27 de junio de 2018
La Justicia llega cuarenta años
después de terminada la dictadura
española
Juzgan el robo de bebés en el franquismo
El ex ginecólogo Eduardo Vela es el primero en sentarse en el banquillo por casos de robos de bebés durante el franquismo. En España no hay datos oficiales, pero se sabe que son más de dos mil las denuncias archivadas.
El doctor Vela, un médico español acusado de sustraer en 1969 una niña recién nacida a sus padres biológicos para entregársela ilegalmente a una pareja estéril, negó ayer los hechos en el primer juicio que se celebra en España por el escándalo de los bebés robados durante la dictadura franquista (1939-1975).
“No le he dado una niña a nadie”, dijo el ex ginecólogo, de 85 años, ante el tribunal de Madrid que lo juzga. Eduardo Vela, quien ayer fue abucheado e insultado a la salida del juicio por un grupo de víctimas de supuestos casos de bebés robados, se enfrenta a una petición de 11 años de prisión por delitos de sustracción de menores, suposición de parto y falsedad documental. El acusado, el primero juzgado por el escándalo en España, dijo ayer que no le sonaba “de nada” el caso de Inés Madrigal, la mujer que supuestamente fue arrebatada a sus padres nada más nacer en 1969 y que denunció su caso en 2010 tras sospechar sobre sus orígenes. Al cumplir 18 años, su madre no biológica le dijo que era adoptada, pero años después constató que había sido una niña robada al comprobar que su documentación era falsa. “Fue un golpe terrible, demoledor emocionalmente hablando”, dijo ayer la denunciante.
El doctor Eduardo Vela ejerció como ginecólogo y dirigió entre 1961 y 1981 el sanatorio San Ramón de Madrid, considerado como uno de los epicentros de la trama de bebés robados en España. Según los hechos que relata en su escrito la Fiscalía, en 1969 un sacerdote con el que tenía buena relación comunicó al médico que un matrimonio que no podía tener hijos deseaba un bebé. El acusado prometió a la pareja que le entregaría un recién nacido “al margen de la legalidad”, de acuerdo con el ministerio fiscal. Así, acordaron ocultar la identidad real del bebé robado mediante la inscripción en el Registro Civil como hijo biológico del matrimonio.
Fue el propio Vela, con su firma, quien certificó presuntamente en el parte facultativo su “asistencia personal” al parto pese a que no contaba con el consentimiento de la madre biológica de la niña. Ayer, dijo no reconocer su firma en el parte de nacimiento y aseguró que él solo se encargaba del tema médico en la clínica, mientras que eran las matronas y las asistentes quienes registraban a los bebés. “No lo sé” o “no lo recuerdo” fueron la mayoría de sus respuestas en la primera sesión del juicio, en la que habló con voz débil.
El ex ginecólogo, que acudió al juzgado en silla de ruedas, presentó dificultades también para escuchar y entender lo que la fiscal y los abogados le preguntaban. Su defensa había intentado sin éxito suspender la declaración por su supuesta incapacidad.
A las puertas de la Audiencia Provincial de Madrid, la denunciante Inés Madrigal aseguró que no tiene necesidad de “venganza”, aunque reclamó que el doctor Vela pida “perdón” y diga la verdad. “Me encantaría que pidiera perdón porque ha hecho mucho daño. No lo va a hacer. Sabe muchos secretos”, dijo a los medios congregados. “Todo el mundo sabe que en este país se robaron niños. Es muy importante que se dé un paso porque tenemos fecha de caducidad. Las personas que perdieron a sus hijos ya son muy mayores, algunas han muerto. Esperemos que haya una ley específica, que se tipifique el delito como desaparición forzosa de recién nacidos”, añadió.
Como tantos miles de bebés robados en España, Irene Meca y José María García González ignoran quiénes son sus padres biológicos tras años de infructuosa búsqueda, una historia que quieren que el país escuche.
Fue tan sólo al recopilar documentos para su matrimonio a sus 35 años, cuando García González supo que sus padres lo habían adoptado por una suma ínfima. Sus padres adoptivos entregaron “medio salario de obrero” al doctor Eduardo Vela.
