante los gobierno de Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde, permaneció 4 años prófugo en Paraguay y se entregó en julio del año pasado, un mes después de que el ministro de Justicia, Germán Garavano, se reuniera con miembros de la Asociación Abogados por la Justicia y la Concordia, promotores de la impunidad a los represores.
Antes de escaparse al Paraguay, Alfonso había sido detenido en 2008 como partícipe necesario del secuestro de Muñiz Barreto, pero los jueces Jorge Eduardo Barral y Hugo Rodolfo Fossati, de la Cámara Federal de San Martín, subrayaron la posibilidad de que Alfonso no conociera “la finalidad” del operativo y el juez de primera instancia dictó su sobreseimiento.
A pesar de que Abuelas de Plaza de Mayo apeló la medida, en 2011, la Cámara conformada por Barral y Fossati, más la incorporación de Juan Manuel Culotta —flamante juez electoral de Buenos Aires— ratificaron el sobreseimiento de Alfonso, y sostuvieron que el represor pudo haber entendido que el procedimiento para el que había sido convocado “era legítimo” porque todos sus participantes iban “vestidos de combate”, a pesar de que varios testimonios aseguraban que habían ido de civil, de madrugada, sin orden de allanamiento ni identificación.
Abuelas volvió a apelar y la jueza de la Cámara de Casación Alicia Vence revocó el fallo y ordenó nuevamente la detención de Alfonso, quien bajo el alias de Walter Ramón Fariña Falcón ya se encontraba prófugo. Tras su entrega el año pasado y la unificación de su causa con la de Fader, ayer comenzó a ser juzgado.
La desaparición de Beatriz Recchia, quien estuvo secuestrada en “El Campito” que funcionó en el extenso predio del Ejército en el oeste bonaerense está caratulada como “privación ilegítimia de la libertad”. Durante su cautiverio, en mayo de 1977, dio a luz a una niña, quien recuperó su identidad, Bárbara García Recchia, el 12 de febrero de 2009.
Juliana Inés García Recchia, la hija mayor de la pareja, fue una de las primeras en declarar ayer y relató los recuerdos de aquel 12 de enero de 1977, cuando secuestraron a sus padres. “Viví con ellos 3 años y 13 días. Los hechos traumáticos no se olvidan y éstos los tengo grabados a fuego junto con sus abrazos, que me acompañan, porque es lo que me queda de ellos”, lamentó.
Luego repasó el operativo de aquel día en su casa de Villa Adelina, realizado por efectivos del Ejército vestidos de civil, reafirmando los testimonios que los jueces Barral, Fossati y Culotta obviaron en su fallo de 2011, que permitió la fuga de Alfonso. “Que tenga la valentía de contar la verdad y diga qué hicieron”, le pidió Juliana al exsecretario general del Ejército.
En 2011, Abuelas había solicitado el juicio político de los camaristas por “garantizar la impunidad” de Alfonso, pero tres años después, vencido el plazo para impulsar la acusación, el Consejo de la Magistratura desestimó la denuncia.