Dos caras de la misma moneda
Entra Etchecolatz, ¿sale Astiz?
Una de cal y otra de arena en Argentina: la justicia dio marcha atrás en su decisión de prisión domiciliara para Miguel Etchecolatz, pero ahora deberá decidir sobre la suerte de otros 100 represores presos pasibles de ser beneficiados con la prisión domiciliaria. Los nombres figuran en una lista formulada por el servicio penitenciario argentino, y entre ellos está Alfredo Astiz, uno de los represores vivo más emblemáticos de la dictadura del vecino país.
El ex comisario Miguel Etchecolatz volverá a prisión luego de las movilizaciones públicas y reclamos judiciales para que cumpla su condena por delitos de lesa humanidad. Así lo decidió la Sala Cuarta de la Cámara de Casación Penal al rechazar la decisión del Tribunal Oral Federal 6 (Tof 6), que a fines de diciembre del año pasado le otorgó la prisión domiciliaria por su edad avanzada y sus problemas de salud.
Tres días después del revés sufrido por el comisario, y a pocos días de un nuevo aniversario del golpe militar del 24 de marzo de 1976, la Superintendencia del Servicio Penitenciario Federal entregó a la justicia una lista de más de cien condenados por delitos de lesa humanidad que podrían abandonar la cárcel y continuar con una prisión alternativa, es decir domiciliaria. La encabeza Alfredo Astiz, el Ángel Rubio, tal como se lo conocía en la Esma, el centro de detención de la Armada en la capital argentina. Astiz fue quien se infiltró en el grupo inicial de Madres de Plaza de Mayo que se reunía en la iglesia de la Santa Cruz, e hizo de-saparecer a Azucena Villaflor, la referente de ese primer grupo que reclamaba por los desaparecidos. Fue condenado en ausencia por la Corte de Apelaciones de Roma por la desaparición de ciudadanos italianos en la Esma, y en 2011 y 2017, en Buenos Aires, el Tof 5 lo condenó a perpetua por secuestro, desaparición, asesinato y aplicación de tormentos también en la Esma. Junto con él podría salir con prisión domiciliaria el ex torturador de la banda de Aníbal Gordon, Horacio Martínez Ruiz, alias Pajarovich, que operaba en Automotores Orletti, por donde pasaron la mayoría de uruguayos secuestrados en Buenos Aires. Y se le suman en la salida otros 94 condenados como Jorge Acosta (Esma), Julio Simón (El Olimpo) y el sacerdote Cristian Von Wernich (capellán de la Policía Bonaerense), entre otros.
Etchecolatz y Astiz son los dos símbolos más notables de la represión clandestina que quedan aún con vida, y las medidas anunciadas por un organismo del Estado fueron consideradas una afrenta por los organismos de Derechos Humanos. El gobierno nacional, a través de su secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, tomó distancia de la decisión y consideró que “la sociedad ya decidió dónde quiere tener a esos personajes ya condenados”. En la tarde del miércoles 21, la diputada Romina Del Plá, del Frente de Izquierda y los Trabajadores (Fit) presentó un proyecto de repudio a la lista de condenados que podrían salir hacia sus casas, y resultó consensuado con todos los bloques de Diputados.
Pese a los dichos de Avruj, el presidente Mauricio Macri volvió a remover heridas y temores en vísperas del 24 de marzo: en su discurso de apertura del año parlamentario anunció su intención de construir un parque nacional y área protegida en las instalaciones de la unidad militar de Campo de Mayo que se extendería en un predio de cuatro mil hectáreas. Con rápida reacción los organismos de Derechos Humanos repudiaron el proyecto porque se trata de un territorio militar por donde pasaron más de cinco mil detenidos y nacieron hijos de muchos desaparecidos en tiempos de la dictadura. “Funcionó un hospital donde se atendieron los partos de muchísimas detenidas que estaban embarazadas y en las diferentes unidades militares se torturó y desapareció gente”, aseguraron en un comunicado conjunto los organismos. Periódicamente se realizan excavaciones en busca de cuerpos enterrados y la zona aún es investigada por la justicia con el fin de conseguir pruebas para futuros juicios. Allí fue llevado el cuerpo del líder del Ejército Revolucionario del Pueblo (Erp), Mario Roberto Santucho, después que fuera ultimado el 19 de julio de 1976 en un apartamento de la localidad de Villa Martelli, y testimonios recogidos durante los Juicios por la Verdad, señalan que en Campo de Mayo funcionó una suerte de “museo de la guerrilla” donde los altos mandos guardaban con celo el cuerpo de Santucho.
Los prolegómenos a los 42 años del golpe, cuentan además con la eliminación de las baldosas pintadas con pañuelos de las Madres de Plaza de Mayo en torno de la pirámide de la plaza donde cada jueves desde 1977 se llevan a cabo las rondas. Lo ordenó el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta con la excusa de una “modernización y puesta en valor del espacio público”.
Para el sábado 24 de marzo los organismos de Derechos Humanos convocan a una marcha unificada hacia la Plaza de Mayo bajo la consigna “30 mil detenidos desaparecidos ¡Presentes!” y será la primera vez desde la asunción de Macri que habrá una sola manifestación como forma de apuntar y concentrar los reclamos al gobierno macrista.
