En todas partes
Exiliados y familiares de presos fueron señalados, en 1981, como posibles blancos de represalias.
SAMUEL BLIXEN
El general Luis Vicente Queirolo ordenó tomar represalias con familiares de exiliados, en el marco de su enconada guerra con el general Gregorio Álvarez por el control del Ejército en vísperas de la apertura política.
Familiares de uruguayos que vivían en el exterior y que estaban requeridos por las autoridades militares fueron señalados en 1981 como posibles blancos de represalias para el caso de que se produjera un ataque a una unidad militar. A estar por los antecedentes (los fusilados de Soca, las ejecuciones en Argentina), es de suponer que la represalia incluía asesinatos y desapariciones forzadas. La orden fue emitida por el entonces comandante en jefe del ejército, general Luis Vicente Queirolo, y destinada al entonces director del Servicio de Información de Defensa (Sid), general Iván Paulós.
El Sid debía encargarse de planificar las represalias, cuya concreción recaería sobre el Departamento III (Operaciones) cuyo jefe, en aquella época, era el teniente coronel Gilberto Vázquez, hoy condenado por múltiples delitos de lesa humanidad. La orden de ejecutar represalias masivas fue emitida apenas 20 días después de que la Junta de Oficiales Generales resolviera la designación del general retirado Gregorio Álvarez como presidente de la República. Acciones drásticas contra civiles, independientemente de sus posturas o militancia política, como las ordenadas por el general Queirolo, inevitablemente complicarían el inicio del mandato de Álvarez.
UN TÉLEX CIFRADO. La búsqueda de documentos de origen militar que registren las acciones y operativos contra personas y organizaciones políticas y sociales durante la dictadura ha sido hasta ahora infructuosa. Las colecciones de documentos incautados carecen de dichos registros, salvo algunas excepciones muy puntuales. Una de esas excepciones es un télex recibido a las 20 horas del 2 de junio de 1981 en la Mesa de Radio del Sid y dirigido al director, el general Paulós. El télex, “multicifrado número 15187/B”, fue emitido en la Mesa de Radio del Comando General del Ejército y trasmitido por los operadores soldado Ramírez y cabo Bica.
El texto establecía: “Información recibida día fecha del exterior comunica inminente atentado contra Eie (Escuela de Inteligencia del Ejército) caso de existir reacción se tomarán represalias con familiares en interior y exterior del país. Firmado: Cte J E (comandante en jefe del Ejército)” (véase documento).
Según dicha información, el atentado sería contra el edificio del antiguo Centro General de Instrucción de Oficiales de Reserva (Cgior), donde funcionaba la Escuela de Inteligencia del Ejército. En junio de 1981, el director de la Eie era el coronel Alberto Mira, a su vez jefe de la Compañía de Contrainformación del Ejército.
El edificio de la calle Dante fue, a comienzos de los años ochenta, un centro clandestino de detención y torturas. Antes de la dictadura también había sido utilizado como lugar de reclusión de ciudadanos detenidos bajo el régimen de medidas prontas de seguridad. Y en 2007, la entonces ministra de Defensa Nacional, Azucena Berrutti, incautó, en las oficinas de la Escuela de Inteligencia, el armario con más de 1.200 rollos de microfilmaciones.
Su condición de centro clandestino fue confirmada en mayo de 2017 por el juez José María Gómez, cuando ordenó el procesamiento del coronel retirado Rodolfo Gregorio Álvarez Nieto, sobrino del ex dictador. El coronel Álvarez fue responsable de las torturas a que fue sometido el dirigente del Sunca Gerardo Riet, un militante del Pvp detenido en 1980 e interrogado y torturado en el ex Cgior antes de ser trasladado a otro centro clandestino en La Tablada.
El edificio de la calle Dante también albergaba a la Compañía de Contrainformaciones del Ejército, que dependía directamente del E 2 (Inteligencia) del Estado Mayor del Ejército. Comandada por el mayor Arturo C Aguirre, la compañía recluía en 1981 a varios detenidos, en especial del Partido Comunista (un militante de la construcción, de apellido Araújo, Manuel Pérez, también del PC, y un químico).
En un régimen especial permanecieron en la compañía, en aquellas fechas, dos prisioneros comunistas que habían colaborado en el Fusna (fusileros navales) en la llamada “computadora” (estructura de presos y de oficiales que analizaban las declaraciones de los detenidos y elaboraban informes sobre grupos políticos) y que habían sido liberados con la encomienda de organizar estructuras sindicales favorables al régimen.
EL LARGO BRAZO DE LA REPRESIÓN. Es necesario consignar que nunca se produjo, en 1981 ni en los años siguientes, un atentado contra la Eie. Ninguno de los militantes exiliados que permanecieron en el exterior, consultados para este informe, recordó alguna noticia sobre un supuesto plan de atentado a la Eie. Hasta el momento no se hallaron otras referencias sobre la orden dictada por el comandante Queirolo.
