Bachelet envió al Senado un proyecto de ley que prohíbe el indulto presidencial para condenados por delitos de lesa humanidad
19 • ene. • 2018
A dos meses de abandonar el cargo, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, envió al Senado un proyecto de ley que busca eliminar el indulto presidencial para condenados por violaciones a los derechos humanos. La iniciativa, que deja en manos de los tribunales la concesión de beneficios a los presos que tengan enfermedades terminales, fue ingresada “sin urgencia”, por lo que se espera que sea analizada en el próximo gobierno.
En la recta final de su mandato, y a pocos meses de que asuma la presidencia el derechista Sebastián Piñera, Bachelet sigue presentando iniciativas vinculadas al respeto de los derechos humanos. El miércoles, la mandataria ingresó al Senado un proyecto de ley que busca eliminar el indulto a “personas condenadas por crímenes o simples delitos de lesa humanidad, de genocidio o de guerra”, según se lee en el texto, al que pudo acceder el diario El Mercurio.
En líneas generales, la iniciativa establece que los presos que soliciten “permisos de salida, libertad vigilada y rebaja de condena” deberán cumplir con dos requisitos específicos: “aportar antecedentes serios y efectivos de los que tengan conocimiento en causas criminales por delitos de la misma naturaleza” y “demostrar arrepentimiento”. Esto último “como una forma de seguir avanzando en la creación de las condiciones indispensables para alcanzar la verdad, una efectiva paz y reconciliación nacional”, señala el documento.
De aprobarse la norma, ya no será el presidente quien firme una petición de indulto de un preso por delitos de lesa humanidad, sino que la decisión la tomarán los tribunales, según explicó el senador Pedro Araya, integrante de la comisión de Constitución del Senado.Esos tribunales podrán “disponer el reemplazo de la pena privativa de libertad por la de arresto domiciliario”, mediante una “resolución fundada” y después de comprobar que el condenado está en un “estado de salud terminal”. Para Araya, esta manera de proceder “tiene un claro fundamento humanitario”.
En el documento, el gobierno defiende la necesidad de que se apruebe el proyecto porque la actual normativa chilena no contempla “reglas específicas que regulen la ejecución de la pena de los condenados y las condenadas afectados por una enfermedad terminal, que guarde coherencia con los fines de la misma y que permita el cumplimiento de los marcos de respeto a la dignidad humana y a la sociedad en su conjunto, que todo Estado democrático debe asegurar”.
A la vez, el proyecto propone plantear la libertad condicional como un “beneficio” y no como un “derecho”, palabra que se lee en la legislación actual y que ha dado lugar a distintas interpretaciones.
Mario Carroza, juez de la Corte de Apelaciones de Santiago y designado especial para casos de violaciones a los derechos humanos, aseguró en declaraciones a El Mercurio que el proyecto “se venía gestando hace tiempo”. También opinó que es una propuesta que “genera consenso, porque se refiere a beneficios y trato a enfermos”.
Por otra parte, Araya aclaró que si bien la iniciativa tiene “un sentido más amplio”, el debate se va a centrar en las personas que cumplen penas por delitos de lesa humanidad en la prisión de Punta Peuco, que actualmente encierra a cerca de 130 represores de la dictadura de Augusto Pinochet.
El abogado Raúl Meza, que representa a un grupo de presos de Punta Peuco, dijo ayer que el proyecto de ley tiene una “intencionalidad política” y que “está inspirado en objetivos de venganza y no de justicia”. A su entender, los requisitos son “abiertamente inconstitucionales, ya que se imponen condiciones manifiestamente arbitrarias y discriminatorias a un grupo determinado de reos que cometen delitos especiales, vulnerándose la garantía constitucional de la igualdad ante la ley que está consagrada expresamente en la carta magna”. Además, para Meza, muchos de sus clientes “no cuentan con antecedentes serios y efectivos que puedan aportar en las causas criminales en las que fueron condenados, porque muchos de ellos fueron juzgados por simples presunciones fundadas, sin que existan pruebas directas de participación en los delitos que se les imputa”. Por esa misma razón, agregó, “muchos de los internos no están en condiciones de hacer una manifestación pública de arrepentimiento respecto de delitos en los cuales nunca se les acreditó participación”.
Con la mirada puesta en el futuro, el abogado dijo que los presos y sus familias confían en que en el gobierno de Piñera “se imponga una legislación equitativa y justa para los internos de Punta Peuco que tengan una condición de enfermos crónicos y terminales y se les conceda la conmutación de la pena privativa de libertad por arresto domiciliario por razones estrictamente humanitarias y no se impongan requisitos insuperables por reos que se encuentran en una condición terminal”.