Tarda, pero ¿llega?
Sin novedades del proceso de extradición de Eduardo Ferro.
SAMUEL BLIXEN
Hace tres meses que el gobierno español de Mariano Rajoy confirmó el proceso de extradición del coronel Eduardo Ferro, acusado de participar en el secuestro y desaparición del militante comunista Oscar Tassino, pero hasta ahora no se conoce ningún detalle sobre el trámite.
El coronel Eduardo Ferro siempre tuvo suerte con la justicia. En su caso, hasta ahora, tardó y nunca llegó. La primera denuncia vinculada a delitos de lesa humanidad está referida a su participación en el secuestro, tortura y desaparición del dirigente comunista Fernando Miranda, en noviembre de 1975, al comienzo de la llamada Operación Morgan con la que las fuerzas conjuntas inauguraron el “300 Carlos”, o “Infierno chico” en los predios del Batallón 13 de Infantería.
Un año después, en diciembre de 1976, Ferro era parte de los oficiales del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (Ocoa) que recibieron en Uruguay a la argentina María Claudia García de Gelman y muy poco después perpetraron su desaparición y el robo de su bebé recién nacido.
Operando como miembro de la Compañía de Contrainformación, Ferro fue identificado, junto con el capitán Carlos Calcagno, como parte del equipo de oficiales uruguayos que en abril de 1977 interrogó a Andrés Bellizzi y a Jorge Gonçálvez en el centro clandestino de detención Club Atlético, en Argentina, donde fueron vistos por última vez. En julio de ese mismo año Ferro participaba de la detención del militante comunista Oscar Tassino, quien habría muerto a consecuencia de las torturas en el centro clandestino de detención La Tablada.
Después de este secuestro y de-saparición, Ferro fue designado jefe de operación de la Compañía de Contrainformación, pero en noviembre de 1978 dirigió el mayor fracaso con repercusión internacional de una operación Cóndor uruguaya, que pretendía repetir la práctica del traslado de prisioneros capturados en el exterior. Comandó en Porto Alegre el secuestro de los militantes del Pvp Universindo Rodríguez y Lilián Celiberti, y sus dos hijos, Camilo y Francesca. Una llamada anónima alertó a un periodista y un fotógrafo de la revista Veja, que irrumpieron en el apartamento de los dos uruguayos, ya ocupado por los comandos del Cóndor. Aunque Lilián y Universindo fueron trasladados ilegalmente a Uruguay, las denuncias periodísticas impidieron que los prisioneros fueran finalmente asesinados y desaparecidos en Uruguay, como venía ocurriendo con decenas de otras víctimas desde 1976.
Al retorno de la democracia Ferro continuó ocupando cargos jerárquicos en la estructura de la inteligencia militar: entre 1988 y 1992 fue jefe del Departamento III de la Dirección General de Información de Defensa, centro vital de las operaciones de espionaje militar contra personalidades, partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales, especialmente en el período que concentró el proceso de junta de firmas para el referéndum sobre la ley de caducidad. Pese a su protagonismo en ese espionaje que pretendió obstaculizar la consulta popular, el coronel Ferro no fue invitado a dar explicaciones, cuando a finales de 2016 se revelaron los contenidos de los documentos oficiales de inteligencia sobre el espionaje. Esa misma suerte de inmunidad es la que explica por qué Ferro nunca fue convocado a los juzgados penales, siendo que su nombre estaba mencionado en por lo menos cuatro expedientes sobre desapariciones forzadas.
Sin embargo, en octubre de 2016, casi cuarenta años después de la de-saparición de Tassino, la jueza Dolores Sánchez, que heredó en Penal 10° la causa del militante comunista, decidió convocar a Ferro a su despacho para un interrogatorio. En octubre de 2016 su abogado defensor interpuso un recurso de prescripción de la pena. El 3 de marzo de 2017 debía realizarse la audiencia, pero Ferro no se presentó. La jueza solicitó a Interpol un pedido internacional de captura.
Se presume que Ferro huyó del país en noviembre de 2016, aprovechando el paréntesis que le otorgó el recurso presentado por su abogado. Recién en setiembre de 2017 Ferro fue localizado por Interpol en un hotel de Madrid y quedó automáticamente en prisión administrativa.
Un mes después, en octubre de 2017, el gobierno de Mariano Rajoy aprobó la continuación del proceso de extradición, que supone el análisis de la documentación aportada por Uruguay. Desde entonces no se tiene una sola noticia del trámite que está realizando el ministerio de Relaciones Exteriores aportando la documentación de la justicia uruguaya para que la justicia española resuelva si hay mérito para la entrega de Ferro. Fuentes del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas confirmaron que el coronel percibe sus haberes jubilatorios, porque “todavía no hay una resolución judicial uruguaya”; no explicaron si el haber ignorado la orden judicial y concretar su fuga es causal o no de la retención parcial de sus haberes.