El documento, no obstante, sugiere que la información fue obtenida en el exterior, por algún infiltrado entre los numerosos grupos de exiliados que en aquel entonces vivían en Europa y en América, especialmente en México, Colombia, Brasil y Argentina. Por la forma en que la inteligencia militar registraba los resultados de los interrogatorios, parece sensato descartar que la información del atentado haya sido proporcionada por algún detenido en Uruguay.
Asimismo, la consigna de aplicar represalias a familiares “en el exterior y en el país” hace suponer que los organismos represivos de la dictadura tenían capacidad de operar en Europa y en países americanos, más allá de Argentina, Brasil y Paraguay, donde la participación uruguaya en el Cóndor fue intensa. En Brasil, la Compañía de Contrainformaciones realizó un operativo comando en Porto Alegre contra militantes del Pvp, y el Sid mantuvo durante años vigilancia de personas vinculadas al Partido Nacional. En Argentina, el Sid mantuvo estructuras logísticas permanentes (casas, vehículos, centros de interrogatorios), así como oficiales que permanecían por meses operando en distintas ciudades. En Paraguay, la detención de dos exiliados uruguayos (Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana, Pvp) a comienzos de 1977 reveló la permanencia en Asunción de un oficial de Contrainformaciones (el entonces coronel Carlos Calcagno, procesado en 2010 por la desaparición forzada de ambos militantes) como parte de la estructura del Cóndor; entre sus potestades, además de la coordinación, estaban las de interrogar y torturar a detenidos.
La estrecha colaboración entre los aparatos de inteligencia de Argentina y Uruguay, consolidada a partir del golpe de Estado de 1976, se estrechó más aun cuando en 1977 las detenciones y extradiciones clandestinas se multiplicaron en ambos sentidos, interviniendo no sólo los ejércitos, sino también los organismos navales. Diversas referencias señalan que los represores uruguayos que pretendían mantener una vigilancia sobre los grupos de exiliados en diversas capitales europeas se apoyaron en el “Centro Piloto” que a fines de 1977 instaló la Armada argentina en París, para la vigilancia y persecución de militantes montoneros.
No es descabellado suponer que en 1981 la inteligencia uruguaya tuviera un relevamiento de exiliados uruguayos en Europa, y de sus familiares. En ese trabajo de relevamiento también colaboraban funcionarios diplomáticos de las embajadas uruguayas, según se desprende de los informes que habitualmente llegaban al Departamento II (Exterior) del Sid y al E II (Inteligencia del Estado Mayor), del que dependían todos los agregados militares de las embajadas uruguayas.
El interés de la inteligencia militar por los militantes de los diferentes grupos políticos que habían logrado eludir la cacería masiva y que permanecían libres en el exterior quedó confirmado por los extensos interrogatorios sobre el tema a que fueron sometidos algunos de los nueve rehenes varones del Mln y algunas de las 11 rehenes mujeres. En total llegó a haber 20 prisioneros rehenes de los militares, cuya vida dependía de que no se produjeran acciones guerrilleras o atentados en el país.
En esos interrogatorios, comandados por el general Alfonso Feola y el general Gregorio Álvarez, se pretendía elaborar un “perfil” de los principales exiliados tupamaros que mantenían en el exterior la pretensión de retornar al país para enfrentar a la dictadura. Un documento firmado por Álvarez, como jefe de la región de Ejército 4, y que fuera “filtrado” por fuentes militares, detalla los interrogatorios a Eleuterio Fernández Huidobro. El general Feola, por su parte, comandó un interrogatorio a Raúl Sendic, que se prolongó por cinco horas.
QUEIROLO, EL TENIENTE DE ARTIGAS. El general Luis Vicente Queirolo era agregado militar en Washington cuando el flamante gobierno de James Carter confirmó, en marzo de 1977, la suspensión de la ayuda militar a Uruguay por las graves violaciones a los derechos humanos; la protección enmienda parlamentaria había sido impulsada por el congresista Edward Koch. La dictadura atribuía dicha iniciativa a la campaña de denuncias que formulaban permanentemente Wilson Ferreira Aldunate y su hijo Juan Raúl. Este último reveló que, por esas fechas, el Fbi lo entrevistó para informarle que iba a estar bajo protección. Lo mismo fue informado por Scotland Yard a Wilson Ferreira, que permanecía en su apartamento de Londres. Documentos desclasificados del Departamento de Estado (la cancillería de Estados Unidos) confirman que Wilson Ferreira “llegó a estar en la mirilla de un francotirador”. Juan Raúl Ferreira contó en Radio Uruguay que no le dieron ninguna explicación ni detalles, cuando el Fbi le informó que se desactivaba.