En el acta de nacimiento de este profesor de física, fechada el 2 de septiembre de 1977, la parte donde debía figurar la identidad de sus padres biológicas fue dejada en blanco. Señal evidente de que fue “arrancado de los brazos de su madre”. Como él, miles de españoles les fueron robados a sus padres por doctores o religiosos que hicieron creer que habían muerto al nacer, para luego confiárselos a otras familias, frecuentemente tras el pago de una suma.
Esta práctica fue iniciada bajo la dictadura de Franco con un objetivo inicialmente ideológico, y se prolongó hasta mediados de la década de 1980 ya en democracia.
“Comprada” por sus padres adoptivos en 1953 en plena dictadura franquista, Irene Meca vive con la amarga sensación de haber sido mercancía en “un puñetero negocio”. “No tengo raíces. Ni siquiera sé cuando es el día de mi cumpleaños”, dice esta madrileña. Su madre adoptiva, con la que mantuvo relaciones difíciles, murió este año, llevándose a la tumba todo detalle que le hubiera permitido encontrar a sus padres biológicos. “Jamás me dio una explicación, jamás intentó darme un mínimo resquicio” de información, dice.
Por su parte, García González, perdonó a sus padres adoptivos el haber ocultado la verdad durante 35 años y proyecta su cólera hacia las personas detrás del tráfico de niños. “A toda esa gente que se han enriquecido a costa de nuestro sufrimiento, quiero verlos arruinados”, afirma, de forma calmada. Busca mantener a sus dos hijos, de 9 y 4 años, alejados de su combate por el reconocimiento del robo de bebés. “No quiero que entren en contacto con esta atrocidad porque es el horror en estado puro”, señala.
Tanto Meca como García González movieron cielo y tierra para conocer sus orígenes, sin éxito. No han presentado denuncias, al carecer de pruebas suficientes. Hospitales, administraciones públicas, la Iglesia. Las trabas se multiplican a la hora de conseguir documentos, según ellos.
“Te dan lo que quieren darte, y no hay más”, dice Meca.
García González se hizo pruebas de ADN en un laboratorio estadounidense, a la espera de que un día los resultados coincidan con los de otra persona.
Mientras, se esfuerza junto a organizaciones para visibilizar los casos de bebés robados con el objetivo de que más gente rompa el silencio, todavía persistente alrededor de todo lo relacionado a la dictadura franquista, a 40 años de haber terminado. “Ojalá permita que la gente hable, porque esa vergüenza de los años 1970 sigue estando por ahí y hay mucho miedo”, dice García González. A sus 65 años, Meca conserva pocas esperanzas de encontrar a sus padres con vida. Pero siente que no tiene “derecho a seguir” sin hacer nada. “Todavía estoy loca por el abrazo de mi madre. Y yo sé que no lo voy a hacer, pero no me resigno. A lo mejor mi madre lleva llorando mucho más tiempo que yo”, agrega.
En España no hay datos oficiales de los bebés robados durante la dictadura de Francisco Franco, pero son más de 2.000 las denuncias archivadas.
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De la eugenesia al negocio
Orígenes franquistas del robo de bebés en España.
José Luis Losa
El juez Baltasar Garzón cifró en 30 mil los bebés robados en España; asociaciones civiles afirman que rondan los 300 mil. La práctica comenzó como una operación del régimen franquista, inspirada por las políticas poblacionales nazis, para “separar el grano de la paja” marxista.
España asistió esta semana al inicio del primer juicio celebrado en Europa por robo de bebés, con el octogenario doctor Eduardo Vela sentado en el banquillo de los acusados. Esta práctica, silenciada durante décadas, nació en 1938, inspirada en ideas nazis de eugenesia, como una operación planificada por el régimen de Franco para “extirpar el gen rojo” de los hijos de republicanos o marxistas.
Cuando en 2011 los medios de comunicación sacaron a la palestra la cuestión tabú del robo de bebés en España, abordaban el tema como una trama crudelísima, una cadena de complicidades que incluía a médicos sin escrúpulos, monjas, matronas y funcionarios del registro civil. Las investigaciones se centraban en un hospital de la madrileña calle O’Donnell y pronto se hizo célebre la siniestra sor María Gómez Valbuena, quien se aprovechaba de parturientas de origen muy humilde o solteras para doblegarlas con la coerción o la amenaza, o hacerlas creer que su criatura había fallecido en el parto, y entregar el bebé a familias pudientes.
