Piezas de canje
Derechos humanos: el gobierno en el brete.
Samuel Blixen
10/11/2017
El gobierno está jaqueado entre las críticas a su política de derechos humanos y las arremetidas militares por el déficit de la Caja Militar.
En la noche del domingo 15 de octubre uno de los centinelas de guardia en las instalaciones del Batallón 13 de Infantería, en Avenida de las Instrucciones, detectó a tres personas que habían ingresado al cuartel y que estaban operando un dron que sobrevolaba, a baja altura y muy lentamente, diversos sectores del predio donde, casualmente, se retomaron las tareas de excavación en busca de enterramientos de prisioneros desaparecidos durante la dictadura. El centinela no atinó a disparar contra el dron, que voló la zona por espacio de 20 minutos, ni a detener a los intrusos.
Esa fue al menos la versión que el coronel Juan Santurio aportó al Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia (Gtvj), que impulsa las excavaciones, siguiendo un criterio de coordinación que requiere la comunicación de cualquier novedad. El Batallón número 13 de Infantería (hoy Servicio de Transporte del Ejército), donde fueron ubicados los restos de Fernando Miranda, se sospecha que oculta enterramientos de algunos de los desaparecidos del centro clandestino de reclusión 300 Carlos.
Hace más de un año, otro episodio de características anormales y nunca aclarado –la aparición de una carcasa de granada en la zona de trabajo– impuso la suspensión de las tareas de búsqueda de enterramientos, en la eventualidad de que el campo estuviera “minado”.
Pero el episodio del dron –para el caso de que fuera un “operativo” similar al de la granada– tuvo otra derivación: las autoridades del Gtvj instaron a los mandos del batallón a que realizaran la correspondiente denuncia, para determinar cómo fue posible el ingreso de desconocidos y cómo se explica que no fueran detenidos el dron ni sus operadores. Oficiales del Ejército consultados coincidieron en que “si hay un dron espiando en mi cuartel, lo bajo”. El Gtvj emitió un comunicado en el que califica de acto “intimidatorio y de provocación” el ingreso de las tres personas, episodio que “enrarece el clima de trabajo y pretende generar temor a los equipos actuantes”.
PERFIL BAJO. Las excavaciones, retomadas tras un análisis más fino de los datos y testimonios sobre posibles ubicaciones de tumbas clandestinas, siguieron con el cronograma definido. Si el episodio del dron fue otro intento para que se suspendieran las tareas, el objetivo fracasó. Pero es un elemento que opera en un marco de especial tensión entre el gobierno y los militares, donde la cuestión de los derechos humanos es otra pieza de canje.
De un tiempo a esta parte el lenguaje militar respecto del gobierno y de las autoridades ha ingresado en el destrato y el insulto. Todo es pretexto para la agresión: “A partir de ahora deberíamos decir ‘dentro de la ley todo, fuera de la ley, por decreto’”, dice un comunicado del Centro Militar parafraseando al presidente Vázquez, a raíz de una compra de munición para el Ministerio del Interior que no tuvo en cuenta la opinión del Servicio de Materiales y Armamento del Ejército.
El debate sobre el déficit de la Caja Militar también enciende el enojo de los generales, que consideran que sus cifras sobre los montos de las jubilaciones militares son las únicas auténticas. Ese criterio le dio derecho al comandante del Ejército, Hugo Manini Ríos, y al general Nelson Pintos, a insultar al subsecretario de Economía, Pablo Ferreri.
El incidente, especialmente grave, ocurrió hace exactamente un año, en noviembre de 2016, en el despacho del ministro de Defensa Nacional, al que concurrieron, además del ministro Jorge Menéndez, el comandante Manini Ríos, el comandante de la Fuerza Aérea, Alberto Zanelli, el almirante Daniel Núñez, comandante de la Armada, y el general Pintos, por entonces jefe del Estado Mayor de la Defensa. El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, y el subsecretario Ferreri asistían como miembros del gobierno.
Era la segunda reunión para analizar el déficit de la Caja Militar; la primera había ocurrido una semana antes, y registró discrepancias sobre las cifras. Entre una y otra reunión Ferreri concedió una entrevista a Desayunos informales, de Canal 12, en la que reiteró la información contable que maneja el gobierno. A modo de saludo, el general Manini le dijo a Ferreri: “Usted es un mentiroso”. Y el general Pintos le dijo: “Te lo expliqué la semana pasada. No podés ser tan hijo de puta”. Ante la sorpresa de los civiles, sólo Murro atinó a intervenir para bajar la pelota al piso.
