En 2017 la Caja Militar costó U$S 550.000.000
Un agujero negro en el presupuesto de todos los uruguayos por los ” servicios” prestados a la patria
Los datos de la ejecución presupuestal de 2017 procesados hasta ahora por la Contaduría General de la Nación (CGN) dan una idea de cómo evolucionó el gasto público en gran parte del Estado. Esa información muestra, entre otras cosas, que las transferencias realizadas por Rentas Generales a la seguridad social superaron el equivalente a US$ 2.300 millones y que de ese monto, casi US$ 550 millones correspondieron a asistencia a la llamada “caja militar”. También que en remuneraciones se pagaron cerca de US$ 5.000 millones, y que el presupuesto educativo representó aproximadamente 4,7% del Producto Bruto Interno (PBI), analizó Búsqueda.
Por otro lado, la administración central tuvo ingresos por unos US$ 10.930 millones, el 90% de origen tributario.
A estos datos al 31 de diciembre pasado que presenta en su Boletín de Información Presupuestal luego la CGN les hace ajustes, por lo que tienen un carácter preliminar. Los números definitivos, que pueden diferir en algunos casos de los adelantados en dicho boletín, acompañarán el próximo proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al 2017.
De hecho, el gasto presupuestal total ejecutado en 2017 que surge de la información preliminar ascendió a $ 322.545 millones, lo que equivale a US$ 11.259 millones convertidos al tipo de cambio promedio del año pasado. Ese monto sugiere una caída del gasto (si se compara con lo erogado en 2016) que no es consistente con el aumento que indican las estadísticas fiscales reportadas mensualmente por el Ministerio de Economía y Finanzas. El boletín informa que los créditos totales asignados el año pasado fueron por $ 490.264 millones (unos US$ 17.000 millones), de lo cual se ejecutó 66%.
Del presupuesto ejecutado en 2017 según la CGN —los US$ 11.259 millones—, casi la mitad correspondió a gastos de funcionamiento y dentro de este rubro, las remuneraciones al personal significaron US$ 4.947 millones. A su vez, la administración central —que abarca a los tres Poderes del Estado, los organismos de contralor, ANEP, ASSE, el Instituto del Menor, la Universidad de la República, la Universidad Tecnológica, la Fiscalía de la Nación y la “Junta Anticorrupción”— invirtió el año pasado US$ 820 millones. Eso representó 7,3% del gasto total.
La administración central representa una porción importante dentro del sector público en su conjunto, cuyas cuentas vienen siendo deficitarias en el orden de los US$ 2.000 millones anuales, es decir, en torno a 3,5% del PBI. El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, estimó que al cierre de 2017 el resultado negativo será cercano a 3,3% (ver Búsqueda Nº 1.951).
Transferencias.
La contabilidad presupuestal registra como incisos independientes los intereses y otros gastos de la deuda pública, los subsidios y subvenciones, las transferencias financieras a la seguridad social, además de la categoría “diversos créditos”. La asignación prevista para estos rubros fue de unos $ 252.418 millones, pero de la información de la CGN surge que al cierre del año pasado se había ejecutado solo 45% de dicho monto.
Dentro de esos incisos, las transferencias al sistema de seguridad social fueron las más relevantes en monto: $ 66.139 millones, algo más de US$ 2.300 millones. Considerando los créditos ejecutados, la asistencia de Rentas Generales al Banco de Previsión Social ascendió el año pasado a casi US$ 1.560 millones, al tiempo que transfirió US$ 548 millones a la “caja militar”, US$ 189 millones al servicio de retiros de los policías, y unos US$ 11 millones a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias. Aunque en cifras mucho más pequeñas, también hubo asistencia a los regímenes especiales de pasividades de escribanos y también a los de los demás profesionales universitarios.
El déficit que padece el servicio de retiros del personal de las Fuerzas Armadas y las transferencias que requiere desde Rentas Generales es una preocupación para las autoridades económicas del gobierno, por su impacto fiscal. El Poder Ejecutivo envió al Parlamento dos proyectos de ley —que no logró aprobar hasta ahora—, uno para grabar transitoriamente las pasividades militares mayores a $ 50.000, y otro que introduce reformas al esquema de aportes y prestaciones de esa “caja”.
Áreas de gasto
La CGN informa también la distribución del gasto ejecutado según las 18 “áreas programáticas” en que está subdividido el Presupuesto Nacional. Es una forma de visualizar el uso de los fondos por parte de la administración central ya no desde la perspectiva de qué organismos realizaron el gasto sino en qué áreas se gastó, agrupando incisos que comparten propósitos.
El gasto en “protección y seguridad social” representó prácticamente un cuarto del total ($ 80.009 millones o US$ 2.793 millones), mientras que en educación se gastó apenas algo menos ($ 78.630 millones o US$ 2.745 millones). Como porcentaje del PBI, esas cifras rondan el 4,7% en ambos casos.