Muy poco antes el Sid (con la aprobación de la Junta de Comandantes) había dado luz verde a un proyecto de asesinato del congresista Koch. A tales efectos se había decidido que José Gavazzo y José A Fons, ambos oficiales del Sid, fueran designados como agregados militares en Washington, uno en la embajada y otro en la Junta Interamericana de Defensa. Las denuncias ante la Cia y el Fbi formuladas por Patricia Derian, funcionaria designada por Carter para asuntos de derechos humanos de su gobierno, impidió que el Departamento de Estado aprobara el estatus diplomático para Gavazzo y Fons. Antes de que terminara el año 1977, el general Queirolo debió retornar a Montevideo porque fue declarado persona no grata.
Mano derecha del general Esteban Cristi, fundador de la logia Tenientes de Artigas, Queirolo participó activamente en los prolegómenos del golpe de Estado, en febrero de 1973, y fue uno de los impulsores de los famosos comunicados 4 y 7 que, en su opinión, fueron una maniobra para que sectores de la izquierda “tragaran el anzuelo” sobre una supuesta orientación “peruanista” en los mandos (véase entrevista en Estado de guerra, de Alfonso Lessa). Cuando el Ejército se zambulló de lleno en la represión, Queirolo fue jefe del Ocoa como coronel, pasó a ser segundo jefe de la Región Militar número 1, y después suplantó a Ramón Trabal en la dirección del Sid; siguió en la inteligencia cuando fue ascendido a general.
En el segundo semestre de 1974 la inteligencia militar se centró en Argentina, en la represión de los grupos del Mln que participaban, junto con el Mir chileno y el Erp argentino, en la Junta Coordinadora Revolucionaria. Hubo numerosas detenciones, muertes y desapariciones, y cinco militantes tupamaros, más un exiliado de filiación blanca, fueron trasladados clandestinamente a Montevideo en noviembre de ese año.
María de los Ángeles Corbo, Héctor Brum, Graciela Estefanell, Mirtha Hernández, Floreal García y Julio Abreu fueron torturados en la casa de Punta Gorda (el “infierno chico”) hasta el 20 de diciembre, fecha en que los cuerpos de los cinco primeros aparecieron, acribillados a balazos, en la banquina de la ruta 70, en el cruce con la ruta 9, cerca de la localidad de Soca. El brutal asesinato fue una represalia por la muerte, en París, del coronel Trabal, ocurrido el 19 de diciembre, y se presume que dicha represalia fue también una advertencia para los grupos que operaban en Argentina. El general Queirolo era en esas fechas jefe del Estado Mayor del Ejército.
Otra represalia se registró en 1976 en Buenos Aires: en Automotores Orletti, base de operaciones del plan Cóndor, permanecían secuestrados, junto con otros refugiados uruguayos, los dirigentes sindicales León Duarte y Gerardo Gatti (Pvp). Los mayores Gavazzo y Cordero pretendieron canjear por dinero a los sindicalistas, impulsando gestiones ante organizaciones sindicales europeas. El fracaso del chantaje terminó con la desaparición de ambos prisioneros.
Queirolo heredó el encono que el general Cristi profesaba por el general Álvarez, quien en 1976 fue el principal oponente a la propuesta de Juan María Bordaberry de establecer un sistema fascista de organización. Cristi y Queirolo apoyaban la idea de suprimir definitivamente los partidos políticos. En ese contexto se produjeron los asesinatos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo, William Whitelaw y Manuel Liberoff. En 1976 Queirolo, como jefe del Estado Mayor, estaba a cargo del E 2 (Inteligencia).
En 1979 la Junta de Oficiales del Ejército era el campo de batalla entre los tenientes de Artigas y los oficiales que apoyaban a Álvarez. Al momento de pasar a retiro, y con la aspiración de llegar a presidente, Álvarez se aseguró de que la Junta de Oficiales tuviera mayoría a su favor. En la dura negociación por cuatro ascensos a general, debió aceptar que Queirolo (que también aspiraba a la presidencia) fuera designado comandante del Ejército.
Tras el aplastante triunfo del No en el plebiscito de 1980, Queirolo tenía el control de la Junta, pero con los incidentes de corrupción en el generalato, Álvarez retomó el control de la mayoría, que le permitió asegurar su candidatura a la presidencia; no obstante, no logró controlar la inteligencia, en manos de Paulós.
Al ser anunciada la apertura política, el comandante Queirolo hizo una advertencia pública: “Las Fuerzas Armadas van a seguir jugando el mismo papel que juegan actualmente. En este momento están coparticipando en el poder. Y van a seguir coparticipando en el poder”. Se oponía así a la intención de Álvarez de ejercer un “presidencialismo total”. Queirolo, por el contrario, quería transformar la Junta, integrada por 25 oficiales generales (un virtual colegiado durante ocho años), en una junta de seguridad nacional, que sería una especie de “supervisor último de las autoridades elegidas por voto popular”.
Es en este complejo contexto que Queirolo emite la orden de tomar represalias con familiares.