Justicia y Reparación: tareas estatales para el 2018
Opinando N° 15 – Año 6 – Miércoles 27 de diciembre de 2017
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra´ad Al Hussein, luego de su visita de dos días a nuestro país, a fines del mes de octubre, fue muy claro y explícito.
Sin dejar de reconocer lo mucho que se ha avanzado, opinión que compartimos, el Alto Comisionado señaló tres aspectos preocupantes que merecen un enfoque especial por parte del Estado uruguayo: la situación de las cárceles, con énfasis en los menores infractores, la violencia de género hacia las mujeres y la impunidad hacia las graves violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado, sin olvidar las notorias carencias de las políticas de reparación a las víctimas que se han llevado a cabo.
El Poder Judicial: la SCJ escandaliza a la justicia
En la actualidad, la impunidad en nuestro país tiene nombre y apellido. Se llama Poder Judicial. Es uno de los pilares básicos y esenciales de nuestra institucionalidad democrática y republicana asentada en tres pilares independientes: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Judicial.
De acuerdo a las normas constitucionales vigentes, el Poder Judicial tiene el monopolio exclusivo de investigar las acciones delictivas y de enjuiciar a los responsables de ellas para castigarlos. Es el único órgano del Estado que, con el auxilio de la Policía, puede detener ciudadanos, indagarlos, interrogarlos, tomarles declaraciones, someterlos a careos y, con todas las garantías del debido proceso, privarlos de su libertad, de acuerdo a la gravedad del delito y de acuerdo a lo que establece el Código Penal.
Luego de la sanción encubierta a la Dra. Mariana Mota, por parte de la SCJ en febrero de 2013, pocos jueces han manifestado un auténtico y democrático entusiasmo por llevar adelante y tramitar las causas que se han presentado. La “muralla”, a la cual se refirió en su momento el Presidente del cuerpo Dr. Jorge Ruibal Pino, sigue siendo un obstáculo insalvable.
Las amenazas proferidas por el Comando Barneix, otras acciones de amedrantamiento no esclarecidas, siguen operando subrepticiamente desde las sombras e impactando negativamente en la voluntad de enjuiciar. Como resultado de un conjunto de factores, el terrorismo de Estado fue un proyecto de país global al servicio de los poderosos, de este clima insólito, el único militar que en instancias judiciales aceptó y reconoció haber torturado, el fallecido Capitán ® Asencio Lucero, fue simplemente procesado por “privación de libertad”.
Criminales como Gavazzo, Ramas y Gilberto Vázquez siguen disfrutando, ilegítimamente, de cómodas y resplandecientes prisiones domiciliarias, con todas las comodidades y beneficios de “la familia militar” en situación de retiro.
Un proyecto de país más democrático
Los ex presos políticos agrupados en Crysol, hemos asumido el compromiso de bregar porque Nunca Más haya terrorismo de Estado. No nos jubilamos de la vida. Seguimos siendo luchadores sociales y políticos, seguimos creyendo en la movilización, en la militancia, en la participación. La impunidad es un riesgo para la democracia: alienta la repetición.
En esa perspectiva, con ese horizonte, el enjuiciamiento de los autores y responsables de las graves violaciones es un elemento decisivo y fundamental, incluso para llegar a la verdad con lo ocurrido con los detenidos desaparecidos.
El Poder Judicial tiene que cumplir con su cometido institucional. La lucha por la institucionalidad formal, por las libertades formales, por afirmar y profundizar la institucionalidad democrática, es el único camino para avanzar hacia otros horizontes superadores del capitalismo, convocando a la más amplia participación popular y ciudadana.
Hasta ahora, sólo un pequeño puñado de criminales ha podido ser enjuiciado. Centenares de causas están paralizadas y el máximo órgano de ese poder, presidido por el Dr. Jorge Chediak, con el concurso de la Dra. Elena Martínez y del Dr. Eduardo Turell, sigue negando la aplicación de las normas de DDHH internacionales, el ius cogens, el “derecho de gentes”.
Si fuera por ellos, por los criterios que aplica esta mayoría de los integrantes de la SCJ, los criminales de Nuremberg, en caso de vivir, estarían todos en libertad o con prisión domiciliaria. Expone al país a ser nuevamente condenado: han optado por favorecer a los victimarios en desmedro de las víctimas. Una decisión claramente política.
La designación del Fiscal Especializado en DDHH a la mayor brevedad, se menciona al respecto como una posibilidad la designación del Dr. Ricardo Perciballe, quién tiene amplio consenso entre algunas de las organizaciones que abordan la temática, será una contribución importante para impulsar el trámite de las causas, para dinamizarlas y enfrentar a la nueva “muralla” silenciosa.
El Poder Ejecutivo debe enviar una nueva ley de reparación
Falta verdad, falta justicia y falta avanzar, también, en materia de reparación a las víctimas del terrorismo de Estado. En abril de este año, el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia que lidera el Dr. Felipe Michelini presentó al Presidente de la República un informe sugiriendo el envío de un nuevo proyecto de ley de reparación.
En la actualidad, de acuerdo a trascendidos, dicho informe está a estudio de todos los ministros para ser discutido próximamente en un Consejo. Habría que apurar el tranco. Exaspera la lentitud para tratar estos temas, teniendo en cuenta que llevamos ya 32 años de retorno a la institucionalidad democrática.
Además, hace ya cinco años que la Institución Nacional de DDHH recomendó al Poder Ejecutivo modificar las leyes reparatorias para incluir a todas las víctimas, sin exclusiones, sin discriminaciones y sin obligarlas a renunciar a otros legítimos derechos como las jubilaciones y pensiones.
Los beneficiarios de la ley sufren, desde abril del año 2007, los nefastos perjuicios del Decreto 106/2007, impulsado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) de la época. Además, se sigue negando el derecho a la libre opción en salud, en el marco del Sistema Nacional integrado de Salud (SNIS) por la vigencia del Decreto 297/2010.
Con la responsabilidad con que siempre ha actuado, Crysol presentó al Presidente de la República un proyecto de ley al respecto hace ya dos años. La propuesta reformula las leyes ya aprobadas y vigentes pero recogiendo las recomendaciones realizadas por la INDDHH y el Relator Especial de la ONU Pablo de Greiff. El grueso del trabajo ya está realizado. Es hora de concretar. En el 2018 debería ser una prioridad del Poder Ejecutivo y del partido de gobierno hacer justicia con este grupo social de edad avanzada. Los derechos de miles de víctimas del terrorismo de Estado siguen sin implementarse.
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