El gasto en el área “servicios públicos generales” absorbió 13,7% del total ejecutado, mientras que a salud se destinó 11,8%. En seguridad ciudadana se utilizó 7% del presupuesto global.
Por otra parte, “infraestructura, transporte y comunicaciones”, “defensa nacional” y “vivienda” ejecutaron en torno a 3% del gasto total en cada caso.
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PRIVILEGIADOS DESDE LA DICTADURA
CUENTAS PÚBLICAS
El gobierno debió inyectar US$ 550 millones a la Caja Militar
Para el Centro Militar, Mario Bergara es un “sinvergüenza”.
El gobierno destinó unos 550 millones de dólares en el 2017 para permitir el funcionamiento del Servicio de Retiros y Pensiones militares; conocido popularmente como la Caja Militar. El dato fue comentado el domingo en Piriápolis durante la reunión de la “Agrupación de Gobierno” del Frente Amplio, dijeron a El País dos fuentes oficiales.
Uno de los consultados por El País explicó que la cifra va en aumento año a año y por eso “se hace imprescindible” reestructurar la Caja Militar para frenar el déficit del sistema. De no encontrar soluciones el Poder Ejecutivo estimó que para el 2020 —año en el que ingresará un nuevo gobierno— el monto que se deberá destinar a la Caja Militar será superior a los US$ 700 millones.
Un estudio comparativo que realizó el gobierno muestra la diferencia en los montos entre la asistencia al Banco de Previsión Social (BPS), a la Caja Policial y el servicio de pasividades militares. En el caso del BPS la transferencia es de $ 50.000 por pasivo, para la Caja Policial esa asistencia es de $ 120.000 por pasivo, y en el caso de la transferencia por pasivo al Sistema de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas supera los $ 250.000.
“Una cifra insostenible mucho más en el tiempo. Por eso tenemos que actuar”, dijo a El País un jerarca de Presidencia.
Para esto, el gobierno del presidente Tabaré Vázquez ya envió un proyecto de ley al Poder Legislativo (ver nota aparte). Sin embargo, desde las organizaciones de militares retirados, e incluso desde los comandos de las Fuerzas Armadas entienden que el proyecto debería ser modificado porque recorta una larga lista de beneficios para las pasividades de los oficiales en retiro.
El presidente del Centro Militar, Carlos Silva, dijo a El País que este déficit no tiene solución, tal como está planteado el funcionamiento del sistema previsional para los militares retirados. “No tiene solución y va a seguir creciendo el déficit. Pero el del BPS es aún mucho más grande. Esto pasa en todo el sistema previsional. Así que si el gobierno quiere cortar beneficios lo tiene que hacer para todos. Si no es una vergüenza”, dijo el oficial retirado.
Silva criticó al presidente del Banco Central, Mario Bergara, quien en una entrevista con el diario La República publicada en el fin de semana dijo: “Las políticas sociales del Mides cuestan menos que la Caja Militar”.
“Lo de este muchacho Bergara es una cosa impresionante. Está mintiendo descaradamente en la cara de la gente. Es un sinvergüenza que no tiene decoro. Se valen de que la gente cada vez está más mal educada y por eso es fácil de engañarla. Pero miente y siguen mintiendo. Les hacen un verso que la gente compra por ignorante”, declaró el militar retirado.
Además dijo que siguen preparando los recursos de inconstitucionalidad para tenerlos todos prontos en el caso que el Parlamento logre los votos para sancionar los proyectos de ley. “En ese sentido no vamos a aflojar y nos vamos a mantener en guardia permanentemente”, explicó.
Silva espera que la iniciativa naufrague en el Parlamento aunque admitió que el sistema de pensiones y jubilaciones requiere una reformulación por completo, pero que tiene que ser “pareja para todos”.
Inquietud en las FF.AA. por la reforma del gobierno.
La semana pasada asumió el nuevo comandante en jefe de la Armada Nacional, Carlos Abilleira. La nueva autoridad dijo que el tema de la reforma en la Caja Militar mantiene en vilo a los oficiales en actividad y retirados. “Una legislación nueva que tiene que ver con los retiros y pensiones a todo el personal me pone inquieto. El proyecto de ley que ya está en tratamiento parlamentario cuenta con muchos elementos aportados por las Fuerzas Armadas. Hay una etapa de transición y esperamos que el tratamiento parlamentario pueda tener alguna otra consideración”, dijo a los medios de prensa.
El ministro de Defensa, Jorge Menéndez, dijo ayer a la prensa que el tema depende exclusivamente de los legisladores. El asunto fue definido como una de las prioridades por el Poder Ejecutivo en la reunión de planificación del año en Anchorena el fin de semana pasado.
Inquietud en la enseñanza, solo el 4.7 del PBI