El episodio se mantuvo en estricto secreto, aparentemente no se tomaron medidas disciplinarias (el ministro Menéndez, que dice no haber oído los insultos, ha ordenado estudiar el caso), y no habría tomado estado público si el general Pintos, recientemente retirado, no hubiera acudido a El Observador para exponer el entredicho. Nadie desmintió la versión del general Pintos, un oficial que en 2016 fue indagado por la justicia en un caso de tráfico de influencias en un trámite de importación de armas, y que tuvo por lo menos dos entredichos con el actual ministro: uno, cuando fue desautorizado ante un grupo de senadores porque había afirmado que hacía 45 años que no se invertía en equipos para las Fuerzas Armadas; y otro, cuando fue sancionado por una afirmación en un informe: “los congoleses están para la guerra y para satisfacer a sus mujeres”.
El bajo perfil que el gobierno exhibe frente a estos exabruptos (y de ahí la ostensible intención del general Pintos, a pesar de estar impedido de incursionar en aspectos políticos) como en materia de derechos humanos, revela la delicada situación de una estrategia que evita, en cualquier tema, la confrontación con los militares, lo que inevitablemente los envalentona, debilitando la posición del ministro. Algunas decisiones, como el anuncio de que se instalarán tribunales de honor para los oficiales condenados por delitos de lesa humanidad, tratan de recuperar posiciones y, en todo caso, aparecen como respuestas a los operativos de inteligencia, como el episodio del dron.
A FAVOR DE LA IMPUNIDAD. En este contexto no es casualidad el fallo de la Suprema Corte de Justicia (Scj) que, en votación dividida, declaró la inconstitucionalidad de los artículos de la ley que había establecido la imprescriptibilidad para los delitos de terrorismo de Estado, impulsando una nueva marcha atrás que beneficia a la impunidad. Es todo un símbolo, también, que el fallo beneficie en primer lugar al coronel José Gavazzo, procesado por la comisión de 28 homicidios.
El rechazo que provocó el fallo en diversos ámbitos, políticos y de derechos humanos, fue más allá del hecho puntual de la imprescriptibilidad, cuyo efecto sobre las causas judiciales fue señalado por organizaciones como Madres y Familiares de Detenidos Desaparecios, Ielsur, el Observatorio Luz Ibarburu y Amnistía Internacional; es un cuestionamiento de índole más general que responsabiliza directamente al gobierno.
Así, en una entrevista concedida a La Diaria, el director de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Wilder Tayler, señaló: “El hecho de que la mayoría de la Scj haya optado por la interpretación más conservadora, más regresiva, que menos tiene en cuenta el derecho internacional de los derechos humanos, que se olvida de las normas que habilitaría la otra alternativa, todo eso (fue) para beneficiar a los perpetradores y no pensar en la víctima. Esa es una opción política”. Según Tayler, el encare de la violación a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado requiere coraje y compromiso, “y no me queda claro que la clase política esté dispuesta en este momento a proveer ese liderazgo”.
La senadora Constanza Moreira, por su parte, denunció la “complicidad de algunas instituciones importantes en Uruguay con las violaciones a los derechos humanos”. Y esa complicidad “dice mucho sobre nuestra clase política, y sobre la forma en que construimos nación sobre la base del ocultamiento, del silencio, de la negación de la realidad”. La senadora calificó a la Scj como un sistema de elite y, además, endogámico, “un brazo político del Estado que no tiene control externo”. Cuestionó la actitud de los gobiernos frenteamplistas que, a pesar de tener mayorías parlamentarias, no las hicieron valer cuando hubo que resolver la designación de los miembros de la Scj, permitiendo que se impusieran, en la negociación por la obtención de mayorías especiales, los criterios de los partidos de la oposición, “que no han tenido compromiso con la causa de los derechos humanos y han sido predicadores incansables del derecho al olvido”.
Jaqueado desde distintos frentes, el gobierno parece necesitado de un éxito en materia de derechos humanos, particularmente en la búsqueda de desaparecidos, para acallar críticas y para poner una baza en la pulseada sobre la Caja Militar.