Había algo de irritante en aquel tratamiento informativo superficial, focalizado a modo de negrísima crónica de sucesos de una conspiración delictiva de un clan de ladrones de cuerpos. Una noticia bomba morbosa pero desconectada de cualquier concomitancia ideológica o de relación con el pasado. Una vez más, España se confrontaba con su amnesia colectiva, la ley no escrita que poco menos que ha vetado durante décadas establecer las inevitables conexiones con el pasado de la dictadura que la transición democrática nunca cercenó.
ORÍGENES. La realidad es que esos casos sucedidos en lugares como la maternidad de O’Donnell tienen un origen político. En 1938, en plena guerra civil, el coronel Antonio Vallejo-Nájera, médico responsable de los servicios psiquiátricos militares de Franco, comenzó a aplicar en España la teoría que había estudiado en el instituto Lebensborn de la Alemania nazi, creado por Heinrich Himmler, y desarrolló una doctrina eugenésica que buscaba la salvación de la pureza racial de la hispanidad. Vallejo-Nájera consideraba que el marxismo era una enfermedad mental y contagiosa, que se nutría de las personas menos inteligentes de la sociedad. También consideraba que a los hijos de desafectos al régimen de Franco había que separarlos de sus padres para “separar el grano de la paja”. De tal manera, en la prisión de madres lactantes de Madrid se esperaba que éstas diesen a luz para ser inmediatamente ejecutadas y sus hijos entregados a una institución religiosa, el Auxilio Social que dirigía Mercedes Sanz Bachiller, viuda del líder falangista Onésimo Redondo, o a una familia que corrigiera al neonato con la supuesta predisposición subversiva genética.
Sobre esa abominación nazi aplicada por el franquismo incipiente han dejado testimonio las memorias de la comunista Tomasa Cuevas, que lo vivió en su propia carne, el ensayo del historiador Miguel Ángel Rodríguez Arias, El caso de los niños perdidos del franquismo, o la novela de Benjamín Prado Mala gente que camina. En 2009, y al calor de las esperanzas que generó ese año la aprobación de la ley de la memoria histórica del gobierno del socialista Rodríguez Zapatero, el juez Baltasar Garzón trató de instruir una causa por esos bebés robados durante los años más duros de la posguerra, y en su acusación los cifró en unos 30 mil. Pero la pervivencia en la judicatura de un “gen reaccionario” acabó no sólo con la causa de Garzón sino también con su propia carrera como juez.
Con el término de la Segunda Guerra Mundial, la España de Franco trató de desmarcarse de su profunda afinidad con el régimen de Hitler. Vallejo-Nájera, el Josef Mengele ibérico, abandonó sus criminales prácticas eugénicas, aunque siguió practicando la psiquiatría, considerado una eminencia en la profesión. Un lugar que ocupó más tarde su hijo, ya en el período democrático, como un muy popular comunicador televisivo de autoayuda dicharachera y escritor de divulgación, llegando a ganar el premio Planeta. Nunca nadie recordó quiénes eran los Vallejo-Nájera.
PEQUEÑOS FÉRETROS. Pero ese monstruoso constructo moral del expolio de bebés continuó, desprovisto ya de su génesis nazi. Se adaptó a la España del desarrollismo económico, a partir de finales de la década de los cincuenta. El nuevo fin de la trama era puramente económico y poseía una obscena incrustación de la naturaleza del régimen nacional-catolicista. Los médicos dispuestos a engañar a las mujeres de clase baja o sin apoyos familiares operaban en maternidades públicas o privadas, pero casi siempre contaban con complicidades eclesiásticas, monjas que creían salvar a los nacidos de una pecadora, o se aprestaban a darles una vida mejor al entregarlos a familias de buena posición económica. El engranaje esencial del franquismo se mantenía intacto: los notarios que daban fe de una muerte; los funcionarios del Registro que no dudaban al inscribir de manera falsaria al recién nacido como hijo natural de sus padres adoptivos; los curas que aceptaban enterrar en sagrado al neonato supuestamente muerto en el parto. Pequeños féretros que en realidad estaban vacíos. La madre natural no llegaba nunca a dudar de su fatalidad. Y si así fuese, tal y como la revista Interviú destapó en 1980, existía el feto hibernado, el que los médicos extraían del frío para mostrarlo como prueba palpable a las madres que aún albergasen dudas.
