Parar para seguir
Justicia ordenó preservar La Tablada.
AZUL CORDO
La medida implica que el Inisa no podrá construir la megacárcel que preveía levantar en el predio donde funcionó La Tablada Nacional hasta que no finalicen las investigaciones por desapariciones forzadas ocurridas en ese lugar.
El 18 de octubre el juez letrado suplente Hugo Fabián Rundie Mintegui decretó una medida cautelar de no innovar sobre todo el predio ubicado en Camino Melilla, donde funcionó La Tablada Nacional como espacio represivo (entre 1977 y 1983, aunque fue expropiado por el Ejército en 1975).
La decisión judicial se consideró necesaria para investigar la desaparición forzada de Miguel Ángel Mato, ocurrida en 1982, cuando La Tablada funcionaba como centro clandestino de detención y base del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (Ocoa).
En los próximos días la justicia comunicará esta decisión al Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) y al Ministerio del Interior, ya que el primero, a cargo del sistema de reclusión para adolescentes en conflicto con la ley, planeaba construir e inaugurar a fines de 2018 al menos siete edificios que constituían un megaproyecto de encierro para trasladar a los 200 adolescentes que se encuentran recluidos en la Colonia Berro.1
El Observatorio Luz Ibarburu (Oli), en representación legal de la familia Mato, había solicitado el pasado 28 de setiembre la medida de no innovar en el predio, tras conocer los anuncios del Inisa sobre la inminente nueva cárcel. La justicia dio curso a este pedido, que regirá hasta que se dé por finalizada la investigación en la citada causa.
El recurso de no innovar permite no alterar y preservar la escena donde pudo haber ocurrido la desaparición forzada, teniendo en cuenta testimonios de ex soldados y vecinos que declararon haber visto el traslado de cuerpos desde el edificio hacia el arroyo Pantanoso, o ser tirados a “un pozo”, como parte de enterramientos clandestinos efectuados durante la dictadura. De las 240 personas que pasaron por allí, diez continúan desaparecidas.
A partir de estas informaciones y otras pistas, el equipo de antropología forense deberá avanzar sobre el terreno que abarca un total de 82 hectáreas, incluyendo el casco histórico (donde ya se hicieron excavaciones en 2013 y 2014), corrales, galpones y el parque que rodea el edificio construido en la segunda mitad del siglo XIX.
La decisión judicial da apenas un hálito de esperanza para avanzar, ya que en el marco de los cambios que supone la implementación del nuevo Código del Proceso Penal, el Juzgado Penal de 23º Turno, a cargo de este expediente, pasará a ser el Juzgado de 28º Turno. Es la segunda vez que la causa cambia de magistrado (antes era el Juzgado de 8º Turno), y el nuevo juez todavía no fue designado.
Por otro lado, la preservación del lugar a través de la medida cautelar es “un imperativo de cumplimiento de los estándares internacionales aceptados con relación a estos sitios, para mantener la memoria de las conductas cometidas por un Estado terrorista”, dijeron a Brecha desde el Oli, donde también destacaron que la resolución judicial se tomó como parte del cumplimiento que el Estado uruguayo debe hacer de la sentencia “Gelman versus Uruguay”, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que se le impuso a nuestro país adoptar las medidas necesarias para localizar los restos de los detenidos desaparecidos y entregarlos a los familiares.
El predio de La Tablada es patrimonio nacional desde 1975, y el edificio, espacio represivo por antonomasia, constituye un sitio de memoria que podría ser declarado como tal cuando el Parlamento apruebe la ley en cuestión que actualmente se debate en comisión.
1. Véase “Déjà vu”, en Brecha, 22-IX-17.