Esta sórdida maquinaria de robar vidas y falsear identidades entra, sin duda, en la categoría de la banalidad del mal, teorizada por Hannah Arendt. Y su extensión en el tiempo resulta tan insólita como aterradora. Arrancó en torno a 1960, pero, muy lejos de desaparecer con la muerte de Franco en 1975 y la llegada de la democracia, la red siguió operando con impunidad insolente y alcanzó sus cotas más altas en la década del 80, conociéndose casos hasta casi entrado el nuevo siglo. Las diferentes asociaciones cifran en 300 mil el número de casos de sustracción de niños.
EXPIAR EL FRANQUISMO. El primer caso en el que una de esas niñas robadas, Inés Madrigal, consiguió sentar en el banquillo –el pasado martes– al médico que la separó de su madre coincidió –un puro fruto del azar– con la llegada al gobierno del socialista Pedro Sánchez. El nuevo presidente español llegó con decidida voluntad de afrontar por fin alguna de las heridas morales más sangrantes que el franquismo aún supura en España.
Sánchez anunció la tan necesaria exhumación de los restos del dictador Franco, para entregarlos a su familia. La tumba de Franco campea en el mausoleo de Cuelgamuros, cerca de Madrid: una basílica excavada en la roca por presos republicanos con una inmensa cruz de piedra presidiendo el monumento llamado Valle de los Caídos que, al día de hoy, pervive –caso único en Europa– como centro de peregrinación y culto a un tirano. Y también Sánchez se prepara para retirar las tres medallas honoríficas que los primeros gobiernos de la democracia otorgaron al más sádico torturador de la Brigada Político-Social en el tardofranquismo, González Pacheco, conocido tristemente como Billy el Niño.
La voluntad férrea de Madrigal, robada en 1969, es la que ha permitido, por fin, el procesamiento de uno de aquellos médicos del aquelarre. Cientos de reclamaciones habían sido desestimadas por el sistema judicial, al considerar el delito prescrito, pese a que los denunciantes ofreciesen como prueba la apertura de aquellos féretros fraudulentos, diminutos y groseramente vacíos. Tal vez España ha llegado demasiado tarde –una vez más– a su deuda con la reparación de las víctimas. El doctor Eduardo Vela, quien dirigió la madrileña clínica San Ramón entre 1961 y 1981 y es señalado por centenares de víctimas de robo de bebés como culpable de esta práctica, es un balbuciente anciano de 85 años que dice no recordar nada ni reconocer su propia firma bajo la falsa defunción de uno de aquellos bebés (el miércoles la jueza de la causa suspendió temporalmente el juicio, cuando Vela no compareció, esgrimiendo razones de salud). Pero al menos otra más de tantas páginas macabras de la dictadura, nunca inteligidas por una sociedad que ignora los crímenes de lesa humanidad de Franco, cobra carta de naturaleza en los informativos. Inés Madrigal, la niña de destino canjeado por dinero en 1969, repara en cierta medida su existencia arrebatada y puede por fin exhumar los recuerdos y la pequeña caja de madera donde nunca reposaron sus huesos. Mientras, la España nunca reparada ni por la justicia ni por petición alguna de perdón aguarda a que la osamenta de nuestro déspota, alojada bajo una enorme y patibularia losa de mármol, entre el altar mayor y el coro de la basílica, sea despachada a tumba abierta del insultante Valle de los Caídos, en lo que debe ser el comienzo de la exhumación de tantas impunidades que semejaban faraónicamente eternas.
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Decía nuestro amigo, el Magistrado Louis Joinet en el coloquio realizado por DE en el Senado, en mayo del 2013 :…..
Yo estaría tentado de decirle: “Presidente, yo voy a morir, usted va a morir, lamentablemente todos vamos a morir, pero usted, yo, todos tendremos descendientes y serán esos herederos que continuarán a preguntarse, continua y lacerante: “donde están?” Y yo he hecho la experiencia en España, cuando investigaba sobre las desapariciones, yo encontré a los descendientes de los descendientes que no pedían más juzgar a los autores, que evidentemente ya habían muertos, pero es “donde están?”.
Y pensé en esa frase que debería estar inscripta para siempre en todas nuestras leyes: “que todo ser humano tiene el derecho a una tumba”.